Bajo resguardo policial está prevista para el jueves 8 de agosto una sesión del Honorable Consejo Universitario (HCU) de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en la que se analizarán el proceso y los resultados de las elecciones al rectorado.

Los comicios de esa casa de estudios superiores se realizaron el miércoles sin participación de los docentes. Con la idea de discutir ese tema, los académicos miembros del HCU se reunieron el viernes por la noche en sesión, pero fueron agredidos por un grupo de estudiantes que causó destrozos en las instalaciones e incluso dejó herida a una educadora que tuvo que ser evacuada a un centro de salud para ser atendida.

A fin de garantizar el encuentro del jueves, Daniel Lafuente, docente de Comunicación Social y miembro del Consejo Universitario, informó que solicitarán resguardo a la Policía Nacional.

En esa sesión, el HCU pretende anular las elecciones, de las que sólo participaron los frentes: Victoria y Renacer U, y exigir el desarrollo de una segunda vuelta el viernes de la siguiente semana.

En criterio de Lafuente, es sólo un grupo de estudiantes de las carreras de Derecho y Parvularia que pretende imponerse sobre más de 30.000 alumnos que no están de acuerdo con los resultados de los comicios al rectorado.

A fin de garantizar que el Consejo Universitario se reúna, Lafuente no descartó que universitarios que los respaldan se movilicen también por su parte.
“La primera iniciativa será pedir garantías a la Policía, ya que son más los que piden proceso electoral transparente”, aseguró.

Lafuente también informó que se iniciarán procesos internos en contra de los agresores y no descartó acudir a instancias judiciales para que los provocadores sean castigados por la vía penal.

El Gobierno, a través de un anteproyecto de ley, planteará que la coca que se siembra en comunidades de la nación Kallawaya,  en la provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz, sea reconocida como legal, dijo a la red Patria Nueva, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.

“La nación Kallawaya está reconocida por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y por eso, pese a que está fuera (del área de producción legal), tengo autorización del Ministro de Gobierno (Carlos Romero) y del Conaltid (Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas) de plantear una posible solución, pero a partir de las prácticas milenarias de la medicina tradicional”, añadió.

El artículo 10 de la Ley 1008 define que son zonas de producción excedentaria en transición “las provincias Bautista Saavedra, Larecaja y Loayza, las áreas de colonización de Yungas del departamento de La Paz”, en las que se debe impulsar programas para sustituir las plantaciones de coca.

Cáceres aclaró que no se reconocerá toda la producción. Sobre la base de un estudio, únicamente se legalizaría la siembra de la hoja en las comunidades donde había cocales con fines medicinales.

En el pasado, explicó, había tres o cuatro poblaciones que tenían plantaciones de coca y otras 40 plantas medicinales en huertos de no más de 50×50 metros.

Cáceres descartó acceder a la siembra de un cato. En 2003, la Unesco declaró a la cultura Kallawaya como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Esta nación está reconocida por el Estado boliviano como una de las 36 naciones originarias.

El Gobierno prevé que el 75% de la carga procesal en el Órgano Judicial sea liberada con la aprobación de la nueva Ley del Notario Plurinacional, ya que esos procesos podrán ser resueltos por los notarios.

Según información oficial, la Justicia tiene pendiente la resolución de cerca de 600 mil causas.

A través de un comunicado de prensa, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, explicó que se prevé “descongestionar” el 75% de las causas en el sistema judicial, procesos que podrán ser transferidos y resueltos por los notarios porque no son casos referidos a “impartir o a administrar justicia”.

Indicó que con la nueva normativa, los notarios dejarán de ser simples árbitros, testigos o transcriptores y pasarán a realizar “asesoramiento, coadyuvar a las partes en el ejercicio de sus voluntades, además de redactar el documento y controlar su legalidad”.

Se prevé que los casos que analizarán y a los que darán resolución estarán orientados a las relaciones contractuales, familiares, patrimoniales, sucesorias o comerciales, que son “propias de la vida cotidiana” de la población.

Si bien el proyecto fue remitido al Legislativo, el diputado Galo Bonifaz (MAS) informó que la bancada oficialista devolvió la propuesta al Ejecutivo para que subsane algunas observaciones, como la referida a que los notarios dependan del Ministerio de Justicia.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, aclaró ayer que el objetivo de la reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se realizó el 19 de abril, fue para emitir una resolución de respaldo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y no para condenar a Estados Unidos por llamar a Latinoamérica “su patio trasero”.

“La reunión de Unasur cumplió su objetivo de respaldar la legitimidad y legalidad de la elección del presidente Nicolás Maduro, en un proceso democrático y participativo que ha contado con la participación de los observadores internacionales. Ése fue el propósito de la reunión, que se cumplió”, afirmó.

La aclaración de Dávila surgió a propósito de las declaraciones de la senadora opositora Centa Rek (CN), quien aseveró que la propuesta del presidente Morales de condenar a Estados Unidos no logró apoyo de la Unasur, porque no se emitió una resolución.

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, calificó a América Latina como el “patio trasero de Estados Unidos”, durante un discurso ofrecido ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de su país.

Esas declaraciones fueron condenadas por el presidente Morales, quien hizo pública su protesta en la reunión de los presidentes de Unasur.

Sin embargo, enfatizó Dávila, el Mandatario no buscó una resolución de condena, porque el tema no estaba en la agenda de ese encuentro.

Las 12 aeronaves que Estados Unidos transferirá a Bolivia hasta septiembre serán revisadas técnicamente antes de su recepción, a fin de verificar si serán útiles en la lucha contra el narcotráfico, aseguró el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

“Si las naves no sirven, no necesitamos recibirlas siquiera. Si las naves van a ser útiles, ese es un tema que habrá que esperar a los informes técnicos correspondientes”, explicó la autoridad.

El jueves 4, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia oficializó la transferencia de cuatro helicópteros UH-1H, una aeronave King Air y tres aviones Hércules C-130, con lo que anunció el fin de una era en la ayuda antidroga al país, la que estaba orientada a operaciones logísticas.

Tras ese anuncio, el presidente Evo Morales calificó de “viejas” a esas aeronaves y además sostuvo que si ese país quería llevarse esos equipos de vuelo, podía hacerlo.
Consultado sobre lo dicho por el Jefe del Estado, Romero insistió en que se debe tener una valoración técnica de las aeronaves. “Si estarían en mal estado, no sería conveniente recibirlas” afirmó.

Romero también dijo que la nueva etapa de la ayuda antidroga, que fue anunciada por la legación diplomática, tiene que ver con respecto a la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, pero demandó que en ese nuevo contexto ese país y otros asuman su responsabilidad, a través de la provisión de tecnología.
Estados Unidos espera coadyuvar en la lucha contra las drogas en materia de capacitación.