Presidente aprueba indulto y amnistía para privados de libertad con sentencia o detención preventiva
El presidente Evo Morales aprobó un Decreto Presidencial que deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa Plurinacional para viabilizar la medida. Están excluidos de la iniciativa los reincidentes y los condenados o procesados por delitos como terrorismo, separatismo, extorsión, narcotráfico y corrupción
El presidente Evo Morales aprobó hoy un Decreto Presidencial para el indulto y amnistía de privados de libertad con sentencia menores o iguales a ocho años por delitos menores y para detenidos preventivos con proceso menores o iguales a cuatro años respectivamente. Están excluidos los reincidentes y acusados por delitos como violación, traición a la patria, espionaje, asesinato, secuestro, terrorismo, separatismo, extorsión, corrupción y narcotráfico.
Los beneficiarios tendrán un año para tramitar su libertad. El indulto, explicó, llegará a personas con sentencia igual o menor a ocho años de cárcel por la comisión de delitos menores; a adultos mayores, adolescentes imputados y jóvenes hasta 25 años de prisión; a presos con enfermedad grave o incurable en período terminal; con discapacidad grave o muy grave, y a padres de familia que tengan a su cargo a hijos menores a 12 años en los centros penitenciarios.
La amnistía beneficiará a procesados y detenidos preventivamente por un tiempo igual o menor a cuatro años, mientras que están excluidos de la iniciativa los reincidentes y los procesados o condenados por delitos como asesinato; violación a niño, niña adolescente; traición a la patria; espionaje; patricidio; secuestro, trata y tráfico de personas; terrorismo; separatismo y extorsión.
Además están al margen de la propuesta los procesados o condenados por corrupción pública y narcotráfico. “Este indulto tendrá una duración de un año. El primer indulto emitimos por tres meses, pero no ha sido suficiente para familias recluidas puedan sanear su documentación”, explicó Morales en una breve conferencia de prensa
Los beneficiarios podrían llegar entre 1.000 a 2.000 personas. En las cárceles de Bolivia hay más de 13.000 personas privadas de libertad.
El Decreto Presidencial firmado por Morales fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá aprobar o rechazar la iniciativa.