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Tras el paro, La Paz espera diálogo con el Gobierno y apunta a un relevamiento poblacional

Tras la contundencia del paro cívico que este miércoles soportó La Paz en protesta por los resultados del Censo 2012 y en demanda de recursos de compensación, los promotores de la medida esperan sentarse en una mesa de diálogo con el Gobierno y, paralelamente, impulsar un relevamiento poblacional para lograr atención a sus demandas.

Así lo hizo saber hoy el alcalde de La Paz, Luis Revilla, durante un contacto con radio Erbol. Dijo que los paceños mostraron  con claridad su descontento en las calles y lo que corresponde ahora es que las autoridades del Ejecutivo discutan sus demandas y dejen de actuar “con discriminación y menosprecio” hacia la ciudad de La Paz.

“Ojalá pueda abrirse un espacio de diálogo conjunto en beneficio de la gente, en beneficio de la ciudad de La Paz… Ojalá el Gobierno reflexione y no actúe con tanta soberbia con la ciudad”, afirmó.

Dijo que, con la contundencia del paro, espera que el Gobierno “se ubique” sobre lo que ocurre en la ciudad sede del Gobierno respecto a los resultados del censo y anticipó que, paralelamente al diálogo, una de las próximas medidas que llevará adelante la Asamblea de la Paceñidad es la realización de un recuento poblacional para contrastar sus resultados con los del Censo Nacional de Población y Vivienda, que concluyó que la urbe tiene aproximadamente 30.000 habitantes menos que en 2001.

“Una de ellas, que se ha adelantado ya junto a la Universidad Mayor de San Andrés, es la necesidad de hacer un relevamiento poblacional, una especia de censo, pero no para preguntar sobre servicios u otra cosa, sino simplemente preguntar cuántas personas viven en el domicilio y para contrastar estos datos con los del censo”, explicó.

La Asamblea de la Paceñidad aún no se reunió para evaluar los resultados del paro cívico del miércoles, donde al menos tres personas resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía, según informó el dirigente de las juntas vecinales, Arturo Quispe.

Para las autoridades del Gobierno entral, el paro fue político e ilegal.