De las 28 autoridades electas suspendidas en los últimos tres años a consecuencia de los artículos 145, 146 y 147 de la Ley Marco de Autonomías, que fueron eliminados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, sólo dos fueron restituidas en sus cargos, según el informe sobre Derechos Humanos presentado por la Fundación Nueva Democracia.
Su coordinador Rubén Darío Cuéllar reveló a radio Fides que otras autoridades corren el riesgo de sufrir la misma suerte por los procesos judiciales en su contra.
“Hemos podido consignar 18 casos de suspensión o destitución ilegítima de autoridades legalmente electas, 124 casos de persecución judicial, 19 casos de discriminación, y al menos cinco de los 50 casos de suspensión de autoridades judiciales son por motivaciones políticas”.