— ¿El indulto presidencial y la amnistía aprobados son suficientes para evitar el hacinamiento en las cárceles?
— Estas medidas, en su normativa, siempre han puesto términos restrictivos y los beneficiados (al final) son pocos. No resuelven ese problema carcelario que es mucho más complejo. Esos depósitos de gente no son cárceles y menos penitenciarías.
— En la Asamblea y el Ejecutivo dicen que la causa de la crisis carcelaria es la lenta administración de justicia, indican que el 83% de los privados de libertad está con detención preventiva, ¿es así?
— Esa detención preventiva, en su mayor número, se da en la etapa de investigación, el juez ya no es investigador, es el Ministerio Público (que hace esa tarea).
— ¿Con una audiencia a la semana en las cárceles, se puede combatir el retraso de los procesos judiciales?
— Hemos instruido que las audiencias, en la etapa preparatoria penal, se efectúen en las cárceles para evitar dilaciones y corrupción en el traslado a las audiencias, además de la designación inmediata de defensor del detenido y de que no se suspenda audiencias por inasistencia de fiscal.
Pero tenemos dificultades porque en las penitenciarías ni siquiera hay espacio para dichas audiencias. Por ejemplo, en Sucre tienen una mesa larga de comedor en la que comen algo y en la noche algunos presos duermen sobre la mesa y otros bajo ella. Entonces, ese comedor tendría que utilizarse para las audiencias, pero no hay ninguna comodidad.
Sin embargo, se realizan estas visitas porque tenemos varios jueces cautelares y, por lo menos, dos de ellos tienen que ir al día.
— ¿Qué se gana con esta medida judicial?
— Se evita que haya corrupción, de que les cobren a los presos para poder llegar a una audiencia. Además, llegan a la audiencia y se suspende después de haber hecho una serie de desembolsos correctos, de haber pagado el taxi y llevar a almorzar a los carabineros. Este es todo un drama, es todo un sistema de corrupción y de gastos porque lo que es la gente de escasos recursos en las cárceles no puede ir a audiencias.
— ¿El defensor del detenido puede ser una solución?
— Por eso, se ha instruido también que en el recinto carcelario se tenga a mano un abogado para que el reo tenga un defensor y seguir la audiencia, también se ha instruido que si no está el fiscal se realice la audiencia, ésa es la figura del defensor del detenido. Lo legal es que Defensa Pública asuma esa responsabilidad, pero no alcanza con su personal para atender los casos, entonces también se puede nombrar a un abogado que esté dispuesto a hacerlo.
— ¿Este defensor ya se lo aplica en las cárceles?
— Sí, porque está en la ley.
— Ante esa situación, ¿el actual sistema procesal tiene fallas?
— Con el actual sistema procesal no vamos a avanzar, el nuevo tiene que ser mucho más rápido, salvando estos defectos y con audiencias continuas, donde el abogado tiene que asistir, sino es multado o se lo retira. De otro modo no puede estar todo el aparato judicial a expensas de un abogado que no quiere asistir o, en su estrategia, está no realizar audiencias.
— ¿Cómo se puede acelerar el tratamiento de los juicios?
— Sólo con un nuevo sistema procesal, que hemos instado y esperamos en estos últimos meses.
— ¿Qué estrategias se deben asumir para concluir con los plazos de juicios?
— Audiencias continuas, sin interrupción, y la sentencia en la misma audiencia. La etapa investigativa dura seis meses y después de ese tiempo todavía se pide más tiempo. El Ministerio Público es responsable de la indagación y maneja a los policías, pero éstos tienen tal carga de trabajo que no tienen tiempo, entonces el equipo de la Policía debe ser más grande y suficiente para las pesquisas.
Otra medida que se asumirá es que ahora los jueces ciudadanos serán dos, es más fácil conseguir dos que tres para el procesamiento.
— ¿Desde cuándo se aplicará esta nueva medida?
— Ya está en manos de la comisión respectiva del Senado para su aprobación y está incluido en el nuevo Código de Procesamiento Penal. Pero nos alarmó la declaración del senador Eugenio Rojas que dijo que lo debatirán en 2014.
Recurrimos a los asambleístas y al Ejecutivo para hacerles ver que alargar esta situación es prolongar la retardación, es prolongar incluso la corrupción. Por ello, exigíamos que se ponga en vigencia la parte final de la Ley 025 que prevé el cambio de legislación para que entre en funcionamiento la nueva estructura del Órgano Judicial con jueces públicos al mismo nivel, con el mismo sueldo y divididos por materias, inclusive con las nuevas como anticorrupción, violencia y otras.
Por ello, se ha puesto en movimiento el sistema legislativo para que entren en vigencia los nuevos códigos Procesal Civil, Procesal Penal, Laboral, Niño, Niña y Adolescente, además del de Familias. Con todos éstos tendríamos una nueva legislación que produzca el cambio de estructura con nuevos jueces y con más vocales, porque los juicios van a terminar en los tribunales departamentales y al Tribunal Supremo va a llegar pocas causas, para hacer jurisprudencia, para que luego se aplique y se uniforme los fallos en Bolivia.
— Plantean cárcel para los jueces que no terminen un juicio en seis meses, ¿qué opina?
— En este caso se debe cambiar el procedimiento, pero siempre existen impedimentos.
— ¿Qué opina sobre el negociado para que los reos vayan a sus audiencias?
— No son los jueces. Es preocupante los niveles de corrupción y en los penales mandan los detenidos porque hay ausencia del Estado.
— ¿Qué solución plantea para terminar con el hacinamiento y la crisis carcelaria?
— Modificar el sistema carcelario, clasificatorio. Por ejemplo, detenidos aparte de los condenados, separados por edades y por materia.
Perfil
Nombre: Jorge Isaac von Borries Méndez
Nació: 29-09-1931
Profesión: Abogado
Cargo: Magistrado
Decano de la máxima Corte
Actualmente es el Decano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras ser elegido en los comicios judiciales de octubre de 2011.
Presidió la ex Corte Suprema de Justicia (2010–2011) y también fue vocal y presidente de la Sala Social y Administrativa de la ex Corte Superior de Justicia de Santa Cruz por cerca de 11 años.
Fue docente universitario y de posgrado en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz por cuatro décadas. Entre sus estudios de posgrado figura un Magister Scientiarum, una Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, una especialización en Ciencias Políticas y, además, un posgrado en Educación Superior.