El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, ofrecerá mañana un informe ante la Comisión de Gobierno sobre su actuación en torno a los casos de octubre de 2003; de racismo y discriminación de mayo de 2008 en Sucre; de los hechos de violencia en septiembre de 2008 en Porvenir, Pando, además de la toma de instituciones públicas de septiembre de 2008 en Santa Cruz.
Villena confirmó hoy su asistencia a la convocatoria legislativa, luego de que llegará a la institución una solicitud firmada por la Presidencia de Diputados y por el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Carlos Aparicio. Inicialmente la autoridad observó el requerimiento porque, dijo, no se ajustaba a los normas legales porque no lo solicitaba una presidencia de Comisión.
“La Defensoría del Pueblo estuvo presente inmediatamente ocurrieron los hechos mencionados y en el marco del principio que rige su accionar de velar por la defensa y la vigencia de los derechos humanos hizo un seguimiento permanente en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, cuyos resultados se encuentran incluidos en los informes anuales presentados a la Asamblea Legislativa y publicados en la página web de la Defensoría”, explicó, según refiere una nota de prensa de la oficina del Defensor del Pueblo.
Este mes se cumplen 10 años de los hechos de violencia de octubre de 2003, que acabaron con la dimisión del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y hasta el momento con 71 vidas, según establece el reportaje de Informe La Razón sobre esos sucesos. En mayo de 2008, un grupo de campesinos fueron obligados a andar con el torso desnudo y besar la bandera de Sucre.
En tanto que en septiembre de 2008, Porvenir fue escenario de hechos de violencia que dejaron más de 10 muertos y varios heridos en un enfrentamiento entre campesinos y gente vinculada a la entonces Prefectura; el entonces prefecto Leopoldo Fernández es uno de los principales acusados y guarda detención en la cárcel de San Pedro. Ese mismo año, grupos contrarios al Gobierno tomaron instituciones públicas.
“La Defensoría del Pueblo no reemplaza las funciones ni mandatos de las otras instituciones del Estado, del gobierno nacional o de los gobiernos locales. Carece de fuerza coercitiva y sus instrumentos de acción e intervención son la invocatoria a la norma, la persuasión, la exigencia, la denuncia pública y los instrumentos jurídicos que le otorga la propia Constitución y su Ley”, manifestó Villena.
La solicitud de informe se dio poco después de que el Defensir planteara a la Cancillería la suspensión del embajador ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, para que acuda ante la Justicia a fin de esclarecer la intervención policial a la marcha indígena en Chaparina. Policías amordazaron y maniataron a indígenas que marchaban a La Paz en rechazo a la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del Territorio Indígena Parque Naciones Isiboro Sécure (TIPNIS). Llorenti fue excluido del caso por la Fiscalía.