Inmuebles, terrenos, cuentas bancarias, acciones y vehículos están entre 272 bienes de los 17 acusados por Octubre 2003. Tras la sentencia a siete involucrados dictada en 2011, familiares de las víctimas (fallecidas) y los heridos abrieron tres procesos por reparación de daños.

En 2005, conforme avanzaba la imputación en el juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus exministros, la Fiscalía General iba anotando de forma preventiva, bajo hipoteca legal, las posesiones de los implicados que aún quedaban inscritas en registros públicos.

Del total de los 17 acusados formalmente —Sánchez de Lozada, 11 exministros y cinco militares— se lograron apuntar 272 bienes, según datos del Ministerio Público, a los cuales tuvo acceso La Razón.

Como reveló ayer la edición especial del Informe La Razón, las propiedades del expresidente, entre casas, terrenos y parcelas, ascienden a 69 y se distribuyen entre los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí. Se anotan también 18 acciones en el Banco Solidario, 5.500 en el Fondo Financiero Privado Prodem y 5 en la Compañía Minera Aluvional.

A las 69 posesiones de Sánchez de Lozada se suman 168 pertenecientes a 11 de sus exministros. El único que, según el documento de la Fiscalía, no poseía nada al momento de su imputación era Jorge Berindoague, extitular de Minería e Hidrocarburos. Por ello, su nombre no aparece en la infografía de la parte superior.

Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa Nacional, sólo tiene anotada una cuenta bancaria y aparece como socio capitalista en tres empresas inscritas en el Servicio Nacional de Registro de Comercio.

“El grueso de sus negocios los liquidó y también vive con ese patrimonio en Estados Unidos”, comenta Rogelio Mayta, abogado de las víctimas. Tras los hechos luctuosos de octubre de 2003, en los que perdieron la vida 58 personas, Sánchez de Lozada dimitió en el cargo y huyó al país del norte. Algunos miembros de su gabinete ministerial, como Berzaín, siguieron sus mismos pasos.

Mayta explicó que en el tiempo transcurrido entre la masacre y la autorización del juicio de responsabilidades, muchos de los implicados lograron deshacerse provechosamente de sus bienes. Entonces, cuando el Ministerio Público procedió al registro, éste llegó a ser mínimo.

A Yerko Kukoc del Carpio (+), exministro de Gobierno, se le anotaron 14 posesiones, entre las que destaca un yacimiento minero en la provincia Tomás Frías, en Potosí. Javier Torres Goitia, de Salud y Deportes, figura con 59 bienes, de los cuales 47 corresponden a un derecho del 5,88% de consultorios médicos en un edificio próximo a la plaza Isabel la Católica, en la ciudad de La Paz.

El magistrado Milton Mendoza, quien fue parte de la comisión de fiscales que investigó lo sucedido hace diez años, agregó que Torres Goitia es propietario, incluso, de todo un edificio en la zona de Calacoto.

Continuando con el detalle de los bienes, Guido Áñez Moscoso, extitular de Agricultura, posee 17 propiedades en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Pando; Dante Pino Archondo, de Asuntos Campesinos, tiene registradas cinco tenencias; mientras que la exresponsable de Participación Popular Mirtha Quevedo Acalinovic cuenta con 15 pertenencias, entre las que destaca ser socia capitalista en tres firmas.

Jorge Torres Obleas, de Hacienda y Desarrollo Económico, aparece con 18 posesiones, incluyendo un espacio compartido en un condominio en el estado de Florida, Estados Unidos.

En el caso del exministro de Educación Hugo Carvajal se tienen apuntadas 16 pertenencias. “Dio adelanto de legítima a su familia. Cuando llegamos ya no había bienes sobre los cuales recaer”, lamentó Mayta.

Finalmente, Eric Reyes Villa, de Desarrollo Sostenible, tiene inventariadas 21 propiedades; y Adalberto Kuajara Arandia (+), que ejercía como responsable de Trabajo, una cuenta bancaria. Ambos exministros recibieron una sentencia condenatoria ejecutoriada en agosto de 2011, junto a cinco militares implicados en el caso Octubre 2003.

Remate. Las propiedades anotadas de los cinco castrenses que tienen sentencia —Juan Véliz, Alberto Aranda, José Quiroga, Roberto Claros y Alberto Rocabado— suman 35.  Conociendo la existencia de estos bienes bajo hipoteca legal, los damnificados iniciaron acciones para solicitar la reparación de daños, teniendo como una opción el remate de dichas posesiones, en caso de que el juez declare “a lugar” y los implicados no puedan cancelar el monto fijado.

Cumpliendo el procedimiento establecido en el Código Penal, los demandantes abrieron tres procesos (en Sucre, La Paz y El Alto) contra los siete condenados y los restantes diez acusados declarados en rebeldía. Las causas se iniciaron en el plazo máximo de dos años posteriores al fallo.

La primera demanda se dio por la vía penal y aún tiene lugar en el Juzgado 3º de Sentencia en El Alto. Fue dispuesta por 47 demandantes en contra de siete acusados, el 30 de agosto de 2013, detalló el abogado de ese grupo de víctimas, Antonio Araníbar, quien también lleva el segundo proceso por la vía civil en La Paz.

Este último ingresó al Juzgado 4º de Partido en lo Civil el 4 de octubre de 2013, y va contra los diez acusados que se hallan en condición de rebeldes. “Esta vía se llama resarcimiento civil. Fueron 48 los demandantes”, precisó Araníbar.

Asimismo, el abogado Freddy Ávalos, que dirige la tercera causa en Sucre, indicó que ésta fue interpuesta por 130 víctimas contra los siete penados y que sigue su curso en el Primer Juzgado de Sentencia de esa ciudad. “La demanda es por reparación de daños y perjuicios”, dijo.

En el proceso de Sucre, los familiares de las víctimas reclaman un millón de bolivianos; 400.000 los heridos gravísimos, 250.000 los heridos graves, y 130.000 los heridos leves.

Mientras se espera el fallo, las personas afectadas sostienen reuniones en las que incluso plantean la toma directa del patrimonio anotado de todos los implicados, en caso de que no se consiga respuestas favorables, comentó el abogado Ávalos.

Fallo. En el marco legal, resultan más factibles los procesos civiles contra los siete condenados, que el ejecutado hacia los rebeldes. El fiscal que sigue el caso en el Ministerio Público, Orlando Riveros, explicó que después de la sentencia condenatoria ejecutoriada y tras la presentación de la demanda por parte de las víctimas, se procede a la búsqueda de conciliación.

Sobre tales resultados, el juez dictará un fallo. Si se declara “a lugar” a la reparación, se otorga un plazo de tres días para que se cancele el monto económico establecido. “En caso de que no lo hagan, efectivamente se procede, previa anotación, al remate de los bienes según corresponda”.

Haciendo cuentas, de las 272 propiedades de todos los acusados, se podría disponer sólo de unas 57, pertenecientes a los sentenciados, entre vehículos, inmuebles, lotes de terreno y cuentas bancarias, según el registro de la Fiscalía General del Estado.

“Lo que se logró anotar preventivamente es prácticamente, en términos objetivos, nada”, cuestionó el abogado Mayta y recordó, por ejemplo, que después de salir del país, Sánchez de Lozada logró la transacción de un paquete accionario de la Compañía Minera del Sur (Comsur) por casi 600 millones de dólares.

Los motivos por los que el exmandatario y parte de su gabinete ministerial consiguieron llevarse o deshacerse, con ganancias, de la parte gruesa de su patrimonio se deben sobre todo a la manipulación política que aún pudieron ejercer.

Entre los escollos, sobresale la tardía autorización del juicio de responsabilidades a causa del bloqueo de los partidos aliados durante casi un año en el ex Congreso Nacional.  A este hecho se sumó la imputación “bochornosa” que realizó el fiscal general, Pedro Gareca, contra Sánchez de Lozada y sus exministros por delitos de agresión sexual, en febrero de 2005. “Se equivocaron grotescamente”, indicó Mendoza.

En teoría, los bienes registrados de los involucrados deberían estar cautelados. Éstos pueden estar deteriorándose, pero la norma exige una sentencia, expresó Riveros.

Goni y sus minas

Sin saldo

Entre las posesiones que dejó el expresidente no aparece ningún yacimiento. En el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas no se tiene ninguna mina anotada a su nombre.

Recuento

Sánchez de Lozada impulsó la creación a su favor de las factorías mineras Andean Geo-Services, en 1957, y de la Compañía Minera del Sur, Comsur, en 1962. Su patrimonio se sustentaba en  yacimientos.