El Ministerio Público reestructuró casi por completo la comisión de fiscales que investigaba las circunstancias de la muerte de Alexander Ch. V., de ocho meses, hace 27 días. Solo uno de sus cuatro miembros continuará con ese trabajo, se conoció ayer. El viernes, dos de sus integrantes, Rosby Zapata y Lizeth Zarco, fueron destituidos por el fiscal general, Ramiro Guerrero, por “falta de compromiso y dedicación al trabajo”.

Ayer, Patricia Santos, fiscal departamental de La Paz, dio a conocer del alejamiento de Edna Montoya. En el equipo solo quedó Edwin Blanco.  En horas de la tarde se anunció que la fiscal departamental será parte de la comisión, además de Susana Boyán, Leopoldo Ramos y Gastón Corrales, este último de Sucre.

Por la mañana, Santos anunció que tras la reestructuración del equipo, la investigación iba a dar un “giro de 180 grados”. Ello significa que se continuará con lo avanzado, “no se puede hablar de nueva investigación”, recalcó.

“Esta nueva comisión es la que va a culminar la investigación. La investigación continúa, el hecho de haber cambiado fiscales no paraliza la investigación”, apuntó la jueza 2ª de Instrucción Penal Cautelar, Lía Cardozo, quien pidió no hacer especulaciones sobre el escabroso caso. El vicepresidente del Estado, Álvaro García, dijo también que el suceso revela la “ineptitud” y la “monstruosidad” de la administración de justicia, del sistema de salud y de la administración pública.  

“Está claro que el problema del niño ha revelado no solamente las injusticias, sino la debilidad y la ineptitud de varias instituciones. No hay por qué esconderlo, ese niño ha muerto por inoperancia, ineptitud, por maltrato, por abandono; y encima van tres semanas y no sabemos cómo fue la muerte”, recalcó.

El 13 de noviembre, Alexander fue enviado al Hospital del Niño luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Hogar Virgen de Fátima, donde vivía. En el nosocomio el bebé fue reanimado, pero como no había  espacio en su unidad de cuidados intensivos, los médicos tramitaron su traslado al hospital Juan XXIII, donde falleció.

“Eso habla mal de la estructura de salud, de las personas encargadas de la salud, de los investigadores, es una pena y una vergüenza; ojalá en los siguientes días la gente pueda saber qué pasó con el niño. Ese ha sido un reflejo que ha demostrado la monstruosidad de varios sistemas de organización, de la justicia, de la salud y la administración pública que deben ser corregidos”, dijo García. Por este caso fueron imputadas diez personas, tres son funcionarios del centro de acogida de la Gobernación y el resto, médicos y enfermeras de los dos hospitales.

Abogado denuncia amenazas

Sedeges

Marco García, defensor de los trabajadores del centro de acogida, señaló que personal del Sedeges amenaza a sus clientes. “Van a sus casas y los amenazan para que den informes”.

A horas de que la jueza 2ª de Instrucción Penal Cautelar Lía Cardozo declarara que la reserva del caso Alexander no tiene fecha de finalización, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, le recordó que el Código de Procedimiento Penal solo prevé una ampliación de diez días y por única vez. “No creo que se dé la reserva indefinida porque el Código no establece eso, simplemente puede ampliar por diez días”, recalcó.

Ayer se cumplieron los primeros diez días de silencio sobre las investigaciones de las circunstancias de la muerte de Alexander Ch. V., de ocho meses, interno del Hogar Virgen de Fátima, que está en el centro de la tormenta tras conocerse denuncias documentadas de maltrato infantil y de un caso de abuso sexual.

Consultada por los periodistas sobre cuándo se iba a conocer lo avanzado, Cardozo respondió que esta medida “no tiene un plazo establecido. La comisión de fiscales va a solicitar, una vez que considere prudente, que se debe levantar la reserva y la suscrita va a poder comunicar a los medios el estado de la investigación”. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo la anterior semana que la medida restrictiva concluiría ayer, aunque la jueza afirmó desconocer “quién habría manifestado el plazo de diez días”.

“De acuerdo con los antecedentes del cuaderno del control jurisdiccional que está a mi cargo, la suscrita determinó la reserva de actuaciones en la audiencia de medida cautelar”, prosiguió. Alexander murió el jueves 13 de noviembre luego de sufrir cuatro paros respiratorios. Fue reanimado en el Hospital del Niño, pero debido a falta de espacio en su unidad de terapia intensiva fue transferido al Hospital Juan XXIII, donde perdió la vida. 

A 21 días de su fallecimiento, el Ministerio Público tomó algunas declaraciones, realizó la necropsia y hasta ordenó que se tomen pruebas de ADN a los ocho implicados en el caso.

El asambleísta departamental Roberto de la Cruz en conferencia de prensa afirmó que tiene en su poder dos fotografías del lactante que probarían que fue vejado sexualmente, imágenes difundidas por dos canales de televisión. La Ministra de Justicia pidió ayer a esos medios “que coadyuven y entreguen estas fotografías porque a través de ellas se va a esclarecer este hecho tan atroz”.

Al final de la tarde, el gobernador César Cocarico convocó a una conferencia de prensa en la que cuestionó el rol que está jugando la Asamblea Legislativa Departamental y pidió dejar que el Ministerio Público, como director funcional de la investigación, haga su trabajo. Se ha previsto que el jueves Cocarico dé un informe al Legislativo paceño.

A horas de que la jueza 2ª de Instrucción Penal Cautelar Lía Cardozo declarara que la reserva del caso Alexander no tiene fecha de finalización, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, le recordó que el Código de Procedimiento Penal solo prevé una ampliación de diez días y por única vez. “No creo que se dé la reserva indefinida porque el Código no establece eso, simplemente puede ampliar por diez días”, recalcó.

Ayer se cumplieron los primeros diez días de silencio sobre las investigaciones de las circunstancias de la muerte de Alexander Ch. V., de ocho meses, interno del Hogar Virgen de Fátima, que está en el centro de la tormenta tras conocerse denuncias documentadas de maltrato infantil y de un caso de abuso sexual.

Consultada por los periodistas sobre cuándo se iba a conocer lo avanzado, Cardozo respondió que esta medida “no tiene un plazo establecido. La comisión de fiscales va a solicitar, una vez que considere prudente, que se debe levantar la reserva y la suscrita va a poder comunicar a los medios el estado de la investigación”. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo la anterior semana que la medida restrictiva concluiría ayer, aunque la jueza afirmó desconocer “quién habría manifestado el plazo de diez días”.

“De acuerdo con los antecedentes del cuaderno del control jurisdiccional que está a mi cargo, la suscrita determinó la reserva de actuaciones en la audiencia de medida cautelar”, prosiguió. Alexander murió el jueves 13 de noviembre luego de sufrir cuatro paros respiratorios. Fue reanimado en el Hospital del Niño, pero debido a falta de espacio en su unidad de terapia intensiva fue transferido al Hospital Juan XXIII, donde perdió la vida. 

A 21 días de su fallecimiento, el Ministerio Público tomó algunas declaraciones, realizó la necropsia y hasta ordenó que se tomen pruebas de ADN a los ocho implicados en el caso.

El asambleísta departamental Roberto de la Cruz en conferencia de prensa afirmó que tiene en su poder dos fotografías del lactante que probarían que fue vejado sexualmente, imágenes difundidas por dos canales de televisión. La Ministra de Justicia pidió ayer a esos medios “que coadyuven y entreguen estas fotografías porque a través de ellas se va a esclarecer este hecho tan atroz”.

Al final de la tarde, el gobernador César Cocarico convocó a una conferencia de prensa en la que cuestionó el rol que está jugando la Asamblea Legislativa Departamental y pidió dejar que el Ministerio Público, como director funcional de la investigación, haga su trabajo. Se ha previsto que el jueves Cocarico dé un informe al Legislativo paceño.

La comisión de fiscales decidió volver a investigar las circunstancias de la muerte del bebé Alexander Ch.V., de ocho meses, desde fojas cero y con el concurso de peritos extranjeros, informó anoche la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.

“Aplaudimos la iniciativa de la Fiscalía en torno a reiniciar las investigaciones desde fojas cero, porque es importante conducir bien las cosas. No se lo ha hecho, pero confiamos en que con los expertos ahora sí se lo haga, con un mayor criterio científico”, declaró a los periodistas.

Sin embargo, esta aseveración —anticipada por el diario cruceño El Deber en su edición impresa del jueves— no fue confirmada ni desmentida por los representantes del Ministerio Público, que ayer se abocaron a la reconstrucción de los hechos en el Hogar Virgen de Fátima —dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social—, en el Hospital del Niño y en el Juan XXIII. El lactante, internado en el albergue, falleció el jueves 13 de noviembre a causa de una hemorragia interna provocada por un desgarro anal.

Se presume que fue víctima de abuso sexual. Debido a este hecho, el Ministerio Público imputó a tres mujeres por el delito de infanticidio (Madeleine P. Ch., madre sustituta; Naty Ch. B., residente de enfermería; y la enfermera Martha T. A., ambas del Hospital del Niño) y otros cuatro profesionales de ese nosocomio por encubrimiento, ya que no se percataron de la lesión del bebé, descubierta por los médicos del Juan XXIII.

Las primeras se hallan con detención preventiva y los otros cuatro, con detención domiciliaria. La imputación fue duramente cuestionada por el Ministerio de Justicia, que no descartó procesar a los cuatro fiscales a cargo del caso: Rosby Zapata, Gregorio Blanco, Edna Montoya y Lizeth Zarco.

Esto obligó a la Fiscalía General del Estado a reforzar el lunes el equipo con dos directores nacionales: de Gestión Fiscal y de Protección a Víctimas, Víctor Hugo Cuéllar y Fabiola Tito, respectivamente. La reconstrucción de los hechos se realizó la jornada de ayer en medio de mucho hermetismo, debido a que la jueza 2ª de Instrucción Cautelar, Lía Cardozo, ordenó la reserva del caso por diez días hábiles.

En la actuación judicial estuvieron presentes, además de la comisión, el fiscal departamental José Ponce; la madre sustituta del bebé; la enfermera que lo trasladó al Hospital del Niño, Lola R. Los abogados de los imputados, del Sedeges de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y la Policía.

Un total de 40 personas ingresaron a las 06.05 al centro de acogida y 20 minutos después comenzaron la reconstrucción, que terminó a las 11.15. Posteriormente, se trasladaron a los dos nosocomios.  “Es un hecho tan complejo porque no hay un directo responsable. La imputación carece de algunos elementos que llevan a concluir que existió contradicciones”, opinó Marcelo Claros, de las defensorías ediles.

“Si se sigue distrayendo el objeto de la investigación, vamos a solicitar que se constituya en el país un equipo de investigadores externos para la realización de una auditoría forense”, advirtió Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

Medición de temperatura

Apunte

¿Cuando se toma la temperatura rectal puede romperse el termómetro? Edwin Dolz, pediatra, señaló que sí, aunque nunca producir una hemorragia como al bebé.

Exfuncionarias denuncian maltrato en el Hogar

Daymira Barriga

Dos exfuncionarias del Hogar Virgen de Fátima denunciaron ayer a la red Bolivisión el uso de la violencia en contra de los infantes y presentaron dos notas acompañadas con registros fotográficos, como prueba de que el gobernador César Cocarico conocía de esta práctica.  La primera, suscrita por Leonor Morales Ayma, fue enviada en 2012 y tiene como referencia: “Denuncia de maltrato en el Hogar Virgen de Fátima”. La segunda es de 2013, y fue presentada por una extrabajadora.  

En las imágenes —tomadas en 2011 según la data de la cámara— se ve a un bebé con el ojo morado; un detalle de la oreja de un niño desprendida presuntamente a causa de un brutal tirón; y moretones y rasguños en los cuerpos de otros.

“No todas las notas llegan a mi poder, yo tengo un Secretario General que las ve”, respondió el aludido anoche a la red televisiva, y anunció una auditoría. Lourdes Flores, responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en ese municipio, informó que una niña, que hoy tiene seis años, fue víctima de abuso sexual y la repartición alteña se querelló contra el Hogar.