La situación del presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, se complica más. A las denuncias de extorsión para la designación de jueces, se suma un pedido de juicio de responsabilidades en su contra por la designación de su representante en La Paz, Mónica Limachi.

Según los documentos a los que tuvo acceso este diario, Ninawara Mejillones Mamani, ciudadano que vive en El Alto, demandó procesar a Sanabria porque posesionó a Limachi en el cargo antes de que ésta concluya su trámite de renuncia a su cargo de jueza de la localidad de San Andrés de Machaca, en el departamento de La Paz.

En los memoriales presentados por Mejillones se indica que las acusaciones que pesan en contra de Sanabria son tres: incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a las leyes.

Acusación. Pero la sindicación también llega a la Representante de la Magistratura en La Paz por los delitos de abandono del cargo e incumplimiento de deberes, ambos tipificados en los artículos 156 y 154 del Código Penal, respectivamente.

“Mónica Limachi Rosas toma posesión del cargo de encargada departamental sin haber renunciado a la función que cumplía antes como jueza de Instrucción en San Andrés de Machaca. Una vez posesionada recién presenta su renuncia, cuando la exigencia legal y ética es que lo haga antes”, se lee en la relación de hechos que hace Mejillones en su demanda.

La carta de renuncia al cargo de jueza de Limachi está fechada el 9 de julio, mientras que el sello de recepción indica que ingresó a la oficina a las 09.02 de esa misma fecha. Mejillones agrega que “por providencia” el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, a quien estaba destinada la misiva, pasa a consideración del pleno, instancia que, a su vez, el 14 de julio, remite el documento al Consejo de la Magistratura, “puesto que es una atribución que le compete a ese ente administrativo”.

Mejillones advierte en su memorial que la renuncia de Limachi no tiene carácter de “irrevocable”, por lo que debía esperar una respuesta a su trámite para dejar el cargo de jueza y asumir el cargo de delegada en La Paz. En la oficina de Sanabria, en Sucre, se indicó que esta autoridad no se pronunciará sobre este caso, debido a que todavía desconoce el contenido.

En la ciudad de La Paz, la representante de la Magistratura aseguró no tener conocimiento de la demanda en su contra ni haber sido notificada. No obstante, indicó que hace dos meses un juez le inició un proceso en el Ministerio Público por abandono de funciones, pero la acusación fue rechazada y el caso no prosperó.

“El Órgano Judicial es una sola institución y, dentro de ese marco, uno sí tiene la opción de ir a otro cargo. Inmediatamente se puede aceptar la renuncia porque el trabajo está dentro del mismo Órgano Judicial. Es como si hubiera sido promovida a otro cargo superior dentro de la misma institución, no se cometió ningún daño”, dijo. 

Quieren destitución

Proceso

La delegada del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, aseguró que quieren destituirla del cargo por los trabajos de control  en los juzgados y la exigencia de que cumplan con sus funciones. 

La situación del presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, se complica más. A las denuncias de extorsión para la designación de jueces, se suma un pedido de juicio de responsabilidades en su contra por la designación de su representante en La Paz, Mónica Limachi.

Según los documentos a los que tuvo acceso este diario, Ninawara Mejillones Mamani, ciudadano que vive en El Alto, demandó procesar a Sanabria porque posesionó a Limachi en el cargo antes de que ésta concluya su trámite de renuncia a su cargo de jueza de la localidad de San Andrés de Machaca, en el departamento de La Paz.

En los memoriales presentados por Mejillones se indica que las acusaciones que pesan en contra de Sanabria son tres: incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a las leyes.

Acusación. Pero la sindicación también llega a la Representante de la Magistratura en La Paz por los delitos de abandono del cargo e incumplimiento de deberes, ambos tipificados en los artículos 156 y 154 del Código Penal, respectivamente.

“Mónica Limachi Rosas toma posesión del cargo de encargada departamental sin haber renunciado a la función que cumplía antes como jueza de Instrucción en San Andrés de Machaca. Una vez posesionada recién presenta su renuncia, cuando la exigencia legal y ética es que lo haga antes”, se lee en la relación de hechos que hace Mejillones en su demanda.

La carta de renuncia al cargo de jueza de Limachi está fechada el 9 de julio, mientras que el sello de recepción indica que ingresó a la oficina a las 09.02 de esa misma fecha. Mejillones agrega que “por providencia” el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, a quien estaba destinada la misiva, pasa a consideración del pleno, instancia que, a su vez, el 14 de julio, remite el documento al Consejo de la Magistratura, “puesto que es una atribución que le compete a ese ente administrativo”.

Mejillones advierte en su memorial que la renuncia de Limachi no tiene carácter de “irrevocable”, por lo que debía esperar una respuesta a su trámite para dejar el cargo de jueza y asumir el cargo de delegada en La Paz. En la oficina de Sanabria, en Sucre, se indicó que esta autoridad no se pronunciará sobre este caso, debido a que todavía desconoce el contenido.

En la ciudad de La Paz, la representante de la Magistratura aseguró no tener conocimiento de la demanda en su contra ni haber sido notificada. No obstante, indicó que hace dos meses un juez le inició un proceso en el Ministerio Público por abandono de funciones, pero la acusación fue rechazada y el caso no prosperó.

“El Órgano Judicial es una sola institución y, dentro de ese marco, uno sí tiene la opción de ir a otro cargo. Inmediatamente se puede aceptar la renuncia porque el trabajo está dentro del mismo Órgano Judicial. Es como si hubiera sido promovida a otro cargo superior dentro de la misma institución, no se cometió ningún daño”, dijo. 

Quieren destitución

Proceso

La delegada del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, aseguró que quieren destituirla del cargo por los trabajos de control  en los juzgados y la exigencia de que cumplan con sus funciones. 

Con más de tres años de demora, anoche fue difundido el resultado parcial del Estudio Integral del Consumo de Coca en el país, que establece que se requiere el cultivo de 14.705 hectáreas (ha) de la hoja para cubrir el consumo legal. El trabajo fue financiado por la Unión Europea (UE).

El presidente Evo Morales hizo conocer este resultado a asambleístas que tienen relación con la temática de la coca; a dirigentes cocaleros de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) y al Consejo de Federaciones Campesinas Yungueñas (Cofecay); además de representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El encuentro, sostenido en el Palacio de Gobierno, empezó poco después de las 20.00 y concluyó tres horas y media después.

La difusión de este resultado se da luego de que el 17 de octubre el embajador de la UE en Bolivia, Timothy Torlot, indicó que es “frustrante” aún no conocer la conclusión de este estudio que financió la organización internacional a la que representa con más de $us 1 millón.

La importancia de esta investigación radica en el hecho de que se desconoce la cantidad de coca que es necesaria para el consumo tradicional. La Ley 1008 establece 12.000 hectáreas para esa demanda, aunque no tiene la base de un análisis científico. Por otra parte, en los últimos días, representantes de los cocaleros manifestaron que son necesarias 20.000 ha de coca. En 2004, el entonces presidente Carlos Mesa legalizó el cultivo de un cato de coca (40 x 40 metros) en el Chapare.

Acullico. El senador Fidel Surco (MAS), al salir de la reunión, explicó que el estudio establece que cada persona que acullica consume una libra de la hoja cada mes, lo que al año suma 12, o seis kilos. El asambleísta aclaró que la demanda del vegetal por parte de los transportistas y mineros es mucho mayor.

Surco también apuntó que el estudio definió que las 14.705 hectáreas legales representan una producción anual de 20.960 toneladas de coca.

El senador Eugenio Rojas (MAS) advirtió que todavía hacen falta investigaciones para determinar la cantidad de cultivos que son necesarios para cubrir la demanda en las áreas de industrialización de la hoja y la exportación. Por eso se indicó que los resultados son parciales, ya que esperarían las conclusiones de los nuevos trabajos.

“Necesitamos incrementar otras variables más que tal vez puedan sobrepasar esa cifra, eso seguramente necesitará otro estudio integral para la exportación”, advirtió Rodolfo Machaca, dirigente de los campesinos. Machaca destacó que para la ejecución de esta investigación se empleó a más de medio millón de personas, especialmente para la realización de encuestas a personas y familias.

Sin dar a conocer las cifras absolutas o porcentajes, Machaca informó que entre los departamentos en los que más se consume la hoja están Santa Cruz, seguido de Cochabamba, La Paz, Oruro, Chuquisaca y Potosí. En el caso del oriente, el sector de los zafreros es el que tiene un importante nivel de consumo.

Otro elemento que destacó Machaca del Estudio Integral es que la coca producida en los Yungas de La Paz es la más consumida, incluso en el departamento de Cochabamba.

Exportación de la hoja de coca

Frontera

El asambleísta Fidel Surco destacó el hecho de que en el Estudio Integral no se tomó en cuenta la exportación de la hoja. “Hemos visto en este estudio que hay consumo en la frontera, como por ejemplo en la Argentina, que arroja mayor consumo de la producción, y también en el sector de Brasil, en los 17 puntos fronterizos donde se llevó el estudio”.

Resultado del estudio no es vinculante y se lo socializará

Los senadores Eugenio Rojas y Fidel Surco, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmaron que el resultado de este estudio integral de la coca no es vinculante, ya que aún falta investigaciones complementarias. El asambleísta Surco incluso indicó que aún no está en los planes utilizar estos resultados para la modificación de la Ley 1008, que fija en 12.000 las hectáreas para cubrir la demanda tradicional,

Por el contrario, Surco adelantó que este estudio será socializado con diferentes sectores de la sociedad y autoridades locales. Dentro de esta investigación hay ocho estudios que forman parte del análisis. Una de ellas estableció que hay al menos 20 tipos de la hoja de coca.

Con más de tres años de demora, anoche fue difundido el resultado parcial del Estudio Integral del Consumo de Coca en el país, que establece que se requiere el cultivo de 14.705 hectáreas (ha) de la hoja para cubrir el consumo legal. El trabajo fue financiado por la Unión Europea (UE).

El presidente Evo Morales hizo conocer este resultado a asambleístas que tienen relación con la temática de la coca; a dirigentes cocaleros de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) y al Consejo de Federaciones Campesinas Yungueñas (Cofecay); además de representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El encuentro, sostenido en el Palacio de Gobierno, empezó poco después de las 20.00 y concluyó tres horas y media después.

La difusión de este resultado se da luego de que el 17 de octubre el embajador de la UE en Bolivia, Timothy Torlot, indicó que es “frustrante” aún no conocer la conclusión de este estudio que financió la organización internacional a la que representa con más de $us 1 millón.

La importancia de esta investigación radica en el hecho de que se desconoce la cantidad de coca que es necesaria para el consumo tradicional. La Ley 1008 establece 12.000 hectáreas para esa demanda, aunque no tiene la base de un análisis científico. Por otra parte, en los últimos días, representantes de los cocaleros manifestaron que son necesarias 20.000 ha de coca. En 2004, el entonces presidente Carlos Mesa legalizó el cultivo de un cato de coca (40 x 40 metros) en el Chapare.

Acullico. El senador Fidel Surco (MAS), al salir de la reunión, explicó que el estudio establece que cada persona que acullica consume una libra de la hoja cada mes, lo que al año suma 12, o seis kilos. El asambleísta aclaró que la demanda del vegetal por parte de los transportistas y mineros es mucho mayor.

Surco también apuntó que el estudio definió que las 14.705 hectáreas legales representan una producción anual de 20.960 toneladas de coca.

El senador Eugenio Rojas (MAS) advirtió que todavía hacen falta investigaciones para determinar la cantidad de cultivos que son necesarios para cubrir la demanda en las áreas de industrialización de la hoja y la exportación. Por eso se indicó que los resultados son parciales, ya que esperarían las conclusiones de los nuevos trabajos.

“Necesitamos incrementar otras variables más que tal vez puedan sobrepasar esa cifra, eso seguramente necesitará otro estudio integral para la exportación”, advirtió Rodolfo Machaca, dirigente de los campesinos. Machaca destacó que para la ejecución de esta investigación se empleó a más de medio millón de personas, especialmente para la realización de encuestas a personas y familias.

Sin dar a conocer las cifras absolutas o porcentajes, Machaca informó que entre los departamentos en los que más se consume la hoja están Santa Cruz, seguido de Cochabamba, La Paz, Oruro, Chuquisaca y Potosí. En el caso del oriente, el sector de los zafreros es el que tiene un importante nivel de consumo.

Otro elemento que destacó Machaca del Estudio Integral es que la coca producida en los Yungas de La Paz es la más consumida, incluso en el departamento de Cochabamba.

Exportación de la hoja de coca

Frontera

El asambleísta Fidel Surco destacó el hecho de que en el Estudio Integral no se tomó en cuenta la exportación de la hoja. “Hemos visto en este estudio que hay consumo en la frontera, como por ejemplo en la Argentina, que arroja mayor consumo de la producción, y también en el sector de Brasil, en los 17 puntos fronterizos donde se llevó el estudio”.

Resultado del estudio no es vinculante y se lo socializará

Los senadores Eugenio Rojas y Fidel Surco, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmaron que el resultado de este estudio integral de la coca no es vinculante, ya que aún falta investigaciones complementarias. El asambleísta Surco incluso indicó que aún no está en los planes utilizar estos resultados para la modificación de la Ley 1008, que fija en 12.000 las hectáreas para cubrir la demanda tradicional,

Por el contrario, Surco adelantó que este estudio será socializado con diferentes sectores de la sociedad y autoridades locales. Dentro de esta investigación hay ocho estudios que forman parte del análisis. Una de ellas estableció que hay al menos 20 tipos de la hoja de coca.

En un clima de tensión en Apolo, los uniformados hallaron ayer a dos muertos más por la emboscada que sufrió un grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) la madrugada del sábado en el norte paceño. Los fallecidos suman cuatro y los heridos 29, 14 de ellos por impacto de bala.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó anoche el hallazgo de los cuerpos sin vida del suboficial naval Willy Yujra Mamani y de Michael Olivarez Alba, médico de la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico (Uelinc). “Es una masacre, cuatro muertos. Es la primera vez que el Estado ingresa a esta zona de Apolo y que se asume una decisión firme de luchar contra el narcotráfico. Estos son los costos”, declaró y aseguró que se dará con los autores del hecho.

Los cadáveres llegaron a las 22.00 al cuartel de Apolo. El galeno recibió un disparo de arma de fuego en la nuca. El militar fue golpeado con una piedra en la cabeza. “Pasaron un episodio cruel”, dijo el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.

Ataque. El sábado, la FTC, unidad compuesta por militares y policías para la erradicación de coca excedentaria, ingresó a la comunidad Miraflores del municipio de Apolo para cumplir con su tarea. Francisco Pérez, un policía que resultó herido, narró a la red ATB que fueron sorprendidos por encapuchados que, en posición de disparo, abrieron fuego en contra de él y de sus camaradas.

Pérez, contó que las personas que les emboscaron incluso atacaron con palos, piedras y machetes al cadáver del subteniente Óscar Gironda. No descartó que se trate de extranjeros. El domingo murió el policía Reynaldo Quispe, quien recibió un impacto de bala el día anterior. Ambos fueron enterrados ayer en la ciudad de La Paz.

Una comunaria de Miraflores, que pidió no ser identificada, informó ayer a La Razón que en el lugar vio en los pasados días a personas que, por el tono de voz, parecían peruanos. Indicó que ellos incluso entrenaban a personas para disparar armas de fuego.

Romero también informó ayer que son 13 los cocaleros detenidos, entre ellos el dirigente Gregorio Cari, quien el jueves negó que sus afiliados estén armados, tal como denunció horas antes el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.

Sospecha. El Ministro de Gobierno advirtió que Cari y su hermano Germán “deben explicar muchas preguntas, tales como confirmar o no reuniones en San Fermín (punto fronterizo con Perú) los primeros días de octubre, relaciones con un grupo de siete peruanos que ingresaron a Apolo, vínculos con gente del Perú, si participaron del diseño militar de este operativo (emboscada) o contactos para que se trajeran las armas”.

La autoridad de Gobierno desvirtuó la denuncia que hizo Benjamín Patzi, abogado de los cocaleros de Miraflores, quien indicó que los uniformados allanaron viviendas de los comunarios y en esa acción dispararon contra sus camaradas. Agregó que este sector de productores de coca representa a cerca del 10% del total de comunarios del municipio de Apolo, porcentaje que tiene coca excedentaria para ser erradicada. Representantes del Defensor del Pueblo, Derechos Humanos y de Apolo esperan dialogar desde hoy.

La Fiscalía forma una comisión

Grupo

El Ministerio Público conformó una comisión de cuatro fiscales para que investigue los hechos en Apolo, con el fin de hallar a los responsables intelectuales y materiales de  la muerte de al menos dos uniformados en una emboscada de cocaleros a miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

División

El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que la comisión está integrada por el fiscal de Apolo Leopoldo Ramos, y Gregorio Blanco y Javier Flores, que ya están en la localidad paceña. A ellos se suma José Villarroel, en la ciudad   de La Paz.

Ejecutivo pide a Perú ayuda en frontera

Dennis Luizaga

Con el fin de evitar la fuga de implicados en la emboscada de Apolo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que se pidió al Ministerio del Interior de Perú reforzar el control policial en regiones fronterizas con Bolivia.

“Evidentemente me he comunicado con el Ministro del Interior (Perú), me ha señalado que están trabajando en esta tarea y nos estamos alimentando de la información necesaria para que ellos puedan adoptar los recaudos necesarios”, manifestó la autoridad.

Según el informe del Gobierno, el sábado un grupo de comunarios cocaleros de Miraflores (Apolo) arremetió con disparos a un contingente de policías y militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) con un saldo de cuatro fallecidos, 14 heridos con proyectil de arma de fuego y 15 policontusos.

En referencia a personas vinculadas con los hechos, Romero informó que hay 13 detenidos, entre ellos Gregorio y Germán Cari. El primero es dirigente de un grupo de cocaleros de Apolo. “Si no están implicados en los incidentes, (entonces) tienen que colaborar con las investigaciones” manifestó el ministro Romero.

Por la mañana, la autoridad pidió a Benjamín Patzi, abogado defensor de Gregorio Cari, del asambleísta Victor León (MSM) y de cocaleros, colaborar con la investigación para determinar si existe presencia peruana en la región “Hay que cerrar filas en las investigaciones. ¿Porqué ha habido un ingreso de gente de Perú a Apolo?, estas son las preguntas que tiene que responder”, manifestó la autoridad gubernamental.

Ante las afirmaciones de Romero, en sentido de que es cómplice, el asambleísta León señaló: “En San Fermín sí hay gente de Perú, en cambio en Miraflores hay gente humilde, no tenemos conexión con gente peruana”.

Posiciones

Gregorio Lanza: ‘Esperemos que la investigación sea imparcial’

“Hemos solicitado como Defensoría del Pueblo, procesos de diálogo, pero no concluyó por la actitud intransigente de los productores de coca y del Gobierno. Esperamos que esto no vuelva a suceder y que se dé una investigación imparcial, que también dé con los responsables de la muerte de oficiales y los excesos que hubieron con las mujeres”.

Rosa Piluyo: ‘Han ingresado a casas y nos atropellaron’

“Ellos (policías y militares) han ingresado a nuestras casas y nos atropellaron, a nuestros hijos los han pegado y los patearon. Incluso rompieron las puertas. Algunos de los efectivos nos querían violar y nos han tratado de todo. Hemos visto que se han ido los militares a los cerros; nosotros no les hemos disparado”.