El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aclaró este jueves que las investigaciones que se desarrollan en Santa Cruz por el caso Terrorismo, apuntan a supuestos hechos de tortura y vejámenes posteriores al operativo del 15 de abril de 2009.

“Estamos en otro caso, nosotros no estamos hablando de lo sucedido el 15 de abril (de 2009). Nosotros estamos investigando, en este caso, hechos sucedidos posteriormente al 15 de abril. Hechos relacionados a torturas y vejámenes. Hechos que se habrían producido en las personas que han presentado la denuncia”.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

También cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

Lanchipa reiteró que la causa que se indaga es por “torturas y vejámenes”. “Este caso está siendo adelantado en sus investigaciones a través de una comisión de fiscales que se ha conformado, luego de la reapertura del proceso”.

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La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros, señaló el miércoles 15 de abril que se continúa con las pesquisas en el caso de Tadic y Tóásó, por lo que se determinó conformar una comisión para continuar con todos los actos investigativos para el esclarecimiento del hecho.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Desde sus redes sociales, el 13 de abril, Tóásó comunicó que la Justicia abrió el proceso “de violaciones de derechos humanos, como ser: ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, tortura a los sobrevivientes y otros delitos de violaciones de derechos humanos durante el proceso del caso Hotel La Américas” (sic).

Agregó que el caso radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la fiscal Marioly Torrez.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.

“Este caso radica en la Fiscalía Departamental de La Paz y se ha conformado una comisión de fiscales para la investigación”, dijo el funcionario a los periodistas en Sucre.

Sobre los avances, explicó que se realizaron varias inspecciones en las instalaciones de la planta, además del secuestro de la documentación relativa a la contratación “a la que hacen referencia en la denuncia”.

El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.

YLB

La actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.

Indicó que un informe de auditoría interna identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa, que se adjudicó las obras.

Por ese caso, el Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión, de las que la Policía Boliviana ya ejecutó cuatro.

Investigación

Precisamente, una de las órdenes fue dictada contra el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliario y pagó una fianza de Bs 30.000.

También investigado, el gerente de YLB Juan Carlos Montenegro fue hallado sin vida y con una carta póstuma. La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico, esto sobre la carta.

Tras haber faltado a la audiencia programada para el 18 de abril, con el alegato que tenía COVID-19, y afirmar que se trataba de una injusticia, el exministro de Gobierno Carlos Romero se presentó a declarar por el caso Ostreicher. Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida debido a una serie de incidentes.

La mañana de este jueves, el otrora ministro en el gobierno de Evo Morales asistió al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz.

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Caso Ostreicher

El caso Ostreicher fue abierto por Romero en 2012, cuando denunció un proceso de extorsión por parte de funcionarios públicos al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Este empresario llegó al país en 2008 con el propósito de invertir en la agricultura. De acuerdo con posteriores declaraciones, invirtió más de $us 30 millones.

Sin embargo, en 2011 se le acusó del delito de ganancias ilícitas, luego de que se relacionara a sus empleados con el narcotráfico. Estuvo retenido 18 meses en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. En diciembre de 2012 se le otorgó detención domiciliaria.

En 2013 se dio a la fuga con la ayuda de uno de sus compatriotas, el actor Sean Penn, y con una aparente participación directa del gobierno de Estados Unidos.

Durante el tiempo que estuvo preso, fue presuntamente extorsionado por un grupo de funcionarios y autoridades del Ministerio Público, y perdió sus ganancias y propiedades.

Supuestamente le pedían $us 50 millones para su liberación. Esta red fue desmantelada en la gestión de Romero en el Ministerio de Gobierno. 

Cuando se conoció su citación como testigo, Romero renegó de la convocatoria y se mostró indignado de tener que defenderse por el caso que el mismo denunció.

Jessica Saravia, viceministra de Justicia, aclaró que se encuentra en calidad de testigo y le exhortó a no tener miedo de presentarse a declarar. Recalcó que no se le acusa de ningún delito y no debe ni siquiera defenderse, sino presentar la información pertinente respecto al caso y posteriormente retirarse.

Audiencia fallida

El proceso penal, seguido por la Fiscalía, es contra la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, quien trajo a Ostreicher al país, y otros implicados, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso.

Este jueves, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que los presentes comenzaron a insultar y gritar a Romero. “Maleante, delincuente, asesino, desgraciado”, fueron algunos de los calificativos que se escuchó en la audiencia.

Rodríguez, quien se había enfrascado en una discusión con Romero, se descompuso y no logró reanimarse. Tuvieron que trasladarla a un centro médico.

El exministro tampoco se aguantó los insultos y calificó a quienes lo increpaban como “narcotraficantes, delincuentes” y afirmó que no le interesaban las acusaciones.

“Demuéstrenlo, no me metan en sus shows”, desafió Romero.

Debido a los sucesos, se suspendió la audiencia. Se espera que se la pueda retomar el viernes.

El expresidente Evo Morales pidió al Gobierno investigar la muerte del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, deceso del que dijo que fue “un suicidio inducido.

“Duele mucho, que se investigue (…). Es un suicidio inducido. (La muestra es) la carta de despedida de su familia, explicando (los motivos de su muerte) detalladamente. Es un suicidio inducido en mi interpretación”, dijo el exmandatario en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

La mañana de este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, develó que el deceso de Montenegro, hallado sin vida la mañana del miércoles, se debió a un infarto agudo. Asimismo, señaló que se espera el informe del examen toxicológico y el estudio grafológico de la carta póstuma del infortunado.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz es la oficina encargada de esa tarea.

El caso de “irregularidades” y las “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Según la denuncia, a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, eso generó un daño al Estado de al menos Bs 425 millones.

Evo Morales

Al respecto, Morales hizo una serie de críticas a las políticas del Gobierno para la extracción y la industrialización del litio. Calificó de “fracaso” esas acciones y dijo que “se ha generado una falsa expectativa”.

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros; es mentira tras mentira”, agregó Morales en su rueda de prensa.

Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión. Hasta el miércoles, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Uno de los exfuncionarios aprehendidos es el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, que luego de su audiencia de medidas cautelares, cumple con detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

Los otros tres aprehendidos aún espera por la audiencia que determine su situación judicial.

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El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, explicó que el Decreto Supremo 5143 busca modernizar la Ley de Inscripción de Derechos Reales, promulgada el 15 de noviembre de 1887.

El 10 de abril, el presidente Luis Arce promulgó el decreto que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. El nuevo sistema concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos. Con ellos, se facilitará el acceso y consultas para los ciudadanos.

Se trata de un nuevo servicio de propiedad, gravámenes y folio real actualizado en forma inmediata de una ventanilla única de expedición rápida.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva recordó que la ley que regula el funcionamiento de la oficina de Derechos Reales data de 1887 y es una de las normas más antiguas de sistema normativo del país “Es la única ley en el Estado Plurinacional que viene desde hace dos siglos y está vigente regulando Derechos Reales”.

Afirmó que el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas presentó una acción inconstitucionalidad de la ley para que la Asamblea Legislativa trabaje en una nueva ley que regule los bienes de la población.

Explicó que la decreto responde a las quejas por corrupción, falta de capacitación del personal y ausencia de tecnología en las oficinas de Derechos Reales.

Admitió que el sistema informático de esa oficina «es altamente vulnerable», debido a que, por ejemplo, un exfuncionario que haya tenido acceso al sistema puede ingresar desde su casa y cambiar un terreno de 100 metros2 a 1.000 metros2, además de modificar la ubicación de los terrenos, nombres y números.

Silva informó que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) trabajó por dos años en el nuevo registro único de bienes de la población. Los datos del antiguo sistema migrarán de forma automática a la nueva plataforma. Los usuarios no deberán ir a hacer ningún trámite.

Ante las denuncias de corrupción y cobros irregulares para agilizar los trámites, Silva señaló que el decreto pretende “bancarizar” los trámites. “La gente ya no va a pagar en las oficinas, sino a través de la banca móvil, pago por QR o transferencia bancaria”. 

Además, anunció que la norma establecerá un “régimen de selección de personal” para que entren los funcionarios más idóneos a los cargos. El Consejo de la Magistratura deberá lanzar una convocatoria, en un plazo de 180 días, para que la población presente su currículum y, posteriormente, se someta a una evaluación meritocrática.

Lamentó que, por no contar con personal capacitado, hubo inscripciones de bienes inmuebles a nombre de personas fallecidas o se hicieron trámites fraudulentos con falsificación de firmas.

Consideró que es necesaria la «interoperabilidad» de Derechos Humanos para que, por ejemplo, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) advierta de un caso de registro de terrenos a nombre de un fallecido u otras personas.

“Por eso nosotros estamos blindando el proceso de inscripción para que la persona tenga seguridad y certeza jurídica”, indicó. 

Tras la promulgación del Decreto 5143, algunos sectores y miembros de la oposición manifestaron su preocupación y aseguraron que la oficina de Derechos Reales pasaría al Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, Silva aclaró que esa instancia se mantendrá bajo dependencia del Órgano Judicial, para garantizar el derecho propietario de las personas. “Los recursos de Derechos Reales seguirán destinados al Órgano Judicial”.

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