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«Sin la coca no tenemos nada» lamentan campesinos pobres que resisten erradicaciones en Bolivia

Bolivia tiene en la actualidad 25.300 hectáreas de cocales -según las Naciones Unidas-, de las que sólo 12.000 estarían destinadas a un uso legal en comercialización y consumo tradicional como mascado, infusiones y otros. El excedente se considera destinado al narcotráfico.

/ 25 de octubre de 2013 / 19:49

Campesinos bolivianos dedicados a la plantación de coca en una zona fronteriza con Perú con fuerte influencia del narcotráfico advierten que van a seguir defendiendo sus plantas contra la erradicación porque es su única forma de subsistencia.

«Nosotros estamos defendiendo nuestra coca. Sin la coca no tenemos nada. ¿Con qué vamos a vivir?’, dijo a la AFP María Asunta Estrada, de 56 años y vecina de Miraflores, uno de los poblados de la región de Apolo, una región del noreste que resiste fuertemente la erradicación de sus cultivos por la policía y el Ejército.

La mujer niega que un cuerpo de «erradicadores» haya sido atacado por los campesinos, en un hecho que esta semana dejó cuatro muertos de esa unidad policial-militar, con presunto involucramiento de narcotraficantes.

Acusa en cambio a la patrullas de erradicación de actuar con gran violencia.

«Han estado persiguiendo a nuestros esposos. Han pateado la puerta (de la habitación que comparte con una hija y sus 3 nietos) y nos han gasificado ahí adentro, casi hemos muerto», dijo.

En Miraflores viven unas 25 familias, pero ahora el pueblo está habitado sólo por mujeres, niños y ancianos, porque los hombres fueron detenidos o están escondidos.

Leandro Tuluí, un anciano de 72 años, condujo a periodistas de la AFP hacia su pequeño chaco, a unos 20 minutos de caminata de Apolo, destruido también por los erradicadores.

En su testimonio, en quechua, muestra la pequeña parcela de coca, totalmente destruida, junto a una plantación de yuca (mandioca) también inutilizada.

«Los militares han venido a destrozar nuestros cocales, vivimos aquí sembrando coca desde hace años, de eso vivimos y con eso criamos a nuestros hijos», señala.

Otra mujer lamenta que casi no tienen alimentos para sus familias. «Estamos cocinando arrocito, sin carne, (porque) estamos sin comida», dice doña Teresa mientras el párroco de Apolo, Dionisio Zabala, llega con alimentos y medicinas, aporte de esa población, distante 14 km.

Desde que expulsó en 2008 a la agencia antidroga estadounidense (DEA), a la que acusó de complot contra el gobierno, el Ejecutivo boliviano, al mando del presidente y ex líder cocalero Evo Morales, ha asumido la política antidrogas y las erradicaciones.

«Yo amo a mi gobierno, he votado por el Evo, pero ¿que nos haga esto, de esta forma? No sé qué ha pasado», llora una pobladora, que se niega a identificarse por temor a represalias.

«Somos gente pobre, tengo nueve hijos. Sin coca, ¿con qué me voy a mantener? ¿Con qué voy a comprar un grano de arroz? Aquí no se produce otra cosa que la coquita. Sembramos yuca y se muere, el choclito igual», dice.

Ingreso de narcotraficantes desde Perú

La emboscada a la patrulla en Apolo, con un saldo de 4 muertos y 14 heridos, contó con ingreso de armas desde Perú y una planificación de tipo militar organizada por traficantes de droga que actúan en la zona fronteriza, mencionó el presidente Morales.

En la población de San Fermín, a la que sólo se accede tras varios días a pie desde Apolo, se concentra el tráfico de la droga llegada desde Perú, indicaron a la AFP fuentes policiales y pobladores.

«Transportan la droga a lomo de animal o en barcazas» por el río peruano Colorado, que empalma con su afluente boliviano Tuhichi, y desde ahí a poblaciones del departamento de Beni, al noreste, en la frontera con Brasil, señalaron informantes locales, que pidieron mantener el anonimato.

«El camino a San Fermín es largo y sinuoso. Necesitamos que los militares pongan un control más riguroso, con más gente», reclama Gonzalo Machicado Gámez, un vecino de Apolo.

«Los (narcotraficantes) peruanos abusan de los campesinos. Debe haber un puesto militar más grande para evitar el ingreso de droga», agregó.

La presencia y actividad del narcotráfico en la región es un tema tabú en Apolo, una apacible ciudad de 22.000 habitantes a 410 km al norte de La Paz, rica en oro y con potencialidades hidrocarburíferas, en un punto que imbrica la puna de los Andes con la exuberancia de la Amazonia.

Una fuente policial dijo a la AFP, a condición de anonimato, que traficantes peruanos y brasileños trasladan la droga desde la selva peruana de Pasco hasta el territorio boliviano, para luego transportarla a otros destinos internacionales.

«Hay una clara coordinación de las bandas criminales en ambos lados de la frontera para sacar la droga de Perú e ingresarla a Bolivia», dijo la fuente policial.

«Estas bandas tienen estructuras superorganizadas, con aparatos casi militares y dotados de armamento militar, mejor que el de las fuerzas policiales boliviana y funcionan en Bolivia, Perú y Brasil», sostiene.

Refuerzo de control en la frontera

Bolivia y Perú reforzaron los puestos de control en la frontera común y pusieron en alerta a la inteligencia de ambas policías.

La frontera tiene una extensión de 1.131 km por los Andes y la Amazonía, zonas de difícil acceso y con escasa vigilancia policial y militar.

Según el gobierno, los cocaleros han excedido con plantaciones ilegales las 280 hectáreas de plantíos autorizados en el lugar.

Pese al temor a que se desaten nuevos enfrentamientos, la Fuerza de Tarea Conjunta policial-militar continúa con las erradicaciones en la región.

Bolivia tiene en la actualidad 25.300 hectáreas de cocales -según las Naciones Unidas-, de las que sólo 12.000 estarían destinadas a un uso legal en comercialización y consumo tradicional como mascado, infusiones y otros. El excedente se considera destinado al narcotráfico.

Según cifras de la ONU, Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca –materia base para la cocaína–, después de Perú y Colombia.

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«Guerra del Gas», la insurgencia que cambió a Bolivia hace una década

Las protestas que confluyeron en El Alto llevaron a un corte de caminos con piedras, palos, escombros, y estallidos de cilindros de gas de uso doméstico en choques diarios con las tropas militares, que reprimían a bala a pobladores que exigían la dimisión del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

/ 16 de octubre de 2013 / 23:00

Una rebelión popular que sitió La Paz, iniciaba hace diez años la llamada «Guerra del Gas» en Bolivia, que se saldó con 64 muertos y puso fin al gobierno liberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, dando paso al movimiento indigenista que llegaría al poder de la mano de Evo Morales.

La población de El Alto, vecina de La Paz, concentró en octubre de 2003 masivas marchas de protesta de clases medias empobrecidas, campesinos, mineros e indígenas contra el gobierno, reprimidas por el ejército con armas de guerra.

La Guerra del Gas «fue el punto de partida de una secuencia de transformaciones profundas en la sociedad, como la inclusión social de sectores indígenas antes marginados», dijo a la AFP el profesor de la universidad estatal UMSA y analista político, Carlos Cordero.

Tras las marchas de protesta «subyacían otras motivaciones emergentes del agotamiento del sistema de partidos», como la falta de empleo o la corrupción en el aparto estatal, consideró el académico.

El movimiento popular se articuló bajo la consigna de la oposición al plan de Sánchez de Lozada de vender gas natural licuado (LNG) a Estados Unidos, vía puertos de Chile, país que arrebató a Bolivia su salida al mar tras la Guerra del Pacífico en 1879.

La decisión del gobierno de utilizar los puertos chilenos para vender el gas de Bolivia fue considerada por los movimientos sociales bolivianos como una traición a la demanda histórica del país, y es hoy, en cambio, uno de los grandes ejes de la política exterior de Evo Morales, quien resultaría en comicios posteriores a la revuelta, el primer presidente de origen indígena elegido en el país.

Una expresión de bronca

«Octubre fue la expresión de la bronca acumulada por las injusticias», dijo a periodistas el exdirigente minero, Jaime Solares.

Las protestas que confluyeron en El Alto llevaron a un corte de caminos con piedras, palos, escombros, y estallidos de cilindros de gas de uso doméstico en choques diarios con las tropas militares, que reprimían a bala a pobladores que exigían la dimisión de Sánchez de Lozada.

Tras dos semanas de violencia, con La Paz aislada, el aeropuerto internacional cerrado, una aguda escasez de alimentos y combustible, y un aumento constante de muertos y heridos por la violencia, Sánchez de Lozada entregó su dimisión al Congreso, y asumió en su lugar el vicepresidente Carlos Mesa, que gobernó menos de dos años, desestabilizado por sectores políticos que reclamaban elecciones anticipadas.

El entonces líder cocalero Evo Morales, que catalizó el descontento de la sociedad boliviana, ganó las elecciones de 2005 con el 54% de los votos, el mayor guarismo en el último medio siglo, favorecido por el descreimiento de los partidos tradicionales. Luego ratificó su popularidad con un 64% para un nuevo mandato en 2009, y se postula para un tercero en 2014.

Demanda a Chile

El gobierno de Morales demandó este año a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para recuperar su costa marítima, nacionalizó el gas natural y mantuvo las exportaciones de gas a sus tradicionales mercados de Brasil y Argentina.

A pesar de haber cumplido la denominada «Agenda de Octubre» (en referencia a las demandas de la insurrección) al llamar a una Asamblea Constituyente, nacionalizar los recursos naturales y empoderar a los sectores populares, algunos sectores opinan que lo hecho por el gobierno indigenista no es suficiente.

El analista político y profesor universitario Marcelo Silva dijo a la AFP que «hay un incumplimiento a las metas de octubre de 2003».

«El gas no se ha industrializado y sólo ese factor posterga los planes de desarrollo del país», opinó.

En homenaje a la rebelión popular, el presidente Morales declarará el jueves el Día de la Dignidad Nacional mientras sectores sociales de El Alto amenazan con no asistir a los actos conmemorativos por una supuesta desatención del gobierno a los reclamos de las víctimas.

Los familiares de los 64 muertos y casi 500 heridos «venimos insistiendo en estos diez años en busca de justicia hasta lograr la extradición de Sánchez de Lozada» que radica en Washington, dijo a la AFP el abogado de las víctimas Rogelio Mayta.

En 2011 cinco jefes militares de entonces y dos civiles fueron sentenciados a cárcel, pero ‘Goni’ Sánchez de Lozada, no puede ser juzgado en ausencia por lo que el gobierno tramita, aun sin suerte, su extradición desde Estados Unidos.

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