La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y el Gobierno discrepan en cómo empezó el conflicto armado en Apolo, el 19 de octubre, donde murieron cuatro personas. La primera dice que uniformados allanaron casas, el segundo ratifica que fue una emboscada.
“Creemos que se dijo sólo una parte de la verdad y nos preocupa que los dirigentes y campesinos estén siendo perseguidos y no haya una investigación sobre el actuar de los policías y militares. En ese sentido, creemos que hay una desproporcionalidad en las pesquisas que se dan”, reclamó Yolanda Herrera, titular de la APDHB, en una conferencia de prensa.
Explicó que tras un proceso de investigación y entrevistas con los dirigentes y mujeres de las comunidades apoleñas de Miraflores y Copacabana se concluyó que la incursión de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) creó un alto nivel de riesgo en ambas comunidades.
El sábado 19, efectivos de la FTC ingresaron a Miraflores y Copacabana para erradicar coca excedentaria. Según el Gobierno fueron emboscados y producto de ello perdieron la vida el subteniente de Ejército Óscar Gironda, el suboficial naval Willy Yujra, el policía Reynaldo Quispe y el médico Michael Olivares.
“Los testimonios indican que fueron intervenidas las viviendas a las 05.00, con la rotura de ventanas y puertas. Llevaron a mujeres y niños a la puerta del colegio, donde sufrieron castigos y vejámenes degradantes, por lo que hubo una reacción de los hombres, por eso pedimos una investigación imparcial”, indicó Herrera.
Al respecto, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, aseguró que la información que se maneja en el Ejecutivo no es una “especulación antojadiza” y que él estaba en el lugar desde el primer momento, luego de los hechos suscitados en Apolo.
Asimismo confirmó la información contenida en la imputación fiscal, en sentido de que la emboscada a la incursión de la FTC fue planificada un día antes, con estrategias militares, ya que arrojaron piedras en el camino y ocultaron armas en posibles recorridos de los uniformados.
“Primero encontró una resistencia con palos y piedras, pero los efectivos, eludiendo esto, se dirigen al lugar donde se debe erradicar y ahí se produce la emboscada. Estaban con pasamontañas, no nos inventamos los cuatro muertos y los heridos”, dijo Pérez.
La autoridad gubernamental afirmó que no existió ningún enfrentamiento, ya que si se hubiera dado ese caso, existirían muchos más muertos, puesto que los efectivos de la FTC están entrenados para disparar.
La presidenta de la APDHB informó que continuarán con las investigaciones del caso, por lo que pidió a su repartición de La Paz una comisión interinstitucional para indagar más sobre los hechos luctuosos ocurridos en Apolo el 19 de octubre.
La abogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Claudia Lecoña, sostuvo que hay aspectos irregulares en la imputación en contra de los 21 aprehendidos por este caso. “Hay detenciones ilegales porque se los detuvo a los sindicados a las 06.30, hora que esta fuera de los horarios en los que trabajan los del Ministerio Público, lo que no es legal. Luego no hay una individualización de cada una de las personas que participaron en los hechos y pese a que tienen derecho a la presunción a la inocencia, ya se los culpó”.
Vínculo con actividades ilícitas
Informe
El viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, ratificó que no hay ninguna duda acerca de la primera hipótesis sustentada por su despacho, en sentido de que existen personas vinculadas al narcotráfico que impedían la erradicación de coca ilegal.
Narcotraficantes tenían fábricas móviles
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, informó que en comunidades del municipio de Apolo existían seis fábricas móviles de droga, tipo colombianas, lo que confirmaría que algunos pobladores se oponían a la erradicación de coca porque tenían vínculos con el narcotráfico.
En su informe explicó que existían cuatro narcofábricas que estaban abandonadas, pero esto por la presencia de los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los sectores de Ilipana, Yuyos, Calabatea y Correos del municipio de Apolo.
“En la comunidad Apacheta, a nueve kilómetros de Apolo, se procedió a la destrucción e incineración de una fábrica móvil de pasta base de cocaína, tipo colombiana activa. Se encontró un recipiente celeste con 15 litros de droga líquida, equivalente a 567,22 gramos de cocaína”, detalló Pérez. En la misma región se procedió a la destrucción de otra fábrica a seis kilómetros de Apolo de similares características.
Pérez reiteró que serían algunos comunarios del lugar vinculados a los hechos de narcotráfico y tendrían relación con peruanos miembros de grupos irregulares.