Cerca de las 22.00 del 15 abril de 2009, el entonces director de Régimen Interior, Luis Clavijo, simulaba su hospedaje en el mismo hotel en el que fueran abatidos, horas después, tres extranjeros. Era el episodio previo del ahora sepultado caso Terrorismo.

El funcionario tenía “el objetivo de verificar que los supuestos terroristas extranjeros se encontraban en ese centro hotelero”, describe el informe conclusivo Terrorismo separatista en Bolivia, difundido en noviembre de 2009 por la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados.

“Una vez que comprobó la presencia del grupo, abandonó el hotel, reportando a los organismos de seguridad del Estado”, complementa el documento.

Cerca de las 00.30 de ese día, un atentado con explosivos a la casa del cardenal Julio Terrazas, en la calle Seminario, en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz, había consternado al país.

Entonces, en un comunicado, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) rechazó “vehementemente el atentado criminal” y el gobierno de Evo Morales y la oposición terminaron culpándose de los acontecimientos.

El Gobierno “condena y repudia de manera enfática el ataque terrorista”, afirmó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.

Aunque ese día se informó que la Policía Boliviana no tenía pistas sobre el hecho, informes de Inteligencia apuntaban a la “célula terrorista” de Eduardo Rózsa Flores, ciudadano boliviano-húngarocroata que había llegado al país a mediados de septiembre de 2008.

Sin embargo, algo más complejo ocurrió horas después. Cerca de las 03.30 del 16 de abril, un contingente policial de élite tomó el control del hotel Las Américas con el fin de detener a los sospechosos del atentado.

La intervención violenta terminó con la muerte de Rózsa Flores en la pieza 458, del irlandés Dichael Dwyer en la 457 y del rumano Magyarosi Arpád en la 456. Dos miembros de la célula extranjera, Elód Tóásó (455) y Mario Tadic (454), salvaron la vida, pero fueron aprehendidos.

Los ahora fallecidos, “horas antes del operativo policial que pretendía aprehenderlos por la comisión de los delitos investigados, pero éstos, por la peligrosidad y la gravedad de los delitos cometidos intentan hacer uso de sus armas de fuego y resistir al arresto, viéndose los policías en la necesidad de hacer uso de las armas de reglamento, llegando a abatir a los tres fallecidos lamentablemente”, señalaba el informe del entonces fiscal del caso, Marcelo Soza.

En tanto, el entonces jefe de investigaciones de la Policía Boliviana, mayor Jhonny Aguilera (ahora viceministro de Régimen Interior), según el informe de la Cámara de Diputados, concluyó: “Han estado armados, organizados; han poseído para sí aspectos de cualquier actividad terrorista, planificación, la ejecución y el camino del delito (…) la vía del terrorismo hace conocer que tiene que existir un financiamiento (…)”.

La Policía elimina a tres sicarios y advierte que hay blancos políticos, tituló La Razón su reportaje del día siguiente. Hay indicios de que los tres hombres fueron ejecutados, remató en otra nota.

Ante el viaje de Morales a Caracas, Venezuela, el entonces presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, según reportó este diario, afirmó en conferencia de prensa en el Palacio Quemado que los sospechosos están “vinculados, por la documentación que pudimos, observar, a una ideología de extrema derecha fascista”.

Sin embargo, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, se apuró en señalar que el operativo “es un burdo montaje y un show”.

“Realmente, es deplorable que tomen represalias muy bien montadas. Pareciera que (lo hicieron) para que parezca (culpable) la derecha, la oligarquía o el golpe cívico- prefectural”, advirtió.

No hay registro de la llegada de Rózsa a Bolivia, a diferencia de los otros integrantes de su célula, salvo intercambio de comunicación con sus pares o la confesión en una entrevista con el periodista húngaro Adrás Kepes.

Se presume que llegó a Bolivia el 15 de septiembre de 2008, unos días después de la Masacre de Porvenir, que dejó 13 personas fallecidas, la mayoría campesinos, en el conflicto en Pando, cuyo prefecto, Leopoldo Fernández, de oposición al gobierno de Morales, era protagonista. Entonces, la Asamblea Constituyente ingresaba a la recta final de la construcción de la nueva Constitución.

¿Irás como turista?”, preguntó Kepes a Rózsa en esa entrevista del 8 de septiembre de 2008.

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“No, no. Sería demasiado evidente, pues, aunque se guarda el secreto, hasta ayer solo sabían cinco personas de mi llegada”, respondió el excombatiente de la Guerra de los Balcanes.

Contó que el “plan” era que le manden el billete de avión, y que lo pagan “ellos”, para llegar a Mato Grosso (Brasil) y de allí cruzar a Bolivia “con personas contrabandistas conocidas por mis contactos” y de allí, en coche, a “un alojamiento preparado”.

“Por ahora ayudo a coordinar la defensa de la ciudad de Santa Cruz, porque piensan que el Gobierno, con la fuerza militar, atacaría esta ciudad”, afirmó Rózsa.

Además, admitió que “los recursos financieros existen” y que el “consejo cruceño” fue el que se hará cargo de sus acciones.

El 22 de abril de 2009, el diario La Razón publicó una entrevista con el periodista húngaro Tomas Seviesqui, quien reveló “sin nombres, que lo buscaron. Quienes le fueron a buscar con fines políticos (le dijeron que), demostrando fuerza, consiguieran la independencia de Santa Cruz”.

Entre el 3 y 14 de abril de 2009, Rózsa estuvo hospedado en el hotel Santa Cruz bajo el nombre de Jorge Hurtado. Ese mismo 14 de abril se trasladó al hotel Las Américas, donde dos días después fue abatido junto con Magyarosi Arpád y Michael Dwyer.

La investigación de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados estableció que quienes pagaron el hospedaje de Rózsa Flores y sus compañeros fueron, a su turno, Luis Alberto Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza y Carlos Guillén (+).

Y quien pagó los pasajes de llegada y vuelta (en algunos casos), fue Alejandro Melgar, entonces prófugo de la Justicia. Coincidentemente, todos llegaron de Madrid (España) a Santa Cruz en aviones de la empresa boliviana AeroSur: Michael Dwyer, Magyarosi Arpád, Elöd Tóásó, Mario Tadic, Gaspar Daniel, Dudor Gabor, Ivan Pistovcak, Révész Tibor y Tamas Lajos Nagy, Révész Tibor y Tamas Lajos Nagy.

La mayoría de ellos llegó a Bolivia en noviembre de noviembre de 2008 y algunos dejaron el país en marzo de 2009.

Cuando el comando de élite de la Policía Boliviana intervino en el hotel Las Américas, la nueva Constitución Política del Estado había pasado la prueba de un referéndum nacional y el país se encontraba en un nuevo debate: la Ley de Régimen Electoral.

La investigación legislativa concluye que Rózsa y su célula, financiados y apoyados logísticamente, coordinaban acciones con el grupo “La Torre”, del “Consejo Cruceño” o “Consejo Supremo”.

COORDINACIÓN.

El mismo Rózsa admite la existencia de ese espacio. “Querido camarada. Mañana, o sea lunes, no estaré todo el día en la ciudad. Voy a preparar el fin de semana ya sabes a donde. No te olvides de hablar a Zvonko sobre mi pedido de ayuda en el lugar. Otra cosa, si mañana quieren hacer la presentación para mi primo y para el guevon de tomaleche, quisiera pedirte que no se haga en la torre, sino en otro lugar menos quemado”, escribió el 8 de marzo de 2009 a su interoluctor [email protected].

Por eso, recomendó al Ministerio Público investigar a Branko Marinkovic, Rubén Costas, Eduardo Paz, Mauricio Roca, Germán Antelo y Guido Nayar.

Luego de la intervención del hotel Las Américas, la Policía Boliviana encontró armas almacenadas en el stand de Cotas en la Feria Exposición de Santa Cruz, atribuidas a la célula “separatista”.

En 2020, en el gobierno de Jeanine Áñez, el caso Terrorismo dio un giro inesperado: el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró a su despacho de la parte acusadora del caso. La Fiscalía y el Órgano Judicial actuaron en consecuencia: cerraron el caso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió, a favor del Estado boliviano, el plazo para el cumplimiento de las recomendaciones en el caso Terrorismo. Ahora Bolivia tiene tres meses más.

La información fue confirmada por la Procuraduría General del Estado en un comunicado publicado este sábado.

La CIDH “ha dispuesto la prórroga del plazo inicialmente fijado hasta el próximo 26 de julio de 2024, manteniéndose, por tanto, el seguimiento a las recomendaciones en fase aún no contenciosa”, dice parte del comunicado.

El caso cuyo plazo fue ampliado por tres meses lleva por nombre Mario Francisco Tadic Astorga y otros. Está referido a los hechos posteriores al violento operativo policial del 16 de abril en el hotel Las Américas, en Santa Cruz.

Caso Terrorismo

El fin de dicha operación era desarticular un grupo armado liderado por el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, fallecido en esa acción junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, que sobrevivieron a la acción policial. Luego, aprehendidos, los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que, además, pretendía un magnicidio.

Estos dos últimos comunicaron el 13 de abril que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo del hotel Las Américas.

Investigación

El comunicado de la Procuraduría señala que “los argumentos presentados por el Estado boliviano, la asistencia técnica requerida y la respuesta favorable en cuanto a las posibles reparaciones económicas que facilitará el dialogo entre partes, fueron fundamentales para la extensión del plazo”.

Reabierto el caso Terrorismo, el exvicepresidente Álvaro García Linera pidió que también se investigue a los financiadores que, según dijo, propiciaron la llegada de la “célula terrorista”.

Incluso, sin decir nombre, afirmó que “un grupo de empresarios” dotó de recursos para hospedaje, y compra de armas “de todo tipo”.

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Juan Villca, afirmó que el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) cesará de la presidencia de ese partido a Evo Morales.

Anulado un congreso celebrado en octubre del año pasado de Lauca Ñ, el tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió no registrar sus resoluciones y amplió el mandato de la dirigencia del MAS electa en 2017.

“Aún no se han percatado que este paraguas que le ha hecho el Órgano Electoral, que le ha permitido seguir prorrogándose hasta el 5 de mayo, se acaba el 5 de mayo. Después del 5 de mayo, no es más presidente”, dijo a los periodistas.

Así, Villca se refirió al plazo fatal que el TSE emitió para que los 11 partidos de alcance nacional presenten sus nuevas directivas.

Congreso del MAS

En ese afán, el ala evista del MAS presentó una convocatoria para un congreso nacional y cumplir con lo dispuesto por la Sala Plena del TSE, pero su llamado fue observado por incumplimientos a su estatuto. Ese encuentro está previsto para el 10 de julio en el estadio Bicentenario del municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.

Por su parte, alertadas por una posible “proscripción” del MAS, las organizaciones matrices del Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, decidieron convocar a un congreso el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto. Ese llamado también fue observado.

Ambas facciones afirman que cuentan con el apoyo de las organizaciones sociales y la militancia de ese partido que, según Villca, “supera el millón”.

El TSE aún no definió la “legitimidad” de ninguna de las dos convocatorias.

“Estamos en puertas de la irresponsabilidad de Evo morales de proscribir al MAS; le pusieron el límite y las organizaciones decidieron salvar al instrumento político”, agregó Villca.

Evo Morales

En criterio del viceministro, a los simpatizantes de Morales “solo le interesa que Evo Morales siga sobreviviendo (políticamente)”.

Una vez más reclamó para las organizaciones sociales la “propiedad del MAS” y dijo que son ellas las que deben definir qué ocurre en adelante.

“El MAS es de las organizaciones (…). No estamos peleando entre grupos, estamos velando por los derechos de más de un millón de militantes. El 5 de mayo ya no existe esa dirección nacional”, insistió.

Consideró que “no solo va a ser derrotado el evismo, sino las formas verticales de gobierno”

Aún pendiente la respuesta del TSE sobre el congreso del MAS, ambas facciones defendieron, por separado, tener la razón y el respaldo de la militancia del “instrumento político”.

El presidente Luis Arce impulsa el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocado por el Pacto de Unidad para mayo en El Alto y dijo que ese encuentro permitirá a las organizaciones “recuperar” el denominado “instrumento político”.

“La próxima semana tenemos un congreso, donde estamos seguros que vamos a mostrar la verdadera fuerza de las organizaciones sociales y recuperar el instrumento político”, dijo el mandatario en la inauguración del ampliado extraordinario del MAS en Tarija.

Arropado por organizaciones sociales de esa región, Arce volvió a reivindicar a las organizaciones sociales como “dueñas” del MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos).

Las declaraciones de Arce ocurren en medio de la discusión sobre la legitimidad de la convocatoria a un congreso nacional de esa organización política.

Congreso

Por un lado, la facción liderada por el jefe del MAS, Evo Morales, confirmó su encuentro para el 10 de julio de este año, en Villa Tunari, Cochabamba. Mientras que el bloque arcista ratificó su congreso para el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

Ambas convocatorias se enfrentan a la presión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que conminó al MAS a presentar su convocatoria hasta el pasado lunes, luego de una serie de observaciones.

Aún no se conoce la respuesta del TSE sobre cuál de las convocatorias goza de “legitimidad”.

“No hay nadie que se crea dueño del instrumento político, no hay dueño del MAS nacional ni del MAS de Tarija; los únicos dueños son las organizaciones sociales”, agregó el mandatario y volvió a defender el congreso previsto para mayo.

La discusión por la legitimidad de ambas convocatorias generó un intercambio de críticas entre ambas facciones del MAS.

Luis Arce

Miembros del arcismo calificaron de “caudillo” a Morales, de quien además dijeron que no es dueño de ese partido. Incluso, el vicepresidente David Choquehuanca, sin alusiones directas, defendió el cambio de liderazgos en esa fuerza. “Deben ser líderes sanos, apegados a la verdad y comprometidos con su pueblo”, pidió en varias ocasiones.

Por otro lado, la facción evista y el mismo Morales calificaron a Arce de “traidor” y de “derechizador” del llamado proceso de cambio. En medio del quiebre interno, el exmandatario y sus seguidores denunciaron un supuesto plan negro que, según dijeron, busca la inhabilitación de Morales a las elecciones presidenciales de 2025.

“No vamos a retroceder, sus amenazas y críticas no nos amedrentan”, arengó Arce.

Distanciados políticamente, Arce y Morales promueven la legitimidad del congreso, pero el TSE determinara aquello, cuando comunique su decisión respecto de las dos convocatorias.

La audiencia para la resolución de una acción popular en contra de la Ley 1549 fue fijada para el lunes a las 09.00 en Cochabamba. Se trata de un recurso de acción popular presentado por la abogada Yeny Dury Bautista, que denuncia la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección a las elecciones judiciales.

Ese recurso fue presentado por la profesional el 18 de abril, en Cobija, Pando, ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Solicita la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

Según la denuncia, no existen candidatas pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos de Pando habilitadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como dispone la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Elecciones judiciales

Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui advirtió que ese amparo puede afectar no solo parcialmente la fase de preselección, sino el proceso en su conjunto. Explicó que, en este caso, la denuncia no es por una vulneración a un derecho del postulante, sino por atropellos e irregularidades contrarias a lo establecido en la Ley de Elecciones Judiciales.

“Es un poco más complejo, porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante. Se está hablando, alegando, que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no estuviese permitiendo que en el caso de algunos departamentos puedan sus postulantes tener las mismas oportunidades (…); esa acción popular sí es para preocuparse”, sostuvo.

Proceso

El reclamo de la abogada está basado en el artículo 4 de la Ley 1549, que “garantiza una preselección equitativa de hombres y mujeres (…). En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas”.

Sobre eso, Jáuregui señaló que la determinación de esa acción popular puede “determinar la continuidad o la paralización” definitiva del proceso.

Hasta el jueves, se presentaron ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales; la Justicia otorgó tutela en cuatro casos, según informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas.