El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que se siguen procesos disciplinarios y penales en contra de 45 exfuncionarios del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), por lo que también se hará una auditoría a los trabajos que realizaron.
La máxima autoridad del Ministerio Público declaró en la ciudad de La Paz, luego de entregar un equipo de exámenes genéticos de última generación al IDIF, con el objeto de ayudar en las pesquisas.
“Hay peritos que ya no están trabajando en el Instituto de Investigaciones Forenses, están con procesos no sólo disciplinarios sino también penales, donde (se comprobó que) hay responsabilidad”, enfatizó Guerrero.
Una fuente ligada al IDIF, que pidió no ser identificada, confirmó que hay 45 personas procesadas que trabajaban en el IDIF y que fungían como médicos y atendían otras especialidades, algunos sin tener título profesional. Éstas habrían efectuado peritajes de relevancia porque definían la situación jurídica de una persona.
Al respecto, Guerrero anunció que se investigarán los trabajos cumplidos últimamente en el IDIF. “Serán valorados nuevamente (los peritajes) tenemos una cantidad de gente nueva, de peritos que ingresaron al Instituto de Investigaciones Forenses y son ellos quienes harán una evaluación, una especie de auditoría a estos casos para corroborar (o no el ilícito)”, dijo el Fiscal General.
La fuente que prefirió no identificarse sostuvo que los 45 exfuncionarios trabajaron más de 15 años en el Ministerio Público y en el IDIF y después hicieron trabajos de investigación en casos de muerte denominados “grandes”.
Ante la revelación, Guerrero no quiso detallar un caso específico que desarrollaron los procesados y tampoco informó qué trabajos periciales se podrían evaluar o auditar dentro del IDIF. Expresó que dentro del instituto se lleva adelante un proceso de depuración y se revisarán todas las actuaciones que se hicieron.
“El trabajo de los fiscales y de los funcionarios del instituto de investigaciones está sujeto a responsabilidad. Si es que no se hace un buen trabajo, si es que no se desarrolla los estándares y protocolos, son sujetos a procesos penales o disciplinarios”, advirtió el jefe del Ministerio Público.
La autoridad agregó que el proceso de renovación que se dio en el IDIF es también porque existían denuncias y falta de confianza de la población en el instituto, ya que se hacían informes forenses a pedido de las partes, tanto de la acusadora como de la acusada. Esto se sumaba a la falta de médicos forenses que era una causa que retrasaba los resultados de los exámenes, por lo que se contrató más médicos.
Tras procesos, echan a 18 fiscales
Un total de 18 fiscales fueron destituidos, mientras que otros 47 funcionarios del Ministerio Público son procesados en el país por diferentes causas, informó ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero. La autoridad indicó que estos procesos internos son parte de una acción de régimen disciplinario que se aplica en el Ministerio Público.
Explicó que entre los motivos por los que se iniciaron procesos penales o disciplinarios a los representantes del Ministerio Público se encuentran la retardación o incumplimiento en los plazos y tiempos procesales; el hecho de que el fiscal no asista a sus audiencias, o no actúe con diligencia en el juicio. Acotó que también pueden haber otras causas por las que puede abrirse un juicio.
Guerrero advirtió que ante cualquier denuncia de irregularidad en el trabajo de los fiscales, se realizarán las investigaciones respectivas y no se protegerá a ninguna persona. Adelantó que el próximo año se abrirá la Escuela de Fiscales, que formará a los nuevos servidores con un nuevo perfil y un nuevo currículo de formación.