La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, minimizó hoy el informe emitido por la ONG Transparencia Internacional (TI) y subrayó el esfuerzo para luchar contra las prácticas corruptas en su país, ya con sentencias condenatorias y resarcimientos al Estado.
Suxo estuvo hoy en España para la llamada «rendición de cuentas» de la Embajada en Madrid, una iniciativa que ya se llevó a cabo en las representaciones en EEUU y Argentina y que supone analizar la gestión y la parte económica y administrativa de las oficinas.
Esa rendición de cuentas se extendió en los últimos años por entidades públicas del Estado boliviano, incluyendo regiones y provincias, hasta llegar a 391 en la actualidad.
La ONG alemana Transparencia Internacional difundió ayer su informe anual en el que describe la percepción de los ciudadanos sobre la existencia de corrupción en sus países y, en una escala de 0 (sumamente corrupto) a 100 (muy transparente) situó a Bolivia con 34 puntos.
En declaraciones a Efe Suxo restó importancia a ese dato, que está basado -dijo- en la entrevista a cinco personas únicamente, por lo que «sólo es una opinión más», sin una metodología clara.
Aseguró que Bolivia está vinculada a convenios específicos para promover la transparencia institucional tanto a nivel de las Naciones Unidas como en la región latinoamericana.
Destacó que la lucha institucional contra la corrupción y en favor de la transparencia en el caso de Bolivia tiene rango de Ministerio, lo que a su juicio no ocurre en ningún país del mundo.
Como resultados tangibles de la actuación en los años de gobierno del presidente Evo Morales la ministra Suxo dijo que desde 2007 hubo 81 sentencias condenatorias de funcionarios públicos por corruptelas y que el Estado fue resarcido por valor de 120 millones de dólares por daños económicos sufridos.
La ministra señaló que después de años de «apatía» de la sociedad boliviana contra la corrupción ahora existen instrumentos de control social y una normativa adecuada para hacer frente a ese fenómeno.
Eso incluye la verificación de las declaraciones juradas de bienes que cumplimentan los dirigentes del país y la pedagogía que se aplica para que los ciudadanos estén capacitados a la hora de reclamar comportamientos correctos.
Para ello las autoridades bolivianas promueven juegos didácticos destinados a concienciar a los niños con los valores democráticos y participativos.