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Tuesday 18 Feb 2025 | Actualizado a 15:47 PM

Diputados sanciona Ley de Protección de Denunciantes y Testigos, que busca cuidar seguridad física a quienes revelen delitos de narcotráfico y terrorismo

La norma se aplicará a denunciantes y testigos de delitos del crimen organizado, terrorismo, narcotráfico; delitos contra niños, niñas, adolescentes; delitos de violencia contra la mujer, trata y tráfico de personas y violación de derechos fundamentales.

/ 10 de diciembre de 2013 / 23:27

El pleno de la Cámara de Diputados sancionó hoy el proyecto de “Ley de Protección de Denunciantes y Testigos” que tiene como objetivo precautelar la seguridad física legal de las personas que en algún momento funjan como testigos o denunciantes de un delito.

La norma se aplicará a denunciantes y testigos de delitos del crimen organizado, terrorismo, narcotráfico; delitos contra niños, niñas, adolescentes; delitos de violencia contra la mujer, trata y tráfico de personas y violación de derechos fundamentales, según un boletín de prensa difundido por la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas, explicó que el proyecto contempla como medidas de protección de testigos o denunciantes la reserva de su ubicación, su custodia permanente por parte de efectivos policiales, el traslado a albergues temporales, y, en el caso de que este se encuentre privado de libertad, su trasladado a otro recinto penitenciario.

La disposición incluye el uso de sistemas tecnológicos que impidan que se reconozca la identidad del denunciante o testigo, como métodos de distorsión de su aspecto físico y voz y el uso de cámaras de seguridad en su cuidado. Establece además que el beneficiado por esta ley gozará de atención psicológica.

Estas medidas de protección serán otorgadas por el Estado, antes, durante y después de un proceso, siempre y cuando una persona haya realizado o se disponga a realizar una actividad protegida.

Cejas detalló que estas acciones serán de carácter voluntario para los testigos y denunciantes y podrán ser extendidas hasta sus familiares. Asimismo, aclaró que el Sistema estará a cargo del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, el Ministerio Público y la Policía Boliviana, instituciones que deberán actuar de forma coordinada.

El Proyecto de Ley contiene veintiocho artículos divididos en cuatro capítulos, dos Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria, y tres Disposiciones Finales.

Sustentada en leyes y convenios internacionales

En su exposición ante el pleno, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, explicó que esta ley se proyectó inicialmente para la denuncia de hechos de corrupción, pero que durante su elaboración se vio por pertinente  la ampliación de sus alcances a denunciantes y testigos de otros ámbitos delictivos. Asimismo declaró que la normativa se basa en leyes y convenios internacionales sobre el tema.

La exposición de motivos del proyecto menciona asimismo al Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, que establece como deber de las y los bolivianos “denunciar y combatir todos los actos de corrupción”. Asimismo, señala la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), que refieren el establecimiento de sistemas de protección eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a testigos y peritos.

La normativa sancionada hoy se ajusta también a la Ley Anticorrupción y Enriquecimiento Ilícito de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en su artículo 17 señala que el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos estará a cargo del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público.

Asimismo, contempla la Ley Orgánica del Ministerio Público que en su artículo 11 señala que esta institución protegerá a las personas que por colaborar con la administración de justicia corran peligro de sufrir algún daño.

Protección derecho laboral

El diputado Cejas destacó que esta norma hace énfasis en la preservación de los derechos laborales de los testigos y denunciantes que trabajen en instituciones públicas o privadas, toda vez que en la actualidad “cuando algún trabajador denuncia algún tipo de irregularidad lo que hace su jefe es cambiarlo, suspenderlo e incluso destituirlo”.

Del mismo modo la ministra Suxo sostuvo que todas las personas que denuncian delitos tienen derecho a recibir protección estatal. “Cuando una persona denuncia a su jefe por hechos de corrupción esa persona merece ser protegida porque no puede ser que por esto sea sustituida de su cargo”, afirmó la autoridad que estuvo presente en la sesión de aprobación de la Ley.

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Complejas elecciones 2025: un MAS bifurcado contra la oposición y su oposición

A seis meses de las elecciones generales, algunos de los 14 partidos políticos forman alianzas y, en otros casos, los precandidatos afloran por doquier.

La militancia del MAS en pasadas concentraciones.

/ 18 de febrero de 2025 / 15:47

A seis meses de las elecciones generales, algunos de los 14 partidos políticos forman alianzas y, en otros casos, los precandidatos afloran por doquier. Un Movimiento Al Socialismo (MAS) bifurcado se enfrentará a una oposición y su propia oposición.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó para el 17 de agosto las elecciones generales, en las que serán elegidos Presidente y Vicepresidente del Estado, además de senadores, diputados y parlamentarios supraestatales.

La noche del lunes, una cumbre política convocada por el TSE garantizó la celebración de los comicios en la fecha señalada y sin ninguna interferencia. A la cita asistieron el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca; los presidentes de las cámaras de Senadores, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Omar Yujra, y 14 representaciones de los partidos políticos vigentes.

Precandidatos

Varios partidos políticos y agrupaciones políticas en formación comenzaron a configurar alianzas y precandidaturas.

El MAS, dividido en alas arcista y evista, aún no tiene un candidato, aunque el expresidente Evo Morales anunció su candidatura y se encuentra en busca de sigla.

Al frente apareció el “bloque” de oposición que busca una candidatura única, que hasta marzo definirá su postulante a través de una gran encuesta de una muestra de 4.000 personas. Lo conforman los expresidentes Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), y Jorge Quiroga, de la agrupación en formación Libertad y República (Libre); el gobernador electo Luis Fernando Camacho, de Creemos; el empresario Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN); Vicente Cuéllar, de Cambio25, y Amparo Ballivián.

Puede leer: Luego de la cumbre del TSE, la Asamblea debe aprobar cuatro leyes antes del 18 de abril

En medio de confrontaciones propias entre Quiroga y Doria Medina, el precandidato Rodrigo Paz Pereira, de Primero la Gente, cuestionó, en Piedra, Papel y Tinta de La Razón, el bloque por falta de “renovación” y reclamó un gran debate de la oposición para la elección de un candidato. 

En cambio, el precandidato presidencial de APB-Súmate, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, desestimó su eventual adhesión a ese bloque. “No existe bloque opositor. ¿Qué bloque opositor hay si están confrontados todos los días? Lo que no hay que hacer es engañar a la población boliviana”, afirmó el martes.

Marinkovic

Branko Marinkovic, precandidato respaldado por una facción de Acción Democrática Nacionalista (ADN), desahució al bloque opositor, del dijo que se encuentra en una “pelea por pegas”. Aludió a sus integrantes de ser lo mismo de hace 35 años, “los mismos de la foto”. “Yo quiero un cambio total, no un cambio de pícaros”, espetó el empresario.

En tanto, otro de los precandidatos, Chi Hyun Chung, desahució ser parte del bloque, al que calificó de “abuelitos políticos”. De paso, pidió a Reyes Villa dejar su candidatura y ocuparse de su gestión en la Alcaldía cochabambina.

En la misma línea ideológica, emergen nombres como Antonio Saravia, Jaime Soliz, Edman Lara y Carlos Sánchez Verazaín. Édgar Uriona es precandidato de Nueva Generación Patriótica (NGP).

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Comité de Urcupiña anuncia un amparo para evitar elecciones generales en su fiesta

La festividad de Urcupiña, en la ciudad de Quillacollo, en Cochabamba, se celebra del 14 al 16 de agosto.

Procesión de la Virgen.

/ 18 de febrero de 2025 / 15:40

El Comité Interinstitucional de Urcupiña anunció que presentará un amparo para que la fecha de las elecciones generales, fijada para el 17 de agosto, se modifique, pues coincide con la fiesta religiosa de la Virgen de Urcupiña, en Quillacollo, Cochabamba.

“Las organizaciones se han pronunciado, van a solicitar un amparo para que se mantengan las fechas y que el Tribunal Supremo Electoral pueda retrasar un poco más o adelantar las elecciones”, dijo una representante de dicha organización.

Indicó que una comisión se trasladó hasta La Paz el 12 de febrero para poder conversar con los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el cambio de fecha, tomando en cuenta que esa festividad se celebra del 14 al 16 de agosto.

Urcupiña

“(La elección) debía hacerse como estaba previsto, para el 10 de agosto, pedimos que se pueda mantener (esa fecha) para no perjudicar las actividades que se quiere realizar con normalidad. Siempre hemos mantenido la fecha exacta de la festividad el 14, 15 y 16 de agosto, esa es la solicitud que el comité ha llevado a la ciudad de La Paz y es lo que se está manteniendo”, explicó.

Por su parte, el TSE aún no emitió un criterio respecto de esa solicitud, pues llevó adelante la Cumbre por la democracia en la que se ratificó el 17 de agosto. Incluso, se definió que la convocatoria para los comicios será emitida el 18 de abril.

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Vicepresidente del TSE reconoce que acuerdos del encuentro anterior no se cumplieron

En el tercer encuentro por la democracia, se firmó un documento con 15 puntos que buscan “blindar” las elecciones de agosto.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas. Foto: Oswaldo Aguirre.

/ 18 de febrero de 2025 / 13:32

El vicepresidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Francisco Vargas, expresó que espera que los acuerdos alcanzados en el encuentro del lunes se puedan cumplir, a diferencia de lo sucedido con los puntos del diálogo anterior.

“Esperemos que la mayoría de estos 15 puntos se cumpla. Sin embargo, en caso de que no haya acuerdo o viabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Electoral asumirá su competencia como máxima autoridad en materia electoral”, indicó.

Para garantizar el voto en el exterior, se solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de un crédito con Japón, originalmente destinado a la atención del COVID-19. Posteriormente, los fondos se destinarían a las regiones y, finalmente, cubrirían los $7 millones necesarios para la logística electoral.

“En cuanto a la reunión pasada, lamentablemente no hubo viabilidad por parte de la Cámara de Diputados. Es importante señalar esto de manera clara y precisa”, afirmó Vargas, explicando que debido a ello no se pudo llevar a cabo de manera total la elección de las autoridades judiciales.

Respecto a las habilitaciones de candidaturas, Vargas mencionó que “debería ser el Órgano Electoral el encargado”; sin embargo, aclaró que la ley del OEP permite que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) intervenga solo en temas de su jurisdicción, ya que la última instancia en cuestiones electorales corresponde al OEP.

Sobre el pedido de reincorporación de la exvocal Dina Chuquimia, Vargas indicó que “la fortaleza del Tribunal Supremo Electoral está en la Sala Plena” y aseguró que no se pronunciarían sobre este asunto, que involucra al actual vocal Gusto Ávila, designado por el presidente Luis Arce. Ávila denunció que la restitución de Chuquimia pondría en riesgo la institucionalidad del órgano electoral.

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Luego de la cumbre del TSE, la Asamblea debe aprobar cuatro leyes antes del 18 de abril

Las normas deben ser aprobadas y promulgadas antes del 18 de abril, cuando se emitirá la convocatoria oficial para las elecciones generales.

/ 18 de febrero de 2025 / 13:31

Celebrada el lunes, la Cumbre por la Democracia dejó a la Asamblea Legislativa la tarea de abordar al menos cuatro proyectos de ley antes de la convocatoria para las elecciones generales de agosto de este año.

La preclusión, la paridad y alternancia, la modificación de la Ley 044 y una ley de debate público y obligatorio son las normas que promovieron los representantes de los 14 partidos políticos en un acuerdo de 15 puntos.

TSE

“A los fines de garantizar la vigencia plena del principio de preclusión, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá aprobar hasta antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones nacionales el Proyecto de Ley elaborado por el Tribunal Supremo Electoral en sus dos últimos artículos, en lo referido a su no subordinación a ningún otro Órgano del Estado especialmente en cuanto a plazos, habilitaciones e inhabilitaciones, escrutinio, cómputo y publicación de resultados”, dice el punto 2.

El documento fue leído por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel.

Entretanto, en el punto 9, los asistentes instan a la Asamblea Legislativa a “considerar y aprobar el proyecto de Lley remitido por el TSE sobre la paridad y alternancia en binomios de candidaturas presidenciales”.

Asamblea Legislativa

Asimismo, con el respaldo de los asistentes, el TSE pidió a los legisladores la modificación de la Ley 044, de Juicio de Responsabilidades, con el fin de incluir a los vocales en dicha norma y, así, “blindar” sus decisiones.

Finalmente, el punto 12, “insta a la Asamblea Legislativa Plurinacional considerar y aprobar el proyecto de Ley remitido por el TSE sobre la paridad y alternancia en binomios de candidaturas presidenciales”.

Sin embargo, las organizaciones políticas asumieron el compromiso de participar en debates organizados por el Órgano Electoral.

Las mencionadas normas, según lo explicado por Hassenteufel, deben ser aprobadas y promulgadas antes del 18 de abril, cuando se emitirá la convocatoria oficial para las elecciones generales.

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El TREP será financiado con recursos de propaganda partidaria y presupuesto del TSE

El décimo punto del acuerdo firmado en la Cumbre por la Democracia destina los recurso de la propaganda electoral para la implementación del TREP.

Elecciones generales de 2020.

/ 18 de febrero de 2025 / 12:54

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) tendrá un financiamiento de Bs 40 millones que inicialmente estaban destinados a la propaganda de los partidos políticos en las elecciones generales de este año.

Se trata de una decisión de los asistentes a la denominada Cumbre por la Democracia, celebrada el lunes. Dicho encuentro contó con la participación del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa.

TREP

A la cita, también asistieron los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Andrónico Rodríguez y Omar Yujra, respectivamente y, además, los representantes de los 14 partidos políticos con personería jurídica vigente.

“Las organizaciones políticas autorizan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a utilizar los recursos de fortalecimiento público para que sean destinados al sistema de transmisión preliminar de resultados electorales (TREP); sin perjuicio de la obligación que tiene el Órgano Ejecutivo de garantizar el financiamiento completo. El Tribunal Supremo Electoral presentará un proyecto de Ley para este propósito”, dice el décimo punto del acuerdo.

Precisamente, la implementación del TREP fue una propuesta del TSE y tiene el fin de “garantizar la transparencia” de los resultados de las elecciones generales fijadas por el mismo TSE para el 17 de agosto.

TSE

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel sugirió a las organizaciones políticas renunciar a los fondos destinados al fortalecimiento público para redirigir esos recursos al TREP.

“Nos permitimos sugerir al sistema político que con la misma generosidad puedan renunciar a esos recursos para que sean destinados al tema del sistema de transmisión rápida de resultados”, planteó en la inauguración del acto del lunes.

En encuentro del TSE no tuvo mayor inconveniente para su desarrollo, pese a que en ella estuvieron actores políticos “rivales”.

Acuerdo

El TREP es un sistema de transmisión información sobre resultados electorales en línea. En el caso de Bolivia, es difundido por el TSE en la medida en que los tribunales departamentales mandan información mesa por mesa con resultados parciales.

No se trata del cómputo oficial, sino información parcial que ayuda a la población a conocer, como los boca de urna, los resultados electorales.

Precisamente, en 2019 el TREP sufrió un parón, que derivó en susceptibilidades de “fraude”, protestas y, posteriormente, la anulación de las elecciones. Para 2020, el sistema fue desahuciado por el TSE un día antes de los comicios del 18 de octubre.

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