El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó el martes que el Estado recobrará 4 millones de dólares que fueron defraudados por exautoridades de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), en la adquisición de cinco aeronaves, después que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró ‘infundados’ los recursos presentados por los procesados, entre ellos, Alejandro Camponovo.
‘La actual administración de esta cartera ministerial hizo un seguimiento y supervisión exhaustivos hasta obtener el fallo favorable a los intereses de nuestro Estado’, destacó Saavedra.
Explicó que la magistrada de la Sala Social y Administrativa Liquidadora I, del Tribunal Supremo de Justicia, Carmen Núñez, mediante Auto Supremo 032/2013, de fecha 11 de septiembre de este año, declaró ‘infundados’ los recursos interpuestos por Camponovo, ex presidente del TAB, por la negociación y suscripción de contratos y orden de pago de cinco aeronaves.
Además, de Waldo Revollo López, ex gerente, que intervino en la negociación de la compra, y los ciudadanos Erwin Greminger, Fernando Sanjinés, Carlos Montero y José Pantoja, ex miembros del Directorio de TAB, que aprobaron las negociaciones y la autorización para la adquisición de las aeronaves.
Después de una auditoría que se realizó en 1992 contra esas personas, por la compra de una aeronave DC8-54FH, y cuatro Convair CV-580, la Contraloría General de la República (ahora Contraloría General del Estado), dictaminó Responsabilidad Civil en contra de los coactivados por la negociación y suscripción de contratos y orden de pago para la compra esas aeronaves, por un monto aproximado a 4 millones de dólares.
El proceso judicial fue instruido por el Ministerio de Defensa e iniciado por TAB ante el Juzgado III de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario en la ciudad de La Paz, por Apropiación Arbitraria de Bienes Patrimoniales del Estado, admitiéndose la demanda y dictando sentencia que declara probada la demanda Coactiva Fiscal e improbada la excepción de Cosa Juzgada opuesta por los coactivados.
Tras intentos fallidos de los procesados de interponer recursos de apelación y de casación en instancias judiciales de La Paz y Sucre, los imputados deben devolver al Estado cerca de 4 millones de dólares, caso contrario se procederá al remate de sus bienes anotados preventivamente por orden de la Autoridad Jurisdiccional correspondiente.