En medio de un operativo, la jueza 4° de Partido Familiar de El Alto, Lilian Suárez, fue detenida ayer en su despacho cuando cobraba ilegalmente Bs 400 por la redacción de un testimonio en un juicio de divorcio, informó Francisco Tarquino, representante del Consejo de la Magistratura en La Paz.
Tras ser sorprendida en esa acción ilegal, Suárez fue detenida por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto para que declare ante un representante del Ministerio Público y sea sometida a una audiencia cautelar, dentro de un proceso penal por prevaricato.
Tarquino informó que la víctima de la jueza, de quien se guarda en reserva su identidad, presentó su denuncia ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, repartición estatal que hizo conocer este caso a la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de La Paz. Posteriormente, ambas instituciones armaron un operativo para la mañana de ayer, de manera que se pueda sorprender a la autoridad judicial en pleno delito.
Irregularidades. Tarquino hizo notar que Suárez, como jueza, no tiene la facultad de redactar testimonios ni otros documentos en los procesos que atiende, ya que esta labor está designada a los funcionarios auxiliares o subalternos de cada juzgado. Los jueces —explicó el delegado— administran los procesos, ya sea en material Penal, Civil o Familiar, pero de ninguna manera redactan documentos para los litigantes.
El representante del Consejo de la Magistratura agregó que la jueza, además del proceso penal en su contra, será pasible a un proceso disciplinario por falta gravísima. “Ningún juzgador debe hacer cobro de dineros. Esta doctora tiene tres procesos disciplinarios por demoras judiciales y trámites de retardación de justicia, (además de) un proceso penal”, detalló.
Pero esta acción ilegal de Suárez no sería la única, ya que la denuncia señala que la autoridad judicial exigió dinero en diferentes oportunidades. “Inclusive habría un cuaderno de anotaciones sobre los cobros que realizaba”, declaró Tarquino.
Este es al menos el tercer caso de un juez que es detenido en el país. El 8 de julio de 2011, Jenny Prado, exjueza de Instrucción en lo Penal de El Alto, fue detenida y enviada a la Centro de Orientación Femenina (COF) de Miraflores de La Paz, tras ser acusada formalmente de articular bandas delictivas desde su despacho. Prado tenía en su contra 33 acusaciones formales, una de ellas era la de facilitar la liberación de antisociales. Fue precisamente por este tipo de acción que fue investigada y detenida, ya que la Policía Boliviana había desarticulado, días antes, un grupo criminal en El Alto.
El segundo caso se dio el 19 de octubre de 2013, cuando Juan Antonio Urquidi, juez 11° de Instrucción en lo Civil de Cochabamba, fue enviado a la cárcel de El Abra, acusado de los delitos de prevaricato, dictamen de resoluciones contrarias a la ley y por consorcio de jueces y abogados. Por la última acción ilegal también fueron imputados tres juristas.
Al referirse a los procesos que enfrentan jueces en todo el departamento, el representante del Consejo de la Magistratura en La Paz hizo notar que hay una serie de denuncias en contra de magistrados, aunque no todos referidos a cobros ilegales.
Tarquino detalló que la mayoría de los procesos contra jueces se da por la resolución de procesos sin tener la competencia respectiva, en este caso se trata de faltas gravísimas, explicó. Posteriormente, en orden de frecuencia, les siguen los juicios por el delito de prevaricato, agregó la autoridad de la Magistratura.
Denuncias por cobros ilegales
Pedido
El representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Francisco Tarquino, pidió a los litigantes que denuncien a los jueces que les pidan dinero por realizar algún tipo de trámite, ya que ninguna autoridad judicial está facultada para hacer cobros.