El cruce de arengas, tanto de apoyo al presidente Evo Morales como las de defensa del 21F, empañaron ayer el discurso del Mandatario en el acto central en Potosí. En torno al desfile, también hubo momentos de tensión entre oficialistas y opositores.

Una vez instalada la sesión oficial de la Asamblea Legislativa, en el patio de la Casa de la Moneda, la tensión comenzó cuando las bancadas empezaron a corear “¡Evo, Evo!”, por parte del oficialismo, y “¡Bolivia dijo no!”, del lado opositor. Era una franca competencia entre ambas “barras” de legisladores.

El problema fue que dicha pelea verbal, como no podía ser de otra manera, incomodó al Presidente, quien en al menos tres oportunidades tuvo que elevar la voz para proseguir con su alocución. El mensaje presidencial duró solamente 33 minutos.

Al término del discurso de Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, presidente nato de la Asamblea, culpó del impasse a los legisladores opositores: “Tenemos una pandilla de opositores, usan el alboroto para mostrar su carácter antipatriótico, antipotosinista, anticiudadano (…). Los que no tienen patria por lo menos deberían quedarse callados un rato”. 

Del lado opositor, la diputada Lourdes Millares (Unidad Demócrata) justificó las arengas como un derecho de expresión: “Le hemos dicho al Presidente que Bolivia dijo no porque es una voluntad del pueblo boliviano”.

En su mensaje, el Mandatario no dejó de aludir a la oposición:  “Quiero decirles muy sincera y directamente, si tenemos diferencias, (los que) queremos garantizar esta clase de obras somos los que hemos nacionalizado nuestros recursos naturales; los que protestan permanentemente son los privatizadores”. Por la tarde, en La Paz, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, deploró que los asambleístas de la oposición hayan actuado como “barras bravas” en un acto de homenaje nacional, mostrando irrespeto por el acto.

“No faltaron el respeto a Evo Morales, sino a Bolivia, al país, al pueblo boliviano”.

Pese al ambiente tenso de la sesión, el mandatario Morales dio cuenta de algunos logros de su gestión de gobierno, como el repunte de la economía que hace ser optimistas en que este año haya segundo aguinaldo; que la empresa privada tenga mayores utilidades; que el desempleo haya tenido una importante baja hasta 2017; que tal como va la economía sea posible pensar en 2025 un PIB de al menos $us 50.000 millones, aunque el vicepresidente García, dijo Morales, estime que esta cifra podría llegar a 70.000. También se refirió a la lucha contra la corrupción.

Un tema en el que hizo énfasis el Jefe del Estado fue la demanda marítima contra Chile, que está en su punto culminante en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Opiniones sobre las arengas en la sesión legislativa

‘Es una vergüenza ajena, porque se denota la calidad de oposición que tenemos; uno también tiene que lamentar porque ellos han intentado obstaculizar, impedir, inviabilizar el derecho que tiene el pueblo boliviano a ser informado.’

Gisela López

Ministra de Comunicación

‘No entiendo que en una situación que debemos homenajear a la patria, estos legisladores se hayan dedicado a interrumpir un mensaje del Presidente; de verdad que esto no solo es no propositivo, han optado por hacer prevalecer sus disidencias.’

Alfredo Rada

Ministro de la Presidencia

‘Lo que ha sucedido con la bancada de oposición es una falta de respeto a Potosí, una falta de respeto a Bolivia. Su incapacidad propositiva solamente es correspondida con el insulto; quien no tiene capacidad de propuesta siempre responde así.’

Carlos ROmero

Ministro de Gobierno

‘Han habido parlamentarios del MAS y de movimientos sociales que han dicho que han sacado fotos para mandarnos a chicotear, que no lo van a permitir; le hemos dicho al Presidente que Bolivia no porque es una voluntad del pueblo boliviano.’

Lourdes Millares

Diputada Unidad Demócrata

‘En la sesión hemos gritado que ‘Bolivia dijo no’, porque ése es un derecho, es un deber defenderlo y al que no le guste que se lo chante; creo que eso ha incomodado muchísimo y no vamos a permitir que se venga a humillar.’

Edwin Rodríguez

Senador, Unidad Demócrata

Los alegatos orales a favor y en contra de la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con respecto a la demanda marítima boliviana contra Chile serán entre el 4 y el 8 de mayo en el Palacio de la Paz en La Haya (Holanda), según comunicado del tribunal emitido ayer.

Conocido el comunicado, el procurador general del Estado, Héctor Arce, señaló que el miércoles 6 será el de mayor trascendencia. “Este día es el más importante, porque Bolivia responderá a la incorrecta objeción a la jurisdicción presentada por Chile y afianzará y defenderá la jurisdicción (competencia) de este máximo tribunal”. Esta tarea estará a cargo del equipo de asesores internacionales.

Se emplearán los dos idiomas de la Corte: inglés y francés, y no se excluye que las autoridades y el agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé participen al inicio, informó ABI. Cada parte tendrá en total cuatro horas y media en la exposición oral de sus argumentos, los cuales serán vertidos en dos rondas de alegatos.

La primera ronda llevará tres horas para cada país: el lunes 4 de mayo empezará Chile, disertando entre las 15.00 y 18.00 horas (10.00-13.00 hora boliviana); el miércoles 6 será el turno de Bolivia, de 10.00 a 13.00 (05.00-08.00). La segunda ronda será de una hora y media: Chile, el jueves 7 de mayo de 16.30 a 18.00 (11.30-13.00); y, al día siguiente, Bolivia, de 15.00 a 16.30 (10.00-11.30).

Los alegatos chilenos van primero porque este país alega la incompetencia de la CIJ. El comunicado del tribunal remarca que “las audiencias se referirán únicamente a la objeción de la jurisdicción planteada preliminarmente por Chile”, o sea, su competencia para conocer la demanda.

El 24 de abril de 2013, Bolivia presentó ante la CIJ una demanda contra Chile que pide que ese tribunal declare que ese país “tiene la obligación de negociar con Bolivia con el objeto de alcanzar un acuerdo que le otorgue un acceso plenamente soberano al océano Pacífico”. El 18 de junio, la Corte determinó que Bolivia y Chile presenten sus memorias alegando su posición: el país hasta el 17 de abril de 2014 y Chile, hasta el 18 de febrero de 2015.

Bolivia lo hizo. En cambio, antes del plazo, el 15 de julio de 2014, Chile presentó una objeción al caso, alegando que la CIJ no tiene competencia para conocer la demanda boliviana. Al aceptar el pedido chileno, la CIJ suspendió el proceso de fondo y abrió otro menor para determinar si es o no competente. Dispuso que Bolivia presente el 14 de noviembre de 2014 sus observaciones a la objeción chilena, lo cual el país cumplió.

Ayer, la Corte determinó que para resolver su competencia, ambos países expongan de forma oral sus argumentos. Con respecto al fallo sobre la competencia de la CIJ, el procurador Arce apuntó la posibilidad de que sea hasta fin de año. “No hay una fecha fija para que después de las audiencias orales la CIJ se pronuncie, pero nosotros prevemos que ha de ser entre tres o cuatro meses más; es previsible que hasta antes de fin de año tengamos un fallo sobre la jurisdicción”.

De ser favorable el fallo para Bolivia, o sea de declararse competente la CIJ, “inmediatamente se reabre el procedimiento sobre el fondo y ahí nuevamente Chile tendrá que contestar los argumentos sobre la demanda; (el proceso sobre la competencia sería) como un antejuicio, un juicio breve, que ha suspendido el procedimiento principal que deberá ser retomado una vez que se conozca un fallo”, explicó el Procurador.

La objeción chilena afirma que la CIJ no tiene competencia, porque la demanda boliviana trata un asunto resuelto en 1904, antes del Pacto de Bogotá de 1948, que se usa para acudir a la CIJ. Para Arce, se trata de un argumento falaz, porque “la demanda no tiene nada que ver con el Tratado de Paz y Amistad de 1904; la demanda es ajena a dicho Tratado”.

Además, dijo que Bolivia defenderá la competencia de la CIJ con la fuerza de la verdad, la justicia y el derecho de retornar con soberanía al mar.

Confirman reunión de juristas en abril

Dennis Luizaga

El procurador general del Estado, Héctor Arce, confirmó ayer que los abogados del equipo jurídico nacional e internacional de Bolivia, que maneja la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), se reunirán en el país la primera quincena de abril. Será el encuentro más importante previo al inicio de las audiencias orales en La Haya, previstas del 4 al 8 de mayo.

“Va a haber una importante (reunión) que se va a realizar acá en Bolivia, es en el mes de abril, tengo entendido que se están cuadrando las agendas; creo que es entre el 10 y el 15 de abril. Posiblemente en Santa Cruz por el tema de la altura”, manifestó Arce en contacto con los periodistas.

La pasada semana el presidente Evo Morales convocó al equipo jurídico que asesora la demanda marítima para definir una posición boliviana sobre el proceso de  objeción que planteó Chile, en julio de la pasada gestión, a la jurisdicción de la CIJ sobre la demanda marítima boliviana.

El Procurador manifestó que este encuentro de abril será el más importante antes de la participación que hará el equipo jurídico de Bolivia en La Haya, sede de la CIJ y donde se expondrán los alegatos orales en las audiencias públicas fijadas para la primera semana de mayo. “Toda la defensa boliviana ya está preparada, ya se ha tenido varias reuniones y se ha designado responsabilidades en una coordinación permanente”.

La CIJ publicó ayer en su página web la convocatoria y fechas para las audiencias públicas que resolverán la objeción preliminar planteada por Chile a la jurisdicción de la Corte. Desde el 4 hasta el 8 de mayo, los juristas de Chile y Bolivia expondrán sus alegatos y de existir un fallo favorable a Bolivia, se repondrá el proceso de fondo, que es la demanda marítima que exige obligar al país vecino a negociar de “buena fe” una salida soberana al Pacífico.

Hoy feriado, día del Estado Plurinacional, el Juzgado Décimo Segundo en lo Penal decidirá la suerte de los 12 aprehendidos en el caso de las “narcoavionetas” capturadas en una pista clandestina en el norte paceño.  

El sábado 11 la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) logró secuestrar cuatro avionetas provenientes del Perú, que aterrizaron en una pista clandestina en la provincia Abel Iturralde. La primera nave traía 380 kilos de pasta base de cocaína; el resto, combustible adicional, pues el lugar al parecer era un centro de abastecimiento para narcovuelos. En el operativo policial fueron detenidas 12 personas.

En la audiencia de ayer, que duró cuatro horas y terminó cerca de la medianoche, los fiscales Gregorio Blanco y Sandra Villalobos Bustios presentaron la querella contra los 12 detenidos por “tráfico ilícito de 340 kilogramos de droga”, cuatro acusados directos del hecho (que venían en la primera avioneta) y el resto en calidad de coimputados.

Mientras el Ministerio Público utilizó una hora y media para sustentar la acusación, la defensa, mediante cinco abogados, se extendió por dos horas y media. A las 23.45, la jueza de la Sala Décimo Segunda en lo Penal, Jakelyn Tintaya, dispuso el cuarto intermedio de la audiencia, programándola para las 10.30 de hoy, pese a que es un día feriado. La jueza, luego de procesar los datos expuestos por cada parte, emitirá la sentencia para los 12 acusados.

La Fiscalía, además, deberá desvirtuar una denuncia de ilegalidad en la investigación presentada por la defensa; dicha falta de legalidad estaría en las declaraciones obtenidas por la Policía y en el hecho de que los datos mostrados por la institución del orden no coinciden con las pesquisas.

Al respecto, el fiscal Blanco señaló que “la defensa está en su derecho de exigir (revisar cualquier) ilegalidad, pero tampoco se puede abusar de esto; no se tiene nada que desvirtuar, vamos a aguardar la audiencia de mañana (hoy), y será la jueza quien valore las pruebas presentadas”.   Las aeronaves aterrizaron en la pista clandestina de la región La Tierra; provenían de la Amazonía peruana, específicamente del Valle de los Ríos, Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Autoridades del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de reforma de la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional. Piden ampliar el alcance de la Justicia Indígena Originaria Campesina, además de darle mayor jerarquía.

Cuando en el artículo 9 de la actual norma, por ejemplo, se señala que “están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena”, el Conamaq a punto seguido añade que también podrán ser juzgados bajo la Justicia Indígena “quienes sin ser miembros de la misma se sometan a esa jurisdicción”.

Las autoridades indígenas además proponen hacer más efectiva su justicia. En el artículo 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional se dice que la Justicia Indígena se ejerce cuando concurren simultáneamente tres ámbitos de vigencia, el personal, el material y el territorial; que los tres estén presentes.  Ante esto, el Conamaq plantea suprimir el “cuando concurran simultáneamente”, de modo que se pueda juzgar por uno u otro ámbito, no siempre por los tres.

En agosto, el Ministerio Público del Beni declaró improcedente el pedido de excepción de incompetencia que presentaron los tres dirigentes del TIPNIS, Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Fernando Vargas, acusados de golpear al dirigente Gumercindo Pradel.

En esa ocasión, el abogado Guido Melgar explicó: “De los tres ámbitos de vigencia (…) el juez Martínez aceptó los primeros dos, pero no quiso ingresar al último; por eso lo declaró improcedente”; es este tipo de argumentos que el Conamaq quiere evitar.

“Se ha desjerarquizado a la Justicia Indígena, todos los casos importantes se dan a conocer en la Justicia Ordinaria y a la Justicia Indígena las cosas pequeñas”, apuntó la diputada Rebeca Delgado, quien será la encargada de presentar las propuestas del Conamaq a la Asamblea Legislativa.

“Esperemos que a través de la hermana, los diputados puedan aprobar”, afirmó el dirigente Félix Becerra. Delgado dijo que con estas sugerencias se retorna al espíritu original de la Ley de Deslinde.

Frente a una consulta previa, sigue siendo un problema qué hacer cuando una comunidad se niegue a ser consultada: si se la puede “obligar” a participar o si ésta tiene la capacidad de “vetar” todo el proceso consultivo con su sola negativa.

El artículo 28 del anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada dispone que cuando una comunidad se niegue a ser consultada, por diferentes medios, se la tratará de convencer para que cambie de opinión. Éste es uno de los puntos en que hasta el momento los proyectistas no alcanzaron el consenso necesario.

El tema que se debate es si el “sujeto de la consulta”, el consultado, puede vetar el proceso hasta incluso inviabilizarlo; qué hacer si persiste indefinidamente en no participar en el hecho.

Frente al desacuerdo, el tema será consultado con el propio mandatario Evo Morales. “Este punto no ha tenido consenso por las partes y esos son los temas que han quedado a consulta con el presidente Evo Morales”, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La Ley de Consulta viene siendo debatida por el Gobierno y el Pacto de Unidad desde hace al menos un año; el último debate fue en Cochabamba, el pasado fin de semana, en la VI Comisión Nacional.

Obligación. Con respecto a que haya comunidades que no quieran participar del proceso de consulta previa, el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, es partidario de aplicar la mayoría. 

“Si una comunidad se negara a la consulta, simplemente se sujetaría al consentimiento de otras comunidades afines, esto es, apelar a la conciencia de los mismos para que acepten”.

Por su lado, el dirigente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)  Fernando Vargas comentó: “Es un tema de imposición; si un pueblo no quiere, no acepta (la consulta); no se le puede obligar, la Constitución dice que nadie puede obligar a ningún pueblo a hacer algo que no quiere, sale del marco democrático”.

Otro tema en el que no se alcanzó el acuerdo es saber qué pasa cuando al final las comunidades no llegan al consenso, al pleno acuerdo entre todas las comunidades implicadas.

Consenso. “La otra figura puede darse en caso de que se instale la consulta y pese a los esfuerzos que se hagan, no se llegue a un acuerdo; entonces se ha planteado que el Estado después de un plazo razonable, 120 ó 180 días, quede habilitado para tomar una decisión (a modo de juez dirimidor); pero este punto no ha tenido consenso”, reconoció Romero.

Al respecto, el ministro reflexionó sobre el hecho de que si por parte del Estado hay una disposición a la consulta, de parte de los pueblos indígenas también debiera haber una disposición a la concertación, al no veto.

“Que la consulta adquiera un carácter vinculante, es un justo medio entre la decisión unilateral del Estado de poner un límite discrecional de autoridad, porque se le obliga a consultar, y las comunidades o naciones están obligadas a concertar”; por lo que no existiría el “veto a una iniciativa estatal”, añadió Romero.

El anteproyecto consta de 7 capítulos y 37 artículos; busca normar el derecho a la consulta previa, libre e informada de naciones y pueblos indígenas y campesinos,  comunidades interculturales y del pueblo afroboliviano.

Ministerios serán los que consulten

Las entidades gubernamentales administrativas y legislativas serán las responsables de llevar a cabo la consulta previa cuando existan proyectos o leyes que afecten a los pueblos indígenas.

“En caso de que el Estado adopte medidas administrativas, la encargada de realizar la consulta previa será la entidad pública sectorial competente; sea Hidrocarburos, Minería u Obras Públicas”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

En caso de que la medida sea legislativa, “puede darse dos figuras: que la iniciativa corresponda al Órgano Ejecutivo (decretos) o que la misma salga del Legislativo (leyes), por tanto, éste será el responsable”, añadió la autoridad.

La Dirección General de Consulta, el Consejo Consultivo Plurinacional y el Órgano Electoral acompañarán el proceso consultivo.

Pistas de la ley

Interculturales

Art. 6. Aparte de los pueblos indígenas originarios campesinos, se incorpora a las “comunidades interculturales” y al “pueblo afroboliviano” como sujetos de la consulta previa, libre e informada.

Requisitos de consulta

Art. 7. Establece condiciones que debe cumplir el “sujeto de la consulta” para ser tal: existencia precolonial, conservación total o parcial de su cultura, identificación como parte de una nación o pueblo, y el acceso a sus tierras y territorios.

Excepciones

Art. 11. No hay consulta en temas como seguridad y defensa del Estado, catástrofes, control de ilícitos, entre otros temas nacionales.

Instituciones específicas

Art. 14 y 15. Se crean el Consejo Consultivo Plurinacional, por parte de los pueblos indígenas; y la Dirección General de Consulta, por parte del Estado.

Rechazo o negativa

Art. 27. Se considera negativa del sujeto a ser consultado cuando: lo manifieste, desista del proceso, abandone la consulta y ejecute acciones que la perjudiquen.

Contra la buena fe

Art. 32. Son consideradas acciones contrarias a la buena fe: actos de corrupción; que la entidad responsable de la consulta entregue obsequios, dádivas o prebendas.

Plantean condiciones  para ser consultado

La Ley de Consulta Previa Libre e Informada plantea cuatro condiciones que deben cumplir  las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y pueblos afrobolivianos (sujetos de consulta). Con esto se quiere verificar la legitimidad de los consultados para no caer en futuros cuestionamientos.

“El espíritu es que no haya colectividades que suplanten o que pretendan fingir su condición de indígenas para beneficiarse en la consulta”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Las condiciones son: existencia precolonial; conservación de su cultura y condición de vida; identificación como nación o pueblo y acceso a tierras y territorio.

Sobre el alcance total o parcial del artículo, el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, indicó: “Los pueblos tienen que cumplir casi con la mayoría de los requisitos, no es suficiente cumplir con una sola condición”.

La convocatoria a consulta previa no necesariamente será responsabilidad del Estado, “puede darse que se omita esa responsabilidad, en ese caso el sujeto podrá convocar a esta consulta o recurrir a una medida jurídica”, añadió Carlos Romero.

Polémico ‘Sujeto de consulta’

Frente a los avances significativos en la elaboración del texto de la Ley de Consulta, el primer punto polémico fue el artículo 6 sobre el sujeto a ser consultado.  Algunas organizaciones originarias miembros del Pacto de Unidad se negaron a incluir a  campesinos e interculturales.

“Al principio, los hermanos del Conamaq querían que (la consulta) sólo sea para las naciones y pueblos originarios, pero eso hemos observado y hemos logrado incluir en la ley”, afirmó Rodolfo Machaca, secretario general de la CSUTCB. En días previos a la reunión de la VI Comisión Nacional en Cochabamba entre el Pacto de Unidad y el Gobierno, representantes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) pidieron excluir de la ley a campesinos y a los denominados interculturales.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, comentó: “El debate es que los pueblos indígenas son también campesinos, interculturales y afrobolivianos; son parte del pueblo boliviano”.

Sobre las observaciones al tema, el dirigente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) Fernando Vargas afirmó: “(Este artículo) rompe con estructuras del Convenio 169 de la OIT, pues menciona que la consulta es dirigida a pueblos indígenas, no a campesinos ni interculturales”.

Una aclaración pertinente del ministro Romero fue: “Si un proyecto nuevo impacta al medio ambiente, no se va a distinguir si es campesino originario o intercultural”.

El proceso no cortará la gestión pública

Desde el inicio hasta la culminación de un proceso de consulta,  la gestión pública no será interrumpida. Esto quiere decir que la ejecución de planes, entrega de proyectos y obras en esa región serán normales, pese a la oposición que se planteó a este punto, pues el Estado a nombre de “gestión pública” igual puede inclinar la opinión mediante obras.

“No significa que se deba paralizar la gestión pública que corresponde al Estado a nivel nacional o subnacional”, aclaró el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La autoridad señaló que la entrega de obras y proyectos no son considerados como regalos o prebendas por parte del Gobierno. “La ejecución de obras o proyectos no se considera como dádivas durante el proceso de consulta”.

La controversia puede surgir en la interpretación del artículo 32 (Acciones contrarias a la buena fe) de la Ley de Consulta, en el que se menciona (entre otras acciones) que “la entidad responsable de la consulta no podrá entregar obsequios ni dádivas o prebendas, que condicionen el proceso”.

Las entidades públicas serán las que lleven adelante la consulta. Sin embargo, “es obligación del Estado hacer gestión, no se puede detener programas nacionales”, aclaró el diputado Saúl Garabito.