Nacional

Tuesday 16 Aug 2022 | Actualizado a 15:11 PM

En Palmasola, por ‘seguro de vida’ se mueven al mes 600.000 dólares

Cinco meses después de la tragedia de agosto de 2013 (cuando murieron 35), Palmasola sigue siendo un “mundo sin control jurisdiccional”; según testimonios, allí aún operan redes organizadas que solo por cobro de “primas de seguro” mueven hasta $us 600.000 al mes.

/ 26 de enero de 2014 / 04:00

Cinco meses después de la tragedia de agosto de 2013 (cuando murieron 35), Palmasola sigue siendo un “mundo sin control jurisdiccional”; según testimonios, allí aún operan redes organizadas que solo por cobro de “primas de seguro” mueven hasta $us 600.000 al mes.

Entre los negocios que figurarían en el recinto penitenciario están el cobro por “seguro de vida”, la venta de espacios en las celdas, el uso de teléfonos celulares, la gestión de traslado de un pabellón a otro y el cobro a visitantes.

Internos consultados y el exdirector de Régimen Penitenciario de Bolivia Ramiro Llanos coincidieron en que el movimiento económico en el interior del sistema carcelario de Santa Cruz es millonario.

Los reclusos de la cárcel de Palmasola recuerdan, como una de las páginas más oscuras de la historia penitenciaria, la reyerta del 23 de agosto de 2013 por el ataque del bloque B al A, que mató a 35 personas, entre ellas un niño de 18 meses, y que dejó 33 heridos. La desgracia cobró la atención de las autoridades del Gobierno y generó una serie de compromisos para erradicar la corrupción y violación a los derechos humanos; al final fue incumplido.   

Según testimonios, mensualmente ingresan al penal de Palmasola de manera preventiva entre 600 y 700 personas; cada una de ellas debe pagar una prima de $us 1.000 para ponerse a buen recaudo. Haciendo cifras, la recaudación fácilmente alcanza a $us 600.000 en 30 días.

“Hay que pagar hasta $us 5.000 por el ‘seguro de vida’ para no ser sometido a agresiones físicas por los grupos de poder”, asevera otro interno.

Alud, un presidiario que se resguardaba de un aguacero, relata que las promesas de las autoridades del Ejecutivo de erradicar el poder, el abuso y los cobros ilegales en las cárceles solo quedaron en buenas intenciones; los más débiles siguen siendo el blanco perfecto para la extorsión.

La inmobiliaria es otro de los rubros que generara un gran movimiento económico, por la renta de celdas. Según Régimen Penitenciario, en Palmasola hay 5.200 internos, quienes pagarían por el arriendo entre Bs 150 y 400; si tomamos la cifra inferior, la cobranza llegaría al mes a Bs 780.000 ($us 112.069).

Ramiro Llanos recuerda cómo opera el negocio inmobiliario: “ellos se encargan de construir habitaciones para luego ponerlas en alquiler a los nuevos que llegan. Cada mes van a cobrar como si fuera un arriendo legal”.  

Traslados. También se perciben ingresos por el traslado de internos del pabellón de Chonchocorito al régimen abierto (PC4). El costo para este trámite es de entre $us 2.500 y  5.000, el precio final está fijado de acuerdo con el delito del interno, pero los que más pagan son los presos por narcotráfico.   

La agresión física contra el interno Jhonny es el claro reflejo de la violencia en el interior de la cárcel de Palmasola. El hombre de 42 años milagrosamente salvó su vida de una brutal golpiza que le propinaron en el PC7, considerado de máxima seguridad. Llanos dice que la población cruceña ni se imagina lo que ocurre en el interior de Palmasola, por ello es que se insiste en que la misma sea traspasada a la administración de civiles para recuperar el control.

A ello se suma el cobro por el uso de teléfonos celulares dentro del penal; la cifra no fue revelada. Por lo demás, los familiares pagan Bs 5 para ingresar al recinto carcelario.

Desde el interior de la cárcel

Policía

Como en la cárcel de Palmasola hay, en promedio, alrededor de 289 presos  por cada uniformado del verde olivo, el contrabando o ingreso de marihuana, alcohol, televisión y celulares en muchas ocasiones sale del control de la Policía.

Pide civiles en la dirección

Ramiro Llanos, exdirector de Régimen Penitenciario,  insiste en que la administración de las cárceles del país deben pasar a manos de autoridades civiles a fin de terminar con las redes de extorsión que funcionan en las celdas.

“En la última etapa de mi gestión aprobamos dos resoluciones que establecían que las personas privadas de libertad dependan de manera directa de las oficinas de Régimen Penitenciario y no de la Policía como ocurre actualmente”, manifiesta.

A decir de Llanos, con la nueva modalidad presentada, el interno que llega a la cárcel ingresa de manera directa a la oficina administrada por civiles, donde se realiza el registro biométrico (fotografía y huellas digitales), luego se lo traslada hasta el PC4, “con esta medida se buscaba tener el control de los reos y cortar el negocio de las redes que extorsionaban a los reclusos”.

Las organizaciones que actualmente operan en el sistema carcelario son grandes y están fortalecidas por el escaso control existente; entonces, se debe trabajar para erradicarlas. Otra de las propuestas es la clasificación de los internos en régimen cerrado y régimen abierto, y no tenerlos mezclados como ocurre actualmente en Palmasola.

Según, Llanos, después de su salida de la Dirección Penitenciaria, la Policía volvió a tener el control de las cárceles como si fueran los mismos dueños, “tenemos que tomar el ejemplo de la ex Granja de los Espejos, que funciona en Santa Cruz; es la única administrada por personal civil y los policías solo se avocan al control fuera de las instalaciones”.

Perviven  lujos en la cárcel de Palmasola

Cuando hablamos de la cárcel imaginamos un lugar frío y sombrío, de altos muros, pero la realidad de Palmasola supera la ficción. Aquí hay centros de detención con aire acondicionado, restaurante, uso de teléfonos celulares e incluso oferta de hoteles.

Dionisio, preso por narcotráfico, relata que existen tres mundos diferentes en la cárcel: uno manejado por gente de dinero, que puede alquilar piezas con baño privado, ducha, muebles, radio, televisión e incluso tener el lujo de contar con un guardaespaldas.

El segundo son aquellos internos con capacidad de alquilar una celda por Bs 150 mensual, que es la renta más baja dentro del pabellón abierto; aquí están reos por robo agravado, narcotráfico o abusos sexuales.   

Al otro frente están los “yescas”, quienes apenas pueden conseguir para comer y tienen que vivir en celdas húmedas y dormir sobre cartones; durante el día deambulan por los pasillos buscando ganar algunos centavos.

Un reo que trabaja de móvil dice que hay personas muy poderosas en el PC4 y no se puede hablar de ellos porque a quienes desobedecen les va muy mal.
Otro presidiario afirma que sobre los lujos que ostentan algunas personas es mejor mantenerse callados para evitar represalias.

El penal es una ‘bomba de tiempo’

El representante de la Defensoría del Pueblo, Hernán Cabrera, afirma que la cárcel de Palmasola es una “bomba de tiempo”; si las autoridades no le dan la debida atención, esto podría explotar y repetirse la historia vivida en agosto.

Después de lo ocurrido el 23 de agosto de 2013, se ha pedido al sistema judicial priorizar el saneamiento de la retardación de justicia que afecta al 85% de los internos de las cárceles del país. “Si bien de alguna manera se ha buscado agilizar el tema, la misma es insuficiente ante el tamaño del problema”, declara.

Fuentes. Cabrera visualiza dos grandes necesidades en el penal: mejorar la condición de vida de los internos y luchar contra la corrupción, “donde existen ciertos pactos o complicidad entre la Policía y un grupo de internos”. La autoridad de la Defensoría del Pueblo sugiere a Régimen Penitenciario atender las necesidades del centro carcelario cruceño y corregir los desórdenes existentes a fin de evitar un nuevo conflicto.

“En la gestión pasada se organizó una cumbre a raíz del conflicto desatado en Palmasola, donde las autoridades de diferentes niveles se fijaron compromisos para encarar el problema, pero al parecer la falta de voluntad política no permitió el cumplimiento”, refiere Cabrera.

El recinto más grande y superpoblado del país es un estado sin soberanía; cuenta con sus propias reglas; sus habitantes tienen el control casi absoluto del penal; recaudan fondos que ellos mismos administran, y en algunas secciones eligen democráticamente a sus delegados, excepto el pabellón de Chonchocorito, donde funcionan los bloques A y B, grupos de eternos rivales.

Una vez en el penal, el visitante vive una sensación desconocida, a ello se suma una interposición de olores, gritos, ruidos, difícil de olvidar, a la que los internos se acostumbran.

Palmasola cuenta con una superficie de 17 hectáreas, 7 pabellones y cerca de 25 bloques; los prisioneros pudientes viven en las PC4 al PC6, mientras que los yescas habitan en cuartos hechos de venesta y cartón.

Testimonios

Abandono: ‘Hay personas a las que nunca visitan’

Algunos privados de libertad catalogan a este recinto como cementerio de muertos vivientes. “La sociedad nos ha olvidado e incluso nuestras familias se han alejado, hay personas que nunca reciben visitas”, afirma con la voz quebrantada Mario, quien lleva en el lugar cinco años, está sindicado de abuso sexual.

Abierto: ‘Funciona como un barrio cruceño más’

En el régimen abierto, la prisión tiene las características de un barrio cualquiera de la capital oriental, es decir, como una ciudadela donde uno puede cortarse el pelo o comprar jabón, pilas, máquinas de afeitar y alimento. “Durante el día, el pasillo está poblado como si fuera un espacio de paseo”, indica uno de sus ocupantes.

Dinero: ‘Como rápido para que no me quiten el plato’

Fermín, de 24 años, se sienta en un banco de cemento al lado de la iglesia evangélica, allí degusta la comida que le llevó un familiar. Tiene prisa por terminar, es “para que no me lo arrebaten”. Cuando alguien parece acercarse, hace a un lado el envase de plástico que contiene su alimento. Lleva tres años con detención preventiva por robo.

Rareza: ‘Es una prisión única en el mundo’

Otro presidiario que se suma a la charla que se desarrolla bajo el alero de calamina de una carceleta, cuenta: “esta es la única prisión del mundo en la que los presidiarios eligen sus celdas de acuerdo con sus posibilidades económicas”. Quien más tiene “vive” mejor, el que no posee recursos, la pasa mal. Sonríe y afirma, “es verdad”.

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Gandarillas responsabiliza a exfuncionaria Celia Castedo de autorizar el vuelo de LaMia

"Castedo aceptó la salida del avión al firmar y sellar el plan de vuelo que había presentado la aerolínea”, denunció Gandarillas, quien adelantó que coadyuvará con la investigación de la Fiscalía de Santa Cruz.

/ 20 de enero de 2017 / 00:13

El suspendido ejecutivo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), Tito Gandarillas, responsabilizó a la exfuncionaria Celia Castedo de haber autorizado el vuelo del aviòn de LaMia que se estrelló el 28 de noviembre de 2016, en Colombia, con el saldo de 71 muertos y seis sobrevivientes.

Gandarillas fue suspendido del cargo de responsable de AASANA el 1 de diciembre del año pasado. La tarde de este jueves se presentó a declarar en la Fiscalía del Distrito Santa Cruz en calidad de investigado.

«He vuelto a presentar mis descargos ante la comisión de fiscales a cargo de las pesquisas», afirmó tras la audiencia.

Al salir del Ministerio Público, Gandarillas señaló que la responsabilidad de la salida del avión CP – 2933 recae sobre Castedo, quien actualmente se encuentra en Brasil con refugio temporal.

«Castedo aceptó la salida del avión al firmar y sellar el plan de vuelo que había presentado la aerolínea”, denunció Gandarillas, quien adelantó que coadyuvará con la investigación de la Fiscalía de Santa Cruz. 

Según el suspendido ejecutivo de AASANA, Castedo tenía la facultad para aceptar o rechazar el vuelo, ya que de haber informado a su inmediato superior sobre los problemas el piloto hubiera sido obligado a cambiar el plan de vuelo inicial.

Además, explicó, la funcionaria que salió del país debió presentar el informe antes que el avión saliera de la terminal aérea de Viru Viru, y no al día siguiente, como ella lo hizo.

El viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa, manifestó que se viene haciendo seguimiento a todo el proceso investigativo sobre el caso LaMia. «Se ha pedido a la Fiscalía mayor celeridad en las pesquisas».

Gandarillas indicó que para el vuelo del avión no existió la supervisión respectiva de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) porque los inspectores no se encontraban para ese vuelo.

Dentro de este caso, el gerente general de LaMia Gustavo Vargas y el director de DGAC Gustavo Vargas Villegas se encuentran encarcelados. Mientras que el accionista de aerolínea Marco Antonio Rocha y Castedo son investigados por los delitos de homicidio culposo, desastres en medios de transporte, lesiones gravísimas e incumplimiento de deberes.

En el accidente 19 jugadores, de una delegación de 23, del club brasileño de fútbol Chapecoense fallecieron. El Club jugaría el 29 de noviembre la primera final de la Copa Sudamericana con el Atlético Medellín de Colombia. (19/01/2017)

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Cuatro regiones dejarán de recibir más de Bs 60 MM por regalías hidrocarburíferas mes

Los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, productoras de petróleo, son los afectados por la reducción de las regalías debido a la caída en las exportaciones de gas natural a Brasil

/ 17 de enero de 2017 / 19:14

El Concejo Departamental de Productores de Hidrocarburos de Bolivia (CODEPHI), reunidos en la ciudad de Santa Cruz, reveló que la reducción de la venta de gas natural a Brasil de 29 MMmcd a 12,2 MMmcd generará una reducción mensual de más de Bs 60,61 millones para los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba.

El secretario de hidrocarburos de la gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, calificó de preocupante el panorama para las regiones, ya que la reducción de los recursos económicos afectará de manera directa a la población.

“En caso de Santa Cruz anteriormente recibía de manera mensual cerca de Bs 49,15 millones por concepto de regalías, ahora solo percibe Bs 31,95 millones, sufriendo una pérdida de Bs 18,92 millones”, indicó.

Boris Santos, secretario de Hidrocarburos de la gobernación de Tarija, declaró que el departamento es el más afectado debido a que perderá al menos Bs 37,31 millones al mes por concepto de las regalías, ya que bajarán de Bs 92,61 millones a Bs 61,28 millones por mes.

“Este es fruto de la falta de apertura de nuevos mercados para el gas natural, de incentivos al sector para la inversión privada y la dependencia de un solo comprador como es Brasil”, sostuvo.

De acuerdo a CODEPHI, el departamento de Chuquisaca dejará de recibir cerca de Bs 3,78 millones, pues que antes se le asignaba Bs 49,15 millones y ahora Bs 15,08 millones.

Cochabamba verá mermado sus ingresos en más de Bs 590 mil. También sufrirán los efectos de la reducción los departamentos de Beni y Pando, que participan de la distribución de las regalías petroleras. (17/01/2017)

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Cuatro regiones dejarán de recibir más de Bs 60 MM por regalías hidrocarburíferas mes

Los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, productoras de petróleo, son los afectados por la reducción de las regalías debido a la caída en las exportaciones de gas natural a Brasil

/ 17 de enero de 2017 / 19:14

El Concejo Departamental de Productores de Hidrocarburos de Bolivia (CODEPHI), reunidos en la ciudad de Santa Cruz, reveló que la reducción de la venta de gas natural a Brasil de 29 MMmcd a 12,2 MMmcd generará una reducción mensual de más de Bs 60,61 millones para los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba.

El secretario de hidrocarburos de la gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, calificó de preocupante el panorama para las regiones, ya que la reducción de los recursos económicos afectará de manera directa a la población.

“En caso de Santa Cruz anteriormente recibía de manera mensual cerca de Bs 49,15 millones por concepto de regalías, ahora solo percibe Bs 31,95 millones, sufriendo una pérdida de Bs 18,92 millones”, indicó.

Boris Santos, secretario de Hidrocarburos de la gobernación de Tarija, declaró que el departamento es el más afectado debido a que perderá al menos Bs 37,31 millones al mes por concepto de las regalías, ya que bajarán de Bs 92,61 millones a Bs 61,28 millones por mes.

“Este es fruto de la falta de apertura de nuevos mercados para el gas natural, de incentivos al sector para la inversión privada y la dependencia de un solo comprador como es Brasil”, sostuvo.

De acuerdo a CODEPHI, el departamento de Chuquisaca dejará de recibir cerca de Bs 3,78 millones, pues que antes se le asignaba Bs 49,15 millones y ahora Bs 15,08 millones.

Cochabamba verá mermado sus ingresos en más de Bs 590 mil. También sufrirán los efectos de la reducción los departamentos de Beni y Pando, que participan de la distribución de las regalías petroleras. (17/01/2017)

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Sancionan a firma Sinohydro por desmonte ilegal con suspensión de obras y multa

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) fijó la sanción por el desmonte ilegal de 6,8 hectáreas en el río Surutú, en el municipio de Santa Fe.

/ 13 de enero de 2017 / 19:19

La empresa asiática Sinohydro fue sancionada con una multa de Bs 15.000 , la paralización de la obra de construcción que se adjudicó y la obligación de reforestación por haber deforestado 6,8 hectáreas en el río Surutú, a la altura del municipio de Santa Fe, informó la autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Rolf Köhler.

“Se le ha aplicado una multa económica de Bs 15.000, la paralización de la obra y la obligatoriedad de la reforestación en la zona”, insistió tras que se denunciara que la firma china desmontó una amplia zona para construir instalaciones que apoyen la construcción de una carretera.

El diputado Tomas Monasterio interpuso una demanda penal en el Ministerio Público contra la empresa Sinohydro por el supuesto desmonte ilegal realizado por la compañía en las riberas del río Surutú.

Köhler pidió a la población boliviana denunciar cualquier tala de árboles. “Nosotros no contamos con un sistema que nos pueda mostrar en tiempo real el daño ambiental y por ello recurrimos a los ciudadanos para que puedan alertarnos en caso de percibir algún caso de desforestación”.

El fiscal General del Estado Ramiro Guerrero confirmó que el Ministerio Público recibió la querella penal interpuesta por Monasterios. “La demanda viene siendo analizada si la misma contiene los elementos y fundamentos que el procedimiento requiere para que la causa sea aperturada”, dijo.

Desde la firma, Luis Fernando Rivero, representante legal, admitió que la empresa cometió un error al realizar el desmonte sin autorización por desconocimiento de la norma. (13/01/2017)

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Sancionan a firma Sinohydro por desmonte ilegal con suspensión de obras y multa

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) fijó la sanción por el desmonte ilegal de 6,8 hectáreas en el río Surutú, en el municipio de Santa Fe.

/ 13 de enero de 2017 / 19:19

La empresa asiática Sinohydro fue sancionada con una multa de Bs 15.000 , la paralización de la obra de construcción que se adjudicó y la obligación de reforestación por haber deforestado 6,8 hectáreas en el río Surutú, a la altura del municipio de Santa Fe, informó la autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Rolf Köhler.

“Se le ha aplicado una multa económica de Bs 15.000, la paralización de la obra y la obligatoriedad de la reforestación en la zona”, insistió tras que se denunciara que la firma china desmontó una amplia zona para construir instalaciones que apoyen la construcción de una carretera.

El diputado Tomas Monasterio interpuso una demanda penal en el Ministerio Público contra la empresa Sinohydro por el supuesto desmonte ilegal realizado por la compañía en las riberas del río Surutú.

Köhler pidió a la población boliviana denunciar cualquier tala de árboles. “Nosotros no contamos con un sistema que nos pueda mostrar en tiempo real el daño ambiental y por ello recurrimos a los ciudadanos para que puedan alertarnos en caso de percibir algún caso de desforestación”.

El fiscal General del Estado Ramiro Guerrero confirmó que el Ministerio Público recibió la querella penal interpuesta por Monasterios. “La demanda viene siendo analizada si la misma contiene los elementos y fundamentos que el procedimiento requiere para que la causa sea aperturada”, dijo.

Desde la firma, Luis Fernando Rivero, representante legal, admitió que la empresa cometió un error al realizar el desmonte sin autorización por desconocimiento de la norma. (13/01/2017)

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