— ¿Qué finalmente es el nuevo (súper) Comité de Ética Pública y cuál es su alcance?
— La novedad de este Comité de Ética es que comprende también a las altas autoridades, la posibilidad de que sean sometidos a procesos de ética los magistrados y magistradas del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional, el mismo Fiscal General del Estado.
— ¿Qué fuerza coercitiva tendrá? ¿No se cruzará con el Consejo de la Magistratura, la Contraloría y otros fiscalizadores?
— El Consejo de la Magistratura, la Fiscalía o el mismo Tribunal (Constitucional) tienen instancias de responsabilidad administrativas; la vulneración de una norma administrativa debe ser (sancionada) por una vía administrativa; en el caso de una responsabilidad penal, se la ejercerá ante el Ministerio Público. Pero, nunca se ha trabajado respecto de una responsabilidad ética y moral; ésta está vinculada al perfil del servidor público en el sistema judicial boliviano. Así, la labor que desarrolle este Comité va ser importante en los criterios (éticos) que se evalúen para participar (trabajar) en el sistema judicial. Si uno tiene un dictamen de responsabilidad de una falta ética moral, va a tener una repercusión, primero para ingresar al sistema judicial y luego, desarrollar una carrera allí.
— El súper Comité implica también la existencia de códigos y comités de ética en todo el sistema judicial.
— Los códigos de ética tienen que ser implementados en todo el país; es una responsabilidad de toda entidad pública contar con este Código de Ética. Y esos códigos de ética se tienen que adecuar a las funciones de este Comité de Ética; entonces, tiene que haber un reajuste de todos los códigos de ética de las entidades del sistema judicial y, por supuesto, cada uno de los tribunales y fiscalías departamentales tienen que tener códigos de ética coordinados y coincidentes con la labor del Comité Interinstitucional de Ética Pública.
— ¿Hay algunos plazos para toda esta reforma?
— Estaba previsto que en el transcurso de este primer semestre podría ya contarse con estos códigos de ética; consecuentemente, en este primer semestre ya podríamos estar pensando en el desarrollo del (súper) Comité Interinstitucional de Ética. Los códigos de ética tienen que ser aprobados por la máxima instancia decisoria de cada entidad. Se habla de una aplicación en todo el territorio, no solamente en las altas estructuras judiciales.
— ¿Qué forma de corrupción prevén que será la que más tenga que enfrentar este nuevo sistema de ética?
— La conducta más compleja es que hay una corrupción generalizada, no solamente en los operadores de justicia, sino particularmente en quienes interactúan con el sistema judicial. Entonces, estamos hablando que la percepción de la administración de justicia desde el ciudadano es una percepción de que debe entrar a una lógica de corrupción para tener resultados positivos en el respeto de sus derechos. Así, el trabajo no comprende simplemente una ética del servidor público, sino también una relación ética con el sistema judicial boliviano; para eso, existen tipos penales, el cohecho activo, el pasivo, que comprenden responsabilidad para los ciudadanos.
— ¿Se ha pensado cuál puede ser la sanción ética o moral máxima, que sea efectiva?
— Al vulnerar principios y valores constitucionales de carácter ético y moral (‘no robar’, ‘no mentir’ o ‘no ser flojo’ inscritos en la Constitución) podríamos establecer que (quienes hayan tenido conductas no éticas) no puedan prestar funciones en todo el sistema judicial.
— En la lucha contra la corrupción, ¿estamos peor o mejor que antes?
— La corrupción en el sistema judicial siempre ha existido; ahora se conocen más casos porque la labor es mucho más supervisada, vigilada, existen nuevas tecnologías, se pueden identificar casos de corrupción. En el caso del Tribunal Constitucional hemos implementado cámaras en toda la institución; estamos generando modificaciones en la estructura que permitan que las entrevistas o solicitudes de información sobre los procesos sean filmadas y grabadas.
— En los últimos días o semanas se han intensificado las críticas al sistema judicial. ¿Qué de razón hay en eso?
— Considero importante, y esto debe ser destacado, que debemos tener una lectura más crítica; la sociedad boliviana no es crítica, es muy volátil en sus criterios y en sus opiniones. Y esto lo planteo en términos de que solamente una sociedad crítica podrá crear instituciones más serias. Entonces, empecemos a preguntarnos si es que el Órgano Ejecutivo o el Órgano Legislativo en este momento no están empezando a generar estas críticas al sistema judicial boliviano porque se está generando un sistema realmente que está actuando con independencia de esas estructuras de poder, y a eso hay un aporte también de la oposición al Gobierno.
Entonces, empecemos a ver, por ejemplo, si efectivamente la administración de justicia no está empezando a actuar de forma independiente, y eso está generando una serie de temores que se traducen en críticas para bajar todo el perfil de ese trabajo (del sistema judicial).
Perfil
Nombre: Ruddy Flores Monterrey
Nació: 27-07-1972
Profesión: Abogado
Cargo: Presidente del Tribunal Constitucional
Diplomático y docente universitario
Licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene maestrías en Derecho Constitucional (Universidad Andina) y en Relaciones Internacionales (Academia Diplomática Boliviana). Posee diplomados en Relaciones Internacionales (en Chile) y en Derecho Internacional (ONU, Suiza). Durante 12 años trabajó como diplomático: entre los cargos que desempeñó están los de director general de Asuntos Jurídicos, primer secretario de la Misión Permanente de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, encargado de la Comisión de Asuntos Jurídicos y delegado de Bolivia ante el Buró de la Corte Penal Internacional. Además trabajó en el Ministerio de Justicia, el Gobierno Municipal de La Paz, el Servicio Departamental de Caminos, la Corte Superior de Justicia. Fue docente en varias universidades privadas.