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viernes 14 may 2021 | Actualizado a 06:29

Consejo insta a que jueces trabajen sábados y domingos

Proyecto. Asociación del sector rechaza la idea y la califica de ‘ilegal’

/ 21 de febrero de 2014 / 08:32

El Consejo de la Magistratura propuso medidas para mejorar la Justicia. Planteó que jueces y vocales trabajen sábados y domingos, y la modificación de ocho artículos del Código Procesal Penal para ‘descongestionar’ las cárceles y acelerar los procesos.

La reacción de la Magistratura surgió luego de que el vicepresidente Álvaro García dijo que se eligió a autoridades judiciales que no están trabajando lo suficiente. Si el Gobierno estuviera interfiriendo en los jueces —ironizó—, trabajarían sábado y domingo y no tendrían vacación de fin de año, ni de mediados de año.

La presidenta de la institución judicial, Cristina Mamani, postuló que jueces y vocales trabajen los sábados, incluso los domingos, para poner al día sus procesos y convocó a los funcionarios del sistema judicial a despojarse de intereses personales y trabajar para mejorar la administración de la Justicia.

“Yo les he pedido a todos estos señores impartidores de justicia que vengan los sábados, incluso, domingos, hasta que pongamos al día estos procesos”, expresó Mamani, al anunciar que en la reunión de hoy del Consejo Nacional de Desarrollo Estratégico del Sistema Judicial Boliviano solicitará que esta iniciativa sea asumida a nivel de las demás instancias judiciales.

Debate. El Consejo Nacional del Sistema Judicial está formado por el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado. Con respecto al trabajo en los fines de semana, Ever Veizaga, directivo de la Asociación de Jueces del país, afirmó que el juez, como cualquier trabajador, merece un descanso semanal y que el trabajo en horas de fin de semana es ilícito. “La norma expresamente indica qué días se trabajan, y de cuándo a cuándo corren los plazos. Entonces, trabajar en días no habilitados por la norma, sería ilegal”.

Es más, el juez aseveró que lo del trabajo dominical ya se da en los hechos: “Todos los jueces se llevan trabajo a sus casas, o sea, trabajan sábados y domingos; hacen todo lo que pueden y aún así no logran satisfacer la demanda de justicia porque los tribunales están colapsados”. La idea del trabajo en el fin de semana “tal vez sea solo para generar cierta imagen positiva para hacer creer que la gente se sacrifica”, comentó Veizaga.

Por otra parte, los consejeros Freddy Sanabria y Róger Treviño presentaron un “Proyecto de Ley de Modificaciones Urgentes al Sistema Normativo Procesal Penal”; será entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el martes.

Plan. La propuesta, presentada por la Sala de Control y Fiscalización, propone modificar los artículos 120, 132, 160, 161, 162, 163, 323 y 334 del Código Procesal (ver infografía). Sanabria dijo que los cambios deberían estar vigentes antes de agosto.

Durante el último cuatrimestre de 2013, indica el Consejo, el 48% de las audiencias cautelares fueron suspendidas a causa de malas notificaciones. Un estudio técnico también recomendó asumir acciones para descongestionar las cárceles, así como dar celeridad de todos los actos procesales.

Treviño manifestó que se detectó que la causa de la mora procesal es la elaboración de actas, sobre todo en las medidas cautelares. Se identificó además el incumplimiento de plazos para la emisión de resoluciones. También se estableció que la audiencia conclusiva, incorporada por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, en vez de dar agilidad a los actos procesales, se ha convertido en una traba que  acrecienta la mora procesal.

Propuestas de reforma parcial del Código Procesal Penal

Artículo 120: Actas. Se dispone que el acta no sea una razón de  tardanza.

El acta podrá registrarse en cualquier medio audio visual

Artículo 132: Plazos. Sanción a quien incumpla los plazos de ley.

El acta escrita deberá  redactarse  en forma sucinta, sin que contenga la transcripción literal de la intervención de las partes.

Artículo 160: Notificaciones. Se agiliza la comunicación del proceso.

El incumplimiento de plazos para resolver por parte del Juzgador significará falta grave, su constatación dará, lugar a proceso disciplinario inmediato.

Artículo 161: Medios de notificación. Se diversifica o amplía las formas de comunicar el proceso

Cuando intervengan dos o más defensores, la notificación practicada a uno de éstos valdrá para todos y la sustitución de alguno no alterará trámites ni plazos.

Artículo 162: Lugar de notificación. Se precisan los sitios de aviso  de la causa.

Se introduce las notificaciones por fax, correo electrónico, radio u otras que la persona interesada expresamente haya aceptado o propuesto, excepto las notificaciones personales. Cuando la persona interesada no haya señalado un medio de comunicación específico, se notificará en la Secretaria del Juzgado, salvo que se trate de notificación personal.

Artículo 163: Notificación personal. Se aclara las circunstancias de esta notificación.

En delitos de acción pública, se tendrán por domicilio real y procesal los señalados en la declaración informativa. En delitos de acción privada, se tendrán por domicilio real y procesal los señalados por las partes. La parte que cambie de domicilio, deberá poner esa circunstancia en conocimiento de la Fiscalía y del juzgado que conoce la causa

Artículo 323: Actos conclusivos. Se desburocratiza las audiencias.

Se establece que las notificaciones personales solamente en los siguientes casos: imputación formal; acusación fiscal o acusación particular; y, la sentencia. Se elimina la audiencia conclusiva en despacho de los jueces cautelares, debiendo el fiscal presentar la acusación ante el juzgado o tribunal de sentencia competente. Donde no exista plataforma de atención se presentará la acusación ante la autoridad competente.

Artículo 334: Continuidad. Se acortan los plazos de los juicios orales y sus recesos.

El juicio oral puede ser suspendido máximo por 5 días y si la causal subsiste se podrá ordenar la separación del juicio de quien estuviere impedido. Se establece los motivos por los cuales la autoridad jurisdiccional puede declarar receso. Se dispone 5 días como plazo máximo para receso del juicio oral; en caso de persistir la causal se podrá ordenar la separación del juicio de quien estuviera impedido.

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Arce recuerda que temía que su hija sea detenida en la ‘cacería’ de apoderados

Los asilados permanecieron por más de un año en la legación diplomática que estuvo con fuerte resguardo policial y una vigilia de activistas para impedir que escapen las exautoridades.

El exministro de Justicia, Héctor Arce.

/ 13 de mayo de 2021 / 22:55

El exministro de Justicia Héctor Arce informó este jueves que durante el año que le tocó vivir como asilado en la legación de México en La Paz el gobierno de Jeanine Áñez inició una “cacería” contra apoderados de los refugiados, entre ellos su hija de 23 años. Incluso dijo que revisaban estuches de juguetes de otra de sus hijas, que contaba con tres años.

“Yo estaba esperando que a mi hija la detuvieran, mi hija, una muchacha de 23 años que se ha labrado su profesión y su vida. Yo le dije: Si esto pasa yo voy a salir y aunque me maten voy a ofrecer mi vida, pero a tí nadie te va a tocar. La desesperación de un padre que llega a ese extremo y mi hija me dijo: Has criado hijos fuertes papá, no te preocupes, vamos a estar bien”, recordó.

Arce dijo en el programa por streaming de La Razón y Extra que las exautoridades asiladas en instalaciones de la legación mexicana dieron poderes a gente de su confianza para que puedan cobrar sueldos, aguinaldos o hacer trámites.

“Algunos compañeros dieron a familiares, el compañero Juan Ramón (Quintana) (exministro de la Presidencia) dio a una funcionaria. Yo le di a mi hija, tengo una hija que es abogada, que es un lujo, mi hija además tiene una maestría, es una jovencita abogada y yo le di a ella el poder para que cobrara mi sueldo e hiciera algunos trámites de declaración jurada”, relató el también exprocurador del Estado.

Los asilados permanecieron por más de un año en la legación diplomática que estuvo con fuerte resguardo policial y una vigilia de activistas para impedir que escapen las exautoridades.

Según recordó, el ahora exviceministro de Justicia Guido Melgar, aprehendido por un irregular acceso a datos del Servicio General de Identificaciones (Segip), empezó “en ese momento una cacería y una serie de procesos contra nuestros apoderados con un argumento irrisorio: Han falseado la verdad porque ellos están en México, nosotros no estábamos en México, estábamos en la zona Sur de la ciudad de La Paz”.

Arce aclaró que el hecho de que una embajada tenga privilegios e inmunidades no quiere decir que sea territorio extranjero, “y eso lo ha acotado el derecho internacional de mil maneras y la canciller (Karen Longaric) no dijo nada”.

Recordó que en el gobierno de Áñez se aprehendió a la apoderada de Quintana y a la apoderada del expresidente Evo Morales, Patricia Hermosa.

También evocó que la Policía requisaba estuches de juguetes de su hija de tres años.

“Le sacaban fotografías a una niña de tres años cuando el Código lo prohíbe, Código que yo mismo he aprobado. Ese es el aprendizaje, es el dolor, el sufrimiento”, sostuvo Arce, quien aseveró que no busca venganza ni tiene en mente iniciar procesos judiciales.

Apuntó que lo vivido en las instalaciones de la legación mexicana permitió labrar tres palabras: memoria, verdad y justicia. La primera para evitar que sucesos como octubre y noviembre de 2019 no vuelvan a ocurrir; verdad para conocer realmente lo que pasó en 2019 y justicia para encontrar a los responsables de los sucesos.

Arce dejó la Embajada de México el 3 de noviembre de 2020, donde estuvo junto a los exministros Quintana, Javier Zavaleta, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz. También se encontraban en el lugar el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez, el exviceministro de Desarrollo Rural Pedro Dorado y el exdirector de la Agetic Nicolás Laguna.

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Arce devela que el juicio a La Razón fue por ‘instrucción’ del Órgano Ejecutivo

El 2014, el entonces Procurador del Estado demandó a los periodistas Ricardo Aguilar y Claudia Benavente por presuntos delitos de espionaje y revelación de secretos del Estado.

/ 13 de mayo de 2021 / 22:27

El ahora exprocurador del Estado Héctor Arce develó que el juicio contra dos periodistas de La Razón en 2014 fue motivado por una “instrucción del Órgano Ejecutivo” y “un interés superior”, y la “preocupación” del entonces presidente Evo Morales por que en el futuro “no pudieran afectar los intereses estratégicos del Estado”.

El 22 de abril de ese año, la Procuraduría, regida por el abogado, presentó una demanda ante el Ministerio Público contra los periodistas Ricardo Aguilar, por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos, y Claudia Benavente, por presunta complicidad, tras la publicación del reportaje De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’, publicado el 13 de abril en el suplemento Animal Político.

Meses después, el 5 de agosto, la Sala Penal Tercera, mediante Resolución 148/2014, remitió el caso al Tribunal de Imprenta, que hasta la fecha no se ha conformado.

“La Procuraduría depende del Órgano Ejecutivo y nosotros recibimos una instrucción —y ésa es la aclaración que yo he pretendido darle durante todos estos años— para evitar que en el futuro, o el trámite de esta demanda u otras demandas que el Estado intente, se cometiera esta situación de —no quiero llamar infidencia, no quiero usar ningún término peyorativo— que pudieran afectar los objetivos estratégicos del Estado”, explicó Arce este jueves en una entrevista con la transmisión virtual Piedra, papel y Tinta, de La Razón.

Arce habló por primera vez con La Razón desde 2014, cuando demandó a dos periodistas de este diario. Al presentar la entrevista, Benavente contó que no se sentiría tranquila continuar la conversación si no le recuerda a su interlocutor sobre el resultado de ese proceso en la justicia ordinaria y su paso al Tribunal de Imprenta.

La demanda contra La Razón es derivada al Tribunal de Imprenta

El exprocurador deslindó responsabilidad sobre la iniciativa. “Nunca hubo mala intención, sino una preocupación y una preocupación no nuestra”, arguyó.

Fue “una situación que le preocupó al Presidente en ese momento por el cuidado, el amor y la protección que le pusimos a este emprendimiento grande”, insistió en relación al momento en que Bolivia argumentaba un juicio contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya (Países Bajos).

“Hablamos de esto, de la grave preocupación que en ese entonces tenían el presidente Evo y el vicepresidente Álvaro García”, relató Arce.

En la entrevista, en la que habló su experiencia sobre su asilo en la residencia de la embajada de México en La Paz, Arce contó que al final el juicio a los periodistas de La Razón terminó en al Tribunal de Imprenta, aunque admitió que no supo por qué no se resolvió. “Pero ante el pedido de ustedes, y también ante un pedido de Carlos Mesa —no tengo por qué negar esta situación, un hombre que colaboró muchísimo en la demanda— nosotros accedimos (a que el caso pase al Tribunal de Imprenta)”, afirmó.

“No sabía que hasta ahora estaba pendiente esta situación, que, de alguna manera, muestra la ineficacia de la Ley de Imprenta muy antigua”, dijo.

“Nosotros hemos respirado al pasar (juicio) de la justicia ordinaria al Tribunal de Imprenta y ahora estamos esperando —nos decían los abogados que depende que quien demande— que se conforme el Tribunal de Imprenta para resolver el caso”, respondió Benavente.

A punto de asumir funciones en representación de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el también exministro de Justicia lamentó que el caso que propició en 2014 haya afectado al periodista Aguilar y a Benavente.

“La idea era que este tipo de situaciones, que pueden ser muy llamativas para el instinto acucioso para el periodista, no se repitan en un tema que en ese momento resultaban de trascendental importancia”, insistió.

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La Unión Europea alista cooperación antidroga por $us 60 MM y pide bajar cultivos de coca

La Unión Europea espera que el Gobierno baje las hectáreas de cultivos de hoja de coca a las 22.000 establecidas en las normas legales

El embajador de la Unión Europea, Michael Dóczy.

Por Carlos Corz

/ 13 de mayo de 2021 / 21:50

La Unión Europea alista dos programas de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico en Bolivia por $us 60 millones adicionales y espera la disminución de los cultivos de coca a las 22.000 hectáreas fijadas en la normativa vigente.

El anuncio se hizo a propósito de la participación del embajador de la Unión Europea, Michael Dóczy, en el acto de presentación del informe sobre destrucción de droga en 2020, financiado por el bloque europeo.

“Estamos preparando dos nuevos programas con un monto de $us 60 millones adicionales para próximos años. Nuestro compromiso es claro. Esperamos que el gobierno logre disminuir el área de cultivos de hoja de coca a la cantidad establecida por ley, es decir 22 mil hectáreas”, informó la representación diplomática a través de su cuenta en Twitter.

También recordó que destinó más de $us 72 millones a la lucha contra el narcotráfico y desarrollo integral de la coca.

La Ley General de la Hoja de Coca amplió a 22.000 las hectáreas de coca legales en Bolivia, cuando la Ley 1008 solo fijaba 12.000.

Los datos oficiales dan cuenta que los cultivos superan las 32.000 hectáreas de coca. Los Yungas y el Chapare son las regiones donde se siembra y cultiva el producto.

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Tras su aprehensión, exviceministro Melgar dice que su delito fue luchar contra la corrupción

El exviceministro de Justicia Guido Melgar fue aprehendido este jueves por la denuncia de retiro irregular de información del Segip en el gobierno de Jeanine Áñez

El viceministro Melgar en la FELCC La Paz.

Por Carlos Corz

/ 13 de mayo de 2021 / 19:43

Tras su aprehensión y en un breve contacto con la prensa, el exviceministro de Justicia Guido Melgar aseguró que su “delito es tratar de luchar contra la corrupción” y que en ese entonces solo gestionó ante el Servicio General de Identificación Personal (Segip) el número de las cédulas de identidad de un grupo de 592 personas.

Esa lista, dijo, fue elaborada por el Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperación de Activos (Star-Gira) como parte de la lucha contra la corrupción.

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“Hay un consejo Star-Gira que aprobó las listas y lo único que hice fue solicitar al Segip el número de carnet de identidad de las personas, nada más, ese es mi delito, tratar de luchar contra la corrupción”, sostuvo en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

En esa lista de 592 personas estaban personas como Rafael Puente, Raúl Prada, Reymi Ferreira, Sebastián Míchel, exvocero del MAS, y exjugadores, como Carlos Borja, al exministro de Deportes Tito Montaño y algunos jefes policiales.

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También figuran la hermana de Evo Morales y la pequeña hija de Álvaro García; además de la madre de Claudia Fernández, su esposa.

Melgar aseguró en la red Uno que no hubo persecución a nadie.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció en diciembre de 2020 el irregular acceso a hojas prontuariales de 592 personas, por lo que anunció la presentación de una denuncia penal.

Del Castillo reveló en ese entonces que Melgar solicitó esa información y se la facilitó, pese a que el funcionario Wilson Ramos, de la Unidad de Dactiloscopia de entonces, le recordó que las normas del Segip no lo permitían

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Senador Rodríguez advierte incumplimiento del Tratado de 1904 y pide a Montaño dialogar

El transporte pesado nacional e internacional acata un bloqueo indefinido en el eje troncal en rechazo de la reanudación de operaciones del ferrocarril La Paz-Arica.

El senador Andrónico Rodríguez, en medio de periodistas. Foto: Cámara de Senadores

/ 13 de mayo de 2021 / 19:03

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, pidió al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, reunirse con los transportistas movilizados el conflicto surgido a raíz de la ahora suspendida prueba del ferrocarril Arica-La Paz y así evitar el incumplimiento del Tratado de 1904 con Chile.

«Exhortamos al ministro a que se reúna con los que están movilizados, se encamina un incumplimiento de este Tratado (de 1904 con Chile); le pedimos que se esclarezca de manera inmediata, pedimos al ministro que pueda reunirse (con los movilizados», dijo el senador a los periodistas.

El miércoles, Montaño firmó un acuerdo con un grupo de dirigentes del transporte pesado para suspender la prueba del ferrocarril, la principal demanda del sector que cumple desde el martes un bloqueo de las carreteras del eje troncal de Bolivia.

Sin embargo, los transportistas permanecen movilizados en las carreteras.

Los transportistas piden dejar sin efecto las operaciones del ferrocarril, empero, el Ministro de Obras Públicas advirtió que esa petición debe ser consultado con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, explicó que el tren realizó una prueba piloto de la vía férrea. En entrevista con La Razón Radio el martes, dijo que, a pesar de la suspensión de las operaciones durante 16 años, el tren Arica-La Paz es parte del Tratado de 1904 con Chile.

La habilitación de esa vía férrea se enmarca en el artículo III del Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Chile y Bolivia, que obliga a los Estados unir el puerto de Arica con La Paz por un ferrocarril.

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