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Wednesday 1 May 2024 | Actualizado a 03:49 AM

La Procuraduría recuperó para el Estado Bs 144 MM desde 2011

El subprocurador César Romano informó que en los tres años, el monto recobrado para el Estado fue ascendente. Indicó que se subsanaron diversas falencias halladas

/ 3 de marzo de 2014 / 05:30

Desde 2011 a la fecha, la Procuraduría General del Estado (PGE) recuperó para el país Bs 144.200.232,50 por cobros de pólizas de garantías, por incumplimiento de contratos, en diferentes obras en el ámbito nacional.

Según el subprocurador César Romano Molina, la cifra recuperada  es un resultado de la política de defensa y precautela a los intereses patrimoniales dispuesta por el procurador general, Hugo Montero Lara, por lo que obtuvieron resultados ascendentes desde 2011.

“Este trabajo metodológico empezó a dar resultados altamente satisfactorios, como que en los procesos administrativos en 2011 a instancias de la Procuraduría, las entidades del país lograron una recuperación en ese año para el Estado de 4.665.719,55 bolivianos”, informó a La Razón Romano.

procesos. Detalló que en 2012 hubo un “incremento geométrico” de recaudación, debido a que logró recuperar Bs 27.591.314,00 y también $us 959.920,39, dinero  correspondiente a las pólizas que estaban en dólares.

En 2013 se llegó a recobrar Bs 50.496.309,57 y $us 789.790,00. Asimismo, en los dos meses de febrero de 2014, la Procuraduría recuperó Bs 48.858.904,97.    

El informe de Romano detalla que el total de los tres años y dos meses llega a Bs 132.022.248,19, mientras que en moneda extranjera asciende a $us 1.749,710,39. Si se suma el monto en bolivianos con los dólares convertidos al boliviano, al cambio oficial Bs 6,96 por unidad, se establece que se recuperó Bs 144.200.232,52.

Estas cifras son consideradas importantes para Bolivia puesto que el dinero vuelve a las arcas del Estado y puede ser utilizado para las mismas obras o en otras, eso será decisión de las entidades estatales que se beneficiaron con el cobro de las garantías, agregó.

Romano explicó que existen  dos tipos de garantías; las pólizas de correcta inversión y de cumplimiento de contrato. En Bolivia, la mayoría de los recursos captados fueron por el segundo tipo.

“No puedo detallar todos los procesos en los que se recuperó dinero, pero hay empresas que destacan esa recuperación como es el caso de caminos (Administradora Boliviana de Carreteras) y el caso de la empresa Misicuni, donde lograron ejecutar su póliza en la ciudad de Cochabamba”, declaró el Subprocurador.

Entre las pólizas cobradas y destacadas, según Romano, están la del Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo (Tarija), por incumplimiento de contrato y tiene un monto de Bs 1.204.202,22.

En Cochabamba, la más reciente recuperación se dio por la falencia de tiempos en la obra de la “Empresa Misicuni II, por la construcción de la represa, obras anexas y complementarias del proyecto múltiple Misicuni de 85 metros de altura y complementación de las obras de la presa hasta los 120 metros de altura. El tipo de garantía es de cumplimiento de contrato y el monto recuperado asciende a Bs 44.204.428,56”, se lee en un documento al que accedió este diario.

Otra de las pólizas cobradas por incumplimiento de plazos corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, por la construcción del nuevo mercado de su capital que lleva el mismo nombre. La garantía ejecutada por la Procuraduría General del Estado asciende a Bs 2.771.088,86.

Después de tres años y dos meses del trabajo de la Procuraduría, Romano sostuvo que los resultados fueron fruto de un proceso de trabajo e indagación para identificar las deficiencias que existían, entre las que se hallaron tres.

Para hallar la primera falencia se revisó todas las garantías que el Estado tenía en la contratación de bienes, obras y servicios. Como resultado de este trabajo se vio una grave desatención, puesto que las garantías del Estado no eran sistematizadas, identificadas y peor aún no eran ejecutadas, dentro de los parámetros fijados.

Trabajo. “Se llegó a la conclusión de que el Estado, por su naturaleza principal contratante, necesita cumplir ciertas satisfacciones de carácter social, para ello genera la contratación de bienes y obras, entonces es un proyecto que debe cumplirse”, remarcó.

Para identificar la segunda falencia se verificó que el Estado suscribía los contratos con diferentes empresas particulares y personas jurídicas.
Por último, para el tercero, se encontró una problemática más grande, que el Estado perdía el proyecto social, el dinero del desplazamiento patrimonial y no recuperaba las garantías. Entonces se hizo una práctica “viciosa” el que las pólizas no sean ejecutadas correctamente.

El subprocurador sostuvo que para identificar estos problemas que afectaban al Estado se hizo un requerimiento “procuradurial de alta información” a la entonces Autoridad de Pensiones y Seguros, por lo que se remitió toda la información de las pólizas pendientes de cobros de causas del Estado.

La PGE tiene la función de precautelar intereses estatales

En 2011 se promulgó la Ley de la Procuraduría General del Estado Plurinacional (PGE) de Bolivia, que constituye una nueva institución en defensa de los derechos y bienes del Estado, tanto en el país como afuera.

Es una entidad de representación jurídica pública que tiene atribuciones de promover, defender y precautelar los intereses, derechos y los bienes del Estado.

Entre las funciones que tiene la PGE están defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, para lo que puede participar de manera directa, como denunciante, y sujeto procesal de pleno derecho en cualquier acción judicial o administrativa.

Puede interponer las acciones judiciales que sean pertinentes y necesarias para la defensa de derechos e intereses del Estado, así como los recursos judiciales que la ley confiere a favor de los sujetos procesales.

Para el cumplimiento de sus fines, podrá solicitar o requerir de la función pública cualquier información sobre las actividades administrativas a su cargo, las que no pueden ser negadas y deben ser evacuadas en su integridad para conocimiento del Procurador o de los funcionarios que están a su cargo.

Podrá requerir a la máxima autoridad ejecutiva de entidades públicas el enjuiciamiento de los servidores públicos por negligencia o corrupción que ocasione daños al patrimonio. Instar y requerir ante el Ministerio Público y ante el Fiscal General de los delitos que ocasionen detrimento a los derechos y patrimonio del Estado, de los cuales tuviere conocimiento por denuncia.

Capacitan a funcionarios públicos para cobrar pólizas

En esta actividad participan trabajadores municipales y delegados de comunidades

Williams farfán

La Procuraduría General del Estado (PGE), mediante la Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública (SPESFUJAP), promueve cursos de capacitación a funcionarios públicos para el cobro de pólizas.

El último trabajo de este tipo se realizó en Cobija, Pando, la semana pasada donde se instruyó en “Capacitación de la Normativa de la Procuraduría General del Estado” y se dictó el “Taller de Difusión y Capacitación en Acciones de Precautela en Garantías-Pólizas de Caución”.

Socialización. En estos cursos también pueden participar autoridades electas. Por ejemplo, en el citado encuentro se tuvo la presencia de la alcaldesa del municipio de Cobija, Ana Lucía Reis, y de alcaldes de ese departamento, representantes de las unidades jurídicas y administrativas de los 15 gobiernos ediles, la Gobernación y de la Asociación de Municipios de Pando, informó el subprocurador César Romano Molina.

El subprocurador aseguró que este tipo de acciones son impulsadas  en los nueve departamentos del país, donde además de funcionarios ediles hay representantes de comunidades.

Explicó que los cursos se refieren a la temática de seguimiento y ejecución de las pólizas de caución (cumplimiento de contrato) que el Estado tiene pendiente de cobro con personas naturales o jurídicas, como resultado del incumplimiento de contratos en la adquisición de bienes, servicios y construcción de obras. 

Manifestó que esta actividad, anteriormente e históricamente, nunca fue sistematizada ni controlada, dejando en estado de indefensión a los proyectos sociales y al desplazamiento patrimonial del Estado

Con esto se busca concienciar a los funcionarios públicos a defender el patrimonio del patrimonio estatal en todas sus acciones, acotó.

Entregan diplomas a abogados

Trabajo
En el proceso de capacitación y difusión de la PGE, la Escuela de Abogados del Estado Evo Morales Ayma (EAE), entidad desconcentrada de la PGE, y la Universidad Privada Domingo Savio ya entregaron certificados a 26 abogados graduados del Diplomado en Defensa Legal del Estado, en la ciudad de Tarija. Se busca que contribuyan a su preparación para una mejor defensa de los intereses del  Estado.

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A la espera de notificación sobre fallo que anula judiciales, comisión dicta cuarto intermedio hasta este jueves

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

Sesión de la Comisión Mixta de Constitución.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:20

La Comisión Mixta de Constitución determinó este martes entrar en cuarto intermedio mientras se espera la notificación de la Sala Constitucional que concedió la acción popular a la dirigente indígena Yeny Duri y anuló el proceso de preselección de las judiciales.

“Teniendo en cuenta que aún no nos remitieron ninguna resolución y también vamos a ir presentando el informe de los amparos, los 18 que nos han interpuesto más la acción popular… declaramos un cuarto intermedio”, dijo el presidente de esa comisión, el senador Miguel Rejas.

Añadió que “inmediatamente” se los notifique, se los convocará y definirá si se envía un informe o no al Pleno de la Asamblea Legislativa.

Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana, indicó que están esperando la notificación que anuló las judiciales para determinar acciones como comisión.

“Lo que nos queda claro que el fallo de la Sala Constitucional de Pando es ilegal e inaplicable, ninguna sala constitucional tiene competencia para declarar inaplicabilidad de una ley, menos de la Ley 1549 que ha sido sometida a control constitucional y que además está respaldada por dos tercios de la Asamblea Legislativa”.

Añadió que en condición de primer órgano del Estado “exigen” que sea la Asamblea Legislativa la que dé el mandato para continuar o dejar por sentado el proceso de preselección.

La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

Lea más: Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La acción popular fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

La senadora Barrientos también señaló que los amparos presentados contra la Asamblea y las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural paralizaron el proceso de preselección desde hace dos semanas.

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Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La Sala de Pando determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

El expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, en una entrevista con La Razón.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:01

Luego de conocer que la Justicia anuló la preselección de postulantes para las judiciales, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que la “incompetencia” de la Sala Constitucional Primera de Pando hacen “improcedente e inaplicable” este fallo. 

“El objeto de la ‘acción popular’ protege intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. La incompetencia de la ‘sala’ y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La ALP debe avanzar en el proceso de selección” (sic), escribió en su cuenta de X.

La tarde de este martes, la Sala de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

Lea más: Sala Constitucional obliga a la Asamblea a lanzar otra convocatoria para las elecciones judiciales

La acción popular fue presentada el 18 de abril por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri. En primera instancia, la Sala dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Salazar señaló que la Asamblea “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”. “Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

Añadió que la Asamblea tiene que emitir “una nueva convocatoria, cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 18:47

Luego que la Justicia dejó sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, la vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando que concedió la acción popular, señaló este martes que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección” para los comicios judiciales.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo, por cuanto se ha evidenciado la falta de consideración en el tema del acceso a estas convocatorias para el tema de las mujeres como el sector indígena originario campesino. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo la autoridad judicial en GOvisión de Pando.

La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó la tarde de este martes dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la dirigente y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

El vocal Jorge Sotelo señaló que se concedió la acción popular, solicitado por la Central Indígena De Mujeres Amazónicas De Pando (CIMAP).

“Entiendo que se ha dejado sin efecto la convocatoria hasta que se tomen en cuenta los parámetros que se ha planteado. Básicamente acciones afirmativas, igualdad material y no discriminación en función de los agravios que ha planteado la CIMAP”, dijo Sotelo.

La autoridad judicial señaló que la resolución se hará conocer lo más antes posible, considerando el feriado nacional del 1 de mayo. “Lo más antes posible, ya se está redactando la resolución”.

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La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La Comisión Mixta de Constitución revisa las carpetas de los postulantes.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 17:36

Luego que la Justicia dejara sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), informó este martes que reinstalarán la sesión para evaluar la situación de los recursos contra el proceso.

“Lamentamos lo que sucedió en Pando. Pisotea totalmente a la Asamblea Legislativa, de un órgano a otro, lo cual creo que es una aberración de parte de estos vocales que han dado a favor la tutela a esta señora que presentó la acción popular. Sin embargo, en el transcurso de la sesión vamos a evaluar para tomar acciones conjuntas con los miembros de la comisión”.

Añadió que “estamos retomando en estos momentos (la sesión) para evaluar y analizar de aquí en adelante. Nosotros tenemos toda la intención de continuar y concluir con este proceso que hemos arrancado hace ya más de un mes”, dijo el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos. Fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri, quien denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

Lea más: Tribunal de Pando admite acción popular y anula el proceso para las elecciones judiciales

Rejas recordó su denuncia sobre amaños de vocales y jueces con “algunos que presentaron sus amparos y eso significa directamente el manipuleo directo del Órgano Judicial a través de sus operadores, vocales y jueces, para poder obstaculizar y paralizar el proceso de preselección”

Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Froilán Mamani (MAS), señaló que esta determinación irá en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional y esa instancia puede revocarla o confirmarla. 

El legislador acusó al ministro Iván Lima de perjudicar el proceso. “Estamos preocupados, no nos está perjudicando a la Asamblea, está perjudicando directamente los intereses del país. Queremos denunciar a las organizaciones sociales e instituciones que se puedan pronunciar de manera inmediata, no es posible que una autoridad de Justicia vaya en contra de la Justicia boliviana”.

El jefe de bancada por Creemos en la Cámara Baja, el diputado Leonardo Ayala, rechazó el fallo de los vocales porque, en su opinión, vulneran los derechos de los más de 400 postulantes habilitados.

“Creemos quiere que se haga justicia y que sigan las elecciones judiciales con los más de 400 postulantes habilitados”.

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Tribunal de Pando admite acción popular y anula el proceso para las judiciales

La acción popular fue presentada por la abogada Yeny Dury Bautista el 18 de abril.

Postulantes para elecciones judiciales

/ 30 de abril de 2024 / 15:47

En Pando, la Sala Constitucional Primera de Cobija dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La medida fue emitida por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La información fue confirmada por la senadora opositora Andrea Barrientos, presente en el acto judicial y citada en una nota de Los Tiempos.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

El diputado por CC Pablo Arízaga, desde sus redes sociales, criticó la medida e indicó que la acción popular “acaba de fulminar el proceso de Elecciones Judiciales 2024” (sic).

Lea más: Salame dice que ningún tribunal puede frenar la preselección a las judiciales

“No puedo llamarlos vocales, hemos llegado a un punto óptimo de ignorancia en las instituciones públicas que la excepción es tener conocimiento. Sotelo, se pasó de los límites hoy. ¿Sus fundamentos? Que no tienen los mismos derechos las mujeres de Pando porque su Universidad no es la misma que la de mi departamento y que por eso debe anularse todo y lanzar nueva convocatoria. ¿Pueden creer? Si, es vocal y no solo ello, presidente del Tribunal Departamental de Justicia” (sic), escribió Arizaga

Añadió que de la vocal Salazar “no esperaba más que su ratificación política partidaria”, esto en razón de que era candidata por el Movimiento Al Socialismo (MAS), por la circunscripción número 1 de Pando.

“Espero, que hoy todos los que nos lanzaron cohetes y dardos, mientras teníamos que lidiar con este bloque de ignorantes y corruptos, comprendan que debíamos estar unidos, hoy, nos sepultaron a todos juntos. Hasta aquí llegamos, pero por el momento. Este abuso no es eterno, lo sabe bien quien les enseño estas prácticas” (sic).

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