Nacional

miércoles 1 dic 2021 | Actualizado a 12:44

Brasil: Caso Soza no afecta ‘en absoluto’ relación con Bolivia

Embajada. Tampoco son obstáculo las represas en el vecino país

/ 22 de marzo de 2014 / 07:23

El pedido de refugio que el exfiscal Marcelo Soza presentó a Brasil no afecta “en absoluto” la relación bilateral con Bolivia, señaló enfático el encargado de Negocios de la embajada de ese país, Joao Luiz Pereira Pinto.

Ante la pregunta de que el refugio de Soza, junto al del senador opositor Róger Pinto en el vecino país, sea un factor, entre otros, de la no llegada de la presidenta Dilma Rousseff a Bolivia, Pereira Pinto (que tiene rango de embajador interino de Brasil) replicó que si la Mandataria no viene es solo por “problemas de agenda”.

La visita de la Presidenta brasileña a Bolivia viene siendo postergada desde abril de 2013, cuando el 5 de ese mes, en San José de Chiquitos (Santa Cruz), debían reunirse los jefes de Estado de Bolivia, Brasil, Perú y Chile (representado el último por el mandatario de entonces Sebastián Piñera) para la inauguración de la carretera bioceánica entre los océanos Pacífico y Atlántico. Aquella vez, la reunión fue suspendida también por razones de agenda: “hay agendas que no han sido compatibilizadas”, informó el 3 de abril de 2013 el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

La actual relación entre Bolivia y Brasil tampoco se ve afectada, aseguró Pereira Pinto, por las represas San Antonio y Jirau, construidas sobre el río Madera, que según denuncia de instituciones ambientalistas incidió negativamente en las recientes inundaciones del Beni. La represa de San Antonio se encuentra a 180 kilómetros de la frontera con Bolivia y la de Jirau, a 80 kilómetros.   

Ante la interrogante de la prensa de si el tema de las represas será parte de la agenda bilateral en la visita a Bolivia del canciller brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, el 7 de abril, el encargado de Negocios Pereira afirmó que existe esta posibilidad.

“La agenda entre Brasil y Bolivia es tan intensa, tan grande, que es posible que este tema sea tocado, pero no es el único tema. Tenemos 3.500 kilómetros de frontera, tenemos una historia en común, problemas comunes, que van más allá del tema de las represas”, insistió.

Brasil no tiene embajador oficial desde agosto de 2013; el 29 de ese mes, Marcel Biato, junto al encargado de Negocios, Eduardo Saboia, fue destituido por la huida, con ayuda de la embajada, del senador Róger Pinto hacia ese país.

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Arias dice que pese a discrepancias se genera confianza y buena política con Arce

El martes, el presidente Luis Arce y los alcaldes de capitales más El Alto conformaron comisiones y se descartó que la Ley 1407 sea inconstitucional y que vulnere las autonomías de los gobiernos subnacionales.

La reunión del martes entre Arce y los alcaldes. Foto: Twitter de Iván Arias

/ 1 de diciembre de 2021 / 12:09

El martes salió humo blanco de la reunión entre el presidente Luis Arce y los alcaldes de las capitales más El Alto, por la Ley 1407. Ante ello, el alcalde de La Paz, Iván Arias, señaló este miércoles que se logró un acuerdo “por la gente” y expresó su satisfacción por la generación de confianza y “buena política” con el Gobierno.

Arias fue uno de los críticos a la norma sobre el Plan de Desarrollo 2021-2025. Pero en la cita en la Casa Grande del Pueblo, fue parte de la conferencia en la que se anunció la conformación de comisiones para despejar cualquier duda, y que la ley no es inconstitucional y no atenta contra las autonomías de los gobiernos subnacionales.

“Nuestras discrepancias con el presidente Arce pueden seguir, pero nos hemos puesto de acuerdo por la gente, para la gente, porque estamos cerca de la gente. Estoy contento porque hemos generado confianza y buena política que anteponen el beneficio colectivo, el bien común” (sic), escribió el alcalde en su cuenta de Twitter.

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Tras la reunión Arce-alcaldes, CC analizará retiro de proyecto para anular Ley 1407

El diputado Enrique Urquidi dijo que espera que el Gobierno deje de lado la imposición y apueste por espacios de diálogo antes de promulgar leyes que son aprobadas por el MAS en el Legislativo sin debate.

El diputado Enrique Urquidi, en la entrevista virtual con La Razón Radio.

/ 1 de diciembre de 2021 / 10:55

Ante la reunión del presidente Luis Arce con los alcaldes de las capitales más El Alto en la que se desinfló la tensión por la Ley 1407, el diputado Enrique Urquidi, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), adelantó que su frente analizará el retiro del proyecto de ley para abrogar esta norma sobre el Plan de Desarrollo 2021-2025.

El martes, la cita en la Casa Grande del Pueblo arrojó frutos, con la conformación de comisiones de trabajo para despejar todas las dudas sobre la normativa y la aceptación de que ésta no es inconstitucional y no implica un atentado contra las autonomías de los gobiernos departamentales, municipales y regionales.

Precisamente ese discurso alimentó la presión contra la Ley 1407, el cual sirvió de base para la propuesta de CC en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, Urquidi abrió las puertas a debatir si el pedido legal de anulación continuará por parte de su partido. Hizo la declaración este miércoles, en entrevista con La Razón Radio.

Eso sí, el diputado aclaró que el que tiene que cambiar de actitud es el Gobierno, abriendo espacios de diálogo con legisladores y autoridades subnacionales antes de la promulgación de leyes, y que no use el apoyo de los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) para aprobarlas, demostrando “verticalidad e imposición”.

En cuanto a la agenda de la nueva legislatura que asumió en noviembre, remarcó que la prioridad es la discusión y la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, que fue remitido por el Órgano Ejecutivo al Legislativo. Aunque adelantó que hay preocupaciones por la programación del déficit fiscal, los bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) y la fuente de financiamiento. “No podemos seguir en el despilfarro”, dijo.

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Protestas evitan que Camacho abandone de forma expedita aeropuerto de Tarija

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró que el MAS envió grupos de choque a la terminal aérea, por miedo a la propuesta del federalismo

Luis Fernando Camacho. Foto: Gigavisión.

/ 30 de noviembre de 2021 / 23:35

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tuvo problemas la noche de este martes al abandonar el aeropuerto de Tarija, porque un grupo de personas relacionadas con sectores sociales se apostó en los alrededores de la terminal aérea para impedir su ingreso a la ciudad.

“¡Asesino!” y “¡Fuera de Tarija!” gritaban las personas que se movilizaban fuera de la terminal aérea, para evitar que Camacho ingrese a la ciudad, donde este miércoles tiene previsto participar de un encuentro sobre su propuesta de avanzar en el federalismo.

“Este discriminador cree que está en Santa Cruz, aquí es Tarija y se respeta. Aquí no queremos sangre, no queremos extranjeros que vengan a dominarnos”, cuestionó Carlos Acosta, uno de los movilizados entrevistado por la periodista de la estatal Patria Nueva.

Mientras que Camacho, desde su cuenta en Facebook, acusó al Movimiento Al Socialismo (MAS) de movilizar grupos de choque para evitar su ingreso a la ciudad y el encuentro sobre federalismo.

“Si necesitábamos una prueba de que el masismo se asustó con el FEDERALISMO, aquí la tenemos. Movieron sus grupos de choque al aeropuerto de TARIJA para impedir que realicemos mañana un conversatorio sobre el Modelo de Estado Federal”, escribió en su muro de Facebook.

Añadió: “Tienen miedo y por eso se vuelven más violentos, pero no lograrán nada, el masismo es un proyecto agotado”.

La red Gigavisión informó que Camacho logró salir de la terminal aérea, burlando el control que ejercían los movilizados.

Video: La Yapita digital

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Arce y alcaldes acuerdan que la Ley 1407 respeta la autonomía, forman comisiones

El presidente Luis Arce se reunió este martes con autoridades de las nueve alcaldías de ciudades capitales y El Alto. En las comisiones se trabajará en la reactivación económica y la lucha contra el COVID-19

La reunión entre alcaldes y gobierno en la Casa Grande del Pueblo, con la presencia del presidente Luis Arce.

Por Carlos Corz

/ 30 de noviembre de 2021 / 20:36

La reunión entre el presidente Luis Arce y autoridades de las nueve alcaldías de ciudades capitales y de El Alto acabó con el acuerdo de formar tres comisiones de trabajo y que se va a respetar las autonomías, en el marco de la aplicación de la ley 1407 sobre el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, destacó los avances alcanzados en la reunión y explicó que, entre otros aspectos, se decidió coordinar de forma directa la lucha contra el COVID-19 con municipios que tengan la suficiente logística y las acciones de reactivación económica.

“Está claro que la ley 1407 no vulnera a las autonomías, es muy importante en la coordinación que tenemos que tener con los niveles subnacionales”, afirmó Ruiz y en esa misma línea, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, aseguró que “hemos coincidido en que se va a respetar las autonomías”.

El 22 de noviembre, cuando habían pedido diálogo con Arce, los 10 alcaldes ya bajaron el tomo de las críticas a la Ley 1407 y explicaron que solo esperaban una explicación de dónde provienen los $us 33.197 millones del plan de desarrollo, mientras que las observaciones sobre si afecta o no las autonomías dejaba de ser un tema del bloque de ediles.

Jhonny Torrez, alcalde de Tarija y presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), valoró el diálogo y los acuerdos alcanzados para fortalecer las tareas de salud y de reactivación económica.

“La cultura del diálogo es la que debe primar. Hemos hecho un buen trabajo y ni bien sean convocados a esas mesas de trabajo, cada uno de los alcaldes tiene que enviar sus representantes y van a comenzar a coordinar todos los temas para la solución de los aspectos que ha anotado el municipalismo”, explicó.

Entre otros, estuvieron Ana Lucía Reis Melena, alcaldesa de Cobija; Cristhian Miguel Cámara Arratia, alcalde de Trinidad; Enrique Leaño, alcalde de Sucre; Iván Arias, alcalde de La Paz; y Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba.

Ruiz explicó que en las tres comisiones se hablará de salud, de la reactivación económica y de la lucha contra el contrabando.

De las mesas de trabajo, también formarán parte los representantes de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL).

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La Fiscalía pide 10 años de cárcel contra Áñez por el caso Golpe de Estado II

La Fiscalía presentó la acusación formal contra la expresidente Jeanine Áñez, por haber asumido la Presidencia del Senado sin respetar los procedimientos constitucionales y el Reglamento de Debates

La expresidenta Jeanine Áñez en una celda de la FELCC de La Paz, tras su aprehensión en marzo.

Por Carlos Corz

/ 30 de noviembre de 2021 / 19:46

La Fiscalía pedirá en el juicio oral la pena máxima de 10 años de cárcel contra la expresidente Jeanine Áñez, por haber asumido en noviembre de 2019 la Presidencia del Senado, lo que derivó en la toma de la Presidencia de Bolivia, sin haber cumplido con los requisitos constitucionales y el Reglamento de Debates.

La fiscal Lupe Zabala informó que la expresidenta está acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes en el caso Golpe de Estado II, que es la ampliación del proceso Golpe de Estado I, planteado por la exdiputada del MAS Lidia Patty.

“En este caso han sido acusados por los delitos de carácter ordinario, delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, debido a los hechos suscitados en noviembre de 2019. El Ministerio Público ha solicitado la pena máxima que son 10 años”, informó.

La determinación se da en el marco de la presentación de la acusación formal contra Áñez, quien se encuentra en la cárcel desde marzo, primero por el caso Golpe de Estado I y posteriormente por el denominado proceso Golpe de Estado II.

Según la investigación, Áñez tomó la presidencia del Senado en una sesión sin quórum y siendo de la fuerza minoritaria, contrario a lo que fija el Reglamento de Debates, otorgar la Presidencia a la fuerza mayoritaria, en ese caso el MAS. Luego, se autoproclamó Presidenta de Bolivia en una sesión legislativa sin quórum.

Desde su cuenta en Twitter, la expresidenta cuestionó el lunes la acusación formal en su contra. “El objetivo es condenar a #JeanineAñez a cualquier precio. No les importa la independencia del Órgano Judicial, el derecho del pueblo a protestar por el fraude que cometió el MAS, comprobado por la OEA; no les importa haber instigado a la violencia ni destruir el país”, sostuvo.

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, aseguró este martes que se logró recolectar más de 70 pruebas y una veintena de testimonios contra la exsenadora y expresidenta, quien asumió el poder como resultado de reuniones de cívicos y líderes de la oposición tras la dimisión de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Morales dimitió acorralado por protestas cívicas que denunciaban fraude electoral en las justas de octubre de ese año, apoyadas en un informe de la OEA y que posteriormente fue puesto en duda por peritos externos, un motín policial y la “sugerencia” militar de dejar el cargo.

“En ese sentido, con esta acusación se concluye lo que es la parte de la etapa preliminar del proceso de investigación para ya atender lo que va a ser la instancia del juicio oral correspondiente”, explicó Quispe.

Además, están en la lista de acusados el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón, ambos prófugos de la justicia.

También figuran en la acusación formal Flavio Arce, excomandante de la Armada y exjefe de Estado Mayor; Carlos Orellana, excomandante de las Fuerzas Armadas; Jorge Fernández, exinspector de las Fuerzas Armadas; Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Jorge Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; y Palmiro Jarjury, excomandante de la Armada.

Ahora resta que la Justicia fije el inicio del juicio oral.

La expresidenta también es investigada por la designación irregular de Karina Fabiola Leiva Añez de Ruiz, como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020.

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