El encargado de Negocios de Brasil en Bolivia, João Luiz Pereira Pinto, afirmó que mientras el exfiscal Marcelo Soza tenga refugio temporal en su país, éste no podrá ser extraditado. Explicó que es una decisión técnica y no política a cargo del Conare.
Soza huyó a Brasil y solicitó asilo político el 11 de marzo; un día después, la embajada brasileña confirmó que el exfiscal estaba en su territorio y tenía un refugio temporal de 180 días, mientras la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) evalúa la petición.
El jueves, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que la Policía Internacional (Interpol) activó el “sello azul” para Marcelo Soza, para comenzar la búsqueda y localización con fines investigativos. El exfiscal es requerido en Bolivia para que enfrente tres procesos, uno disciplinario y dos por extorsión.
“Mientras esté en análisis el pedido (de asilo), no se le puede detener y no se le puede extraditar, la Policía brasileña no puede aprehenderlo, es como ocurre en cualquier sitio del mundo. En Bolivia hay prófugos brasileños que están en evaluación de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de este país”, dijo Pereira en una rueda de prensa en la ciudad de La Paz.
Petición. Agregó que el Conare, que analiza el pedido, es un ente colegiado en el que hay integrantes de diversas organizaciones del Gobierno brasileño, de la sociedad civil y de las Naciones Unidas, por lo que se obtendrá una decisión técnica y no política.
Tras la fuga de Soza, se difundió una carta que se le atribuye al exfiscal, misiva en la que se denuncia que hubo excesos en el caso Terrorismo y que se compró testigos para la investigación.
El diplomático brasileño remarcó que el estatus de Soza es como de cualquier extranjero que pidió refugio, o sea por 180 días está de forma condicional en territorio brasileño. “Las relaciones entre Bolivia y Brasil están en un momento muy bueno y este incidente con el exfiscal es apenas una cosa técnica, no política. Las relaciones son inmejorables y pueden mejorar”, sostuvo Pereira.
Soza encaminó la investigación del caso Terrorismo que tiene 39 acusados. El hecho data de abril de 2009, cuando en un operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra fue abatido Eduardo Rózsa, acusado de ser líder de un grupo separatista.
La supuesta carta de Soza provocó que los acusados en el caso de separatismo y políticos opositores pidan cerrar el juicio. Ante el hecho, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, sostuvo que con estas demandas se demuestra que hay intereses políticos para que el caso Terrorismo quede sin efecto. Acotó que estas acciones se estarían usando para intentar derrocar al gobierno del presidente Evo Morales. “No hay motivo para que el caso quede sin efecto”, añadió.
Tadic demandó a Bolivia
Proceso
Gerardo Prado, abogado de Mario Tadic, sindicado de ser parte del grupo acusado de separatista, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisa la demanda que presentó en contra del Estado boliviano, por vejaciones contra su cliente. Informó que la demanda fue presentada en 2009, luego de que Tadic fue enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz sin respetar sus derechos. Agregó que en las próximas semanas se tendrá una respuesta de la CIDH por la acusación “Mario Tadic vs. Bolivia”.
Juez deslinda culpa y señala a un fiscal
Yuvert Donoso
El Órgano Judicial volvió a deslindar su responsabilidad en el caso del exfiscal Marcelo Soza y, a través de un informe escrito dirigido a la Ministra de Justicia, el juez Hugo Michel señaló al fiscal Enrique Montaño como responsable de la suspensión de la audiencia donde debió tratarse la detención preventiva del exfuncionario del Ministerio Público.
En un informe solicitado por la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, el juez de la causa, Hugo Michel, hizo una relación de los actuados judiciales que comenzaron el 5 de abril de 2013 hasta la última decisión de fijar otra audiencia para el 16 de abril de 2014.
En abril de 2013, el Ministerio Público inició la investigación en contra de Soza, por la probable comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y abandono del cargo. El 28 de enero de 2014 se presentó la imputación formal contra el exfiscal y se solicitó audiencia de medidas cautelares.
El 17 de febrero, Michel instaló la audiencia de medidas cautelares, sin presencia de Soza. Ese día, Montaño solicitó suspender la reunión porque desconocían si la orden instruida había sido diligenciada, aspecto que se mantiene ahora.
El Tribunal que analiza una recusa halla errores
W.F.
Fuentes judiciales informaron que el Tribunal 2° de Sentencia de La Paz observó los expedientes del caso Terrorismo, por lo que los devolvió al Tribunal 1° de Sentencia, antes de analizar y pronunciarse sobre la recusación solicitada por los acusados en este juicio.
Explicaron que el jueves llegaron los 128 cuerpos del proceso por alzamiento armado al Tribunal 2° de Sentencia, pero algunos de ellos fueron devueltos al Tribunal 1° por errores de foliación que fueron detectados, los que deben ser subsanados. Hasta ayer fueron devueltos al menos 15 cuerpos, mientras que los otros seguían en etapa de revisión y serán despachados en al menos una semana.
Este hecho generó que el juicio oral del caso Terrorismo se paralice, debido a la recusación presentada por Ignacio Villa Vargas, El Viejo, contra el Tribunal 1°. El presidente de la corte recusada, Sixto Fernández, explicó que las observaciones serán subsanadas y que el otro tribunal tendrá 48 horas para resolver la demanda.
Para el fiscal Sergio Céspedes, la recusación no es legal y debe ser rechazada, porque la ley indica que solo se puede recusar al 50% de un tribunal y no al 100%.