El embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, informó que el exfiscal del caso Terrorismo Marcelo Soza dejó su carta en el Consulado boliviano en Brasilia, aunque aclaró que no la legalizó porque no tramitó el reconocimiento de firma. El representante diplomático explicó a La Razón que ante esa falta de reconocimiento de firma de Soza, esa misiva no se convierte en un documento legal.
El lunes, el abogado Otto Ritter, defensor de Gary Prado Salmón, acusado en el caso Terrorismo, afirmó que la carta atribuida a Soza —publicada el 12 de marzo y en la que se denuncia irregularidades en la investigación del citado caso judicial— fue notariada en Brasil y que fue presentada ante el Consulado en Brasilia para su correspondiente legalización.
“Lo que hizo el señor Soza es dejar un documento, por lo que se le selló el formulario donde indica que él dejó el documento, pero no legalizó ningún escrito. Lo único que hizo es dejar correspondencia y llenó el formulario que se entrega a cualquier persona que deja papeles, esto para que conste que dejó algo”, informó Justiniano desde Brasil.
Aseveró que el procedimiento que siguió el exfiscal del caso Terrorismo no tiene ningún valor legal, ya que sólo le faculta a reclamar o constar que sí dejó una misiva en el Consulado de Bolivia en Brasilia.
El 11 de marzo se confirmó la fuga del exfiscal que pidió asilo en Brasil, país que le dio 180 días de refugio temporal, mientras su situación es evaluada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare). Al día siguiente se publicó la citada carta en la que Soza dijo que teme por su vida y denunció violaciones a los derechos humanos de los acusados de terrorismo y extorsiones por parte de un exfuncionario del Ministerio de Gobierno.
Soza es buscado por la Justicia boliviana para que asuma su defensa en tres procesos instaurados en su contra. Uno por falta disciplinaria en el caso Terrorismo, por no asistir a audiencias, y otros dos por el delito de extorsión a familiares de los acusados en este proceso que está en fase oral.
Además, Justiniano explicó que el Cónsul de Bolivia en Brasilia no puede legalizar el documento porque Soza tiene que ir a firmar un libro para que se haga el reconocimiento de rúbrica, esto como un procedimiento legal que siguen todos los notarios de fe pública, función similar que desempeña un cónsul en el exterior.
“No se legalizan los documentos, se legalizan las firmas del documento, porque lo que hace el notario, que es el cónsul (en este caso), es el trabajo de un notario de fe pública en el exterior del país”, explicó el diplomático. Ante la salida ilegal de Soza, el 13 de marzo, el presidente Evo Morales dijo que con la fuga el exfiscal demuestra que es un “delincuente confeso”.
Tras la huida del exrepresentante del Ministerio Público, los acusados y políticos de la oposición presentaron recursos de nulidad del juicio por Terrorismo, proceso que se paralizó hace una semana porque se espera que el Tribunal 2° de Sentencia resuelva una solicitud de recusación de todo el Tribunal 1° de Sentencia de La Paz, que lleva el caso en la ciudad de Santa Cruz.
Tras informar que se dictó un mandamiento de aprehensión en contra de Soza, el fiscal general, Ramiro Guerrero, confirmó el 14 de marzo que la Policía Internacional (Interpol) activó el “Sello Azul” en su página web oficial, para la búsqueda y localización del exfiscal con fines investigativos
No obstante, el encargado de Negocios de Brasil en Bolivia, Luiz Pereira, aclaró que mientras esté en análisis el pedido de asilo de Soza, no se le puede detener y no se le puede extraditar. “La Policía brasileña no puede aprehenderlo, es como ocurre en cualquier sitio del mundo”, indicó.
Diputados conforman comisión
Proceso
La expresidenta de la Cámara Baja Rebeca Delgado informó ayer que un grupo de asambleístas disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), del Movimiento Sin Miedo (MSM) y de Convergencia Nacional (CN) conformaron la comisión denominada “justicia y verdad”, para fiscalizar las investigaciones de los casos Terrorismo I y II, una red de extorsión, Chaparina, del exmayor Fabricio Ormachea y del exfiscal Marcelo Soza. El MAS cuestionó su legalidad.
Brasil no tiene registro oficial de la misiva del exfiscal
W. F.
La Embajada de Brasil en Bolivia informó ayer que no existen registros de legalización de alguna carta del exfiscal Marcelo Soza en la Cancillería brasileña. El informe que dio a conocer la representación diplomática a este diario indica que en “consularización de documentos no tienen el registro de esa carta”, pese a que la misiva del exfiscal no necesita legalización para enviarla a Bolivia u otro país.
No obstante, se explicó que si Soza quisiera que su documento tenga validez en territorio brasileño, tendría que haber enviado aquél a la citada oficina diplomática en la Cancillería de Brasil.
Se agregó que existe la posibilidad de que no haya un registro de la carta de Soza por una reestructuración que existe actualmente en la citada repartición, ya que ahora se habilitó la oficina de registros consulares. Soza goza de refugio temporal de 180 días en Brasil, mientras se analiza su pedido de asilo.
ONU sugiere a Soza retornar al país
W. F.
El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, Denis Racicot, sugirió al exfiscal Marcelo Soza volver al país para aclarar su situación. También pidió al Gobierno darle las garantías necesarias para que retorne a Bolivia. La posición surge tras la fuga de Soza y las acusaciones de extorsión en su contra y las irregularidades que se denuncia en una carta atribuida a él.
“Tanto por el bienestar común de la población, como de las personas que han sido sujeto a su trabajo, pensamos que es importante que responda (Soza) eventualmente ante la Justicia y que el público de Bolivia sepa qué ocurrió efectivamente”, sostuvo Racicot.
Agregó que Soza debe retornar al país porque el exfiscal trabajó durante varios años con distintos casos importantes, en particular el caso Terrorismo, y como profesional abogado es importante que las acusaciones que se formularon en su contra —que por el momento son imputaciones— deberían evacuarse en forma completa para permitir a la opinión pública tener la verdad judicial en el proceso que existe.
Racicot señaló que si se diera el retorno del exfiscal, el Gobierno de Bolivia debería brindar las garantías personales necesarias para que se esclarezca toda la información en su contra. El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos demandó también llegar a la verdad jurídica en el caso Soza, así como en todos los otros que llevan años sin resolverse, para evitar la impunidad.