Yapacaní, como los municipios de San Germán Kilómetro 7 y Buena Vista, están considerados como “el epicentro de producción de cocaína” y lo que se busca con la construcción del cuartel de Umopar es evitar que el narcotráfico tome el control de la zona, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Demandó a la población movilizada dejar de lado sus protestas.
La posición de la autoridad fue apoyada en resultados conseguidos por efectivos de la Unidad de Patrullaje Rural (Umopar), asentados en la zona desde hace dos años, y que a la fecha lograron la incautación de 15 toneladas de droga, la destrucción de 6.021 fábricas móviles, 39 laboratorios de cristalización de droga y pistas clandestinas de aterrizaje.
“Queremos evitar que reine la ley de pichicatero (narcotraficante). No queremos que Yapacaní se convierta en territorio que se somete a la ley y la autoridad del pichicatero, queremos que sea lo que ha sido históricamente, para Santa Cruz y Bolivia, una población de la que nos sentimos orgullosos por su potencial productivo, dinámica población y riqueza natural, turística”, destacó en una entrevista con el canal estatal.
Habitantes de la población iniciaron acciones de protesta para evitar la construcción del cuartel con argumentos de que podrían ser víctimas de violación de sus derechos en el futuro. Suspendieron ayer el bloqueo caminero que protagonizaron, aunque están declarados en emergencia. El alcalde Zenobio Meneses atribuyó la presencia del narcotráfico a la coca que es llevada a la zona desde el Chapare.
Romero señaló que pequeños grupos de la población alientan las protestas por intereses. “No puede ser que algunos agitadores, irresponsablemente, colaboren con estos narcotraficantes, mintiéndole a la gente, diciéndole que la Policía va a ir a violar sus derechos, cuando estará para proteger a la gente de los pichicateros y narcotraficantes”, insistió.
La obra demandará más de un millón de euros y permitirá que un mayor número de efectivos sean desplazados a la zona, donde actualmente operan 100.
“El trabajo de construcción no puede pararse por el capricho e interés de algún grupo de personas que pueden estar vinculadas directa o indirectamente con el narcotráfico”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.