El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Dennis Racicot, aboga porque se conozca “la verdad judicial” de las denuncias de extorsión que pesan en contra del exfiscal del caso Terrorismo Marcelo Soza, y aclaró que no puede pronunciarse sobre el retorno del acusado de Brasil o extradición.
“Tenemos que saber si es cierto o no si estaba implicado como servidor público utilizando su posición para obtener beneficios económicos, el punto es en qué casos, si es cierto o no. Eso sí, si el señor Soza sí lo ha realizado (extorsión), no estaba cumpliendo sus deberes como servidor público”, afirmó en una entrevista con la emisora estatal Patria Nueva.
Es acusado de extorsionar a vinculados con el proceso de separatismo y terrorismo que investigó desde 2009 hasta el primer semestre de 2013. Vinculó a líderes cruceños con los hechos desatados en abril de 2009, tras un operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz que acabó con la muerte de tres de cinco miembros del grupo irregular, entre ellos Eduardo Rozsa.
El 12 de marzo se conoció que el exfiscal estaba en Brasil y que pidió asilo político, mientras que en la capital oriental fue encarcelado su abogado Moisés Ponce de León, también vinculado con las denuncias de extorsión. La senadora de oposición Carmen Eva Gonzales calculó que el acusado habría logrado recaudar al menos cinco millones de dólares de sus víctimas.
“En su momento sería importante para Bolivia y la opinión pública nacional que se sepa a través de las casos judiciales que se han abierto la verdad judicial en cuanto a la labor de Soza”, abogó el representante del organismo internacional, quien aclaró que no está entre sus competencias pedir retorne o exigir la extradición del solicitante de asilo en Brasil.
La exautoridad fue beneficiado con un asilo temporal de 180 días; tiempo en el que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) deberá definir su situación.