La Defensoría del Pueblo halló responsabilidad estatal en los hechos de violencia de agosto de 2013 en el penal de Palmasola, Santa Cruz, que derivó en la muerte de más de 30 personas y otro número similar de heridos. “Hubo una masacre por más de una hora”, afirmó el defensor Rolando Villena, durante la presentación del informe del caso.
“En los luctuosos acontecimientos emerge la responsabilidad estatal por el incumplimiento del deber de custodia y resguardo de personas que se encuentran bajo su cuidado, además de una directa participación de funcionarios policiales, como es el “Cabo Llavero”, quien habría propiciado el ingreso de los internos del bloque “B” al abrir la puerta de los bloques fuera de horarios”, informó, según una nota de prensa de la institución.
“(En Palmasola) hubo una masacre por más de una hora, en la cual no intervino ninguna autoridad policial y menos que se haya tomado el control sino hasta que la refriega hubiera acabado, momento en el cual recién la policía boliviana habría ingresado al lugar”, afirmó apoyado en los resultados del informe sobre lo ocurrido en 2013.
La madrugad de ese 23 de agosto, un grupo de reos del Pabellón B de la sección de Chonchocorito de la cárcel atacó a sus pares del Pabellón A con armas punzocortantes y fuego por la explosión de garras de gas licuado de petróleo, que dejaron heridas de consideración en varios presos, entre ellos un niño, que pereció calcinado.
El conflicto comenzó cerca a las 05.00 y fue controlado pasadas las 07.00. La pugna por espacios de poder habría desatado la pelea con el saldo de muertos y heridos. La Fiscalía inició una investigación en febrero se informó que 23 presos serán imputado.
De acuerdo al documento defensorial, “en lo que respecta al derecho a la integridad personal y vida se debe destacar que existieron actos que configuran los elementos de la tortura, al haber sometido intencionadamente a las víctimas a dolores y sufrimientos graves, tanto físicos como mentales, actos cometidos con la aquiescencia y consentimiento de las autoridades penitenciarias, quienes inclusive habrían facilitado el ingreso de los atacantes”.
El informe fue remitido a autoridades locales y nacionales. Contiene recomendaciones al Fiscal Departamental de Santa Cruz para que instruya una investigación del personal policial que se encontraba realizando la custodia de Palamasola, en especial de aquellos policías responsables del sector Chonchocorito y, particularmente, del policía que cumplía las funciones de “cabo llavero” esos días.
Al Ministerio de Gobierno recomienda elaborar e implementar una política de prevención de situaciones críticas en centros penitenciarios que prescriba la estructura, construcción, mejoras, manutención y operación de los centros de detención, así como todos los mecanismos materiales que reduzcan al mínimo el riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia y al Ministerio de Salud, que se realicen las acciones pertinentes a fin de lograr el restablecimiento de la integridad física, emocional y psicológica de las víctimas de los hechos”.
Villena sostuvo que el resultado de la investigación presentado en Santa Cruz fue elaborada a partir de los datos obtenidos en las verificaciones defensoriales realizadas en el lugar de los hechos; los informes complementarios; los testimonios recabados, así como las declaraciones oficiales sobre lo acontecido.