El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Juan Villca, afirmó que el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) cesará de la presidencia de ese partido a Evo Morales.

Anulado un congreso celebrado en octubre del año pasado de Lauca Ñ, el tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió no registrar sus resoluciones y amplió el mandato de la dirigencia del MAS electa en 2017.

“Aún no se han percatado que este paraguas que le ha hecho el Órgano Electoral, que le ha permitido seguir prorrogándose hasta el 5 de mayo, se acaba el 5 de mayo. Después del 5 de mayo, no es más presidente”, dijo a los periodistas.

Así, Villca se refirió al plazo fatal que el TSE emitió para que los 11 partidos de alcance nacional presenten sus nuevas directivas.

Congreso del MAS

En ese afán, el ala evista del MAS presentó una convocatoria para un congreso nacional y cumplir con lo dispuesto por la Sala Plena del TSE, pero su llamado fue observado por incumplimientos a su estatuto. Ese encuentro está previsto para el 10 de julio en el estadio Bicentenario del municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.

Por su parte, alertadas por una posible “proscripción” del MAS, las organizaciones matrices del Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, decidieron convocar a un congreso el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto. Ese llamado también fue observado.

Ambas facciones afirman que cuentan con el apoyo de las organizaciones sociales y la militancia de ese partido que, según Villca, “supera el millón”.

El TSE aún no definió la “legitimidad” de ninguna de las dos convocatorias.

“Estamos en puertas de la irresponsabilidad de Evo morales de proscribir al MAS; le pusieron el límite y las organizaciones decidieron salvar al instrumento político”, agregó Villca.

Evo Morales

En criterio del viceministro, a los simpatizantes de Morales “solo le interesa que Evo Morales siga sobreviviendo (políticamente)”.

Una vez más reclamó para las organizaciones sociales la “propiedad del MAS” y dijo que son ellas las que deben definir qué ocurre en adelante.

“El MAS es de las organizaciones (…). No estamos peleando entre grupos, estamos velando por los derechos de más de un millón de militantes. El 5 de mayo ya no existe esa dirección nacional”, insistió.

Consideró que “no solo va a ser derrotado el evismo, sino las formas verticales de gobierno”

Aún pendiente la respuesta del TSE sobre el congreso del MAS, ambas facciones defendieron, por separado, tener la razón y el respaldo de la militancia del “instrumento político”.

El presidente Luis Arce impulsa el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocado por el Pacto de Unidad para mayo en El Alto y dijo que ese encuentro permitirá a las organizaciones “recuperar” el denominado “instrumento político”.

“La próxima semana tenemos un congreso, donde estamos seguros que vamos a mostrar la verdadera fuerza de las organizaciones sociales y recuperar el instrumento político”, dijo el mandatario en la inauguración del ampliado extraordinario del MAS en Tarija.

Arropado por organizaciones sociales de esa región, Arce volvió a reivindicar a las organizaciones sociales como “dueñas” del MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos).

Las declaraciones de Arce ocurren en medio de la discusión sobre la legitimidad de la convocatoria a un congreso nacional de esa organización política.

Congreso

Por un lado, la facción liderada por el jefe del MAS, Evo Morales, confirmó su encuentro para el 10 de julio de este año, en Villa Tunari, Cochabamba. Mientras que el bloque arcista ratificó su congreso para el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

Ambas convocatorias se enfrentan a la presión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que conminó al MAS a presentar su convocatoria hasta el pasado lunes, luego de una serie de observaciones.

Aún no se conoce la respuesta del TSE sobre cuál de las convocatorias goza de “legitimidad”.

“No hay nadie que se crea dueño del instrumento político, no hay dueño del MAS nacional ni del MAS de Tarija; los únicos dueños son las organizaciones sociales”, agregó el mandatario y volvió a defender el congreso previsto para mayo.

La discusión por la legitimidad de ambas convocatorias generó un intercambio de críticas entre ambas facciones del MAS.

Luis Arce

Miembros del arcismo calificaron de “caudillo” a Morales, de quien además dijeron que no es dueño de ese partido. Incluso, el vicepresidente David Choquehuanca, sin alusiones directas, defendió el cambio de liderazgos en esa fuerza. “Deben ser líderes sanos, apegados a la verdad y comprometidos con su pueblo”, pidió en varias ocasiones.

Por otro lado, la facción evista y el mismo Morales calificaron a Arce de “traidor” y de “derechizador” del llamado proceso de cambio. En medio del quiebre interno, el exmandatario y sus seguidores denunciaron un supuesto plan negro que, según dijeron, busca la inhabilitación de Morales a las elecciones presidenciales de 2025.

“No vamos a retroceder, sus amenazas y críticas no nos amedrentan”, arengó Arce.

Distanciados políticamente, Arce y Morales promueven la legitimidad del congreso, pero el TSE determinara aquello, cuando comunique su decisión respecto de las dos convocatorias.

La audiencia para la resolución de una acción popular en contra de la Ley 1549 fue fijada para el lunes a las 09.00 en Cochabamba. Se trata de un recurso de acción popular presentado por la abogada Yeny Dury Bautista, que denuncia la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección a las elecciones judiciales.

Ese recurso fue presentado por la profesional el 18 de abril, en Cobija, Pando, ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Solicita la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

Según la denuncia, no existen candidatas pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos de Pando habilitadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como dispone la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Elecciones judiciales

Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui advirtió que ese amparo puede afectar no solo parcialmente la fase de preselección, sino el proceso en su conjunto. Explicó que, en este caso, la denuncia no es por una vulneración a un derecho del postulante, sino por atropellos e irregularidades contrarias a lo establecido en la Ley de Elecciones Judiciales.

“Es un poco más complejo, porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante. Se está hablando, alegando, que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no estuviese permitiendo que en el caso de algunos departamentos puedan sus postulantes tener las mismas oportunidades (…); esa acción popular sí es para preocuparse”, sostuvo.

Proceso

El reclamo de la abogada está basado en el artículo 4 de la Ley 1549, que “garantiza una preselección equitativa de hombres y mujeres (…). En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas”.

Sobre eso, Jáuregui señaló que la determinación de esa acción popular puede “determinar la continuidad o la paralización” definitiva del proceso.

Hasta el jueves, se presentaron ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales; la Justicia otorgó tutela en cuatro casos, según informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas.

Un informe de la Defensoría del Pueblo identificó 103 conflictos en el primer trimestre de este año. La mayoría de esos hechos ocurrieron en los departamentos de La Paz y Santa Cruz.

“De 103 conflictos, los departamentos de La Paz y Santa Cruz, reportan respectivamente 18 y 17 hechos de conflictividad, determinando los que mayor cantidad de demandas plantean, seguidos de los departamentos de Potosí y Beni, con 16 y con 15 el departamento de Cochabamba”, dice el informe del Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), citado en una nota de la Defensoría.

Del total de esos casos, según el SIMAT, 75 fueron conflictos sociales como tal, mientras que 27 fueron alertas tempranas y hubo un acuerdo de resolución de conflicto.

Defensoría del Pueblo

El informe muestra que el principal motivo por las movilizaciones está relacionado con el ámbito laboral, “por la falta de pagos de haberes devengados; la suspensión y extinción de fuentes laborales por parte de los tres niveles del Estado.

“Los hechos de conflictividad en regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión”, añade la nota.

Entre sus ejemplos, cita los bloqueos de carreteras propiciados por sectores afines al expresidente Luis Arce que exigieron la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Asimismo, el informe muestra que, de la totalidad de reportes presentados, la mayor medida de presión utilizada por los actores demandantes es el bloqueo, como forma determinativa de exigencia de demandas.

Derechos

Aparte de lo expuesto, el documento identificó 39 casos del derecho al trabajo y empleo “que se han determinado por las tipologías laborales y económicas, lo que agrava más la situación del problema de estabilidad laboral o creación de fuentes de empleo.

También, advirtió la vulneración del derecho a la educación, principal función suprema del Estado, debe garantizar el acceso a este derecho humano y otros que se presentan en las gráficas del informe de conflictividad en Bolivia.

La Defensoría, según la nota, intervino en la resolución de conflictos “estratégicos”, entre ellos, elecciones judiciales y prórroga de autoridades judiciales, desabastecimiento de combustible, modificación a Ley de Pensiones, censo y límites municipales y departamentales, “elecciones primarias a través de las verificaciones in situ”, seguimiento y acciones para restablecer los derechos humanos.

La convocatoria a elecciones judiciales por parte de la Asamblea Legislativa fracasó en 2023 y fue reencaminada por la Declaración Constitucional 049/2023, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Frenado por recursos del ciudadano Miguel Ángel Balcázar —que consideró que los requisitos exigidos violaban la libertada de expresión— y el diputado de Creemos Leonardo Ayala, el proceso recayó en el TCP, que atendió, a instancias de la Cámara de Diputados, una consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley 144, de Elecciones Judiciales, aprobado en la Cámara de Senadores el 31 de agosto de 2023.

El TCP declaró inconstitucional el proyecto de ley a través de la Declaración Constitucional 049/2023, del 11 de diciembre de 2023, que, a su vez prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017, y conminó a la Asamblea Legislativa a la convocatoria inmediata de nuevas elecciones judiciales.

Elecciones judiciales

Los magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y los consejeros del Consejo de la Magistratura fueron elegidos por voto popular en 2017 y asumieron sus funciones el 3 de enero de 2018. Su mandato constitucional de seis años debía terminar el 2 de enero de este año, pero fue prorrogado por el TCP.

Ahora continúan en sus funciones, hasta que las elecciones judiciales arrojen a sus sustitutos.

Los comicios no terminan de reencaminarse en la Asamblea Legislativa debido a otro recurso constitucional, ahora interpuesto por la postulante inhabilitada Margarita Medrano, que frenó el proceso de evaluación oral y escrita de los 404 aspirantes.

Los plazos se acortan. La Ley 1549 prevé 80 días calendario para la preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa; faltan solo ocho días para dicho fin.

Aprobada la lista de 192 postulantes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá 150 días para organizar los comicios judiciales.