El procurador general del Estado, César Siles, aclaró este martes que el caso de presunta corrupción en una la implementación de planta de litio en el salar de Uyuni involucra a 12 personas que ya cuentan con mandamiento de aprehensión.

En conferencia de prensa, aclaró que el proceso no solo incluye al exministro de Minería y también exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, como reclamó el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Todos (los 12 investigados) tienen un flujo migratorio importante y reciente, que existen suficientes elementos de convicción, entre ellos, riesgo de fuga u obstaculización (…). Se expidieron 12 mandamientos de Aprehensión. No únicamente se encuentra aprehendido Echazú, sino que fueron aprehendidos Jorge Flores Mamani y Pol Quiroz Barrionuevo”, dijo en conferencia de prensa.

El jueves, la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

“Son graves hechos de corrupción: incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado”, detalló Siles.

El procurador remarcó que, desde el viernes, cuando comenzaron los actos investigativos del caso, se realizaron varias inspecciones y la toma de declaraciones “para recabar información” y dar con las personas responsables de esos actos.

“Son tres los hechos que se están investigando. Primero, la unidad solicitante que realizó las especificaciones técnicas mal elaboradas, mal diseñadas, que dieron lugar a un daño económico al Estado, luego, la supervisión y fiscalización, mal realizada y el mantenimiento que no se les ha dado a las piscinas”, explicó.

Relató que, en 2021, la construcción de la planta de carbonato de litio estaba en un estado “realmente lamentable y deplorable”, debido a que la infraestructura apenas “se encontraba en cimiento”. Detalló que las piscinas de esa factoría estaban “sin funcionar y en muy malas condiciones”.

“Hubo deficiencias en el diseño estructural de ingeniería, porque bajo esas condiciones nunca se hubiera llegado a la producción de carbonato de litio. El origen de estos delitos es el diseño, los términos de referencia y las especificaciones técnicas”, explicó Siles.

Recordó que la Procuraduría, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), el Ministerio de Hidrocarburos y el Gobierno son las partes denunciantes de estos hechos y que las investigaciones seguirán su curso.

La detención de Echazú, de 74 años de edad, generó revuelo y varias críticas, principalmente en la arena política, pues al ser parte del gobierno de Evo Morales, algunos atribuyeron el hecho a una “decisión política”.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe admitió que la crisis del Movimiento Al Socialismo (MAS) “es un círculo vicioso” que gira en torno al incumplimiento de su estatuto orgánico.

El artículo 13 establece que “el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.

El MAS se encuentra estancado en la realización de su congreso debido a la crisis interna que atraviesa el partido. Por un lado, la facción arcista, representada por el Pacto de Unidad, presentó su solitud al TSE de acompañamiento a un congreso el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.

El ala evista solicitó, ante el mismo tirbunal, el acompañamiento de su congreso del 10 de junio en Villa Tunari, Cochabamba. Ambas solicitudes fueron archivadas por incumplimiento del artículo 13, en ambos casos.

En entrevista con La Razón Radio, el periodista Rubén Atahuichi preguntó a Tahuichi: ¿Será un círculo vicioso el hecho de que el TSE exija el cumplimiento del estatuto y el partido no cumpla?

“Es verdad lo que dice”, respondió el vocal. Al mismo tiempo, recordó que el artículo 13 dice que la convocatoria es realizada por su dirección nacional, previa coordinación con las organizaciones matrices.

Dicho estatuto establece que esas organizaciones fundadoras del instrumento político son las confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa y Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. Éstas apoyan al gobierno de Arce.

“Este estatuto lo han escrito ellos. Nosotros no nos inmiscuimos en su democracia interna, pero si supervisamos que se cumpla su estatuto”, aclaró el vocal Tahuichi.

Asimismo, confirmó que el lunes se cumplió el plazo para que el MAS presente ante el TSE su convocatoria para el congreso nacional con fines de elegir su nueva directiva. Ambas facciones indicaron que cumplirán con los requisitos del Órgano Electoral.

El vocal adelantó que el incumplimiento de los partidos políticos a las determinaciones del TSE merece amonestaciones que, al sumar tres, pierden su personería jurídica. Hasta el momento, el MAS no tiene infracciones, pero en caso de incumplir con la renovación de directiva sufriría la primera amonestación.

Recordó a los partidos políticos que el 5 de mayo es el plazo final para que presenten sus directivas renovadas y adecuación de sus estatutos, sino cumplen serán pasibles a una amonestación.

El MAS atraviesa una de sus crisis más profundas desde 2022, cuando el expresidente Evo Morales denunció un “plan negro” en su contra por parte del Gobierno del presidente Luis Arce.

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De la mano del líder del partido, Evo Morales, varios diputados y figuras del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron que la detención del exministro de Minería Luis Alberto Echazú carece de legalidad y que se trata de un caso de “persecución política”.

“Denunciamos la detención ilegal de Alberto Echazú, exministro de Minería. Ayer nuestro compañero durmió en una celda común, sin baño de la FELCC. Incluso había un preso que chillaba en la celda y escupía a todos. Ésta es la evidencia de que tenemos un Lenín Moreno en nuestra patria”, escribió el martes Morales en su cuenta de X.

Detención

Echazú fue detenido el mediodía del lunes luego de que la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado presentaran una denuncia ante el Ministerio Público por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, por más de Bs 425 millones.

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El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, insistió en que Echazú y los otros implicados en la denuncia deben responder por qué la inversión de $us 1.000 millones no logró resultados óptimos. Según el funcionario, la planta fue encontrada “en cimientos”.

La expresidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra mostró su inconformidad con la detención. “Llama la atención la irregularidad con la cual actúa la justicia en desmedro de las garantías jurisdiccionales. Confiamos en su integridad y honestidad, rechazamos el abuso con el cual buscan callar las voces de nuestros compañeros”, se expresó en X.

La defensa de Echazú señaló que su detención fue arbitraria debido a que, en su criterio, no se le notificó como correspondía. Teme por la salud del exministro, de quien reporta tres enfermedades de base.

‘Persecución’

Wilfredo Chávez, abogado del equipo jurídico del MAS y exministro de Gobierno, apuntó al gobierno del presidente Luis Arce. “Ésta es una persecución política que se hace contra una exautoridad (…); vamos a asumir defensa para que el pueblo vea la injusticia que se ha cometido contra el ingeniero Echazú”, informó en conferencia de prensa.

En tanto, el diputado Renán Cabezas coincidió con las declaraciones de Chávez. “Es una cortina de humo, el Gobierno no sabe cómo explicar el fracaso en la industrialización del litio (…), somos víctimas de una persecución política, permanente (…); es toda una cacería, van a amenazarnos permanentemente”, insistió en conferencia de prensa.

Echazú, de 74 años de edad, fue ministro de Minería entre 2007 y 2010 durante la gestión de Morales. Ocupó el cargo de viceministro de Tecnologías de 2017-2019, hasta que Morales renunció a la presidencia tras la convulsión social y política que tuvo lugar ese año, luego de la denuncia de ‘fraude electoral’ en aquellos comicios.

La exautoridad denunció, tras su aprehensión, que el Gobierno busca ocultar una paralización de más de tres años del proyecto.

La versión de YLB es que se llevó a cabo una “reingeniería total” del proyecto debido a las deficiencias halladas. La Planta Industrial de Carbonato de Litio entró en operación recién en diciembre de 2023 y se espera que alcance su máxima productividad este año.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame consideró que las elecciones judiciales no están en riesgo, a pesar de la suspensión del proceso de preselección impuesta por un tribunal de Santa Cruz.

En entrevista con La Razón Radio, acusó a los magistrados “autoprorrogados” de poner trabas al proceso. Apuntó a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado e Yván Espada de estar detrás del sabotaje.

“Es un secreto a voces que ellos están detrás de todo esto. Ellos son los que generan esta maraña”, afirmó la senadora de Chuquisaca.

Sin embargo, reiteró que habrá elecciones, con seguridad, y que la población no tiene que tener duda de que el proceso se llevará adelante. “No pueden quedarse estos señores porque estamos atravesando un momento gravísimo de inseguridad jurídica”.

Las elecciones judiciales se frenaron, por tercera vez, debido a un amparo constitucional presentado por la postulante inhabilitada Margarita Medrano ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Otro amparo también fue presentado, este corresponde al inhabilitado Herculiano Capusiri, quien recurrió a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

El primer freno fue el 12 de abril, cuando el proceso fue suspendido ante la medida cautelar interpuesta por Miguel Ángel Balcázar. La segunda traba se presentó el 27 de abril, luego que el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de los comicios.

Por ello, Salame aseguró que “había una mano negra” que no quería que se lleven adelante las elecciones judiciales. “Para mí, indudablemente, la mano negra es del Tribunal Constitucional”, sentenció.

La senadora informó que las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural convocaron a una sesión, este martes, a las 15.00, para definir detalles previos de logística a los de exámenes de postulantes.

“Si Dios quiere, mañana (miércoles) ya estaremos tomando la prueba oral”, indicó en relación al examen oral previsto para los 404 postulantes a los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Admitió que, si bien “se ha perdido una semana” en el trabajo de la preselección de postulantes, las comisiones mixtas pueden recuperar tiempo trabajando en doble y triple turno para concluir el proceso en el marco de los 80 días.

Asimismo, consideró que “hay postulantes de lujo” que acudieron a la convocatoria emitida por la Asamblea Legislativa. “No pensé que esa convocatoria podía caer en abogados connotados. Si nosotros no nos equivocamos y ponemos en las nóminas a estas personalidades tendríamos tribunales de lujo”.

El proceso de registro de postulantes para su selección en la Asamblea Legislativa comenzó el 20 de febrero. Contando los 80 días previstos para esa tarea de la Asamblea Legislativa en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, hasta este martes fueron agotados 63 días.

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El exvicepresidente Álvaro García Linera consideró que, si se reabre el caso denominado Terrorismo, también se debe investigar a los financiadores del grupo armado desarticulado en 2009. En su criterio, se trata de un grupo de empresarios que buscaban “un otro país” en Santa Cruz.

La exautoridad abordó el caso consultado sobre la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación de presuntas ejecuciones extrajudiciales en la intervención policial del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz.

“Lo que la CIDH está pidiendo es que se verifique y (se) averigüe si hubo excesos (o) ejecuciones en el operativo. Yo no veo problema que se haga la investigación, pero donde yo sí veo necesidad es, de una buena vez, concluir las investigaciones de los financiadores, de la gente que puso el dinero”, dijo en entrevista con la red DTV.

Caso Terrorismo

El caso Terrorismo investigó la desarticulación de un grupo armado “con fines separatistas”. La intervención policial ocurrió durante el gobierno de Evo Morales. El fin era desarticular un grupo armado liderado por el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, fallecido en esa acción junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, que sobrevivieron a la acción policial. Luego, aprehendidos, los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que, además, pretendía un magnicidio.

Estos dos últimos comunicaron el 13 de abril que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo del hotel Las Américas.

García Linera dijo que entre los empresarios “financiadores” está Branko Marinkovic, exministro de Jeanine Áñez. Precisamente, el lunes éste denunció que fue retenido en un aeropuerto de Buenos Aires, Argentina; eso por una orden de búsqueda internacional emitida cuando era investigado en el caso Terrorismo.

Financiadores

El exvicepresidente dijo que ese grupo de empresarios dotó de recursos a Rózsa y su entorno para la compra de armas; además de hospedaje, e incluso, señaló que propició “reuniones con autoridades”.

“Eso es lo que hay que averiguar, los nombres y sentenciarlos para que nadie más en la historia futura de Bolivia se anime a querer dividir el territorio boliviano”, agregó García Linera.

Consultado por una eventual convocatoria para que la exautoridad declare en ese caso, afirmó que “no corresponde”.

“Yo no fui un hombre operativo; yo no era el encargado de Seguridad ni el jefe de intervención. Ese es un tema que tiene que restringirse a la actividad estrictamente operativa”, complementó.

En una entrevista con Arpád Kepes, el 8 de septiembre de 2008, Rózsa admitió que fue llamado por dirigentes políticos de Santa Cruz para la eventual formación de una milicia para la defensa de ese departamento.

“Si no hay autonomía y no podemos vivir juntos, vamos a gritar que somos independientes, y haremos un nuevo país. Ésa es la idea, primero están probando razonar para prevenir la matanza de la gente; pero queremos mostrar la fuerza e independizarnos”, dijo el exsoldado de la Guerra de los Balcanes.