Los órganos Judicial, Legislativo y Ejecutivo decidieron postergar por un año, hasta el 6 de agosto de 2015, la aplicación plena del nuevo Código de Procedimiento Civil (CPC) porque el Tribunal Constitucional admitió una demanda en contra de la Ley del Notariado que afectaría a su vigencia.
La decisión fue asumida ayer en Sucre por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries; la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani; además de la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, el procurador General, Héctor Arce, y el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas.
A este encuentro, que se desarrolló en el Tribunal Supremo, también asistieron el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, en su calidad de presidente del Consejo Estratégico del Sistema Judicial Boliviano, y el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Efrén Choque.
Norma. Según la normativa vigente, la implementación de este código, promulgado el 19 de noviembre de 2013, debe darse a partir del 7 de agosto de este año. Para ello, el Consejo de la Magistratura llevo adelante una serie de cursos de capacitación y adecuó algunos juzgados para poner en marcha el código con audiencias orales.
“Se posterga la vigencia plena del Código de Procedimiento Civil porque no hay una sentencia constitucional de la Ley del Notariado que suspende su reglamentación. Esa norma afecta a toda la ley y tiene sus efectos en el Código de Procedimiento Civil”, afirmó el presidente de la Cámara de Senadores y señaló que esa postergación se da hasta el 6 de agosto de 2015.
Pese a la suspensión, Rojas dijo que, durante este tiempo, se evaluará qué programas podrían implementarse del nuevo código. Agregó que ese tema será debatido en ambas cámaras legislativas y también por parte de las autoridades judiciales.
En la misma línea, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, sostuvo que es imposible aplicar este código porque existe una conexión entre ambas normas (con la Ley del Notariado), si es que se toma en cuenta que hay que esperar un fallo del Tribunal Constitucional sobre este tema.
“Es muy lamentable que algunos operadores de justicia hayan obrado de esta manera, si es que se toma en cuenta que en el auto de admisión del mismo recurso de inconstitucionalidad queda en suspenso la reglamentación de la Ley del Notariado”, acotó.
Sostuvo que había mucha expectativa en el pueblo boliviano que este código ingrese en plena vigencia y que se rebaje la carga procesal en los juzgados. No obstante, lamentó que se actúe políticamente en este caso más allá del tema jurídico.
En La Paz, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) René Martínez informó que el oficialismo está de acuerdo con postergar la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Civil, pese al esfuerzo de autoridades judiciales del país.
“Hay un criterio general que imposibilita la aplicación (del CPC), ya que tiene que haber condicionantes como el hecho de que se debe estar preparado con recursos humanos, entre ellos los jueces; por ese hecho se está proponiendo la suspensión de aplicación”, sostuvo el asambleísta Martínez. Sin dar una fecha precisa, el asambleísta adelantó que la próxima semana se podría tratar el tema dentro de la Asamblea Legislativa.
Los cambios con el CPC
Medidas
Con el nuevo Código de Procedimiento Civil las audiencias serán orales, al igual que en materia Penal. Además se incluye las notificaciones a través de correo electrónico o mensajes de texto en teléfonos móviles y también se incluye a conciliadores.
En La Paz buscan alquilar infraestructura
Williams Farfán
El representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Francisco Tarquino, anunció ayer que para la implementación del nuevo Código de Procedimiento Civil buscan alquilar una infraestructura en la que se instalen los nuevos juzgados.
“Existe una solicitud del procurador General (Héctor Arce) de que sería necesario postergar la aplicación (del Código de Procedimiento Civil), sin embargo se trabajó para la implementación del nuevo código. La anterior semana una comisión realizó las inspecciones en el lugar donde se determinó que estarán los nuevos juzgados”, informó Tarquino.
Agregó que el Consejo de la Magistratura identificó una falencia en la ciudad de La Paz, que está referida a la falta de infraestructura, ya que no tuvo la atención necesaria para implementar los juzgados. Sin embargo, encontró los medios alternativos de contratación y alquileres de ambientes en la calle Mercado, en el centro de la urbe, para trabajar.
Tarquino aseguró que los nuevos juzgados representan gastos adicionales para la División Administrativa Financiera (DAF) y que por eso se incrementará los recursos que vendrán de Sucre.
“Los conciliadores deberán tener nuevos ítems y se realizarán los trámites para ello”, anunció Tarquino. Añadió que la nueva normativa debería ser implementada a partir del 7 de agosto, por lo que se realizan los trámites para esta implementación.
En el nuevo Código de Procedimiento Civil se destacan al menos 12 acciones que agilizarán y modernizarán los procesos judiciales en esta materia. Entre las innovaciones están la introducción de la oralidad en los juicios, el uso de tecnologías, la reducción de plazos procesales y la agilización del trámite de declaración de herederos que excluye a fiscales, entre otras.