TSJ plantea una ley para frenar el uso abusivo de incidentes
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) busca frenar el uso abusivo de las excusas, recusaciones, excepciones e incidentes que alargan los juicios. Para ello propone límites para garantizar que un proceso termine con una sentencia y baje la mora procesal.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) busca frenar el uso abusivo de las excusas, recusaciones, excepciones e incidentes que alargan los juicios. Para ello propone límites para garantizar que un proceso termine con una sentencia y baje la mora procesal.
Este planteamiento está contenido en el proyecto de Ley para el Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal que fue elaborado por la Sala Plena del TSJ y presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el fin de implementar procedimientos para agilizar el trámite de causas penales.
El anteproyecto de ley contiene 33 artículos y tres disposiciones transitorias que modifican el Código de Procedimiento Penal y la Ley del Órgano Judicial.
Plan. La propuesta parte de un análisis de la realidad de la Justicia y plantea soluciones para combatir las denominadas “chicanas” y reducir la cantidad excesiva de procesos, el tiempo de duración de éstos, además de velar por el cumplimiento de plazos y evitar el abuso de las excepciones e incidentes, excusas y recusaciones que dilatan los juicios.
El anteproyecto identifica como uno de los males de la Justicia justamente el uso y abuso de esos recursos judiciales. Por ello, se indica que si un abogado plantea indebidamente una excepción por segunda vez, el término de la prescripción se computará de cero.
Por ejemplo, si un tipo de delito que haya cometido el imputado prescribe en ocho años y hasta ese momento ya transcurrieron siete gestiones y continúa planteando los mecanismos de defensa y los mismos son rechazados por segunda vez, el cómputo comienza nuevamente de cero.
La exageración del uso de estas figuras de defensa se hizo más conocida en el caso Terrorismo. En ese proceso, en los cinco años de juicio, ya se llegaron a superar los 220 incidentes. Similar situación se presenta en el caso 24 de mayo, que se desarrolla en Padilla-Chuquisaca, donde los abogados de la defensa de los 18 acusados plantearon más de 100 incidentes en los dos años de juicio.
Otro cuello de botella son los procesos que están en manos de fiscales. En Bolivia hay 200.000 procesos penales, de los cuales 150.000 están en etapa preliminar de la pesquisa que dependen del Ministerio Público y el resto de los jueces.
Ante esa constatación, el anteproyecto plantea crear la figura de la “conversión extraordinaria de acción de investigación preliminar”. Es decir que en caso de que el fiscal conminado a los 20 días no toma ninguna acción, la víctima por su parte y con un abogado podrá seguir la acción, sin necesidad del fiscal. En este caso existe un vacío legal, toda vez que el juez no puede conminar al fiscal a presentar su imputación en los 20 días que establece la ley.
Ahora se propone crear esa figura para que, en caso de que el fiscal conminado a los 20 días no tome ninguna acción, la víctima, con un abogado, podrá seguir la acción, sin necesidad del fiscal.
Esta propuesta también plantea que mientras dure el periodo de descongestionamiento del sistema judicial, los tribunales de sentencia puedan funcionar con un juez técnico y dos ciudadanos. Con esta medida, el segundo juez puede realizar más audiencias en otro caso. Ahora, ese tribunal está compuesto por dos técnicos y tres ciudadanos.
El análisis arrojó que existe una abusiva determinación de algunos fiscales de ampliar el plazo de su investigación. La ley le faculta extender su labor por seis meses o más tiempo cuando se trata de temas complejos, sin embargo se constató que el Ministerio Público incluso alarga el proceso por años.
Ante esa situación, se obliga a los jueces que controlen la ampliación arbitraria del término de las investigaciones.
Críticas a la tarea judicial
Presidente
“Traté de entender por qué tiene mala imagen la Justicia boliviana y llegué a la siguiente conclusión: la retardación y la corrupción son el cáncer de la Justicia boliviana”, afirmó el presidente Evo Morales en febrero.
García
“Sigue una pena, sigue una lágrima, la Justicia está muy mal, estaba muy mal antes y hoy sigue igual que antes”, señaló el vicepresidente Álvaro García Linera, a fines del año pasado, cuando le tocó evaluar la aplicación de la justicia por las nuevas autoridades electas.
Sugieren anular la vacación judicial colectiva
El anteproyecto de Ley para el Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal plantea que las vacaciones judiciales en Bolivia sean individuales y ya no colectivas, toda vez que se estableció que la suspensión de las actividades judiciales por 25 días genera mayor mora procesal.
La propuesta establece que los magistrados, los vocales y jueces, así como también los servidores de apoyo jurisdiccional, gozarán de vacación anual de 25 días calendario, continuos e individuales que serán regulados por el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales departamentales.
Durante la vacación individual, el TSJ y los tribunales departamentales deberán garantizar la continuidad de los servicios. En tanto dure el descanso de un juez, permanecerá en funciones su juzgado público en suplencia para la atención de las causas.
Este planteamiento está justificado toda vez que la vacación colectiva obliga a la suspensión de los plazos procesales y se ha constatado que contribuye a la mora procesal en Bolivia. Incluso este beneficio social ha sido utilizado discrecionalmente, cuando en la gestión 2013 los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia quisieron tener dos vacaciones en el mismo año.
El problema de la mora procesal es una constante en la administración judicial boliviana. En el sistema penitenciario se estableció que cerca del 85% de los internos en los penales del país tienen detención preventiva, debido a que todavía se lleva adelante sus procesos.
“Es necesario, para frenar la mora procesal, crear más juzgados en Bolivia”, sostuvo a principios de este año el decano del Consejo de la Magistratura, Róger Triveño.
En el departamento de La Paz cada juez tiene que atender entre 1.100 a 2.000 juicios, según Juan Carlos Berríos, presidente del Tribunal Departamental de Justicia. “En 2013, los 180 juzgados, cerca de 200 jueces y los 20 vocales hemos hecho frente a cerca de 220.000 procesos, es decir, casi 1.100 causas por juez promedio. Existen casos muy preocupantes en el área penal donde un juez tiene más de 2.000 causas”, dijo.
