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Sunday 28 Apr 2024 | Actualizado a 00:15 AM

CEO abre campamentos fijos para evitar el recultivo de coca

El jefe de la unidad dice que se tiene el control territorial

/ 11 de agosto de 2014 / 04:34

El Comando Estratégico Operativo (CEO) prevé instalar campamentos fijos en sectores donde erradicó o racionalizó coca excedentaria, tanto en Cochabamba como en La Paz, con el objetivo de evitar que los productores vuelvan a cultivar el arbusto.

El informe lo dio a conocer el comandante del CEO del Chapare de Cochabamba y de los Yungas de La Paz, coronel Gonzalo Rodríguez Fernández, quien remarcó que existen campamentos con efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en todos los lugares donde se planta coca, por lo que se logró el control territorial total.

“Prevemos dejar a los erradicadores en los campamentos, pero ya no con tantos efectivos como existen actualmente, ya que en el futuro se dejará un contingente pequeño para seguir con el control territorial de las plantaciones de coca en los diferentes puntos del país y para que ya no vuelvan a plantar la coca”, según declaró Rodríguez a La Razón.

Control. Explicó que en los Yungas de La Paz existen seis puntos o campamentos de erradicación y que este tipo de puntos todavía irán implementándose. En el Chapare hay al menos 22 centros de uniformados que realizan la racionalización y control.

Rodríguez advirtió que es complicado instalar campamentos en las regiones productoras de coca en el país y que, a pesar de ello, se logró hacer el trabajo con la premisa del diálogo. Indicó que ahora es difícil dejar los puntos de racionalización, pese a que hubo resistencia con consecuencias fatales como en el municipio de Apolo.

En octubre de 2013, cuatro miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) murieron en una emboscada, presuntamente por pobladores de la comunidad de Miraflores del municipio de Apolo. Los autores del hecho serían cocaleros que defendieron sus plantaciones que no están reconocidas legalmente. Existen al menos 12 detenidos por este caso.

En el marco de la erradicación de coca, según el informe de monitoreo de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, difundido el 24 de junio, en el país disminuyó en 9% la extensión de cocales en 2013 con respecto a 2012, de 25.300 hectáreas (ha) a 23.000 ha.

De acuerdo con este último informe presentado en el país, en el departamento de Cochabamba se erradicaron y racionalizaron 7.406 ha; en los Yungas y el norte de La Paz, 3.470 ha, y en el departamento de Santa Cruz, 530 ha.

Rodríguez también informó que el CEO, encargado de la erradicación de cultivos de coca ilegal en Bolivia, tomó el control en todo el territorio nacional para la racionalización de cultivos excedentarios. Fruto de este trabajo, ahora los productores ilegales cultivan el vegetal en los puntos fronterizos y reservas ecológicas. “Gracias al trabajo que hacemos (de erradicación) ya tenemos el control del territorio, lo tenemos en las provincias Muñecas, Larecaja, Bautista Saavedra, Caranavi y toda esa zona de La Asunta con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la gente (del lugar) también ya es más consciente”, declaró Rodríguez.

Tras el control territorial que se logró en torno a las plantaciones de coca, remarcó que la actividad de cultivo ilegal de coca se aleja de los lugares de producción y se constituye en los parques nacionales y la frontera con el Perú. Ejemplificó los lugares en donde hay este ilícito y no hay presencia del Estado como Seque Rancho, Toquibomco, Santa Elena y San Fermín.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, destacó que ya existe control en todas las provincias productoras de coca y que la última que aceptó la racionalización de cocales excedentarios fue la provincia Saavedra, luego de cinco años de negociación con los productores.

Ayuda para erradicar y sanción

Sanción

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, afirmó el 24 de julio que al menos 800 productores de coca perdieron su cato de coca (40 x 40 m) por exceder el límite consensuado para cultivar el arbusto, pues estaban con cultivos excedentarios.

Trabajo

El 1 de agosto, el presidente Evo Morales entregó el primero de seis helicópteros Súper Puma que transportarán erradicadores a zonas alejadas en donde hay cultivos de coca ilegal, en el parque Madidi (La Paz) y Carrasco (Cochabamba) entre los más difíciles.

Temen falta de conscriptos para erradicar

La falta de conscriptos en el segundo escalón de este año puede afectar al despliegue de los uniformados a los campamentos destinados a la erradicación de coca excedentaria, según señaló una fuente de las Fuerzas Armadas.

El entrevistado, que pidió la reserva de su identidad, indicó que existe preocupación porque los soldados que realizan el trabajo de racionalización de coca ya terminan su servicio este mes y deben ser reemplazados por los nuevos conscriptos.

“Nos preocupa que no se cope todas las plazas del segundo escalón, ya que si existen menos soldados significa que habrá menos personas para realizar la erradicación, lo que podría afectar al trabajo que se realiza en el Chapare (Cochabamba) y los Yungas (La Paz) para arrancar las plantaciones de coca”, advirtió la fuente consultada.

Explicó que el trabajo de erradicación que efectúan los conscriptos es voluntario y a los reclutas de diferentes unidades que hacen eso se les pregunta si quieren cumplir con ese trabajo o no. Los soldados que aceptan son derivados a los campamentos. Éstos reciben un salario de Bs 800 al mes y se quedan en un campamento para erradicar coca por el lapso de seis meses, para luego reemplazarlos con otro personal.

Al ser consultado sobre este tema, el jefe de la Dirección Territorial Militar del Ministerio de Defensa, coronel Carlos Ponce de León, señaló que el que no se haya completado los cupos del segundo escalón no afecta al tema de la erradicación de cultivos de coca, ya que la gente que quiera hacerlo está en diferentes unidades.

Hasta la fecha se amplió el proceso de reclutamiento del segundo escalón en dos oportunidades, este último será hasta el 22 de agosto, ya que se llenó el 75% del cupo.

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La CIDH amplía al Estado el plazo para cumplir recomendaciones en el caso Terrorismo

Dos sobrevivientes al violento operativo policial del hotel Las Américas, en abril de 2009, comunicaron que el Estado boliviano reabrió el caso para dar con los responsables de esa acción.

Personal de la CIDH

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 17:17

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió, a favor del Estado boliviano, el plazo para el cumplimiento de las recomendaciones en el caso Terrorismo. Ahora Bolivia tiene tres meses más.

La información fue confirmada por la Procuraduría General del Estado en un comunicado publicado este sábado.

La CIDH “ha dispuesto la prórroga del plazo inicialmente fijado hasta el próximo 26 de julio de 2024, manteniéndose, por tanto, el seguimiento a las recomendaciones en fase aún no contenciosa”, dice parte del comunicado.

El caso cuyo plazo fue ampliado por tres meses lleva por nombre Mario Francisco Tadic Astorga y otros. Está referido a los hechos posteriores al violento operativo policial del 16 de abril en el hotel Las Américas, en Santa Cruz.

Caso Terrorismo

El fin de dicha operación era desarticular un grupo armado liderado por el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, fallecido en esa acción junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, que sobrevivieron a la acción policial. Luego, aprehendidos, los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que, además, pretendía un magnicidio.

Estos dos últimos comunicaron el 13 de abril que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo del hotel Las Américas.

Investigación

El comunicado de la Procuraduría señala que “los argumentos presentados por el Estado boliviano, la asistencia técnica requerida y la respuesta favorable en cuanto a las posibles reparaciones económicas que facilitará el dialogo entre partes, fueron fundamentales para la extensión del plazo”.

Reabierto el caso Terrorismo, el exvicepresidente Álvaro García Linera pidió que también se investigue a los financiadores que, según dijo, propiciaron la llegada de la “célula terrorista”.

Incluso, sin decir nombre, afirmó que “un grupo de empresarios” dotó de recursos para hospedaje, y compra de armas “de todo tipo”.

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Viceministro Villca dice que congreso de mayo dará fin a la presidencia de Morales en el MAS

“No estamos peleando entre grupos, estamos velando por los derechos (político) de más de un millón de militantes”, dijo el viceministro Villca respecto de la convocatoria a congreso del MAS.

El presidente Luis Arce junto al expresidente Evo Morales. Foto de archivo: La Razón.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 17:00

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Juan Villca, afirmó que el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) cesará de la presidencia de ese partido a Evo Morales.

Anulado un congreso celebrado en octubre del año pasado de Lauca Ñ, el tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió no registrar sus resoluciones y amplió el mandato de la dirigencia del MAS electa en 2017.

“Aún no se han percatado que este paraguas que le ha hecho el Órgano Electoral, que le ha permitido seguir prorrogándose hasta el 5 de mayo, se acaba el 5 de mayo. Después del 5 de mayo, no es más presidente”, dijo a los periodistas.

Así, Villca se refirió al plazo fatal que el TSE emitió para que los 11 partidos de alcance nacional presenten sus nuevas directivas.

Congreso del MAS

En ese afán, el ala evista del MAS presentó una convocatoria para un congreso nacional y cumplir con lo dispuesto por la Sala Plena del TSE, pero su llamado fue observado por incumplimientos a su estatuto. Ese encuentro está previsto para el 10 de julio en el estadio Bicentenario del municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.

Por su parte, alertadas por una posible “proscripción” del MAS, las organizaciones matrices del Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, decidieron convocar a un congreso el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto. Ese llamado también fue observado.

Ambas facciones afirman que cuentan con el apoyo de las organizaciones sociales y la militancia de ese partido que, según Villca, “supera el millón”.

El TSE aún no definió la “legitimidad” de ninguna de las dos convocatorias.

“Estamos en puertas de la irresponsabilidad de Evo morales de proscribir al MAS; le pusieron el límite y las organizaciones decidieron salvar al instrumento político”, agregó Villca.

Evo Morales

En criterio del viceministro, a los simpatizantes de Morales “solo le interesa que Evo Morales siga sobreviviendo (políticamente)”.

Una vez más reclamó para las organizaciones sociales la “propiedad del MAS” y dijo que son ellas las que deben definir qué ocurre en adelante.

“El MAS es de las organizaciones (…). No estamos peleando entre grupos, estamos velando por los derechos de más de un millón de militantes. El 5 de mayo ya no existe esa dirección nacional”, insistió.

Consideró que “no solo va a ser derrotado el evismo, sino las formas verticales de gobierno”

Aún pendiente la respuesta del TSE sobre el congreso del MAS, ambas facciones defendieron, por separado, tener la razón y el respaldo de la militancia del “instrumento político”.

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El presidente Arce impulsa el congreso de El Alto para ‘recuperar’ el MAS

El presidente Luis Arce defendió otra vez a las organizaciones sociales como dueñas del MAS, esta vez en un ampliado de ese partido en Tarija.

El presidente Luis Arce en Tarija.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 15:15

El presidente Luis Arce impulsa el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocado por el Pacto de Unidad para mayo en El Alto y dijo que ese encuentro permitirá a las organizaciones “recuperar” el denominado “instrumento político”.

“La próxima semana tenemos un congreso, donde estamos seguros que vamos a mostrar la verdadera fuerza de las organizaciones sociales y recuperar el instrumento político”, dijo el mandatario en la inauguración del ampliado extraordinario del MAS en Tarija.

Arropado por organizaciones sociales de esa región, Arce volvió a reivindicar a las organizaciones sociales como “dueñas” del MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos).

Las declaraciones de Arce ocurren en medio de la discusión sobre la legitimidad de la convocatoria a un congreso nacional de esa organización política.

Congreso

Por un lado, la facción liderada por el jefe del MAS, Evo Morales, confirmó su encuentro para el 10 de julio de este año, en Villa Tunari, Cochabamba. Mientras que el bloque arcista ratificó su congreso para el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

Ambas convocatorias se enfrentan a la presión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que conminó al MAS a presentar su convocatoria hasta el pasado lunes, luego de una serie de observaciones.

Aún no se conoce la respuesta del TSE sobre cuál de las convocatorias goza de “legitimidad”.

“No hay nadie que se crea dueño del instrumento político, no hay dueño del MAS nacional ni del MAS de Tarija; los únicos dueños son las organizaciones sociales”, agregó el mandatario y volvió a defender el congreso previsto para mayo.

La discusión por la legitimidad de ambas convocatorias generó un intercambio de críticas entre ambas facciones del MAS.

Luis Arce

Miembros del arcismo calificaron de “caudillo” a Morales, de quien además dijeron que no es dueño de ese partido. Incluso, el vicepresidente David Choquehuanca, sin alusiones directas, defendió el cambio de liderazgos en esa fuerza. “Deben ser líderes sanos, apegados a la verdad y comprometidos con su pueblo”, pidió en varias ocasiones.

Por otro lado, la facción evista y el mismo Morales calificaron a Arce de “traidor” y de “derechizador” del llamado proceso de cambio. En medio del quiebre interno, el exmandatario y sus seguidores denunciaron un supuesto plan negro que, según dijeron, busca la inhabilitación de Morales a las elecciones presidenciales de 2025.

“No vamos a retroceder, sus amenazas y críticas no nos amedrentan”, arengó Arce.

Distanciados políticamente, Arce y Morales promueven la legitimidad del congreso, pero el TSE determinara aquello, cuando comunique su decisión respecto de las dos convocatorias.

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Una audiencia ‘determinante’ de amparo resolverá el lunes si las judiciales marchan o no

Hasta el jueves, se presentaron ocho amparos constitucionales sobre el proceso de preselección, de los que cuatro frenan la actividad.

La Comisión Mixta de Constitución revisa las carpetas de los postulantes.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 14:54

La audiencia para la resolución de una acción popular en contra de la Ley 1549 fue fijada para el lunes a las 09.00 en Cochabamba. Se trata de un recurso de acción popular presentado por la abogada Yeny Dury Bautista, que denuncia la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección a las elecciones judiciales.

Ese recurso fue presentado por la profesional el 18 de abril, en Cobija, Pando, ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Solicita la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

Según la denuncia, no existen candidatas pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos de Pando habilitadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como dispone la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Elecciones judiciales

Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui advirtió que ese amparo puede afectar no solo parcialmente la fase de preselección, sino el proceso en su conjunto. Explicó que, en este caso, la denuncia no es por una vulneración a un derecho del postulante, sino por atropellos e irregularidades contrarias a lo establecido en la Ley de Elecciones Judiciales.

“Es un poco más complejo, porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante. Se está hablando, alegando, que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no estuviese permitiendo que en el caso de algunos departamentos puedan sus postulantes tener las mismas oportunidades (…); esa acción popular sí es para preocuparse”, sostuvo.

Proceso

El reclamo de la abogada está basado en el artículo 4 de la Ley 1549, que “garantiza una preselección equitativa de hombres y mujeres (…). En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas”.

Sobre eso, Jáuregui señaló que la determinación de esa acción popular puede “determinar la continuidad o la paralización” definitiva del proceso.

Hasta el jueves, se presentaron ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales; la Justicia otorgó tutela en cuatro casos, según informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas.

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La Defensoría identifica 103 conflictos en el primer trimestre de este año

Un informe publicado por la Defensoría del Pueblo da cuenta que 35 de los 103 conflictos del primer trimestre de este año ocurrieron en La Paz y Santa Cruz.

Un bloqueo en Cochabamba.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 10:40

Un informe de la Defensoría del Pueblo identificó 103 conflictos en el primer trimestre de este año. La mayoría de esos hechos ocurrieron en los departamentos de La Paz y Santa Cruz.

“De 103 conflictos, los departamentos de La Paz y Santa Cruz, reportan respectivamente 18 y 17 hechos de conflictividad, determinando los que mayor cantidad de demandas plantean, seguidos de los departamentos de Potosí y Beni, con 16 y con 15 el departamento de Cochabamba”, dice el informe del Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), citado en una nota de la Defensoría.

Del total de esos casos, según el SIMAT, 75 fueron conflictos sociales como tal, mientras que 27 fueron alertas tempranas y hubo un acuerdo de resolución de conflicto.

Defensoría del Pueblo

El informe muestra que el principal motivo por las movilizaciones está relacionado con el ámbito laboral, “por la falta de pagos de haberes devengados; la suspensión y extinción de fuentes laborales por parte de los tres niveles del Estado.

“Los hechos de conflictividad en regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión”, añade la nota.

Entre sus ejemplos, cita los bloqueos de carreteras propiciados por sectores afines al expresidente Luis Arce que exigieron la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Asimismo, el informe muestra que, de la totalidad de reportes presentados, la mayor medida de presión utilizada por los actores demandantes es el bloqueo, como forma determinativa de exigencia de demandas.

Derechos

Aparte de lo expuesto, el documento identificó 39 casos del derecho al trabajo y empleo “que se han determinado por las tipologías laborales y económicas, lo que agrava más la situación del problema de estabilidad laboral o creación de fuentes de empleo.

También, advirtió la vulneración del derecho a la educación, principal función suprema del Estado, debe garantizar el acceso a este derecho humano y otros que se presentan en las gráficas del informe de conflictividad en Bolivia.

La Defensoría, según la nota, intervino en la resolución de conflictos “estratégicos”, entre ellos, elecciones judiciales y prórroga de autoridades judiciales, desabastecimiento de combustible, modificación a Ley de Pensiones, censo y límites municipales y departamentales, “elecciones primarias a través de las verificaciones in situ”, seguimiento y acciones para restablecer los derechos humanos.

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