El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, aseguró que los tres suboficiales de las Fuerzas Armadas procesados por las marchas de abril no tienen derecho a la libertad provisional porque cometieron delitos contra la seguridad del Estado, mientras que la familia del suboficial Jhonny Gil denunció que fue amenazada con la intervención a su piquete de huelga de hambre.
Gil y sus camaradas Franklin Colque y Freddy Sucojayo están detenidos en recintos militares como parte de un proceso instaurado por liderar las protestas y marchas callejeras en abril en demanda de descolonización en la institución armada y la creación del grado de oficial técnico en lugar de los de baja graduación.
La familia de Gil instaló un piquete de huelga de hambre en la plaza Eduardo Abaroa, frente al edificio donde funciona el Ministerio de Defensa, exigiendo la libertad de su ser querido, por considerar que está injustamente detenido y en condiciones precarias. Una de las familiares denunció hoy que efectivos de la Policía Militar (PM) advirtieron con intervenir el piquete.
“Yo le dije: no me voy a levantar, que me mate, no importa”, informó una de las familiares a la red ATB. Los uniformados están a la espera de una audiencia en la Justicia Militar para definir su situación legal, aunque en la Justicia ordinaria el pronunciamiento fue por tratar un recurso de Acción de Libertad, presentado por causales como indebido proceso.
Saavadra aseguró que los detenidos no pueden ser beneficiados con la libertad provisional, como exigen los militares y su familia.
“No corresponde la libertad provisional en los casos de delitos contra la seguridad del Estado, y los delitos por los cuales están siendo juzgado ese grupo de suboficiales tiene que ver con temas de seguridad del Estado”, afirmó, según reportó ATB.
La Defensoría del Pueblo sigue el caso. “La Defensoría del Pueblo cree que se está violando permanentemente el derecho a la defensa en el caso del caso del suboficial Gil que, antes de desarrollarse en el marco de la ley, se puede inferir que se trata de acciones de revancha y amedrentamiento”, sostuvo ayer el jefe de Prevención y Atención de Conflicto, Gregorio Lanza.