El contralor General del  Estado, Henry Ara, anunció que el lunes presentarán ante el Ministerio Público una denuncia, por la presunta comisión de delitos penales, en contra de 19 funcionarios que participaron en la compra de tres taladros para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

Ara señaló que entre hoy y mañana recibirá el informe interno para que lo firme y lo envíe a la Fiscalía, con el fin de que esa instancia indague y verifique si es que realmente se cometieron delitos penales en la compra de taladros para la estatal petrolera.

“(El personal acusado) es gente que ha participado en el proceso de contratación (para la compra de taladros), así como la elaboración de los términos de referencia y de los precios”, sostuvo el Contralor General, quien se dispensó de dar mayores detalles sobre ellos.

En marzo surgió la denuncia por presuntos hechos irregulares en el proceso de contratación de la empresa italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros por $us 148 millones. El Ministerio Público imputó a siete funcionarios de YPFB que fueron enviados a diferentes cárceles del país con detención preventiva.

Ara explicó que el informe de la Contraloría General del Estado se basa en un informe técnico, en el que se observa si por acción u omisión o por una vulneración a las normas vigentes se causó un daño económico. (05/07/2017)

La Fiscalía inició el proceso penal en la vía ordinaria a tres exjueces del Tribunal 1° de Sentencia en Materia Anticorrupción, acusados de extorsión. Tras recibir ayer las declaraciones de los sindicados, se ordenó su aprehensión a la espera de la correspondiente audiencia cautelar.

Cerca de cinco horas demoró la fiscal Rosario Venegas en tomar las declaraciones de Marcelo B., Humberto V. y René D., también compareció ante la autoridad la exsecretaria de esta sala judicial, Micaela A. Al culminar el acto, los acusados fueron trasladados a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La representante del Ministerio Público no quiso brindar declaraciones tras la toma de declaraciones, pero entregó a los periodistas una hoja en la que especificó los delitos por los cuales fueron imputados los cuatros acusados: cohecho pasivo de juez-juez a fiscales, incumplimiento de deberes y beneficio en razón del cargo.

En el marco del procedimiento penal, luego de la imputación se aguarda la audiencia de medidas cautelares para que un juez defina si serán enviados a prisión de manera preventiva o si se beneficiarán de alguna medida sustitutiva.

El caso recibió el repudio de representantes de los tres órganos del Estado, además del defensor del Pueblo, Rolando Villena, luego de que Patricia Q. denunció, a través de una filmación oculta, que fue víctima de extorsión de parte del entonces juez Marcelo B, quien tras negociaciones le exigió pagarle $us 3.000, de los $us 15.000 iniciales, para cambiar la acusación en contra de su hijo de violación a estupro, que es un delito menor.

La fiscal del caso emitió órdenes de aprehensión en contra de Marcelo B. y de Humberto V., ya que ambos fueron filmados por la denunciante cuando era extorsionada. En la grabación también se implicó a la secretaria, quien revisó a la víctima si portaba algún objeto de filmación. El tercer juez fue convocado por decisión de la fiscal. Cerca de las 15.00, el primero de los citados fue aprehendido por policías, aspecto que fue observado por su abogado, Moisés Ponce de León, debido a que su cliente iba a declarar de manera voluntaria, en cumplimiento a una citación que recibió para las 16.00 de ayer.

Audiencia. La declaración de Marcelo B. empezó a las 15.30 y concluyó aproximadamente a las 19.00. Tras esta acción, él fue conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en calidad de aprehendido.
Por la tarde se encontraba en oficinas de la Fiscalía René E., quien fue el primero en culminar sus declaraciones y luego lo hizo Micaela A.

Humberto V. llegó a la Fiscalía  cerca de las 16.00 y aclaró que se presentó de “manera voluntaria”, debido a que se declaró inocente porque él nunca pidió dinero a la mujer que denunció la extorsión. Ingresó a la oficina de la fiscal Venegas acompañado de su hija, quien asume la defensa.

En este caso aún se aguarda que la Fiscalía asuma acciones en contra del exfiscal Augusto M., quien fue citado en el diálogo del video.  El material audiovisual fue revelado a los medios de comunicación por la viceministra de Lucha contra la Corrupción, Jessica Saravia, junto al director nacional de Defensa Pública, David Tezanos.

La declaración de estos acusados fue seguida por la viceministra Saravia, quien aseguró que tras conocer la decisión del Ministerio Público, se analizará la posición que asumirá. Saravia indicó que el Ministerio de Transparencia se constituyó en parte coadyuvante en este proceso. También hizo un llamado a las personas que hayan sido víctimas de extorsión de Marcelo B. o de otros fiscales para que se apersonen a la Fiscalía y aporten con pruebas.

Un video muestra la extorsión

Denuncia

El pasado miércoles, la viceministra de Lucha contra la Corrupción, Jessica Saravia, reveló la filmación de la víctima en la que se ve que el juez Marcelo B. exige el pago de $us 3.000 para beneficiar con una resolución.

Proceso

Tres exjueces y una exsecretaria fueron imputados ayer por la fiscal Rosario Venegas, por los delitos de  cohecho pasivo de juez-juez a fiscales, incumplimiento de deberes y beneficios en razón del cargo.

Proceso

Según el procedimiento, se aguarda la audiencia cautelar, que se prevé tenga lugar hoy.

Gobierno da garantías a denunciante

Williams Farfán

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, garantizó la integridad de la mujer que denunció al ahora exjuez Marcelo B. por extorsión, a través de un video. También anunció que apoyarán jurídicamente en el proceso en contra de los funcionarios judiciales.

El jueves, Patricia Q. dijo que teme por su vida y la de sus familiares, tras lanzar la denuncia, por lo que pidió garantías a las autoridades. La mujer dijo que Marcelo B. le pidió $us 3.000, de los $us 15.000 iniciales, para favorecer a su hijo acusado de violación, a través del cambio de delito por estupro.

“Entiendo que la víctima denunció acoso, nosotros somos los encargados de resguardar el orden, por eso vamos a tomar contacto con ella y le vamos a brindar la protección física a ella y sus familiares que requiera”, adelantó Romero.

Agregó que también, si fuera necesario, se le dará protección jurídica a Patricia Q., para que continúe como parte denunciante en el caso que se inició en contra de tres operadores del juzgado (dos jueces y la secretaria), con el fin de que “los extorsionadores” reciban su sanción. “La justicia está en su peor momento porque la corrupción  anda en la justicia, ya que los juicios en su resolución no responden a la aplicación de las normas, sino del dinero”.

Según ABI, Romero, en Santa Cruz, también sugirió realizar modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE) con el objetivo de plasmar reformas en la Justicia boliviana y la Policía, para eliminar las redes de extorsión en sus distintos niveles. “El debate de la justicia es profundo y hay que hacerlo con la participación del Estado y la sociedad, que seguidamente podría implicar el cambio de la Constitución”, manifestó.

Sugieren ajustar la designación de jueces

Yuvert Donoso

Wilbert Choque, consejero de la Magistratura, considera que los actuales requisitos para elegir y designar jueces son insuficientes, por ello, planteó otros mecanismos más idóneos para contar con los mejores profesionales en la administración de la justicia. La sugerencia fue expuesta luego de los cuestionamientos que surgieron por la forma de elegir autoridades, como el caso del juez destituido Marcelo B., acusado de extorsión.

Choque dijo que la ley establece una convocatoria externa para elegir jueces con base en una evaluación de méritos y examen de competencia. El Consejo de la Magistratura determinó que esa elección sea de manera pública, con la participación de delegados de organizaciones sociales y veedores del sistema universitario y del Colegio de Abogados.

Advirtió que ese mecanismo es insuficiente. Por ello, planteó que una comisión departamental, conformada por profesionales reconocidos, pueda realizar una entrevista a los postulantes seleccionados y recomendar a los que sean aptos para ejercer el cargo. Señaló que con esa recomendación, sea el primero o último de la lista, el Consejo de la Magistratura debe designar a esos profesionales.

Tras reiterar su cuestionamiento a la administración jurídica en el país, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, reveló que para llegar al proceso revocatorio de las autoridades judiciales se analiza los alcances de la Ley 026 de Régimen Electoral.

“Se está analizando todo el material jurídico (para habilitar el revocatorio). Asimismo, la Ley del Régimen Electoral, en su artículo 25 parágrafo I, establece la revocatoria de mandato para todas las autoridades electas por voto popular; entonces acá nos abre una interrogante de aquellas personas que decían que no existía materia justiciable para que se pueda revocar (a autoridades judiciales)”, declaró la titular gubernamental.

Los cuestionamientos a las autoridades judiciales electas por voto popular en 2011 fueron expresados por el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García, ministros y asambleístas del oficialismo y la oposición, debido a que la mora procesal se mantiene en el país. Sin embargo, una de las mayores observaciones del Ejecutivo fue dirigida al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuando admitió un recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Notariado, acción que paralizó la aplicación de la norma.

Juicio. Por esa situación, en la Cámara de Senadores está en curso un juicio de responsabilidades en contra de las magistradas del TCP Soraida Chánez y Ligia Velásquez, que eran integrantes de la sala de admisión.

El parágrafo citado por la titular de Justicia estipula: “La revocatoria de mandato es el mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano. La revocatoria del mandato es el derecho del electorado a destituir del cargo a un funcionario antes de que concluya el periodo de su mandato”.

No obstante, en el parágrafo II la Ley del Régimen Electoral especifica: “Se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal. No procede respecto de las autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

Gutiérrez puso énfasis en asegurar que el tema del revocatorio a autoridades judiciales es un proyecto que se tiene, aunque aclaró que éste no es un aspecto político, ya que el juicio de responsabilidades instaurado en contra de dos magistradas del TCP se lo hizo a demanda de dos notarias.

Justificó la posición del Gobierno cuando afirmó que se detectó que la Justicia “no está marchando como debe ser”. Agregó que los magistrados del TCP, que están encargados de vigilar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, no cumplen con esa función.

La Ministra de Justicia indicó que los cuestionamientos al TCP llegan a la retardación de su trabajo respecto a las cartas orgánicas regionales. Al respecto, el presidente del tribunal citado, Efrén Choque, informó ayer que ya se entregaron 21 cartas orgánicas en lo que va del año, las mismas que son fruto de la “estabilidad y del trabajo” de cada uno de los magistrados.

Llamado a la población

Lucha

La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, pidió a la población boliviana sumarse a la lucha contra la corrupción a través de las denuncias, ya que ahora los administradores judiciales ya dejaron de ser omnipotentes.