Nacional

Friday 29 Mar 2024 | Actualizado a 10:31 AM

Piden investigar a jueces que liberaron narcos

Al menos 30 extranjeros fueron liberados por narcotráfico este año 

/ 15 de agosto de 2014 / 06:23

El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, pidieron ayer, por separado, que se investigue a jueces y fiscales que liberaron a narcotraficantes en el país.   

Pérez, en la ciudad de Santa Cruz, anunció que realizarán un seguimiento a los juzgados que liberaron a cerca de 80 extranjeros que se encontraban con detención preventiva en las cárceles de esa urbe, de los que 30 fueron aprehendidos por narcotráfico.

“Estamos buscando la lista y tener los nombres de los juzgados con los cuales los 80 extranjeros obtuvieron las medidas sustitutivas y 30 de ellos estaban presos por la Ley 1008”, declaró Pérez.

Según la autoridad, es curioso que los jueces hayan liberado a los extranjeros, siendo que éstos no cuentan con arraigo natural porque viven en alquiler, alojamientos y hoteles. Además, ellos no tienen familia asentada en el país y están ligados a delitos de narcotráfico.

En Sucre, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, expresó su preocupación porque “de manera extraña” algunos jueces liberan a personas vinculadas con temas de narcotráfico. Por ello, anunció que denunciarán y procesarán a los jueces y fiscales que actúen fuera de la ley.

Guerrero admitió que llama mucho la atención la decisión de algunos jueces y recordó que se plantearon diversas apelaciones y realizaron denuncias incluso en contra de jueces que estarían actuando fuera del marco de la ley.

“Nos preocupa esta situación; nosotros, desde el Ministerio Público, pedimos que se pueda hacer una lucha conjunta de aplicación simplemente de la ley”, sostuvo. Agregó que “en muchos casos han sido encontradas personas con sustancias controladas prácticamente en flagrancia y, lamentablemente, fueron liberadas por los jueces, (eso) nos llama poderosamente la atención”.

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Pesquisa apunta a falla humana y la Fiscalía abre investigación penal

Ayer fue sepultado uno de los funcionarios de la Gobernación del Beni y hoy serán enterrados los otros dos que perecieron en el siniestro de la nave de Aerocon

/ 5 de noviembre de 2013 / 06:54

Una falla humana pudo haber causado que la nave de la boliviana Aero Comercial Oriente Norte Ltda (Aerocon) se estrellara el  domingo con sus 18 ocupantes en el aeropuerto Zelin Zeitum López de Riberalta, según investigaciones preliminares.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, a su vez, instruyó a la fiscal del Distrito del Beni, Wilma Blazz, abrir una investigación penal, debido a que es el cuarto suceso en el que se ven involucrados aviones de Aerocon.

Ésta es la primera vez que se abre una investigación penal por un accidente aéreo en el país. El anuncio se produjo horas después de que el presidente del Estado, Evo Morales, pidiera una profunda investigación y sanciones contra la compañía aérea. Blazz informó en Trinidad que abrió una pesquisa por homicidio culposo, lesiones graves y gravísimas.

“La Fiscalía no cuenta con expertos en aeronáutica, pero va a solicitar apoyo a las instancias que correspondan (Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)”, apuntó Guerrero. El Fairchild Metro 3, que partió de la terminal aérea de Trinidad rumbo a Riberalta, se estrelló a las  15.58 del domingo y se incendió. Ocho personas perdieron la vida y diez resultaron heridas.

Hecho. El informe al que accedió el enviado especial de La Razón a Trinidad da cuenta de que la torre de control informó a los tripulantes que había un viento de siete nudos (equivalente a 14 kilómetros por hora) que soplaba del sur y que debía aterrizar en la pista 32, que era contraria a corriente.

Sin embargo, la nave se dirigió a la pista 14, donde el viento soplaba en la misma dirección que el aparato. Se presume que el viento golpeó la cola del avión desequilibrándolo. ¿Por qué la tripulación tomó esa determinación?, es lo que debe establecerse. “No vamos a emitir ninguna versión con respecto a las causas del accidente”, dijo el gerente de marketing de la compañía aérea, Nelson Kinn.

Ayer, una comisión de la DGAC comenzó a realizar pericias en Riberalta. “Habrá que esperar los resultados oficiales”, comentó el  capitán Eloy Tanaca, director regional de la DGAC. Sin embargo, reconoció que lo ideal es aterrizar en contra del viento porque hay una resistencia al avance.

La autoridad descartó también  versiones de sobrevivientes de supuestas fallas en un motor del avión, por lo que, incluso, la torre de control habría sugerido aterrizar en Guayaramerín.  No existe ningún registro de las cabinas de control que reporten de esa situación, aseguró.

En medio de una gran conmoción, familiares, amigos y vecinos, dieron el último adiós al odontólogo Robert Suárez Vargas (41), quien el domingo junto a otros funcionarios de la Gobernación del Beni se trasladaban a Riberalta para ejecutar el programa Sonrisa Feliz. Por la noche llegaron los restos de Rodrigo Molina P. y Daniel Ishita Guarana, que hoy serán enterrados.

Tres incidentes con aviones de aerolínea

Daymira Barriga

Sin contar la tragedia ocurrida el domingo, en Riberalta, Beni, que dejó ocho muertos, naves de la empresa boliviana Aero Comercial Oriente Norte Ltda (Aerocon), que efectúa vuelos a diez destinos dentro del país, sufrieron tres incidentes en lo que va de este año.

La recopilación se encuentra en el portal aviacionboliviana.net. El último suceso se produjo el 10 de agosto de 2013, cuando el avión Fairchild Swearingen SA227-DC Metro 23, matrícula CP-2655, con ocho pasajeros y dos tripulantes  partió de Potosí rumbo al aeropuerto Juana Azurduy de Padilla, de Sucre, se salió de la pista. No hubo heridos. Según un reporte periodístico, el aparato no fue reparado y aún se encuentra en un hangar de la terminal aérea de la capital.

El 25 de julio, la nave Fairchild Metro 23, sufrió un contratiempo en el aeropuerto de Riberalta cuando se aprestaba a despegar. Un pasajero notó que salía humo de un motor, lo que obligó a la tripulación a abortar la operación.

El 23 de enero, el aparato  Swearingen SA227DC Metro que hacía el vuelo Santa Cruz- Trinidad tuvo que retornar, 13 minutos después de haber despegado, al aeropuerto El Trompillo, de Santa Cruz, debido a fallas mecánicas.

Hay fallas de seguridad en aeropuertos  del Beni

I. C.

El accidente aéreo ocurrido la tarde del domingo en el municipio de Riberalta sacó a flote las falencias de seguridad en los nueve aeropuertos del Beni, que carecen de equipamiento para enfrentar incendios o accidentes de  gran magnitud.

David Pedraza, jefe del aeropuerto Jorge Henrich Arauzm de Trinidad, reconoció falencias logísticas para hacer frente a accidentes de la magnitud del que se cobró la vida de ocho personas en el aeródromo Zelin Zaitum López de Riberalta. “Contamos con personas y medios para atender algunas emergencias que se presentan, pero como lo ocurrido el domingo, no”, aseguró.

En la terminal aérea trinitaria se producen a diario unas 200 operaciones. La de Riberalta la cifra supera las 800 mensuales, lo que hace un promedio de 27 diarias, según la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), que tiene a su cargo la pista,

Carencias. “La deficiencias en logística es una realidad. AASANA es una institución dependiente del Gobierno, pero hasta ahora no se puede contar con un carro bombero, es urgente su implementación en Riberalta, Guayaramerín y Santa Ana, que son los aeropuertos con mayor afluencia de vuelos”, indicó Pedraza.

José Abularach, director regional de AASANA, anticipó que se lanzará una licitación para adquirir todos esos equipos. “Estamos priorizando las terminales aéreas con mayores necesidades y entre ellas está la de Riberalta”. El aeropuerto de Riberalta cuenta con las especificaciones que establecen las normas. Había extinguidores de alta precisión, que fueron usados, recalcó.

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Proponen indulto y amnistía ante la crisis en las cárceles

Un encuentro en Santa Cruz esbozó un proyecto a mediano plazo para mejorar la situación de los reclusos. El presidente Morales ve ausencia de Estado en los penales

/ 3 de septiembre de 2013 / 06:18

El encuentro “Por una reestructuración Integral del Régimen Penitenciario” decidió ayer trabajar en un proyecto de decreto para complementar el indulto, como un mecanismo para alivianar la crisis en las cárceles del país. No se descarta que también se aplique una amnistía selectiva.

Tras la mayor tragedia del sistema penitenciario ocurrida en Palmasola el 23 de agosto, en la que murieron 35 internos y 63 sufrieron heridas, más de 300 delegados del Gobierno, de las gobernaciones y de nueve municipios —siete capitales de departamento y El Alto, Cochabamba y Tarija no asistieron—, además de organizaciones sociales se reunieron en la capital cruceña.

El planteamiento también sería una respuesta a la retardación de justicia que mantiene a cerca del 84% de la población carcelaria sin sentencia ejecutoriada, medida cuestionada por el presidente Evo Morales durante la inauguración.

Fue el propio Mandatario quien planteó para el debate el indulto y la amnistía para casos menores, además del uso de tecnología y la creación de políticas duras, pero a la vez humanitarias y sensibles.

El proyecto además de resolver el hacinamiento en las cárceles espera ofrecer a los reos una segunda oportunidad. El planteamiento fue elaborado en la Mesa 2, de las tres instaladas, que trató la retardación de justicia. El texto final dispone “elaborar, presentar y gestionar la aprobación de un decreto presidencial del indulto complementario, con más contenido y tomando como referencia la Ley del Indulto del Ecuador”.

Paralelamente, el titular de la Comisión de Gobierno, Defensa, Fuerzas Armadas y Policía de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Aparicio, sugirió una segunda amnistía pero más amplia con relación a la primera a fin de beneficiar a una mayor cantidad de privados de libertad.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ponderó la participación y el compromiso de las autoridades en la búsqueda de solución a la crisis del sistema penitenciario. “Se estableció un plan de trabajo con determinaciones muy concretas en materia de infraestructura, tecnología, prestación de servicios básicos y sociales”.

“Es imposible alcanzar seguridad ciudadana y una transformación estructural del Régimen Penitenciario, si no está acompañado de una reforma judicial”, agregó para luego señalar que habrá un antes y un después del 23 de agosto de 2013.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien llegó tarde al acto inaugural, porque abrió el mes de festejos de esa región, destacó que fue una reunión despolitizada en la que primó la búsqueda de soluciones.  En su criterio, la tragedia ocurrida en la cárcel cruceña no puede volver a repetirse nunca más en ninguna cárcel del país.  Al final del encuentro, los asistentes honraron con un minuto de silencio a los 35 fallecidos en Palmasola.

Acuerdos asumidos en Santa Cruz 

Los participantes debatieron en tres mesas: Infraestructura, tecnología y servicios; Retardación de Justicia y Legislación Penitenciaria.

Gobierno, gobernaciones y municipios se comprometieron a mejorar la infraestructura carcelaria y destinar presupuestos para prediarios y adquisición de tecnología.

Los gobiernos departamentales se harán cargo de los de energía eléctrica, agua, teléfono y alimentación hospitalaria, además del pago de prediarios con base en las proyecciones del crecimiento vegetativo de la población carcelaria.

Se aprobará una nueva Ley de Régimen Penitenciario Integral.

No se suspenderán las audiencias conclusivas ni de casación, éstas deberán llevarse a cabo en las cárceles.

Morales apunta a la Justicia

A 12 días de la masacre de- satada en el pabellón de Chonchocorito del penal de Palmasola, que derivó en la muerte de 35 personas y 63 heridos, el presidente Evo Morales apuntó a la Justicia como la responsable de la crisis en el sistema carcelario del país.

En el encuentro nacional por la Reestructuración Integral del Régimen Penitenciario, desarrollado ayer en Santa Cruz, el Mandatario dijo que el problema está en la Justicia, hecho que, según explicó, se refleja en el 84% de la población carcelaria que no cuenta con sentencia ejecutoriada. 

Identificó la falta de tecnología y el hacinamiento como los problemas centrales del sistema penitenciario, pero aseguró que el tema central está en la Justicia boliviana. “Si sólo el 16% cuenta con sentencia y el otro 84% está con detención preventiva, ¿dónde está la justicia boliviana?”, cuestionó Morales.  El Presidente coincidió con su ministro de Gobierno, Carlos Romero, al señalar que existe ausencia del Estado en las cárceles del país, debido a que son comandadas por grupos organizados.

“Me contaron que en las cárceles no hay Dios ni ley, el Estado no tiene presencia y los que mandan ahí son las personas que tienen plata, aquellos grupos bien organizados”, mencionó la primera autoridad del Estado. Adelantó que se pueden construir “lindas cárceles”, “pero si el número de detenidos con sentencia preventiva no disminuye, entonces no habrá una solución estructural”.

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Reanudan juicio del caso Rózsa sin la presencia del fiscal Soza

Renuncia. El Fiscal General dijo que hoy se referirá a Marcelo Soza

/ 19 de marzo de 2013 / 06:29

El juicio oral del caso Rózsa o Terrorismo se reanudó ayer en la ciudad de Santa Cruz en ausencia del fiscal Marcelo Soza, quien —según información extraoficial— se alejará del proceso. En la audiencia concluyó la fase de respuesta a las excepciones e incidentes interpuestos por la defensa.

Los actos procesales que se desarrollan en la capital oriental desde el 18 de febrero continuaron después de un cuarto intermedio de diez días. Sorpresivamente se presentó el fiscal Iván Ortiz en lugar de Marcelo Soza.

En Sucre, el fiscal general, Ramiro Guerrero, a través de su oficina de Relaciones Públicas, no confirmó ni rechazó la versión sobre el alejamiento de Soza. Sólo se limitó a indicar que el caso iba a ser analizado durante la noche con sus asesores y que iba a ofrecer una conferencia de prensa hoy.

La ausencia del principal acusador del caso Rózsa en Santa Cruz de la Sierra generó una serie de especulaciones, debido a que en las últimas tres semanas la senadora opositora Carmen Eva Gonzales (CN) presentó un audio y una serie de fotografías con las que denunció a Soza. En la grabación el supuesto fiscal hace referencia a ex y actuales autoridades del Gobierno y al caso Terrorismo. En las fotos aparece en un festejo con algunos de sus colegas que ahora están encarcelados por el caso Extorsión.

Fiscalía. Desde que se abrió el caso Rózsa, Soza atendió el juicio y se constituyó en el principal acusador. Tras conocerse las denuncias de Gonzales, el viernes denunció que recibió amenazas, incluso contra su familia.

Ortiz, que suplantó a Soza en la audiencia de ayer, dijo que fue designado a formar parte de la comisión de fiscales que investiga el caso Terrorismo a través del instructivo Nº 245, que fue emitido por la Fiscalía cruceña.

El juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1º de Sentencia de la ciudad de La Paz que lleva el caso, declaró un cuarto intermedio de tres días para analizar las excepciones e incidentes presentados por la defensa y contestados por la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno.

Fernández manifestó que este 21 de marzo, a las 18.00, el Tribunal de Sentencia dictará una resolución sobre los incidentes y excepciones planteados por la defensa de los procesados. “Hemos determinado tres días para responder y aprobar la resolución, recordemos que este caso consta de 105 cuerpos y los acusados suman a 39”, subrayó la autoridad.

Con relación a la ausencia del fiscal Soza, el juez Fernández aseveró que desconocía las causas por las que no estaba presente en la audiencia. “Nos acaban de entregar un memorándum expedido por la Fiscalía, designando a Iván Ortiz para reforzar a la comisión de fiscales asignados al caso”, dijo.

“Desconocemos las razones por la que no asistió. Eso es tuición directamente del Ministerio Público. Como verán, acabo de enterarme de la designación del nuevo Fiscal al caso Terrorismo, si bien esto suele suceder en todos los procesos”, añadió Fernández.

Juan Kudelka, uno de los 21 imputados que forman parte del juicio oral, dijo haberse sorprendido por la inasistencia de Soza. “Nosotros, al igual que ustedes, queremos saber qué paso con este señor, que es el principal acusador, y queremos que continúe para que demuestre que somos terroristas”.

Gary Prado, de la defensa, explicó que la salida de Soza no incidirá en el proceso porque cuando se cambia de fiscal, que es la parte acusadora, inmediatamente se releva con otro. “No hay motivo para una suspensión, el juicio debe seguir adelante”, indicó. Actualmente, la comisión del Ministerio Público del caso Terrorismo queda conformada por el fiscal Sergio Céspedes e Iván Ortiz.

El caso Rózsa o terrorismo

Policía

El 16 de abril de 2009, la Policía realizó un operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz, en el que desarticuló a un grupo —según afirman— terrorista que pretendía dividir al país. Allí murieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer.

Quenta cita a la senadora Gonzales

El fiscal Genaro Quenta, que investiga el audio que presuntamente corresponde a su colega Marcelo Soza, convocó a la senadora de oposición Carmen Eva Gonzales (CN) para que ratifique su denuncia y aporte otros elementos a este caso. Quenta espera que la legisladora proporcione información sobre la fecha, quién le ha entregado el CD, entre otros detalles.

La senadora presentó el audio el 4 de marzo, como una prueba de que el juicio por Terrorismo, referido a la desarticulación de un grupo irregular en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, fue “una gran mentira”.

En esa grabación, la persona que habla y que presuntamente es el fiscal Soza vincula a ex y actuales autoridades del Gobierno con los casos Terrorismo y Extorsión. Se habla, por ejemplo, de que se perdieron las pruebas.

Hasta ayer por la mañana la legisladora no había sido notificada, pero aseguró que hoy acudirá voluntariamente al despacho del fiscal para ratificar  su denuncia y declarar que el audio le llegó en un sobre cerrado y de forma anónima. Una vez que Gonzales comparezca, Quenta dijo que convocará a Soza y solicitará que se realice un peritaje a la grabación.

El 11 de marzo, la senadora también presentó unas fotos en las que Soza aparece con acusados de formar una red de Extorsión en el Ministerio de Gobierno. La denuncia sobre este caso fue presentada ante la Fiscalía General. Quenta precisó que sólo se le encomendó investigar el audio.

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Reanudan juicio del caso Rózsa sin la presencia del fiscal Soza

Renuncia. El Fiscal General dijo que hoy se referirá a Marcelo Soza

/ 19 de marzo de 2013 / 06:29

El juicio oral del caso Rózsa o Terrorismo se reanudó ayer en la ciudad de Santa Cruz en ausencia del fiscal Marcelo Soza, quien —según información extraoficial— se alejará del proceso. En la audiencia concluyó la fase de respuesta a las excepciones e incidentes interpuestos por la defensa.

Los actos procesales que se desarrollan en la capital oriental desde el 18 de febrero continuaron después de un cuarto intermedio de diez días. Sorpresivamente se presentó el fiscal Iván Ortiz en lugar de Marcelo Soza.

En Sucre, el fiscal general, Ramiro Guerrero, a través de su oficina de Relaciones Públicas, no confirmó ni rechazó la versión sobre el alejamiento de Soza. Sólo se limitó a indicar que el caso iba a ser analizado durante la noche con sus asesores y que iba a ofrecer una conferencia de prensa hoy.

La ausencia del principal acusador del caso Rózsa en Santa Cruz de la Sierra generó una serie de especulaciones, debido a que en las últimas tres semanas la senadora opositora Carmen Eva Gonzales (CN) presentó un audio y una serie de fotografías con las que denunció a Soza. En la grabación el supuesto fiscal hace referencia a ex y actuales autoridades del Gobierno y al caso Terrorismo. En las fotos aparece en un festejo con algunos de sus colegas que ahora están encarcelados por el caso Extorsión.

Fiscalía. Desde que se abrió el caso Rózsa, Soza atendió el juicio y se constituyó en el principal acusador. Tras conocerse las denuncias de Gonzales, el viernes denunció que recibió amenazas, incluso contra su familia.

Ortiz, que suplantó a Soza en la audiencia de ayer, dijo que fue designado a formar parte de la comisión de fiscales que investiga el caso Terrorismo a través del instructivo Nº 245, que fue emitido por la Fiscalía cruceña.

El juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1º de Sentencia de la ciudad de La Paz que lleva el caso, declaró un cuarto intermedio de tres días para analizar las excepciones e incidentes presentados por la defensa y contestados por la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno.

Fernández manifestó que este 21 de marzo, a las 18.00, el Tribunal de Sentencia dictará una resolución sobre los incidentes y excepciones planteados por la defensa de los procesados. “Hemos determinado tres días para responder y aprobar la resolución, recordemos que este caso consta de 105 cuerpos y los acusados suman a 39”, subrayó la autoridad.

Con relación a la ausencia del fiscal Soza, el juez Fernández aseveró que desconocía las causas por las que no estaba presente en la audiencia. “Nos acaban de entregar un memorándum expedido por la Fiscalía, designando a Iván Ortiz para reforzar a la comisión de fiscales asignados al caso”, dijo.

“Desconocemos las razones por la que no asistió. Eso es tuición directamente del Ministerio Público. Como verán, acabo de enterarme de la designación del nuevo Fiscal al caso Terrorismo, si bien esto suele suceder en todos los procesos”, añadió Fernández.

Juan Kudelka, uno de los 21 imputados que forman parte del juicio oral, dijo haberse sorprendido por la inasistencia de Soza. “Nosotros, al igual que ustedes, queremos saber qué paso con este señor, que es el principal acusador, y queremos que continúe para que demuestre que somos terroristas”.

Gary Prado, de la defensa, explicó que la salida de Soza no incidirá en el proceso porque cuando se cambia de fiscal, que es la parte acusadora, inmediatamente se releva con otro. “No hay motivo para una suspensión, el juicio debe seguir adelante”, indicó. Actualmente, la comisión del Ministerio Público del caso Terrorismo queda conformada por el fiscal Sergio Céspedes e Iván Ortiz.

El caso Rózsa o terrorismo

Policía

El 16 de abril de 2009, la Policía realizó un operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz, en el que desarticuló a un grupo —según afirman— terrorista que pretendía dividir al país. Allí murieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer.

Quenta cita a la senadora Gonzales

El fiscal Genaro Quenta, que investiga el audio que presuntamente corresponde a su colega Marcelo Soza, convocó a la senadora de oposición Carmen Eva Gonzales (CN) para que ratifique su denuncia y aporte otros elementos a este caso. Quenta espera que la legisladora proporcione información sobre la fecha, quién le ha entregado el CD, entre otros detalles.

La senadora presentó el audio el 4 de marzo, como una prueba de que el juicio por Terrorismo, referido a la desarticulación de un grupo irregular en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, fue “una gran mentira”.

En esa grabación, la persona que habla y que presuntamente es el fiscal Soza vincula a ex y actuales autoridades del Gobierno con los casos Terrorismo y Extorsión. Se habla, por ejemplo, de que se perdieron las pruebas.

Hasta ayer por la mañana la legisladora no había sido notificada, pero aseguró que hoy acudirá voluntariamente al despacho del fiscal para ratificar  su denuncia y declarar que el audio le llegó en un sobre cerrado y de forma anónima. Una vez que Gonzales comparezca, Quenta dijo que convocará a Soza y solicitará que se realice un peritaje a la grabación.

El 11 de marzo, la senadora también presentó unas fotos en las que Soza aparece con acusados de formar una red de Extorsión en el Ministerio de Gobierno. La denuncia sobre este caso fue presentada ante la Fiscalía General. Quenta precisó que sólo se le encomendó investigar el audio.

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