La Sala de Apelación y Consulta del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM) rechazó ayer el pedido de libertad del suboficial Johnny Gil Leniz, procesado por los delitos de rebelión, sedición y motín, que pudo cometer en las protestas callejeras de abril.
De acuerdo con la determinación leída ayer por la coronel Duvalie Magne, presidenta de esta instancia jurisdiccional, se ratificó la Resolución 005/2014 del 8 de julio, que ordena la detención preventiva de Gil en las instalaciones del Estado Mayor de La Paz.
“La petición de libertad es improcedente, según el Código de Procedimiento Penal Militar que establece que cuando hay delitos contra la seguridad del Estado, no procede la libertad provisional”, se lee en el fallo, que además señala el riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación por la posibilidad que tendría Gil “de influir negativamente en sus subalternos”.
Ante esta realidad, uno de los abogados de la defensa protestó airadamente y discutió con el fiscal. No se pudo poner orden y Magne ordenó que los efectivos de la Policía Militar (PM) echen de la sala al jurista. Los familiares del suboficial Gil, presentes en la audiencia, en medio de gritos de protesta reclamaron por el fallo y también pidieron ser desalojados. El abogado de la defensa, César Rojas, y los familiares abandonaron la audiencia sin que haya concluido de manera formal. La coronel Magne le aclaró al abogado de la defensa que él estaba saliendo voluntariamente y que la sanción fue en contra de su colega.
El abogado Rojas lamentó la decisión del TSJM, que una vez más rechazó el pedido de libertad de su defendido. Reiteró que la jurisdicción ordinaria dio la razón al recurso presentado donde se argumenta que no existen riesgos procesales de su cliente. Anunció nuevas acciones legales hasta lograr la libertad.
Por los mismos delitos endilgados a Gil se procesa a los suboficiales Franklin Colque y Freddy Sucojayo, de la Fuerza Aérea, quienes guardan detención en las instalaciones de la Base Aérea de El Alto. Los tres participaron de las marchas de protesta de abril y mayo para exigir el respeto a sus derechos humanos e igualdad de condiciones en el trato entre oficiales y clases de las Fuerzas Armadas (FFAA). Durante las tres semanas que duró el conflicto se movilizaron efectivos de las tres fuerzas.
Sospechas. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, manifestó el jueves que las movilizaciones de abril, que se extendieron durante unas dos semanas, tuvieron un carácter político. De hecho, la autoridad cree que las protestas fueron promovidas por la ciudadana Sandra López Poma, quien es candidata de la opositora Unidad Demócrata (UD) por una diputación. Los familiares de Gil rechazaron las declaraciones del Ministro de Defensa.
Defensoría denuncia violación
Medidas
El jefe nacional de Prevención de Conflictos del Defensor del Pueblo, Gregorio Lanza, dijo que con este nuevo rechazo del TSJM se está violando los derechos de un ciudadano; por tanto, anunció que iniciarán una acción popular y otra acción de libertad.
Crece la huelga y vigilia de familiares
De los cuatro familiares del suboficial del Ejército Johnny Gil que comenzaron la huelga de hambre el miércoles 13 en la plaza Abaroa pidiendo la libertad del militar, ayer llegaron a nueve. Una vez que concluyó la audiencia del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM) que rechazó la solicitud de libertad del militar, los familiares protestaron contra la medida y anunciaron que radicalizarán su protesta.
“Han llegado más familiares desde Potosí, quienes se han sumado a la huelga y sabemos que los parientes de los otros suboficiales también se están incorporando a la vigilia”, manifestó una de las parientes del suboficial que prefirió guardar en reserva su identidad.
Protesta. César Rojas, abogado de la defensa de Gil, manifestó ayer que “ahora más que nunca se van a masificar las protestas”, después de que concluyera la audiencia en contra de su cliente. Zulema Quispe, esposa del suboficial Freddy Sucojayo, el otro militar procesado, manifestó que también se sumó a la vigilia desde ayer, pero no a la huelga de hambre, porque tiene dos pequeños hijos y no puede abandonarlos.
“Estamos apoyando esta medida porque queremos la libertad de nuestros esposos que hace tres meses no están en casa”, expresó Quispe, quien se sumó en horas de la tarde a la vigilia enfrente del Ministerio de Defensa.