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Cecilia Enríquez: ‘El Estado debe asignar recursos’

Si el Estado no hace un abordaje integral al  problema de la violencia contra la mujer en términos de costos y asignación de recursos económicos, no va a pasar nada.

/ 21 de agosto de 2014 / 07:56

Existen varias aristas que hay que ver dentro de lo que es la violencia contra las mujeres. La falta y el pendiente del Gobierno es la política pública que emana de la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, y la asignación presupuestaria.

En la medida en que no haya presupuesto, que es trabajo del Ejecutivo y no del Legislativo pero fundamentalmente del Ministerio de Hacienda, no habrá ninguna ley que pueda combatir la violencia contra las mujeres.

Además, también como tarea conjunta del Gobierno y la Asamblea Legislativa, deben trabajar en políticas comunicacionales porque las leyes no van a cambiar la realidad en sí misma, sino que está acompañada por el trabajo de ambas instancias del Estado.

Si con ellos no se diseña un trabajo serio para el cambio de conductas y actitudes para erradicar la violencia hacia las mujeres, muchos resultados no vamos a tener.

La difusión de las normas y los derechos que protegen a las mujeres son necesarios, pero generamos mucha expectativa en la población porque todo el mundo difunde las leyes, incluso los medios de comunicación, pero no es suficiente.

Por ejemplo, los servicios forenses, que son necesarios para presentar una denuncia de violencia contra la mujer, están absolutamente colapsados. En El Alto, para una población de más de 900.000 habitantes tenemos solo dos médicos forenses. Entonces, si no hay una asignación presupuestaria, si no se hace un abordaje integral de la problemática de la violencia en términos de costos, no va a pasar nada. Hacer difusión es lo más fácil.

En el campo electoral, los políticos se han dado cuenta además de que las mujeres somos votantes, y que si no proponen cosas para nosotras, ningún partido tiene posibilidades para ganar las elecciones.

En términos de propuestas, plantean la lucha contra la violencia, salud sexual, reducción de la mortalidad, entre otros aspectos, y eso se viene trabajando desde hace mucho tiempo. El momento en que algún partido, cualquiera que sea, venga y nos diga: del impuesto a las cervezas se va a sacar un porcentaje específico para la lucha contra la violencia.

Cecilia Enríquez es del Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”

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El dictamen presume que el aborto no existe

La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional lleva nuevamente a las mujeres que deciden no tener hijos a la clandestinidad, y lo peor de esto es que ellas se someten a prácticas o métodos que pueden lesionarlas o matarlas en el intento.

/ 23 de febrero de 2014 / 04:01

Realizar un análisis sobre el  fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional es una tarea compleja ya que nos retrotrae a una apasionada discusión, cuyo eje es la vida, y a nuestras comprensiones y posiciones diferentes sobre su abordaje. Compleja además porque la realidad tiene múltiples aristas, no es unidireccional ni está definida en blanco y negro. Por ello, desde mi punto de vista, es necesario tener una mirada de contexto, de la situación de las mujeres, de la legalidad, la legitimidad y el impacto social del fallo.

En términos de la legalidad, para poder determinar las implicancias reales del fallo, se necesita de más tiempo y discusión y su fundamentación jurídica debe ser analizada desde los Derechos Humanos, la doctrina, la antropología, el derecho comparado, entre otras disciplinas. Cabe mencionar que en la fundamentación (del fallo) se hace un extenso análisis de la cosmovisión indígena que está en contraposición con el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, que hace referencia a la independencia entre Estado y religión. Además, hacer el análisis solamente desde la cosmovisión andina va en contra de los principios de la plurinacionalidad.

También es importante reconocer que existen algunos avances en cuanto a las observaciones efectuadas por el Comité de Derechos Humanos a Bolivia en noviembre de 2013, y en el marco de la evaluación de la implementación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Un avance es la desjudicialización de la interrupción del embarazo en casos de enfermedad de la madre o cuando hay una violación o un incesto. 

Quienes trabajamos en brindar servicios a mujeres que han sufrido violencia sexual, conocemos el vía crucis que significa conseguir la autorización judicial para la interrupción legal del embarazo, el tiempo que toma, si es que la consiguiesen, y sus consecuencias en la salud de las demandantes; por ello, éste es un paso significativo para la vida de muchas mujeres.

Si bien todo el debate sobre el fallo se centra en la despenalización del aborto, la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por la diputada Patricia Mansilla Martínez incluye otras demandas, algunas  ya reconocidas en la Ley 348.

Lo que queda en entredicho es la legitimidad de la acción: el fallo tuvo cuatro firmas de siete; como sabemos, el magistrado Cusi, uno de los firmantes, intentó retirar su firma al poco tiempo de emitido el fallo.  Luego renunció el presidente de los magistrados, Ruddy Flores. 

En lo que hace al impacto social, la ratificación de la penalización del aborto lleva nuevamente a las mujeres que deciden no tener hijos a la clandestinidad, y lo peor de esto es que las mujeres se someten a prácticas o métodos que pueden lesionarlas o matarlas en el intento. 

La mayor falsedad de los argumentos por la penalización abordados en el fallo es que se esgrimen como si el aborto no existiera y solo fuera a existir a partir del momento en que la ley lo apruebe. Confunden despenalización con promoción del aborto. La realidad, sin embargo, es que el aborto existe desde tiempos remotos y diferentes culturas han acudido a la interrupción de embarazos no deseados y van a seguir practicándolo de todas maneras, independientemente del fallo. Despenalizar el aborto significa, simplemente, permitir que las mujeres que no pueden o no quieren dar a luz puedan interrumpir su embarazo dentro de ciertas condiciones elementales de seguridad.

Las leyes de un país deberían adecuarse a los cambios que sufren las sociedades con el paso del tiempo, deberían respetar la diversidad de ideologías escépticas y religiosas, siguiendo criterios laicos, que no favorezcan a una congregación en particular, y deberían garantizar la libertad de las personas. Específicamente, deberían garantizar la libertad de la mujer de decidir sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo.

Éste es un asunto de Derechos Humanos, de Justicia Social y de Salud Pública, en un debate que aún tiene mucha tela por cortar y que recién se abre. No se trata de estar a favor o en contra del aborto, sino de generar las condiciones sociales y estructurales que eviten embarazos no deseados, atender demandas de interrupción del embarazo si fuese necesario.

A lo largo de la historia, las mujeres hemos luchado por cada derecho que se nos ha reconocido, desde el derecho al voto, nada ha sido fácil y hemos sido protagonistas de los mayores cambios en la historia. Así, ahora nos enfrentamos a múltiples desafíos para que todas y todos accedamos al ejercicio pleno de los derechos reproductivos y los derechos sexuales. 

Es necesario empezar a reflexionar sobre los derechos reproductivos en su integralidad. Para ello es necesario ahondar en el tema, informar, sensibilizar y así lograr separar los preceptos científicos de los dogmas. Si bien una ley en sí misma no cambia la realidad y el cotidiano de las mujeres, abre senderos para que se cambie la valoración diferenciada de lo que es ser mujer y hombre.

Para ello, se necesita además una educación sexual integral, que mire más allá de la salud sexual y la reproducción, y que se conciba como un proceso continuo que comienza en los primeros años, que debe estar desmarcada de discursos de origen religioso, lo cual se caracteriza por profundizar los estereotipos de género y mantener el orden social a través de la noción de pecado y culpa.

Se debe “dar oportunidades para explorar los valores y actitudes propios y la construcción de la toma de decisiones y reducción de riesgos sobre muchos aspectos de la sexualidad”, tal como señala la Unesco. Todo avance es importante, aún hay mucho por hacer, articuladas vamos sumando y asumiendo los nuevos desafíos que se nos presentan ya que ésta es una delicada materia que tiene que ver con el meollo mismo de la cultura democrática y el respeto a las diferencias.

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Por el derecho a una vida digna

Para evaluar las políticas públicas contra la violencia de género, hace un análisis de la noción misma de violencia, flagelo que tiene tres formas articuladas entre sí: la directa, la cultural y la estructural. Finalmente afirma que la nueva ley en progreso quedará en nada si no es acompañada con una asignación presupuestaria.

/ 24 de febrero de 2013 / 04:00

La es tan cotidiano ver o recibir noticias de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas como ver que un centenar de personas ha muerto víctima de un atentado en Palestina. En este marco, si dos mujeres profesionales reconocidas no hubiesen sido víctimas de feminicidio, esta discusión continuaría en el ámbito de la denuncia, de la invisibilización.

¿Nos hemos acostumbrado a seguir con nuestras vidas mientras vemos que han golpeado,violado y/o asesinado a una mujer? ¿Qué mecanismos se nos activan para convivir con la violencia? ¿Cómo podemos pasar por la puerta de lenocinios en los que sabemos que se está abusando de niñas y no hacer nada? ¿Por qué si las mujeres somos más del 52% de la población seguimos estando sometidas a diferentes formas de violencia?

Desde la experiencia de Gregoria Apaza, en la ciudad de El Alto, en 30 años de trabajo en atención y prevención de violencia, derechos laborales y participación política, nos es difícil hablar de violencia intrafamiliar y de políticas públicas sin profundizar en el concepto de violencia. De lo contrario, se pierde la perspectiva de la violencia a la que se nos somete dentro y fuera del hogar, que debe ser abordada desde la política pública con la debida asignación presupuestaria.

Existen tres formas de violencia: la directa, la cultural y la estructural, que  están directamente relacio nadas entre sí.

La violencia directa tiene que ver con la violencia intrafamiliar, en torno a la cual existen muchos mitos: “eso sólo pasa a las pobres”, “les gusta que las peguen”, “algo ha debido hacer para que la peguen”.  

En varios grupos focales realizados pudimos ver que las mujeres viven en violencia por: dependencia económica; dependencia emocional debida a su baja autoestima fruto de la violencia; a la mujer como“pilar del matrimonio” se la responsabiliza por el “fracaso”, independientemente de la causa. Esto implica mantener a toda costa la figura paterna, ya que la sociedad considera sólo a las familias nucleares como modelo, todo lo demás es disfuncional.

Marcela Lagarde dice que las mujeres somos construidas para ser para los demás, a diferencia de los hombres que son construidos para ser en sí mismos. Esta construcción hace que a nombre de la“familia” aguantemos diferentes tipos de violencia, ya que nuestros cuerpos, nuestras vidas, no importan tanto como el ser madre, santa, abnegada, sumisa y devota.

Por violencia cultural entendemos a la esfera simbólica de nuestra existencia signada por la religión y la ideología, los medios de comunicación, el lenguaje y la ciencia, que “legitiman” la violencia directa y la estructural.   
En el ámbito del lenguaje encontramos, por ejemplo, canciones que mujeres y hombres coreamos a viva voz: “A quien le dicen papá, al gran

Bolívar / a quien le dicen mamá al chacra…”. Así, los poemas, discursos del día de la madre, que dicen que las mujeres somos lo máximo, generalmente son sólo un saludo a la bandera, ya que nuestra realidad es completamente diferente.

Es diferente porque vivimos en una sociedad construida y diseñada con base en un modelo hegemónico: hombre blanco, profesional, heterosexual. Todo el resto está en la periferia y así existen diferentes niveles y grados de poder relacionados con el color de piel, el sexo y el dinero. Se genera así una valoración diferenciada y jerárquica con relación a este modelo. Las mujeres estamos signadas al ámbito de la naturaleza, la maternidad, la responsabilidad sobre la reproducción y nuestro lugar en el mundo es el hogar. Ello también está marcado desde la religión: de acuerdo con la Biblia, los hombres son cabeza/pensamiento/conocimiento y las mujeres somos cuerpo/naturaleza/corazón.

Por ello, cuando nos rebelamos o cuestionamos a nuestros “amos y señores” nos insultan, nos golpean o terminan matándonos. Lo mismo ocurre cuando salimos al mundo público: nos pagan menos, nos acosan  sexualmente o, si participamos políticamente, nos acosan, ya que pasamos a ser “mujeres públicas”.

La pregunta/cuestionamiento es siempre por la violencia que también sufren algunos hombres. En Canadá (2011), una investigación reconoce dos tipos de violencia de pareja: violencia terrorista, que es toda forma de castigo o el impedimento del ejercicio de derechos de una persona en un tiempo sostenido. Esto genera baja autoestima, depresión, ansiedad, la muerte de la persona por homicidio o suicidio. El 98% de víctimas de esta violencia son las mujeres y el restante 2% hombres. El otro tipo de violencia es por reacción que se da en una discusión o por venganza; el 45% de mujeres la sufre en contraposición con un 55% de hombres.

La violencia estructural se manifiesta por un poder desigual que se traduce en más obligaciones y menos oportunidades para las mujeres. Trabajamos, nos hacemos cargo del cuidado de hijos y familiares, de la limpieza y de la cocina.

Lo único que hace a todas las personas iguales es la diferencia entre unos y otros. Ésta viene a ser el principio regulador de las relaciones humanas. El problema es la desigualdad que se genera a partir del supuesto de superioridad o de inferioridad sobre la base del sexo, color de piel, clase, opción sexual, que homogeniza a diferentes colectivos desde pre/juicios que se han “naturalizado” a lo largo de la historia.

En el contexto de lo señalado, se plantea la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres con el objeto de promover la dignificación y el respeto de las mujeres en la pareja, la familia, la comunidad y la sociedad en general. Por ello se trabajaron dos componentes: el de la prevención y el de la sanción que incluye a los diferentes actores que intervienen en la denuncia. Esta ley visibiliza la violencia en las escuelas, en el sector salud y en el ámbito laboral además de proponer la figura de feminicidio, el asesinato sólo por el hecho de ser mujer. Todo este planteamiento, sin asignación presupuestaria que la respalde, será nuevamente un enunciado de buenas intenciones; dejando de lado lo esencial que es la vida, las personas y el derecho al “vivir bien” de las mujeres.   

Esperamos poder tejer redes y estrategias que nos sirvan para combatir y contagiar fuerza y entusiasmo para promover cambios en la cultura, para que todas las personas valgamos lo mismo.

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