El fiscal departamental de Cochabamba, Freddy Torrico, renunció ayer a su cargo en forma irrevocable por razones personales y familiares. El jefe del Ministerio Público, Ramiro Guerrero, aceptó la dimisión.

“Hay ciclos y etapas en la vida de las personas que se los cumplen (…). Haremos ajustes y los cambios necesarios para seguir fortaleciendo la Fiscalía”, expresó Guerrero en un acto en el que además posesionó a seis fiscales, nueve asistentes legales y a dos auxiliares.

Esta designación se la hizo en el marco de la transparencia, ya que una comisión de la Fiscalía General tomó las entrevistas correspondientes, las evaluaciones de suficiencia y calificaciones de méritos al nuevo personal, sostuvo Guerrero, según una nota de prensa del Ministerio Público.

La autoridad también adelantó que habrá una serie de “ajustes” en el trabajo de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, con el objetivo de optimizar la labor en la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad.

“Vamos a seguir desmontando esa vieja estructura que sigue haciéndole daño a nuestro Ministerio Público, ese daño ocasionado por fiscales que se creen intocables, con derecho a extorsionar, a sacar dinero, a favorecer a otras personas, eso en definitiva se tiene que terminar en la Fiscalía General del Estado”, manifestó la autoridad.

Autoridades del Ejército y del Instituto Geográfico Militar (IGM) rechazaron que se elabore el diseño de un nuevo mapa político de Bolivia con 24 departamentos, tal como denunció el senador opositor  Marcelo Antezana (CN).

La directora de Comunicación del Comando General del Ejército, coronel Sara Aramayo, negó que se haga ese trabajo y lamentó que Antezana desprestigie a esta fuerza “con fines personales”.

El comandante accidental del IGM, coronel Carlos Sanabria, negó que su institución haya recibido alguna orden superior para elaborar una cartografía con estas características. Antezana, que es excomandante del Ejército, ratificó su denuncia y solicitó un informe oral al ministro de Defensa, Rubén Saavedra.

La Armada Boliviana inició una investigación sobre la denuncia de torturas que habrían sufrido estudiantes de la carrera de Veterinaria de la universidad indígena Túpac Katari, el 23 de septiembre, en un curso a cargo de instructores militares del cuartel de Chúa (La Paz), en el marco de un convenio.

“El Comando de la Armada ha pedido informes al comandante de esa unidad para esclarecer si es que se dieron esos hechos denunciados, pero una vez verificados esos extremos se aplicará el reglamento que corresponde cuando se trata de violación de los derechos humanos o cualquier otra transgresión a reglamentos militares”, informó el comandante accidental de la Fuerza Naval, almirante Waldo Calla.

El fin de semana, uno de los 43 alumnos afectados denunció que al menos tres de sus compañeros tienen secuelas, una universitaria que llegó a orinar sangre y ser internada en una clínica de El Alto y dos estudiantes que no pueden dormir a causa del trauma. Indicó que fueron golpeados cuando no cumplían a cabalidad los ejercicios ordenados y sometidos a gases lacrimógenos.

Los estudiantes denunciaron que ahora son víctimas de amedrentamientos y amenazas. La representante del Defensor del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi, dijo que aún no se tiene el informe forense del caso de la universitaria.