El exdirector de Régimen Penitenciario de Cochabamba Dennis Mejía Montenegro fue detenido preventivamente en la cárcel de Arani por orden del juez 1° de Instrucción Penal de Sacaba, Pablo Antezana, a raíz de la balacera en el penal de El Abra que el domingo dejó cuatro muertos.
Después de cinco días de haberse registrado la pelea, tras una fiesta autorizada por Mejía y por una pugna de poder entre reclusos, el mayor Yuri Duk fue alejado del cargo de gobernador de El Abra y puesto a disposición del Comando de la Policía, al igual que 25 policías, de los 37 que trabajaban en el penal. El nuevo jefe de ese centro penitenciario es el coronel Luis Choque.
Josy Arauco, fiscal asignada al caso, informó que Antezana resolvió la detención preventiva de Mejía en el penal de San Sebastián, debido a que los elementos de prueba adjuntados y los documentos de la defensa fueron considerados insuficientes.
Emitida la resolución, cerca de las 13.30, los abogados de Mejía pidieron la reconsideración del recinto por existir riesgo en la integridad física de la exautoridad. “Hay amenazas”, denunció Mauricio Saavedra, cuñado del acusado. Media hora más tarde, cuando se disponía al traslado, uno de los efectivos policiales informó que Mejía era llevado a otro reclusorio.
Penal. “La instrucción del juez es llevarlo a la carceleta de Arani, vamos a dejarlo ahí. No hay mayor resguardo, se está haciendo el tratamiento como se hace con cualquier persona”, expresó un policía. Al ser consultado sobre el cambio de penal, Antezana contestó escuetamente “a Arani, sí, así es”.
Mejía, a través de su abogado, pidió la detención domiciliaria, pero su solicitud fue negada. Antezana rechazó la documentación que prueba el domicilio y, sobre todo, la falta de acreditación de una fuente laboral.
Saavedra, anunció la apelación a la resolución. “Vamos a demostrar que Dennis Mejía tiene domicilio, se está mostrando el registro domiciliario, la certificación de la OTB y que nos digan que es ilegal no me parece”, dijo. Respecto al trabajo, “lo han destituido hace 48 horas”, agregó.
Reclamó por no existir el mismo tratamiento para otras autoridades implicadas en las irregularidades denunciadas al interior de El Abra y que ocasionaron la muerte de los reclusos Ariel Tancara, señalado como el cabecilla del grupo que extorsionaba a reos, Gustavo Tovar Ramírez, Humberto Gonzales Olmedo y Sergio Arce Araníbar (El Lucifer), sindicado de matar a Tancara. Otras 11 personas resultaron heridas.
Tras la balacera se conoció que en El Abra las extorsiones oscilaban entre $us 1.000 y 7.000 para el “derecho de piso”, cuando se ingresaba al penal, y el “seguro de vida”, cada mes para no ser torturados. Mejía, según las denuncias, conoció estos cobros y los socapó. El Ministerio Público imputó a Mejía por los delitos de concusión e incumplimiento de deberes.
En una requisa, la Policía halló armas de fuego, punzocortantes, celulares, cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas, elementos prohibidos y controlados por la Policía. Saavedra, se preguntó y cuestionó, “¿por qué no se le está acusando al gobernador del penal de El Abra?”.
Arauco explicó que todo lo ocurrido al interior del recinto carcelario es indagado. “Quiero que recuerden que estamos en un proceso de investigación, que estamos iniciando, otros detalles los vamos a investigar, me gustaría que tengan un poco de paciencia”, indicó.
El comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Marcelino Mérida, comunicó que Duk fue removido del cargo de gobernador y puesto a disposición del Comando General de la Policía. “De igual manera se realiza el cambio paulatino del personal que efectúa seguridad en el recinto penitenciario”, añadió.
El responsable de la Dirección de Investigación Policial Interna (Didipi), coronel Orlando Lafuente, señaló que Duk y los 23 policías custodios que trabajaban en el penal serán investigados para determinar si están involucrados en los actos irregulares denunciados. Explicó que los vigilantes trabajan en otras dependencias.
Hablan de civiles en cárceles
Propuesta
El Gobierno y asambleístas abrieron la posibilidad de implementar personal civil para dar seguridad en las cárceles del país, tras la balacera del domingo en El Abra. El presidente de la Cámara Baja, Marcelo Elío, dijo que hay que analizar esta propuesta.
Mejía conocía los cobros, dice exgobernadora
La exgobernadora del penal San Sebastián mujeres teniente Anahí Padilla Carvallo denunció que al interior de este recinto existían cobros irregulares que eran de conocimiento del exdirector regional de Régimen Penitenciario Dennis Mejía. Aseguró que cuando intentó frenar las irregularidades, Mejía solicitó su cambio.
“Me relevaron del cargo, el problema se inició porque yo prohibí una fiesta, también he prohibido el cobro del “derecho de piso” (a reclusas nuevas) que se hacía dentro del penal. Denuncié por informe a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario y mandé descargos, incluso con recibos que las delegadas internas entregaban y que era de conocimiento de Mejía”, manifestó.
Tras la balacera registrada en El Abra el domingo, en la que fallecieron cuatro personas, el ahora exdirector de Régimen Penitenciario de Cochabamba fue acusado por los reclusos de ese penal de conocer las extorsiones que hacían reclusos. Incluso se indicó que testificó el pago de $us 30.000, en un caso.
“El día en que yo lo he prohibido todo, Mejía me ha denunciado por cobros ilegales”, lo hizo junto a las delegadas internas. Luego, Padilla conoció que “las delegadas fueron presionadas para hacer las denuncias en mi contra, las amenazó”. Acotó que en ese recinto, “las delegadas cobraban a una nueva interna Bs 150 por derecho de piso”, el cobro era registrado como cuotas para mejoras al interior del penal.