El presidente Luis Arce, elegido por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2020, no tiene años suficientes de militancia en ese partido que le permitan habilitarse como candidato en 2025.

Así lo advirtió el vicepresidente de esa organización política, Gerardo García, en la transmisión digital La Razón Radio. “Luis Arce no está cumpliendo los 10 años de militancia (en el MAS) para ser habilitado como candidato; no somos nosotros, lo dicen la ley y los estatutos”, afirmó.

El punto 2 del artículo 64 del Estatuto del MAS, vigente desde el 22 de septiembre de 2021, establece que el candidato (binomio) “deberá contar con 10 años de antigüedad y una trayectoria intachable como militante del MAS”.

En criterio de García, Arce es apenas militante registrado del MAS desde 2018. Consideró que, si el mandatario quiere ser candidato, debería haberse inscrito en su partido en 2002, al menos.

“Es verdad, muchos que han sido inscritos, los libros no han llegado al Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, admitió, no obstante.

El jueves, el presidente Arce cuestionó la convocatoria al congreso del MAS en Lauca Ñ, para los días 3, 4 y 5 de octubre. “Es muy difícil que nosotros podamos asistir a un congreso donde los dueños no van a estar”, afirmó en conferencia de prensa.

Se refirió la inasistencia de organizaciones del Pacto de Unidad, que son el sostén social de los gobiernos del MAS, antes con Morales y ahora con Arce.

Consultado García sobre si Arce pude participar del congreso, respondió: “No le impide nada, sino que no puede ser candidato porque no cumple con los años de militancia”.

En enero de 2020, liderada por el expresidente Evo Morales, la dirigencia del MAS y del Pacto de Unidad reunida en Buenos Aires eligió a Arce y a David Choquehuanca como su binomio para los comicios de ese año. Implicaba su propósito de volver al poder luego de la ruptura constitucional que catapultó a la senadora Jeanine Áñez en lugar de Morales.

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Arce

Entonces, no hubo objeciones a la antigüedad o no de la militancia de Arce en el MAS. “Con Lucho, no van a decir que el candidato del MAS-IPSP no llega más allá de las organizaciones más afines; es un candidato también para las ciudades”, justificó Morales en su libro Volveremos y seremos millones (Planeta 2020).

Entonces habían quedado en el camino Andrónico Rodríguez, actual presidente de la Cámara de Senadores, y Diego Pary, embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“No hemos pensado que nos iban a traicionar de esta manera”, dijo García sobre el binomio, Arce y Choquehuanca, que fue elegido en los comicios del 18 de octubre de 2020 con el 55,1% de los votos.

Sin embargo, develó que entonces Choquehuanca se molestó por no haber sido elegido candidato presidencial del MAS. Afirmó que por eso se entiende ahora la “traición” del ahora vicepresidente del Estado a su partido.

Familiares de ocho fallecidos en la masacre de octubre de 2003, llegaron este jueves a un acuerdo de conciliación y compensación con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), en el marco de un proceso judicial en Estados Unidos.

Según la “declaración conjunta” divulgada por el yerno de Goni, Mauricio Balcázar, quien también radica en suelo estadounidense tras la fuga de Bolivia del exmandatario, el 17 de octubre de 2003, ambas partes pactaron resolver la disputa legal en los tribunales.

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“En consecuencia, las Partes han logrado una conciliación que proporciona una compensación para las familias de los Demandantes y exoneraciones legales que prohíben cualquier acción adicional de cualquier tipo por parte de los Demandantes contra los Demandados en relación a los eventos que ocurrieron en Bolivia en septiembre y octubre de 2003” (sic), señala el documento.

Sánchez de Lozada renunció a la presidencia y fugó el país agobiado por las protestas que rechazaban la exportación de gas por un puerto chileno, y por la masacre con más de 60 fallecidos en lo que se denominó la “guerra del gas”.

“La decisión de conciliar no significa que los Demandados admitan responsabilidad por los eventos en cuestión. Las Partes han acordado no divulgar ningún término de su acuerdo de conciliación”, complementa el documento en cuestión.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “absolver” lo antes posible la consulta interpuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en torno al proyecto de ley para las elecciones judiciales.

“Hemos pedido (al TCP) que puedan absolver lo antes posible la consulta previa de constitucionalidad interpuesta por el TSJ, respecto al proyecto de Ley 144, que establece o garantiza la preselección de las autoridades judiciales hacia el año 2024”, dijo en conferencia de prensa en Sucre.

Aprobado el 31 de agosto en la Cámara de Senadores, el proyecto de ley fue remitido a Diputados, donde la Comisión de Constitución decidió, el 6 de septiembre, remitir una consulta sobre su contenido a siete instituciones del Estado; de ellas, tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.

Luego, el 20 del mismo mes, el presidente de TSJ, Ricardo Torres, remitió al TCP la consulta que llegó desde Diputados.

En horas de la mañana se conoció que El TCP admitió dicha consulta.

Además, determinó “suspender el procedimiento de aprobación” de dicho proyecto, que se aprobó en la Cámara de Senadores el 31 de agosto de este año.

Judiciales

“Somos respetuosos de la independencia de poderes; pero también hemos pedido que entiendan los problemas que está ocasionando a la Cámara de Diputados y al país en su conjunto”, remarcó Mercado.

La presión por la realización de las elecciones judiciales la puso el mismo TCP emitió un fallo el 31 de julio. Fue la respuesta a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, anuló todo el proceso previo.

Creció esta semana luego de conocerse un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige al Estado garantizar los comicios en 2023.

Dicho organismo internacional observó que el proceso estuvo marcado “por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.

Entretanto, el TSE desahució los comicios para este año, pues advirtieron en más de una ocasión que ese órgano requiere de al menos 90 días para organizar los comicios. Ese plazo comienza con la remisión de la lista de los 96 postulantes habilitados para el proceso.

El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, afirmó este jueves que es “imposible” volver a reunirse con el presidente Luis Arce, debido a que “hay caprichos”.

El dirigente, consultado por La Razón Radio, se refirió al quiebre político entre su líder, Evo Morales, y Arce.

“Para mí, es una cuestión tarde reunirse con Lucho (Arce), después de estas altas traiciones. Anda hablando mal de todo; ya es imposible. Hemos estado buscando como subsanar las diferencias. Hay caprichos; va a ser difícil reunirse”, aseguró.

Arce y la dirigencia del MAS, según contó García, se reunieron por última vez en julio de 2022, en Cochabamba. Entonces, las conversaciones abordaron los cuestionamientos a algunos ministros de su gabinete, la petición de “cambio”.

Contó que, a un año de la gestión de Arce como mandatario “surgió la sospecha” de un “acercamiento con la derecha” y que una muestra de ello fue la supuesta liberación de procesos contra Manfred Reyes Villa, cuando éste era prefecto (ahora llamado gobernador) de Cochabamba.

Por otra parte, según García, los cuestionamientos a cinco ministros del gabinete de Arce surgieron de las mismas organizaciones sociales que conforman al MAS, cuyos dirigentes “sorpresivamente cambiaron de decisión y ya no pedían (el) cambio (de esas autoridades)”.

“Han llegado algunos acuerdos, algunos arreglos”, consideró.

García dijo que esas críticas fueron el factor “determinante” que derivó en el quiebre político entre Arce y Morales, que en más de una ocasión aseguró que “el MAS no está en el Gobierno”.

Sin embargo, la fractura entre el Gobierno y el MAS tiene una fecha clara: el 3 de septiembre de 2022. Entonces, el líder del MAS denunció en un acto público en Cochabamba, un supuesto “plan negro” en su contra.

Consultado García sobre dicho “plan”, apuntó al exministro de Gobierno Hugo Moldiz, de quien incluso dijo que el propiciaba un intento de “desaparición” física de Morales, promover la inhabilitación política del líder del MAS y su implicación con el narcotráfico.

Al respecto, el aludido dijo en Piedra, Papel y Tinta, este mismo jueves, que le causa sonrisa esas denuncias, que García no tiene formación política y que sus comentarios ya son surrealistas.

Pero las acusaciones de Morales fueron creciendo. La última tiene que ver con la supuesta intención del Gobierno “para deshabilitar políticamente” al líder cocalero, por medio de “juicios pagados”.

“Evo Morales siempre va a ser la espina y el clavo en el zapato de Luis Arce”, apuntó García.

Las diferencias entre ambos líderes subieron de tono en los últimos días. Incluso, el jefe del MAS descalificó a su otrora elogiado ministro de Economía. “Creen que Lucho (Luis Arce) es ideólogo de modelo económico; (pero) él, en el gabinete (de ministros), era conocido como ‘cajero’”.

Pero la tarde del miércoles, esa declaración tuvo su respuesta. «Yo no tengo problema que me llamen como quieran; los resultados (de mi gestión) son los que cuentan (…). (En) Bolivia, desde que estuve como ministro de Economía, hemos estado en los mejores sitiales, con los indicadores económicos y sociales», aseguró.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la consulta del Tribunal de Supremo de Justicia (TSJ) sobre la viabilidad constitucional de proyecto de ley de elecciones judiciales.

Un documento citado por el diario Correo del Sur, de Sucre, señala que esa institución resolvió “admitir la consulta sobre la constitucionalidad del artículo 2 de la Disposición Adicional Sexta del proyecto de ley 144/2022-2023, denominado proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”.

Además, determinó “suspender el procedimiento de aprobación” de dicho proyecto, que fue aprobado por la Cámara de Senadores el 31 de agosto de este año.

Una vez derivada a Diputados, la Comisión de Constitución remitió una consulta a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, el 20 de septiembre, presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP.

TCP

La presión por la realización de las elecciones judiciales la puso el mismo TCP, que emitió un fallo el 31 de julio, en respuesta a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, anuló todo el proceso previo.

Creció esta semana luego de conocerse un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige al Estado garantizar los comicios en 2023.

Dicho organismo internacional observó que el proceso estuvo marcado “por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.

Entretanto, el TSE desahució los comicios para este año, pues advirtieron en más de una ocasión que ese órgano requiere de al menos 90 días para organizar los comicios. Ese plazo comienza con la remisión de la lista de los 96 postulantes habilitados para el proceso.

Ahora las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa buscan consensos para tomar decisiones en torno a las judiciales, pues el fallo constitucional dicta que deben ser asumidas con dos tercios de la votación.