El vicepresidente Álvaro García informó que el Gobierno optó por la vía de los juicios para jueces, fiscales y altas autoridades del Órgano Judicial en el desafío de mejorar la administración judicial, de la que dijo sentir “decepción total” debido a su falta de respuesta a las exigencias de celeridad y transparencia en la resolución de causas.
García anunció en una entrevista concedida al programa ‘Levántate Bolivia’ de Cadena A la próxima aprobación de una norma para enjuiciar a fiscales y jueces que no concluyan un proceso en un plazo de seis meses a un año. “Harán 10 mil chicanas, si no acaban en un año, el juez y el fiscal del caso, estarán compartiendo una celda con los acusados”, advirtió.
En las cárceles de Bolivia hay más de 16 mil privados de libertad, de los que el 80% son detenidos preventivos, es decir, sin sentencia. La Defensoría del Pueblo y diferentes instituciones vinculadas a los derechos humanos observaron esa situación y exigieron acciones para resolver la retardación y corrupción en la Justicia.
“Hay que sentar la mano a ciertos jueces, no a todos, hay gente muy noble y trabajadora…hay que quitarles ese poder (de extender los procesos en el tiempo”, insistió.
El Vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional se declaró decepcionado del andamiaje judicial y reconoció que no fueron “bien escogidas” las máximas autoridades de ese Órgano del Estado o que, añadió, “se creen pequeños dioses que no dependen de nadie y que dicen: hacemos lo que nos da la gana”.
Planteó como salida a esa situación los juicios, como ocurre con las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chánez del Tribunal Constitucional por la suspensión de la vigencia de la ley del Notariado. Ambas magistradas fueron suspendidas del cargo y serán sometidas a un juicio de responsabilidades en la Cámara de Senadores. El magistrado Gualberto Cusi también está entre los procesados.
“Nosotros tenemos la vía de los enjuiciamientos en la Asamblea”, explicó e informó que por ese procedimiento los acusados también pueden ser alejados de sus cargos.
“Nuestra decisión es que a jueces que están incumplimiento, juicio, y el juicio te saca (del cargo). Vamos a ir sacando a jueces que no están cumpliendo su labor, que están metidos en actos de corrupción, de retardación de justicia; los vamos a ir enjuiciando en la Asamblea, los vamos a ir sacando uno por uno, los jueces que cumplen su tarea se quedarán tranquilos”, aseguró García.
Casos emblemáticos que hasta hoy no encuentra justicia son, por ejemplo, el denominado Terrorismo, ocurrido en abril de 2009, y la represión policial a la marcha de indígenas, que hoy cumple tres años sin sentencia.