Nacional

Thursday 25 Apr 2024 | Actualizado a 18:39 PM

Extorsiones a reos en penales del eje se expanden a dos regiones

El último hecho de sangre en la cárcel cochabambina de El Abra, que dejó cuatro muertos y 11 heridos, confirmó que existen extorsiones y abusos a los presos en los penales, sobre todo en los del eje troncal. Esta ilegalidad se repite en Tarija y Pando y tiende a llegar a otras regiones.

El último hecho de sangre en la cárcel cochabambina de El Abra, que dejó cuatro muertos y 11 heridos, confirmó que existen extorsiones y abusos a los presos en los penales, sobre todo en los del eje troncal. Esta ilegalidad se repite en Tarija y Pando y tiende a llegar a otras regiones.

La reyerta en la cárcel cochabambina se dio el 15 de septiembre por la pugna de poder, que desató una balacera. La causa de la pelea fue por el control de cobros irregulares por “alquiler de celdas” y “seguro de vida” a reclusos. Similar situación se dio en el penal cruceño de Palmasola, el 23 de agosto de 2013, donde 35 internos fallecieron. A diferencia de ambos, San Roque, de Sucre, es una cárcel donde no hay cobros y hay disciplina y estudio.

El exdirector general de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos reveló que las extorsiones en penitenciarías surgieron en 1989, porque los recintos se empezaron a llenar con gente que cometía delitos de narcotráfico. Es decir, que los detenidos tenían dinero, “entonces ahí apareció el interés de algunos malos policías y otros que se denominaron delegados, antes jilakatas”.

ilícito. Explicó que ahí se hizo una alianza por el dinero y aparecieron las extorsiones, el seguro de vida, el derecho de piso, hechos que mostraron la falencia de Régimen Penitenciario, que no clasificó a los reos con sentencia y con detención preventiva.

Este diario solicitó una entrevista al director de Régimen Penitenciario, Raúl Masic, pero éste se negó.

Llanos señaló que actualmente se cometen más delitos en las cárceles del eje troncal: San Pedro de La Paz, El Abra y Palmasola. Advirtió que esta ilegalidad llegó a penales de Pando y Tarija. “Hay torturas, vejaciones, utilización de personas, prostitución (y) cohecho activo y pasivo. Lo peor es que no existen denuncias porque los delegados tienen controlados a ésos. Con esto se demuestra que en el penal se vive en esclavismo”, alertó.

Detalló que por derecho de piso los delegados y sus aliados cobran en El Abra $us 1.000 por recluso, en San Pedro $us 750 en la sección La Posta y entre $us 300 y 400 en la población. En Palmasola entre $us 1.000 y 3.000, depende si es extranjero o narco.

“La gente que no paga su seguro de vida o derecho de piso es sometida a actos inhumanos. Por ejemplo, en Santa Cruz a un recluso que no quiso pagar $us 2.000, le metieron un frasco de Baygon en el trasero. En La Paz hay casos similares”, dijo Llanos. Añadió que a los que pagan menos, les hacen limpiar o trabajar de lo que los delegados quieran, como empleados o peones, para compensar el pago.

Un exreo de San Pedro contó que los delegados se distribuyen las formas de cobro y extorsión a internos, en la puerta del penal exigen una entrada de Bs 20 por visita y en las secciones Bs 5. Agregó que ingresan prostitutas diariamente y que por mujer se eroga Bs 200 para delegados y policías. Los “fachos” (delegados), además, controlan la venta de droga, alcohol y comida.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, corroboró que existen vejaciones al interior de las cárceles del país, sobretodo “la extorsión y el saqueo de dinero”. Sostuvo que los órganos Ejecutivo y Judicial pueden frenar esta situación.

Balacera en El Abra deja 4 muertos y 11 heridos

El 15 de septiembre se desató una balacera por una pugna de poder que causó la muerte de cuatro reos en la cárcel de El Abra. La pelea se registró tras una fiesta en honor de la Virgen de Urkupiña. El delegado interno de El Abra Édgar Tancara y dos de sus colaboradores fueron acribillados por abusos de extorsión. También murió el agresor.

Pugna por el poder en Palmasola deja 35 muertos

El 23 de agosto de 2013 un ataque del Bloque B contra el Bloque A de la sección Chonchocorito de la cárcel cruceña de Palmasola, con armas blancas y garrafas de GLP, causó la muerte de 34 reos y un niño de año y medio. Los agresores buscaban quitar al Bloque A la administración del dinero que se recolectaba ilícitamente por extorsiones a reos.

En un ajuste de cuentas asesinan a ‘El Petas’

En noviembre de 2009 Alberto Abaroa Rubín de Celis, alias El Petas, que estaba preso por matar a cuatro policías, fue asesinado en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. La causa, un ajuste de cuentas entre los reclusos por la disputa del control interno de la cárcel. El cadáver de Abaroa fue encontrado al lado de la lavandería.

Acribillan al ‘Junco’ en puertas de Chonchocoro

En noviembre de 2010, el peruano Carlos Junco Cáceres, alias el Junco, fue acribillado con nueve impactos de bala en cercanías del penal de Chonchocoro, tras ir a una audiencia en la ciudad de La Paz. El Junco dijo que tenía información clave sobre los autores intelectuales de un atraco a Vías Bolivia y la muerte de David Olorio en celdas policiales.

APDHB, alarmada por abusos en cárceles

En la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) están alarmados por la violación de derechos de los reos que hay en las cárceles de Bolivia. Denuncian que existe retardación de justicia y extorsión a los privados de libertad.

El pronunciamiento lo dio a conocer la vicepresidenta de la APDHB, Ligia Pinto, quien aseguró que la institución realizó visitas a los reos y recibió sus denuncias.

“Hemos visitado todas las cárceles del país y en todas hay una constante respecto al tema de retardación de justicia. Lo más preocupante es la extorsión latente en estos centros, sobretodo en el eje troncal, en donde alguien se aprovecha de los privados de libertad y se dice que están sobre las autoridades que resguardan las cárceles”, lamentó Pinto.

También dijo que otros problemas que existen son: el hacinamiento, la retardación de justicia y la falta de clasificación de los internos por delitos, además de sentenciados y preventivos que deben estar separados en el penal.

Por este motivo, la APDHB, dijo, solicitó en varias oportunidades a los operadores de justicia que cumplan su trabajo y resuelvan el tema de la dilación, que es un asunto lacerante para los presos. En el caso de extorsión, exigen que se hagan investigaciones claras, justas y concretas para sancionar y terminar con ese ilícito, pero aún no hallan una respuesta, afirman.

Pinto remarcó que en el tema del penal de El Abra, antes de la balacera que dejó cuatro muertos, la Policía no podía entrar al penal, hecho similar al de otros reclusorios.

Penal de Palmasola

Las extorsiones a los reclusos aún persisten

Trece meses después de la mayor reyerta desatada en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, que cobró la vida de 35 personas, la administración interna permanece bajo sus reglas ante la ausencia del Estado. Los testimonios de los privados de libertad confirman que los cobros ilegales por el “seguro de vida”, cambio de pabellón, alquiler de celdas, acceso a teléfonos y agresiones físicas y psicológicas, persisten.

Las pugnas de poder por la administración de las extorsiones continúa, cuentan los reclusos. Las promesas de cambio ofrecidas por autoridades de Gobierno, tras la pelea, solo quedaron en buenas intensiones, agregan.

El código del silencio impera en los pasillos del pabellón abierto (PC4), uno de los escenarios más poblados de Palmasola. Los reos evitan hablar de las irregularidades que ocurren en su interior por temor a represalias de los que tienen el control.

Este diario visitó el viernes Palmasola. Uno de los internos, que prefirió no identificarse porque dice que son controlados y reciben paliza, se limitó a expresar: “seguimos pagando seguro de vida, alquiler y algunas cuotas que nos sacan los jefes”, señala.

Según otros presos, “los jefes” les cobran desde $us 500 a los recién llegados por seguro de vida. El monto varía de acuerdo con el delito cometido. “Si es por narcotráfico, el monto puede doblarse; y si es un simple robo de bagatela, la cifra es inferior”.

“Estoy aquí más de cinco años y en este tiempo no he visto un solo cambio”, dijo otro privado de libertad, quien afirmó que ya no cree en las ofertas de mejoras de los ministros de gobierno.

Cárcel de San Roque Disciplina y estudio, como en un cuartel

La cárcel San Roque de Sucre funciona como un cuartel. Tiene normas disciplinarias rígidas, bajo el mando de los delegados de área que imponen respeto. Los internos salen con un oficio e, incluso, con un título académico bajo el brazo otorgado por la Universidad San Francisco Xavier.

Al igual que otros penales del país, el mayor problema radica en el hacinamiento. Esta cárcel fue construida en una extensión menor a una hectárea para cobijar a 60 internos, pero tiene a cerca de 500, de ellos, el 80% con detención preventiva.

El comedor se convierte en un gigante dormitorio por las noches, la pequeña capilla también alberga a los internos nuevos.

El general Juan Véliz, excomandante del Ejército, está a cargo de la disciplina y, junto a otros presos, controla el ingreso y salida de personas y la limpieza de los tres patios. El delegado de salud es el exprefecto de La Paz Luis Chito Valle, quien es el responsable de atender las 24 horas del día a sus colegas en un improvisado consultorio que, a la vez, es su dormitorio.

El almirante Luis Aranda es el encargado de estudios universitarios y dicta clases de inglés. El exalcalde de Sucre Fidel Herrera asesora a sus compañeros en temas judiciales y, además, elabora proyectos para conseguir financiamiento para obras.

La Alcaldía de Sucre y la Gobernación de Chuquisaca implementaron talleres de panadería y pastelería, tejidos, electricidad, metal mecánica, carpintería, peinados y una lavandería.

Este año, de 12 estudiantes de la carrera de Agronomía, ocho se titularán, tres por excelencia académica.

También se hace música. Hasta ahora, los internos produjeron dos discos con producciones en audio y video. Hasta fin de año, prevén sacar la tercera producción.

En El Abra, el temor reina Pagan ‘seguro sexual’ para no ser violados

Tras la balacera del 14 de septiembre en el penal de El Abra, en la que murieron cuatro reos por pugnas de poder para administrar extorsiones, se reveló que, al margen del derecho de piso y el seguro de vida, hay el seguro sexual que debe pagar el preso para no ser violado.

Existe temor entre los reclusos de ese penal y sus familiares para denunciar otras irregularidades, debido a que son amenazados.

“Hay historias de terror que no vamos a conocer debido al miedo”, dijo Andrés Cuevas, representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba.

Todo empieza después de las 18.00, cuando la Policía deja la población penal y solo hace control perimetral. Los delegados de “disciplina” inician su tarea. Los cobros son lo primero. “Aquí todo se paga, yo pagué $us 2.000 por derecho de piso; si no pagas, te ‘bolsean’ (te asfixian con una bolsa en la cabeza)”, contó uno de los reclusos.

Los delegados fijan tarifas diferenciadas cuando llega un interno, según su estado socioeconómico y nacionalidad. Incluso tienen antecedentes de sus familiares.

“Mi papá fue traído por error, no había campo en Sacaba y cuando vino le pidieron $us 500, hemos tenido que rogarle a don Ariel Tancara (delegado asesinado) como a Dios para que acepte Bs 1.100”, dijo otra familiar.

La esposa de un reo contó que las torturas más terribles las hacen los “treinteros” (con sentencia de 30 años). Además cobran cuotas mensuales de Bs 200 por diferentes cosas.

Según Cuevas, la complicidad generó “redes de extorsión”. Un ejemplo es el caso de tres chilenos enviados a El Abra, en donde les pidieron $us 5.000 por persona, pero pagaron $us 2.000.

San Pedro de Oruro

Los cobros ilegales son sancionados

En el penal de San Pedro de Oruro los delegados no realizan ningún tipo de extorsión, sea por las celdas o seguros de vida. Los internos ingresan directamente a espacios comunes o “escuelas”, como la denominan, que hay en una de las secciones. Los cobros ilegales son sancionados.

“Los nuevos ocupan estas celdas o ‘escuelas’, y los antiguos pasan a las celdas que están ocupadas por dos, tres y cuatro internos. Por lo tanto, no hay celdas en alquiler en Oruro porque estos centros son propiedad del Estado, no de los internos”, aseveró el delegado de la Primera Sección, Juan Carlos Peredo.

El entrevistado aseguró que ningún privado de libertad paga ni un centavo por casos de extorsión. Advirtió que cuando se encuentra a algún preso en actos de extorsión, éste es castigado, obligándole a dejar su celda y enviarlo a un espacio común o “escuela”.

La directora departamental de Régimen Penitenciario de Oruro, Sandra Soto, confirmó que no existen extorsiones en este penal, aunque aclaró que en algunos casos se hacen “pequeños aportes” (sin especificar de cuánto) para la compra de payasas y frazadas, para compartir con los reclusos que no tienen nada. “Es una forma de solidaridad entre ellos”, dijo.

Soto explicó que cada “escuela” tiene capacidad para albergar de 40 a 70 reclusos, según el tamaño de la celda común, que incluso puede ser de dos pisos, como en la Sección Quinta de esta penitenciaría.

Los más de 630 internos, entre hombres y mujeres, exigen mejoras en la atención de salud.

Comparte y opina:

Lanchipa: Se indaga ‘torturas’ posteriores al operativo del 15 de abril de 2009 en el hotel Las Américas

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Caso hotel Las Américas de 2009.

Por Boris Góngora

/ 25 de abril de 2024 / 17:30

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aclaró este jueves que las investigaciones que se desarrollan en Santa Cruz por el caso Terrorismo, apuntan a supuestos hechos de tortura y vejámenes posteriores al operativo del 15 de abril de 2009.

“Estamos en otro caso, nosotros no estamos hablando de lo sucedido el 15 de abril (de 2009). Nosotros estamos investigando, en este caso, hechos sucedidos posteriormente al 15 de abril. Hechos relacionados a torturas y vejámenes. Hechos que se habrían producido en las personas que han presentado la denuncia”.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

También cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

Lanchipa reiteró que la causa que se indaga es por “torturas y vejámenes”. “Este caso está siendo adelantado en sus investigaciones a través de una comisión de fiscales que se ha conformado, luego de la reapertura del proceso”.

Lea más: Caso Terrorismo: ‘Eduardo Rósza no llegó solo a Bolivia, lo trajeron’

La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros, señaló el miércoles 15 de abril que se continúa con las pesquisas en el caso de Tadic y Tóásó, por lo que se determinó conformar una comisión para continuar con todos los actos investigativos para el esclarecimiento del hecho.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Desde sus redes sociales, el 13 de abril, Tóásó comunicó que la Justicia abrió el proceso “de violaciones de derechos humanos, como ser: ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, tortura a los sobrevivientes y otros delitos de violaciones de derechos humanos durante el proceso del caso Hotel La Américas” (sic).

Agregó que el caso radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la fiscal Marioly Torrez.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La Fiscalía conforma comisión de fiscales para investigar el caso YLB

Se realizaron varias inspecciones a las piscinas de la planta de litio en Uyuni y se secuestró documentación respecto de la construcción de esa infraestructura, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El fiscal general Juan Lanchipa.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 15:16

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.

“Este caso radica en la Fiscalía Departamental de La Paz y se ha conformado una comisión de fiscales para la investigación”, dijo el funcionario a los periodistas en Sucre.

Sobre los avances, explicó que se realizaron varias inspecciones en las instalaciones de la planta, además del secuestro de la documentación relativa a la contratación “a la que hacen referencia en la denuncia”.

El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.

YLB

La actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.

Indicó que un informe de auditoría interna identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa, que se adjudicó las obras.

Por ese caso, el Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión, de las que la Policía Boliviana ya ejecutó cuatro.

Investigación

Precisamente, una de las órdenes fue dictada contra el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliario y pagó una fianza de Bs 30.000.

También investigado, el gerente de YLB Juan Carlos Montenegro fue hallado sin vida y con una carta póstuma. La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico, esto sobre la carta.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Romero declara en el caso Ostreicher y la audiencia se suspende por incidentes

La audiencia se vio suspendida cuando la principal acusada, Claudia Liliana Rodríguez, desfalleció luego de insultar al exministro Carlos Romero.

Carlos Romero, exministro de Evo Morales.

Por Daniel Zenteno

/ 25 de abril de 2024 / 14:59

Tras haber faltado a la audiencia programada para el 18 de abril, con el alegato que tenía COVID-19, y afirmar que se trataba de una injusticia, el exministro de Gobierno Carlos Romero se presentó a declarar por el caso Ostreicher. Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida debido a una serie de incidentes.

La mañana de este jueves, el otrora ministro en el gobierno de Evo Morales asistió al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz.

Puede interesarle: Romero asegura que se defenderá como ‘guerrero’ ante un mandamiento de aprehensión

Caso Ostreicher

El caso Ostreicher fue abierto por Romero en 2012, cuando denunció un proceso de extorsión por parte de funcionarios públicos al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Este empresario llegó al país en 2008 con el propósito de invertir en la agricultura. De acuerdo con posteriores declaraciones, invirtió más de $us 30 millones.

Sin embargo, en 2011 se le acusó del delito de ganancias ilícitas, luego de que se relacionara a sus empleados con el narcotráfico. Estuvo retenido 18 meses en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. En diciembre de 2012 se le otorgó detención domiciliaria.

En 2013 se dio a la fuga con la ayuda de uno de sus compatriotas, el actor Sean Penn, y con una aparente participación directa del gobierno de Estados Unidos.

Durante el tiempo que estuvo preso, fue presuntamente extorsionado por un grupo de funcionarios y autoridades del Ministerio Público, y perdió sus ganancias y propiedades.

Supuestamente le pedían $us 50 millones para su liberación. Esta red fue desmantelada en la gestión de Romero en el Ministerio de Gobierno. 

Cuando se conoció su citación como testigo, Romero renegó de la convocatoria y se mostró indignado de tener que defenderse por el caso que el mismo denunció.

Jessica Saravia, viceministra de Justicia, aclaró que se encuentra en calidad de testigo y le exhortó a no tener miedo de presentarse a declarar. Recalcó que no se le acusa de ningún delito y no debe ni siquiera defenderse, sino presentar la información pertinente respecto al caso y posteriormente retirarse.

Audiencia fallida

El proceso penal, seguido por la Fiscalía, es contra la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, quien trajo a Ostreicher al país, y otros implicados, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso.

Este jueves, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que los presentes comenzaron a insultar y gritar a Romero. “Maleante, delincuente, asesino, desgraciado”, fueron algunos de los calificativos que se escuchó en la audiencia.

Rodríguez, quien se había enfrascado en una discusión con Romero, se descompuso y no logró reanimarse. Tuvieron que trasladarla a un centro médico.

El exministro tampoco se aguantó los insultos y calificó a quienes lo increpaban como “narcotraficantes, delincuentes” y afirmó que no le interesaban las acusaciones.

“Demuéstrenlo, no me metan en sus shows”, desafió Romero.

Debido a los sucesos, se suspendió la audiencia. Se espera que se la pueda retomar el viernes.

Comparte y opina:

Morales pide investigar la muerte de Montenegro, de la que supone ‘un suicidio inducido’

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros, es mentira tras mentira”, criticó Morales a la gestión del presidente Luis Arce.

El expresidente Evo Morales en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 13:22

El expresidente Evo Morales pidió al Gobierno investigar la muerte del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, deceso del que dijo que fue “un suicidio inducido.

“Duele mucho, que se investigue (…). Es un suicidio inducido. (La muestra es) la carta de despedida de su familia, explicando (los motivos de su muerte) detalladamente. Es un suicidio inducido en mi interpretación”, dijo el exmandatario en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

La mañana de este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, develó que el deceso de Montenegro, hallado sin vida la mañana del miércoles, se debió a un infarto agudo. Asimismo, señaló que se espera el informe del examen toxicológico y el estudio grafológico de la carta póstuma del infortunado.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz es la oficina encargada de esa tarea.

El caso de “irregularidades” y las “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Según la denuncia, a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, eso generó un daño al Estado de al menos Bs 425 millones.

Evo Morales

Al respecto, Morales hizo una serie de críticas a las políticas del Gobierno para la extracción y la industrialización del litio. Calificó de “fracaso” esas acciones y dijo que “se ha generado una falsa expectativa”.

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros; es mentira tras mentira”, agregó Morales en su rueda de prensa.

Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión. Hasta el miércoles, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Uno de los exfuncionarios aprehendidos es el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, que luego de su audiencia de medidas cautelares, cumple con detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

Los otros tres aprehendidos aún espera por la audiencia que determine su situación judicial.

Puede leer: Muere Juan Carlos Montenegro, exgerente de YLB, investigado en el caso Piscinas de litio

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El Decreto 5143 busca modernizar la ley de 1887 que rige Derechos Reales

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5143, que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. Concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, en el set de Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco

/ 25 de abril de 2024 / 12:59

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, explicó que el Decreto Supremo 5143 busca modernizar la Ley de Inscripción de Derechos Reales, promulgada el 15 de noviembre de 1887.

El 10 de abril, el presidente Luis Arce promulgó el decreto que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. El nuevo sistema concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos. Con ellos, se facilitará el acceso y consultas para los ciudadanos.

Se trata de un nuevo servicio de propiedad, gravámenes y folio real actualizado en forma inmediata de una ventanilla única de expedición rápida.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva recordó que la ley que regula el funcionamiento de la oficina de Derechos Reales data de 1887 y es una de las normas más antiguas de sistema normativo del país “Es la única ley en el Estado Plurinacional que viene desde hace dos siglos y está vigente regulando Derechos Reales”.

Afirmó que el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas presentó una acción inconstitucionalidad de la ley para que la Asamblea Legislativa trabaje en una nueva ley que regule los bienes de la población.

Explicó que la decreto responde a las quejas por corrupción, falta de capacitación del personal y ausencia de tecnología en las oficinas de Derechos Reales.

Admitió que el sistema informático de esa oficina «es altamente vulnerable», debido a que, por ejemplo, un exfuncionario que haya tenido acceso al sistema puede ingresar desde su casa y cambiar un terreno de 100 metros2 a 1.000 metros2, además de modificar la ubicación de los terrenos, nombres y números.

Silva informó que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) trabajó por dos años en el nuevo registro único de bienes de la población. Los datos del antiguo sistema migrarán de forma automática a la nueva plataforma. Los usuarios no deberán ir a hacer ningún trámite.

Ante las denuncias de corrupción y cobros irregulares para agilizar los trámites, Silva señaló que el decreto pretende “bancarizar” los trámites. “La gente ya no va a pagar en las oficinas, sino a través de la banca móvil, pago por QR o transferencia bancaria”. 

Además, anunció que la norma establecerá un “régimen de selección de personal” para que entren los funcionarios más idóneos a los cargos. El Consejo de la Magistratura deberá lanzar una convocatoria, en un plazo de 180 días, para que la población presente su currículum y, posteriormente, se someta a una evaluación meritocrática.

Lamentó que, por no contar con personal capacitado, hubo inscripciones de bienes inmuebles a nombre de personas fallecidas o se hicieron trámites fraudulentos con falsificación de firmas.

Consideró que es necesaria la «interoperabilidad» de Derechos Humanos para que, por ejemplo, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) advierta de un caso de registro de terrenos a nombre de un fallecido u otras personas.

“Por eso nosotros estamos blindando el proceso de inscripción para que la persona tenga seguridad y certeza jurídica”, indicó. 

Tras la promulgación del Decreto 5143, algunos sectores y miembros de la oposición manifestaron su preocupación y aseguraron que la oficina de Derechos Reales pasaría al Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, Silva aclaró que esa instancia se mantendrá bajo dependencia del Órgano Judicial, para garantizar el derecho propietario de las personas. “Los recursos de Derechos Reales seguirán destinados al Órgano Judicial”.

Lea también: Nueva plataforma de Derechos Reales funcionará a partir de octubre

Comparte y opina: