Nacional

Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 15:53 PM

Cámara Baja enjuicia a cinco de siete magistrados del TCP

Justicia. Solo Ruddy Flores y Neldy Andrade no tienen procesos

/ 2 de octubre de 2014 / 06:12

Cinco de los siete magistrados titulares del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son investigados y procesados por la Asamblea Legislativa por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. De ellos, Ligia Velásquez y Rosario Chánez ya fueron suspendidas de sus funciones.

La Comisión del Ministerio Público de la Cámara de Diputados es la instancia que inició estos procesos judiciales y el magistrado Gualberto Cusi es quien tiene la mayor cantidad de procesos abiertos en su contra.

El diputado Juan Carlos Troche (MAS) confirmó a La Razón que el martes se notificó a Cusi con dos procesos más. El primero planteado por el Gobierno Municipal de La Paz por una resolución que tiene relación con el bar Piratas. A este caso también le incluyeron al actual presidente del TCP, Efren Choque Capuma.

Proceso. El segundo proceso en contra de Cusi fue planteado por Wilbert Flores, dirigente de la Federación de Campesinos de Chuquisaca, quien cuestionó la emisión de dos resoluciones diferentes dentro de un mismo caso. En la primera determinación se rechazó el recurso presentado, pero después se emitió otra resolución en la que admiten la demanda. En esta denuncia se incluye a la magistrada del TCP Mirtha Camacho.

Anteriormente, Cusi ya fue convocado por la misma comisión por el caso de la Ley del Notariado. A raíz de este proceso, sus colegas Velásquez y Chánez fueron suspendidas de sus funciones y se espera el inicio de un juicio de responsabilidades ante la Cámara de Senadores.

El diputado Troche anunció que esta semana estará en Sucre para notificar oficialmente a los magistrados Cusi, Choque y Camacho con las nuevas denuncias abiertas en su contra por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Con la investigación a Choque, Cusi, Velásquez, Chánez y Camacho, los únicos magistrados que no tienen ningún proceso son el expresidente del TCP Ruddy Flores y su colega Neldy Andrade.

De acuerdo con el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los tres magistrados serán notificados para que presenten su declaración informativa. Luego, ese Órgano del Estado evaluará las declaraciones, las pruebas y los descargos para determinar si se imputa o no a los acusados. En caso de que haya imputación, la Cámara de Diputados puede suspender de sus funciones a las autoridades del TCP para que enfrenten su juicio.

“El procedimiento es que ellos tienen que presentarse a su declaración informativa, una vez que se les notifique con el proceso. Esta semana vamos a estar en Sucre y pueden declarar la próxima semana, en función de la voluntad que tengan. Si tienen voluntad los notificamos y pueden declarar en Sucre, sino fijamos día y hora para la ciudad de La Paz”, explicó el asambleísta oficialista.

Este diario entrevistó a la magistrada Camacho, quien aseguró que no está enterada de ninguna notificación, y afirmó que desconoce algún proceso abierto en su contra. En el caso del presidente del TCP, actualmente se encuentra en Corea del Norte, en un viaje oficial junto a dos de sus colegas.

La magistrada suspendida Ligia Velásquez dijo que se enteró de una notificación sobre su proceso a través de los medios de comunicación y cuestionó la forma en la que los responsables manejan esas citaciones.

A raíz de que ello, Velásquez considera que se vulneró sus derechos y, además, anunció que agotará todos los recursos legales que las leyes le otorgan en su favor. No descartó la presentación de una acción de defensa que podría plantearla en Sucre.

Una crisis interna en el TCP

Titular

A principios de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional atravesó una crisis interna, la misma que derivó en la elección de un nuevo presidente, Efren Choque, con el apoyo de cinco de los siete  magistrados. Así alejaron a Ruddy Flores de la presidencia.

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Detención domiciliaria y arraigo para jesuitas Recolons y Alaix por caso de pederastia clerical

Los exprovinciales de la Compañía de Jesús fueron imputados por el delito de encubrimiento al cura pederasta Alfonso Pedrajas (+), quien abusó sexualmente a 85 menores de edad.

La justicia dictó detención domiciliaria y arraigo para los exprovinciales Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados por encubrimiento.

Por Rosío Flores

/ 28 de marzo de 2024 / 15:28

En una audiencia de medidas cautelares, la Justicia dictó detención domiciliaria y arraigo para los jesuitas Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados por del delito de encubrimiento en un caso de pederastia clerical.

Ambos acusados encubrieron los delitos sexuales cometidos por el cura pederasta Alfonso Pedrajas (+). El cura abusó sexualmente a 85 menores de edad, la mayoría del colegio Juan XIII de Cochabamba, del que era director.

El dictamen sucede luego de una investigación que comenzó al develarse el diario del cura Pedrajas. El también conocido como “Pica”, detalló los abusos que cometía contra sus víctimas.

Estos escritos fueron hallados por Fernando Pedrajas, sobrino del cura pederasta, quien entregó el diario al medio de comunicación español El País.

Tanto Recolons como Alaix aparecen en las memorias de Pedrajas como dos de los siete altos cargos de la Compañía de Jesús. Éstos le ayudaron a eludir las denuncias de sus víctimas. “Tenían la obligación de controlar el funcionamiento de cada una de las obras jesuitas. Más aún en la que tenían bajo su cuidado y protección a niños y adolescentes en evidente estado de vulnerabilidad”, dice una parte del documento de imputación de la Fiscalía.

La jueza que celebró la audiencia tomó en cuenta los argumentos del Ministerio Público por “peligro de fuga”, “peligro efectivo para las víctimas” y por posible “obstaculización judicial”.

Lea también: Se celebra en reserva la audiencia cautelar de Recolons y Alaix por pederastia clerical

El diario del cura pederasta Pedrajas es instrumento de prueba fundamental para la Fiscalía. Su “autenticidad está respaldada por los testimonios de las víctimas y el trabajo de investigación realizado en España”, cita otra parte del documento de imputación.

VÍCTIMAS

A través del exjesuita Pedro Lima, las víctimas de Pedrajas señalaron que la determinación de la Justicia es importante porque es un paso para continuar con el proceso.

“Es un paso importante para las víctimas, porque además es la primera vez en Bolivia que se pone en el banquillo de los acusados a sacerdotes. Es una esperanza para que los demás sacerdotes implicados también reciban sanciones”, dijo Lima a La Razón.

El miércoles, a través de un comunicado, la Compañía de Jesús, de la que Alaix y Recolons fueron provinciales, adelantó que respetará la decisión judicial.

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De ocho implicados en el caso Golpe de Estado I, cinco están prófugos

Los otros tres, Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, se encuentran bajo detención preventiva en cárceles de La Paz y Potosí, respectivamente.

Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez, en el balcón del Palacio Quemado, el 12 de noviembre de 2019.

Por Daniel Zenteno

/ 28 de marzo de 2024 / 15:10

El caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos previos a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019, ya tiene tribunal para el juicio, el mismo que condenó a 10 años de prisión a la exmandataria Jeanine Añez en 2022, a raíz del caso Golpe de Estado II.

El juicio, de acuerdo con el abogado de la parte denunciante, Jorge Nina, debería comenzar en un mes. Sin embargo, cinco de los implicados se encuentran prófugos.

Los prófugos son el exministro de Defensa Luis Fernando López; los excomandantes de las Fuerzas Armadas William Kaliman y Sergio Orellana; el excomandante de la Policía Yuri Calderón, y el exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández Toranzo.

En detención preventiva se encuentran la expresidenta Jeanine Añez los exlíderes cívicos de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y de Potosí Marco Pumari.

Golpe de Estado I

En 2020 la entonces diputada Lidia Patty denunció el caso, que investiga los hechos precedentes a la renuncia de Morales.

El caso se desató en 2019 luego de las fallidas elecciones generales del 20 de octubre. Entonces, la oposición consideró un “fraude electoral” los comisiones.

Camacho, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, propició las protestas a través de multitudinarios cabildos en Santa Cruz. Entonces, como admitió luego, pactó con la Policía y las Fuerzas Armadas su respaldo a las movilizaciones.

Sugirió la sucesión de la decana del Tribunal Supremo de Justicia, planteó una “junta de notables” e irrumpió junto a Pumari, y el abogado Eduardo León, el Palacio Quemado.

Las investigaciones establecieron que destinó desde su cuenta en el Banco Ganadero al menos $us 7,8 millones para costear a los movilizados pasajes, hoteles y seguridad en La Paz, a través de personal del Comité pro Santa Cruz.

Quien operó ante las Fuerzas Armadas fue López, que se reunió con Kaliman antes de que el Alto Mando militar sugiriera, el 10 de noviembre, la renuncia de Morales.

Entonces, Áñez era segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores. Su nombre apareció, como posible sucesora de Morales, en la reunión extralegislativa de la Universidad Católica, en La Paz.

El 12 de noviembre se proclamó presidente del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa, en la que, primero, asumió la presidente del Senado. No hubo sesión oficial ni quorum; tampoco asistió la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Por esas acciones, Áñez fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de prisión en un segundo caso, Golpe de Estado II, por incumplimiento de deberes en contra de la Constitución.

En tanto, Pumari protagonizó la toma, y posterior, quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. También se movilizó en La Paz junto a Camacho, al punto de pasar desapercibidos vestidos de policías y resguardados por patrullas policiales.

Prófugos

Luego de tres años de investigación, la Fiscalía presentó en diciembre de 2023 la acusación formal para llevar a juicio a los ochos citados. El principal acusado es Camacho (el caso es foliando como “Luis Fernando Camacho y otros”), junto con Kaliman, López y Calderón, procesados como autores; mientras los demás están en calidad de cómplices.

No se sabe dónde se encuentra Kaliman. Orellana partió presuntamente a Colombia.

López y Calderón se refugiaron inicialmente en Brasil, pero, ante el cambio en la coyuntura del país vecino, tuvieron que salir hacia Paraguay recientemente.

El paradero de los otros se desconoce.

Nina también confirmó que el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, el mismo que sentenció a 10 años de prisión a Añez por el caso Golpe de Estado II, estará a cargo del caso.

El martes, cuando se conoció al tribunal encargado del caso, Añez protestó que se la vuelva a juzgar por los mismos hechos.

Puede leer: Añez cuestiona que el Tribunal que la sentenció a 10 años sea el mismo en el caso Golpe I

De acuerdo con Nina, el caso podría comenzar en un mes con el juicio oral de los implicados. Debido a que el delito por el que se los acusa es terrorismo, la pena para Camacho, López, Kaliman y Calderón, por ser autores, podría ser de 20 años, y 10 años para los cómplices.

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FFAA y Policía no confirmaron aún su asistencia en la procesión de Semana Santa

Pese a que Bolivia es un Estado laico, la Ley 1538 ordena que las Fuerzas Armadas y Policía participen de la procesión de Viernes Santo en La Paz.

La procesión se realiza el Viernes Santo. Foto: Archivo La Razón.

/ 28 de marzo de 2024 / 14:05

El secretario de Culturas de la Alcaldía, Rodney Miranda, informó que aún no fue confirmada la asistencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en la procesión de Semana Santa en La Paz.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, afirmó que hubo una reunión el miércoles entre las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Ministerio de Defensa, Gobernación, Iglesia Católica y el Ministerio de Culturas para organizar la fiesta religiosa.

El funcionario municipal aseguró que, por mandato de la Ley 1538 y la Ley Municipal 517, la Alcaldía de La Paz tiene que disponer el acompañamiento de la banda municipal Eduardo Caba a la procesión del Viernes Santo. 

“La banda municipal Eduardo Caba tiene que encabezar la procesión”, explicó.

La Ley 1538 declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la procesión religiosa de la Semana Santa de la ciudad de La Paz, como expresión espiritual y celebración religiosa que congrega a la población católica, revalorizando las prácticas, técnicas y conocimientos tradicionales, transmitidos de generación en generación.

En su artículo 4, establece que el Órgano Ejecutivo podrá disponer que las bandas del Ejército, la Policía Boliviana y los escoltas especiales acompañen la procesión del Santo Sepulcro del Viernes Santo y las imágenes de personajes de la Iglesia Católica, para lo cual se emitirán Ordenes de Guarniciones Militares y Policiales.

Sin embargo, el artículo 4 de la Constitución establece que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Es decir, Bolivia es una Estado laico.

Miranda afirmó que, si bien Bolivia es un Estado laico, por Constitución, el 78% de la población boliviana profesa la religión católica y en La Paz, dos tercios de la población son católicos. “La procesión con o sin la FFAA seguirá manteniendo su carácter por la fe de la gente”.

Por su parte, el periodista Julio Peñaloza afirmó que la declaración es una “contradicción flagrante” a la Constitución de 2009.

Consideró que en la procesión de Semana Santa se juntarán las mismas instituciones que en 2019 propiciaron los conflictos políticos: Iglesia Católica, Policía y Fuerzas Armadas.

“Esto tiene un contenido altamente político”, observó.

“Los curas católicos hacen política y la hacen bien. Han conseguido esto”, reclamó.

La senadora arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco fue proyectista de la Ley 1538 con el argumento de que los bolivianos son católicos y profesan el catolicismo.

Peñaloza lamentó que Velasco haya sido “ingenua” al impulsar la norma que establece la participación de fuerzas del orden en la fiesta religiosa. “La han agarrado en curva a la senadora”.

En su criterio, la Asamblea Legislativa tomó un papel “poco riguroso” al aprobar la declaratoria de patrimonio. “Hay una jerarquía eclesiástica muy poderosa que tiene una capacidad de injerencia política muy grande” en el país.

Al reclamar la declaratoria de Patrimonio, recordó el duro caso Pedrajas que estalló en 2023, luego de la publicación del diario el país, en el cual se reveló que el cura jesuita Alfonso Pedrajas abusos sexuales a más de 85 menores de edad, en su mayoría, del colegio Juan XXIII en Cochabamba.

“Ésta es la Iglesia Católica de abusadores de niños, de violadores, de pederastas y de encubridores”, sentenció.

Los sacerdotes Marcos Recolons y Ramón Alaix, otrora provinciales de la Compañía de Jesús en Bolivia, comparecen este jueves ante una jueza luego de que la Fiscalía de Cochabamba presenta la imputación formal en su contra.

El delito por los que se los acusa es de encubrimiento vinculado al delito de abuso deshonesto cometido por el cura pederasta Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009.

Peñaloza contó que Alaix era considerado “un pan de dios” y un hombre muy importante; mientras que el cura Recolons fue el segundo hombre más importante mundialmente en la orden de los jesuitas.

“Son curas poderosos, son curas que forman parte del poder de la Iglesia Católica y a ese lugar se le confiere un rol privilegiado dentro del Estado Plurinacional”, lamentó.

El caso Pedrajas fue descubierto por el sobrino del sacerdote, Fernando, quien, al conocer el contenido de sus memorias, envió el documento de 383 páginas al diario español El País.

El 30 de abril de 2023, el periódico publicó detalles del documento. En él Pedrajas confiesa que abusó sexualmente de unos 85 niños, especialmente el colegio Juan XIII de Cochabamba.

Lea también: El escándalo Alfonso Pedrajas: Seis décadas de abuso de poder y encubrimiento

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El ministro Del Castillo asegura que el MAS pertenece a organizaciones sociales

El pasado 19 de marzo, el Pacto de Unidad que apoya al presidente Luis Arce invitó a “festejar en unidad” los 29 años del MAS en la plaza San Francisco, en La Paz, este jueves 28.

Por Daniel Zenteno

/ 28 de marzo de 2024 / 14:03

Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, se refirió a la situación de crisis del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuya división entre el ala arcista y evista se evidencia con los festejos separados del 29° aniversario de ese instrumento político.

“Nosotros no consideramos que exista un paralelismo. Las organizaciones sociales, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, los Interculturales, las Bartolina Sisa, cansados en aquella época, decidieron crear su propio partido político (…)”, afirmó.

“Por tanto, el dueño del MAS no es una persona, son las organizaciones”, dijo el miércoles Del Castillo en conferencia de prensa.

Festejos

El pasado 19 de marzo, el Pacto de Unidad que apoya al presidente Luis Arce invitó a “festejar en unidad” los 29 años del MAS en la plaza San Francisco, en La Paz, este jueves 28.

Sin embargo, el ala evista desconoció esta invitación y anunció su acto propio para el 30 de marzo en Yapacaní, Santa Cruz. Además, denunció que el ala arcista se toma facultades que, de acuerdo al estatuto del partido, no le corresponde. Como la realización de congresos y eventos nacionales.

Inclusive, a causa de esta celebración, el arcismo tuvo que adelantar festejos en Santa Cruz. Festejaron el aniversario del partido el pasado martes en Warnes.

En el ala evista se hace constante énfasis en que el expresidente Evo Morales, líder del MAS, es el único con la facultad de convocar eventos o congresos nacionales. Todo lo que no provenga de una orden suya es calificado como ilegítimo o “trucho”.

A causa de esto, en el oficialismo se denuncia que Morales intenta apropiarse del instrumento político.

“En su momento, han ido nombrando representantes legales para que ministren ese nuevo partido”, argumentó el ministro.

Puede leer: Arce dice que el congreso convocado por el Pacto de Unidad debe cuidar la ‘wawa’, el MAS

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Diputada advierte que sin renuncia de ‘prorrogados’, CC no apoyará judiciales

"Para que el proceso (de elecciones judiciales) avance se necesita de dos tercios", recordó la diputada Luisa Nayar.

Por Daniel Zenteno

/ 28 de marzo de 2024 / 13:05

La diputada Luisa Nayar advirtió que, si los magistrados y consejeros prorrogados no renuncian, Comunidad Ciudadana (CC) no apoyará la consolidación de las elecciones judiciales.

“Está en riesgo la misma, toda vez que estos señores han gestado hechos delincuenciales, han dado un golpe institucional al Órgano Judicial (…); nosotros, como bancada de CC, no vamos a permitir ni ceder nuestros votos a estos señores”, declaró la legisladora el miércoles.

Prórroga

En 2023, la Asamblea Legislativa no pudo viabilizar los comicios debido a desacuerdos políticos. Luego de recursos y consultas, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Declaración Constitucional 049/2023, con la cual prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 mientras una elección por voto popular defina su sustitución.

Este hecho despertó críticas en la oposición y en el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).  A raíz de este malestar, presentaron los proyectos de ley 073 (suspensión de plazos procesales) y 075 (cese de funciones de los magistrados).

En numerosas ocasiones, en la Cámara de Diputados, los opositores intentaron tratar estos proyectos como condicionante para aprobar créditos para proyectos económicos.

Elecciones

Sin embargo, un acuerdo firmado entre las tres fuerzas políticas (MAS, CC y Creemos), con el objetivo de viabilizar las elecciones judiciales, señala que los proyectos de ley 073 y 075 serán tratados una vez se aprueben al menos cuatro proyectos de ley de créditos.

En esta oportunidad, Nayar insinuó que, si no se trata la renuncia de los prorrogados, CC no brindará apoyo legislativo al proceso electoral. “Se debe tomar en cuenta esta situación y debemos hacer notar que para que el proceso avance se necesita de dos tercios”, advirtió.

Asimismo, criticó la ética de las autoridades prorrogadas que intentaron postularse a algún cargo en las elecciones judiciales. “Se muestra que el gobierno de Luis Arce viene encubriendo y socapando a estos autoprorrogados”, insistió.

El miércoles, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó una resolución camaral que resuelve desconocer la prórroga de mandato de los actuales magistrados y consejeros.

Además, instruyó a la Dirección Jurídica de ese órgano camaral formalizar una acción de cumplimiento para que se trate los proyectos antiprórroga.

Mientras tanto, el proceso previo a las elecciones continúa. La madrugada de este jueves, la Comisión Mixta resolvió 305 casos de impugnaciones.

Puede leer: Comisión Mixta concluye revisión de impugnaciones de postulaciones y resuelve 305 casos

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