Cinco de los siete magistrados titulares del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son investigados y procesados por la Asamblea Legislativa por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. De ellos, Ligia Velásquez y Rosario Chánez ya fueron suspendidas de sus funciones.
La Comisión del Ministerio Público de la Cámara de Diputados es la instancia que inició estos procesos judiciales y el magistrado Gualberto Cusi es quien tiene la mayor cantidad de procesos abiertos en su contra.
El diputado Juan Carlos Troche (MAS) confirmó a La Razón que el martes se notificó a Cusi con dos procesos más. El primero planteado por el Gobierno Municipal de La Paz por una resolución que tiene relación con el bar Piratas. A este caso también le incluyeron al actual presidente del TCP, Efren Choque Capuma.
Proceso. El segundo proceso en contra de Cusi fue planteado por Wilbert Flores, dirigente de la Federación de Campesinos de Chuquisaca, quien cuestionó la emisión de dos resoluciones diferentes dentro de un mismo caso. En la primera determinación se rechazó el recurso presentado, pero después se emitió otra resolución en la que admiten la demanda. En esta denuncia se incluye a la magistrada del TCP Mirtha Camacho.
Anteriormente, Cusi ya fue convocado por la misma comisión por el caso de la Ley del Notariado. A raíz de este proceso, sus colegas Velásquez y Chánez fueron suspendidas de sus funciones y se espera el inicio de un juicio de responsabilidades ante la Cámara de Senadores.
El diputado Troche anunció que esta semana estará en Sucre para notificar oficialmente a los magistrados Cusi, Choque y Camacho con las nuevas denuncias abiertas en su contra por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Con la investigación a Choque, Cusi, Velásquez, Chánez y Camacho, los únicos magistrados que no tienen ningún proceso son el expresidente del TCP Ruddy Flores y su colega Neldy Andrade.
De acuerdo con el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los tres magistrados serán notificados para que presenten su declaración informativa. Luego, ese Órgano del Estado evaluará las declaraciones, las pruebas y los descargos para determinar si se imputa o no a los acusados. En caso de que haya imputación, la Cámara de Diputados puede suspender de sus funciones a las autoridades del TCP para que enfrenten su juicio.
“El procedimiento es que ellos tienen que presentarse a su declaración informativa, una vez que se les notifique con el proceso. Esta semana vamos a estar en Sucre y pueden declarar la próxima semana, en función de la voluntad que tengan. Si tienen voluntad los notificamos y pueden declarar en Sucre, sino fijamos día y hora para la ciudad de La Paz”, explicó el asambleísta oficialista.
Este diario entrevistó a la magistrada Camacho, quien aseguró que no está enterada de ninguna notificación, y afirmó que desconoce algún proceso abierto en su contra. En el caso del presidente del TCP, actualmente se encuentra en Corea del Norte, en un viaje oficial junto a dos de sus colegas.
La magistrada suspendida Ligia Velásquez dijo que se enteró de una notificación sobre su proceso a través de los medios de comunicación y cuestionó la forma en la que los responsables manejan esas citaciones.
A raíz de que ello, Velásquez considera que se vulneró sus derechos y, además, anunció que agotará todos los recursos legales que las leyes le otorgan en su favor. No descartó la presentación de una acción de defensa que podría plantearla en Sucre.
Una crisis interna en el TCP
Titular
A principios de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional atravesó una crisis interna, la misma que derivó en la elección de un nuevo presidente, Efren Choque, con el apoyo de cinco de los siete magistrados. Así alejaron a Ruddy Flores de la presidencia.