El presidente Evo Morales pidió ayer en Potosí retomar las conversaciones con Chile para que esa nación pague por las aguas del Silala. La Paz y Santiago firmaron en 2009 un preacuerdo que se frustró por el rechazo de organizaciones potosinas a la compensación ofrecida entonces por las aguas.
“Mi pedido es que trabajemos con mucha actualidad, a ver si ahora podemos retomar estas negociaciones que hicimos. No se trata de vender agua, sino de cómo, más bien, repongan de alguna manera todo lo que aprovechó Chile con el tema del agua”, señaló el Mandatario en una rueda de prensa en Potosí, ciudad en la que participó del homenaje a los 204 años del grito libertario del departamento.
El Presidente admitió el interés de retomar, en el ámbito bilateral, “los temas pendientes” con Chile, aunque también manifestó que “por otro lado está el tema del mar”, de hecho, radicado desde el pasado año en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Concesión. Las aguas del manantial del Silala, ubicadas en Quetena al sudoeste potosino, están cerca de la frontera con Chile. Están formadas por al menos 70 ojos de agua según detalló la Cancillería boliviana. El manantial fue dado en concesión por la Prefectura de Potosí en 1908 a la inglesa The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited que luego se denominó Ferrocarril Antofagasta-Bolivia para abastecer de agua a las locomotoras a vapor de esta firma.
En la actualidad, las aguas, que traspasan la frontera gracias a un sistema de canales artificiales, benefician a poblados del norte de Chile, dedicados especialmente a la gran minería. Chile arguye que el Silala es un río de curso sucesivo para justificar el usufructo del recurso natural, mientras que La Paz asegura que las aguas del manantial se dirigen al país vecino solo por efecto de los canales artificiales.
En marzo, Michelle Bachelet asumió la presidencia de Chile en su segundo mandato. Es la autoridad con la que Bolivia (2006-2010) acordó la agenda de 13 puntos. En ella se incluyó la controversia de las aguas del Silala en su acápite siete. Sobre esta base, ambos países debatieron entre 2008 y 2009 la solución al diferendo y se logró un principio de acuerdo por el que Santiago reconocía el usufructo del 50% de los recursos hídricos mientras se realizaba un estudio definitivo.
El arreglo fracasó tras el descontento que surgió en cívicos potosinos que demandaron el 100% del pago, además de la deuda histórica. Chile rechazó esta nueva posición y la negociación quedó congelada hasta ahora.
La Gobernación de Potosí decidió, entonces, desarrollar proyectos destinados al aprovechamiento de las aguas, incluida la edificación de un criadero de truchas que no ha logrado consolidarse debido a las bajas temperaturas que se registran en esa región. En 2012, el Gobierno chileno expresó su preocupación sobre éstos y otros proyectos. Desde La Paz, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde aclaró que el país hace uso de su soberanía, aunque reconoció que “existe la necesidad de reconstituir el mecanismo de consultas políticas” sobre la agenda.
La iniciativa para el G77
Cumbre
La embotelladora La Cascada trató el agua del Silala y la transportó hasta Santa Cruz donde fue envasada. El producto fue distribuido en ocasión de la Cumbre del G77 que se realizó entre el 14 y 15 de junio en Santa Cruz de la Sierra.
El 17 de este mes, la ONU debe elegir a juez de la CIJ
Luis Mealla
Hasta el 17 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca completar la Sala Plena de la CIJ con la elección de un juez para que, luego, ese tribunal siga el tratamiento de los juicios y establezca plazos para la resolución de distintos casos, entre ellos la demanda marítima boliviana, instaurada en 2013.
Cada tres años se debe renovar a un tercio (cinco) de los 15 magistrados que tiene la Corte. Hasta el viernes, la ONU eligió a dos nuevos jueces y renovó el mandato de otros dos, pero hasta la fecha, como no hubo coincidencia de votos, se aplazó la decisión para el 17 de noviembre.
Por norma, dos órganos de la ONU deben designar a los jueces por sus respectivas mayorías, pero el Consejo de Seguridad y la Asamblea General tienen que elegir las mismas personas, y si hay discrepancias, se repite la elección.
La disputa está entre Susana Ruiz, de Argentina, y Patrick Lipton, de Jamaica. De acuerdo con la explicación que dio el agente boliviano ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, “tan pronto se haya completado la Corte se nos hará conocer los calendarios”. Los nuevos jueces asumirán sus cargos en febrero de 2015.