La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDH-LP) decidió ayer dar su respaldo a los tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que son enjuiciados en el Senado por la suspensión de la Ley del Notariado. “Se ha tomado la decisión de que ellos no van a estar solos, que vamos a ir si es necesario a la cárcel con ellos”, sentenció la titular de la APDH-LP, Amparo Carvajal.
Soraida Chánez, Ligia Velásquez y Gualberto Cusi, del TCP, estuvieron presentes ayer en oficinas de la APDH-LP. Allí explicaron su decisión de marzo de suspender la Ley del Notariado y que derivó en el alejamiento de sus funciones e inicio de un juicio en la Asamblea Legislativa.
Velásquez dijo que “no ocasionaron ningún daño” al emitir el auto que paralizó la normativa promulgada en enero. “En su disposición transitoria sexta indica que para la aplicación de esta ley el Ministerio de Justicia tiene 90 días para elaborar los reglamentos, pero no lo hizo; los responsables de la paralización de la ley son los del Órgano Ejecutivo, ellos crearon el vacío jurídico”, afirmó. Aseguró que asumirán defensa en el proceso que se abrió en el Senado y cuyo inicio está previsto para el viernes.