El defensor del Pueblo, Rolando Villena, recomendó hoy al presidente Evo Morales instruir una intervención a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario y a la Fiscalía General del Estado una investigación de oficio en los recintos carcelarios ante denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos en contra de los privados de libertad por grupos de precios o por uniformados.
La posición fue expresada en el marco del informe defensorial sobre las muertes del 14 de septiembre en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, donde perdieron la vida 32 reclusos por pugnas de poder. El informe estableció la vulneración de al menos 15 derechos en esos hechos, entre ellos a la vida, la integridad física y a no sufrir torturas, tratos crueles y degradantes.
Además exigió la formación de una comisión especial para una investigación imparcial, oportuna y objetiva de lo sucedido, del personal policial de turno y de la jueza Yolanda Ramírez Mendoza, quien participó de una fiesta que antecedió a la violencia y muerte en el penal. Responsabilizó al Estado por entregar a Delegados el control y orden interno del recinto.
Villena también recomendó al Presidente Morales, en el informe, la intervención de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario “a fin de realizar una reestructuración y reorganización institucional, ante su evidente ineficiencia y profunda crisis”. La repartición gubernamental está encargada de la administración carcelaria en Bolivia.
Al menos 99 presos fueron asesinados en los últimos 14 años en hechos vinculados a pugnas por el control del poder, principalmente para la extorsión, según datos recogidos de dos exdirectores de Régimen Penitenciario, según un recuento de datos de La Razón Digital.
En Bolivia existen 54 prisiones, entre cárceles y carceletas, de las cuales 16 son consideradas las principales, y están ubicadas entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De acuerdo a información de la Dirección General de Régimen Penitenciario, estas tres concentrar la mayor cantidad de presos.
El informe Defensorial también recomendó al fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, disponer una investigación de oficio en todos los recintos carcelarios ante denuncias recurrentes de torturas y tratos crueles e inhumanos en contra de los privados de libertad por grupos de internos o personal de la Policía, “con conocimiento y aquiescencia de las autoridades encargadas de dichos centros”.