El vicepresidente Álvaro García aseguró que el Estado boliviano no incurrirá en la misma actitud de algunos gobiernos del exterior de proteger nacionales acusados de corrupción, por lo que anticipó que no se dará protección a personas acusadas por corrupción en relación al pedido de refugio del peruano Martin Belaúnde.
“Bolivia no va a proteger nunca a personas acusadas de corrupción, ni en Bolivia ni en otro país del mundo. Es más, hemos denunciado cómo personas corruptas aquí han huido a otros países y han obtenido algún tipo de protección, y hemos lamentado esa actitud. Nosotros no vamos a repetir esa actitud”, afirmó en una conferencia de prensa.
Exautoridades vinculadas con la administración del segundo mandato del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado por los hechos de violencia del octubre de 2003, fueron asilados en Perú.
El Gobierno de Ollanta Humala pidió a su homólogo boliviano la ‘inmediata expulsión’ del empresario Belaunde, prófugo de la justicia por la supuesta comisión de delitos como corrupción. El ciudadano peruano pidió asilo a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), que tiene 120 días para analizar el caso y definir si procede o no.
Lima también solicitó a los países limítrofes con Bolivia reforzar sus controles fronterizos para bloquear cualquier intento del prófugo peruano Martin Belaúnde de huir a un tercer país, informó el procurador Joel Segura, designado por la administración de Humala para encargarse de defender los intereses peruanos en el caso Belaúnde.
García evitó hablar si el acusado está o no en Bolivia, pese a la insistencia de periodistas peruanos presentes en la conferencia.
“Si hay una acusación por corrupción, esa persona no va a ser protegida, pero eso es lo primero; lo segundo, somos respetuosos de los procedimientos que se establece para las peticiones de pedido de refugio, hay un procedimiento aprobado internacionalmente”, insistió el también presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.